Roberto Lopez Balderas
Expediente 796/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Roberto Lopez Balderas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
...Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA; dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no realice el cómputo respecto de la totalidad de las partes, pues se determinó negar el amparo solicitado, por lo que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia cuyos datos de localización rubro y texto se citan a continuación: Época: Décima Época Registro: 2017375 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 06 de julio de 2018 10:13 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 74/2018 (10a.) "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal" Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental, carece de valor jurídico, histórico o documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: Se allegaron documentos por la parte quejosa al presente asunto, que no son considerados como originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido y 21, inciso b), del Acuerdo en cita y con apoyo en el oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la consulta efectuada por diverso órgano jurisdiccional, respecto al citado instrumento normativo. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, 20, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo en cita, y con apoyo en el oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la consulta efectuada por diverso órgano jurisdiccional, respecto al citado instrumento normativo. No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirá junto con el expediente principal en el plazo señalado. Ahora bien, para su obtención deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2,[1] respecto de lo que se les informa que el horario de este Juzgado es de las 12:30 a las 18:30 horas, a efecto de que lo tome en consideración al momento de agendar su cita. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) Por otro lado, se ordena devolver al Juez Civil de Partido especializado en Oralidad Familiar, con sede en Silao de la Victoria, Guanajuato, la documental que remitió a este juzgado en apoyo a su informe justificado, constante de un tomo; Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que acusen recibo únicamente de las constancias originales que se les remiten, de lo contrario se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...
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TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Juez Civil de Partido Especializado en Materia de Oralidad Familiar de Silao al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto que se reclama, por lo que se tiene por cierto para efectos del presente juicio de amparo. Robustece lo expuesto, la tesis de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además que así se corrobora de las copias certificadas de las diversas constancias relativas al juicio oral ordinario ***, de su índice, que remitió en apoyo a su informe de mérito, documental a la que se le concede plena eficacia probatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Por otro lado, la Juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, si bien negó el acto reclamado, lo cierto es que realizó manifestaciones tendentes a aceptar el acto, lo que se corrobora con las constancias del expediente ***, de su índice, que remitió adjuntas a su informe de ley. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, toda vez que no se advierte que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación la jurisprudencia número ochocientos catorce, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, apéndice 1995, tomo VI parte TCC, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Previamente a realizar el análisis de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, para una mejor comprensión del asunto, resulta necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se deducen de las constancias que obran en el juicio de origen, a las que con anterioridad se les concedió pleno valor probatorio y que en lo que interesa, son los siguientes: 1. Por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte en la Oficialía de Partes Común Civil del Partido Judicial de Silao, ***demandó vía ordinaria civil la disolución del vínculo matrimonial, sin expresión de causa y diversa prestación de ***. 2. Por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veinte, la Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Silao, radicó la demanda con el número de expediente ** y ordenó el emplazamiento a la demandada, lo que aconteció el catorce de octubre de dos mil veinte. 3. Mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veinte, *** dio contestación a la demanda formulada en su contra; en ese mismo escrito reconvino al actor el pago de pensión alimenticia a su favor por el ***% de las prestaciones ordinarias y extraordinarias del actor, así como diversa prestación. 4. A lo anterior recayó el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el cual, la Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Silao fijó el 20% del salario, así como de las prestaciones ordinarias y en su caso, extraordinarias, de las percepciones del actor principal -aquí quejoso-. Resolución que constituye el acto reclamado. Precisado lo anterior, procede realizar el estudio de los motivos de disenso expuestos en la demanda, sin que sea necesario que se transcriban, pues ello no implica una violación a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo, la cual rige el actuar de esta juzgadora, de conformidad con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil diez, Novena Época, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Sin embargo, atento al principio de congruencia que debe cumplir toda sentencia, es suficiente con que los conceptos de violación se sinteticen. Señala el quejoso que la autoridad no funda ni motiva la razón por la que otorga la medida provisional precautoria de alimentos. Tal afirmación resulta infundada. En efecto, del artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , se advierte -en lo que interesa- que en todo acto de autoridad se debe expresar el fundamento y la motivación de la causa legal del procedimiento, entendida ésta como la actuación concreta de dicha autoridad. La fundamentación, al tratarse de actos de autoridad con efectos concretos, determinados y particulares, consiste en que en el mandamiento escrito se deben citar tanto la ley, como los artículos específicos de ésta, que la autoridad estime aplicables al hecho o caso correspondiente. Mientras que la motivación, se refiere a razonamientos que debe exponer la autoridad en el texto del acto relativo, con base en el cual llegó a la conclusión de que los motivos o circunstancias inmediatas que se tengan en cuenta sean ciertas y actualice el supuesto o hipótesis normativa que se cite, por lo que debe existir adecuación entre ambos requisitos. En el caso, el juez responsable al dictar la resolución que en esta vía se combate, con fundamento en los artículos 132 y 207 del Código Procesal Civil, con el acta de matrimonio exhibida por la actora reconvencional tuvo por acreditada la relación jurídica entre las partes. Luego, citó los artículos 356 , 357 y 365 del Código Civil para establecer la obligación que existe entre los cónyuges para darse alimentos, asimismo, que éstos deben ser proporcionados a la posibilidad del que deba darlos y la necesidad del que deba recibirlos; y, en atención a que la actora expuso que no trabaja, con fundamento en el artículo 402 párrafos tercero y cuarto , en relación con el 848 del Código Procesal Civil, despachó la medida precautoria provisional. De lo anterior se obtiene que el juzgador citó los preceptos legales que estimó aplicables y con base a las circunstancias establecidas en la demanda reconvencional, adecuó a ellos los supuestos legales y tuvo por actualizada la hipótesis normativa citada. Como se ve, sí fundó y motivó la determinación adoptada, lo que evidencia lo infundado del argumento esgrimido. En diverso motivo de disenso, el quejoso alega que la autoridad responsable decreta la medida precautoria sin que se encuentre acreditada la necesidad de recibirlos, pues, asevera, no se encuentra demostrado ni justificada la imposibilidad de la acreedora de generar sus propios alimentos, siendo ésta quien tiene la carga probatoria de demostrar los extremos de su acción. Señala que la autoridad responsable emite el acto que en esta vía reclama sin observar la equidad de género, brindando a las partes las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato, dejando a un lado las particularidades por razón de sexo. Agrega que el juzgador otorga la medida cautelar de alimentos a su cónyuge por considerar que al ser mujer dentro del matrimonio, no trabaja y carece de ingresos sin acreditarlo, con lo que presume la necesidad de recibirlos y que el aquí quejoso Los argumentos reseñados resultan infundados. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 416/2012, estableció que cuando la esposa demanda el pago de los alimentos argumentando que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y la educación de los hijos, porque precisamente al haberse dedicado a ello, no pudo desarrollarse profesionalmente o actualizar sus conocimientos, debe presumirse que tal argumentación es cierta. Indicó que no se puede negar que en México la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como cuidar y educar a los hijos, razón por la cual no han estado en posibilidad de desarrollarse profesional ni laboralmente, o que en ese caso, ese desarrollo se encuentra limitado en comparación con el de su marido. Por ello, determinó que si bien la simple demostración de que es cónyuge del demandado no es suficiente para generar la presunción de necesitar alimentos, al existir la presunción humana de que en México la mayoría de las mujeres se dedica preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, cuando la cónyuge mujer asevera que a consecuencia de ello carece de bienes o no tiene los suficientes para satisfacer sus necesidades alimenticias o sus posibilidades de encontrarlo son limitadas, porque al haberse dedicado preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, no pudo desarrollarse profesionalmente o actualizar sus conocimientos, debe presumirse que efectivamente se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos. En el caso, la demandada reconvencional -aquí tercera interesada- en su escrito de reconvención solicitó el pago de una pensión provisional a su favor por el 50% de las percepciones, percepciones ordinarias y extraordinarias del demandado reconvencional -aquí quejoso- y alegó que durante el tiempo que cohabitaron, se dedicó en forma exclusiva al cuidado del hogar y de su aun esposo, por lo que no pudo superarse profesionalmente. Señaló que esto tuvo como consecuencia que el reo se pudiera dedicar a las tareas laborales, desarrollándose como técnico en mantenimiento en diferentes empresas de Salamanca y Silao, Guanajuato, lo que le ha permitido percibir un salario suficiente. Asimismo indicó que actualmente trabaja en la empresa denominada *** con domicilio ubicado avenida ***. A esta solicitud el juzgador natural, dictó el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el que, tomando en cuenta la manifestación de la actora reconvencional, relativa a que no trabaja y carece de ingresos y haber proporcionado el domicilio de la fuente de trabajo del demandado reconvencional, despachó la medida precautoria de alimentos solicitada, la cual se estima ajustada a derecho, pues analizó la petición de la actora reconvencional -aquí tercera interesada- y resolvió decretar la medida provisional de alimentos por el 20% del salario, prestaciones ordinarias y extraordinarias percibidas por el aquí quejoso, de conformidad con los artículos 356 y 365 del Código Civil del Estado. Pues como se vio con anterioridad, contrario a lo expuesto por el quejoso, la manifestación de la actora reconvencional relativa a dedicarse al trabajo del hogar, surte a su favor la presunción de necesitar los alimentos que solicita, circunstancia que fue debidamente valorada por el juzgador al considerar la manifestación de la peticionaria, al exponer que "no trabaja y carece de ingresos". Tanto más que como se señaló en la tesis precitada, el hecho de carecer de pruebas constituye un hecho negativo, el cual no existe la carga de probar y, por el contrario, al quejoso le corresponde la carga probatoria de demostrar que la tercera interesada está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias, sin que el quejoso hubiere señalado alguna cuestión en ese sentido. Siendo que de tratarse de una medida provisional, en su caso, podrá ser modificada por el juzgador, de estimarlo procedente, conforme a las constancias que cuente para ese efecto. Por lo que tal determinación debe subsistir, al estimarse ajustada a derecho. Motivos por los cuales, resultan infundado los motivos de disenso hecho valer por el peticionario del amparo, por lo que, lo procedente es negar la protección de la Justicia de la Unión. SEXTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente; cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley, lo que en la especie acontece dadas las consideraciones expresadas en la presente resolución. SÉPTIMO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la presente sentencia el día de su publicación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra el acto que atribuye al Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Silao, Guanajuato, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución.
- Principal
...Audiencia constitucional...
- Incidental
...Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en Salamanca, Guanajuato, por medio del cual acusa de recibo del oficio 230/2021, mediante el cual se le notificó la resolución incidental; el cual, únicamente se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda. REGISTRO DE PROMOCIÓN Finalmente, toda vez que con motivo de la Circular SECNO/6/2021, en relación con la diversa SECNO/8/2021, se encuentran suspendidas las labores ordinarias de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, dicha circunstancia implicó el cierre del libro de correspondencia, por lo que el registro de la promoción deberá efectuarse el día que se fijó para la reanudación de actividades, a fin de que se asiente el folio correspondiente...
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