Roberto Hernández Perdomo

Expediente 273/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
273/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Roberto Hernández Perdomo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    . . Sin mayor proveer. Téngase por recibido el oficio signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, únicamente agréguese a los autos sin mayor proveer, toda vez que por acuerdo de dos de junio del año en curso, causó estado el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto y se ordenó su archivo...

  2. Principal

    .... se declara que ha causado estado el acuerdo de referencia. ... archívese este expediente como concluido... este expediente es destruible...

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinte de mayo de dos mil veintidós. Autorizada en amplios términos. Del estado que guardan los presentes autos, se advierte que el veinticinco de marzo del año en curso, se admitió la demanda de amparo presentada por Roberto Hernández Perdomo, y se tuvo como su autorizada con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo a Dania Elizabeth Hernández López. No obstante lo anterior, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la citada profesionista sí cuenta con cédula profesional, por lo que, téngase como autorizada de la parte quejosa, en los amplios términos que establece el citado artículo. Autorizada del quejoso solicita se requiera autoridad responsable. Por otra parte, agréguese el escrito signado por Dania Elizabeth Hernández López, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual informa la imposibilidad que tiene para recoger la reposición del certificado parcelario 101581, por lo que solicita que se deje a disposición en este órgano jurisdiccional. En virtud de lo anterior, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad su petición, puesto que, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, en el último párrafo del mismo, expuso: "Por tratarse de un asunto de amparo, se pone a disposición del quejoso en el módulo de atención a tramites de esta Delegación, con domicilio en la calle Enrique C. Rébsamen número 20, Xalapa, Veracruz, el certificado de derechos parcelarios expedido a su favor; previa identificación y firma de recibido, en un horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes." Esto es, el certificado parcelario 101581 está a disposición del quejoso en el módulo de atención a trámites de esa Delegación, en un horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes, sin necesidad de generar previa cita para recogerlo...

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta suscrita por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el proveído de veintinueve de abril del año en curso, en virtud de que fue informado que ni el quejoso ni los abogados habitan en el domicilio señalado en el escrito de demanda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, notifíquesele el referido auto por lista de acuerdos, para los efectos legales a que haya lugar; así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale un nuevo domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa el acuerdo de veintinueve de abril pasado... Informe justificado. Agréguese el informe justificado que rinde el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Delegados y domicilio. Con apoyo en lo establecido por los artículo 9º y 28, fracción I, de la ley en cita, ténganse como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones, los señalados por la citada autoridad en su informe de cuenta. Prueba. De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la copia certificada del certificado parcelario 101581 a nombre de Roberto Hernández Perdomo, que anexó a su informe. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Roberto Hernández Perdomo, reclamó la omisión y/o falta de contestación en breve término a su solicitud de trámite 30150028252 de nueve de octubre de dos mil quince, relativa a la reposición de su certificado parcelario. En el caso, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable con su actuar omisivo vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 8° y 35, fracción V, de nuestra Carta Magna, respecto a que los funcionarios y empleados públicos, respetarán el ejercicio del derecho de petición, misma que deberá ser formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; asimismo, la autoridad deberá dar respuesta mediante acuerdo y éste deberá de hacerse del conocimiento del peticionario. Por lo que, del informe de cuenta, se advierte que el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, manifestó que no es cierto el acto que la parte quejosa le atribuye, pues indicó que ya atendió la solicitud de trámite y ordenó la expedición de la reposición del certificado parcelario 101581 a nombre de Roberto Hernández Perdomo, el cual está a su disposición en las instalaciones de la propia autoridad. Por tanto, se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable de darle contestación o respuesta a la solicitud de trámite 30150028252 de nueve de octubre de dos mil quince, se actualiza tal y como lo refiere la autoridad responsable al rendir su informe justificado, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional, debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, dinámica que significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo Roberto Hernández Perdomo, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y reclamó de la autoridad responsable la omisión de darle contestación a su solicitud de reposición del certificado de derechos parcelarios requerido, impidiendo con ello su acceso a un beneficio al que tiene derecho. Y del informe justificado rendido por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, se desprende que expidió al quejoso el certificado parcelario 101581, el cual se encuentra a su disposición en el módulo de atención a trámites de dicha delegación. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ... Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. .... Ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Lo anterior, sin que se inadvierta el hecho de que el certificado de derechos parcelarios, a favor del aquí quejoso, se encuentra a su disposición en el módulo de atención a trámites de dicha delegación, en el horario que indica la autoridad responsable en el oficio de cuenta. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con trece minutos del once de mayo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, Fermín Santiago Santiago, ante la Secretaria de Juzgado Penélope Rodríguez Landa, que autoriza y da fe.

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