Roberto Hansen Frías Montelongo
Expediente 769/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 769/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Roberto Hansen Frías Montelongo
Actuaciones
- Principal
.....el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado en el juicio de amparo 769/2019/V-B del cual deriva este cuaderno de antecedentes, se avocó al conocimiento del asunto y radicó la demanda de amparo con el número de expediente ******************** de su índice. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este juicio como concluido. En atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que este juzgado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo origen de este asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el juicio principal a la Dirección General de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha.
- Principal
...Notifíquese personalmente al quejoso y cúmplase...
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ...Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Roberto Hansen Frías Montelongo, por propio derecho, contra actos de la Octava Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4°, 16 y 17 Constitucionales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 769/2019/V-B. ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra del ocurso de demanda que se provee, se advierte que el acto que reclama el solicitante del amparo, lo constituye la resolución de doce de julio de dos mil diecinueve, emitida en autos del toca 1335/2019 del índice de la Octava Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, que revoca la sentencia de primer grado dictada en el juicio civil 466/2017-II del orden cronológico del Juzgado Décimo de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, para el efecto de reponer el procedimiento del juicio natural. INCOMPETENCIA. Ahora, el artículo 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Federal, establece que la competencia por razón de territorio recae en el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En congruencia con ese numeral, el artículo 37 de la Ley de Amparo, estableció tres reglas para determinar la competencia, según si el acto requiere o no de ejecución material, entendida como la realización de acciones que producen un cambio material como consecuencia de la emisión del acto reclamado. De lo anterior, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues como se desprende, la resolución combatida de doce de julio de dos mil diecinueve, emitida en autos del toca 1335/2019 del índice de la Octava Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, que revoca la sentencia definitiva dictada en el juicio civil 466/2017-II del orden cronológico del Juzgado Décimo de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, tiene como consecuencia jurídica la de reponer el procedimiento del aludido juicio natural, lo cual es un acto que no conlleva ejecución en la jurisdicción de este Juzgado, pues en atención a su naturaleza, sus efectos se trasladan directamente al juicio de origen y es ahí donde tendrá su principal impacto y repercusión; es decir, la ejecución del acto reclamado ocurrirá en la jurisdicción del Juzgado Décimo de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, ante el cual se sigue el procedimiento natural de Primera Instancia. Se afirma que este órgano jurisdiccional carece de competencia en razón de territorio para conocer del presente asunto en virtud de que sus efectos implican, entre otros, que el procedimiento se continúe en esa localidad; sin que sea óbice a lo anterior que la resolución reclamada la dictara los Magistrados de la Sala con residencia en esta ciudad, pues los efectos de dicha resolución se materializarán en el juicio de origen. De ahí que, resulta competente para conocer del presente asunto el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en el que tiene su residencia el Juzgado Décimo de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, quien conoce del procedimiento. Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en Coatzacoalcos, en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado, conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Se invoca por su consideraciones, la jurisprudencia número 2a./J. 37/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo." Así también, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En consecuencia, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda y con apoyo en los artículos 48, y 37, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto y las copias de la demanda, al juzgado federal que se estima competente para que determine al respecto, y solicítese atentamente que una vez provea lo conducente acuse el recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de amparo y autógrafa de este acuerdo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda y como autorizada de su parte con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Cándida Sánchez Velázquez, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente al quejoso y cúmplase. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Alberto Arbea Pérez, que autoriza y da fe.
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