Roberto Hernández Perdomo

Expediente 294/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
294/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Roberto Hernández Perdomo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    . Estese. Agréguese sin mayor proveer el oficio remitido por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en virtud de que en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, causó estado la resolución de veintinueve de abril del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto y se ordenó su archivo....

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado la referida determinación. Precisión. Es jurídicamente innecesario pronunciarse respecto al plazo que tienen las demás partes para inconformarse, ya que al haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, ningún agravio les genera esa decisión. Archivo. Con fundamento en artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo del dos mil veinte Diario Oficial de la Federación, archívese este expediente como concluido...

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinte de mayo de dos mil veintidós. Autorizada en amplios términos. Del estado que guardan los presentes autos, se advierte que el treinta y uno de marzo del año en curso, se admitió la demanda de amparo presentada por Roberto Hernández Perdomo, y se tuvo como su autorizada con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo a Dania Elizabeth Hernández López. No obstante lo anterior, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la citada profesionista sí cuenta con cédula profesional, por lo que, téngase como autorizada de la parte quejosa, en los amplios términos que establece el citado artículo. Autorizada del quejoso solicita se requiera autoridad responsable. Por otra parte, agréguese el escrito signado por Dania Elizabeth Hernández López, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual informa la imposibilidad que tiene para recoger el certificado parcelario 101586, por lo que solicita que se deje a disposición en este órgano jurisdiccional. En virtud de lo anterior, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad su petición, puesto que, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, en el último párrafo del mismo, expuso: "Por tratarse de un asunto de amparo, se pone a disposición del quejoso en el módulo de atención a tramites de esta Delegación, con domicilio en la calle Enrique C. Rébsamen número 20, Xalapa, Veracruz, el certificado de derechos parcelarios expedido a su favor; previa identificación y firma de recibido, en un horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes..." Esto es, el certificado parcelario 101586 está a disposición del quejoso en el módulo de atención a trámites de esa Delegación, en un horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes, sin necesidad de generar previa cita para recogerlo...

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a nueve de mayo de dos mil veintidós. Razón actuarial imposibilidad de notificar quejoso. Agréguese la razón actuarial suscrita por la Actuaria Judicial adscrita, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar al aquí quejoso Roberto Hernández Perdomo, el proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, por los motivos que ahí se exponen. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, para los efectos legales procedentes, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio para tal finalidad. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa el acuerdo de referencia... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintinueve de abril de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por medio del cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Domicilio y delegados. Como lo solicita la autoridad oficiante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º y 28, fracción I, de la ley en cita, téngase como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones, los señalados en su oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Prueba De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la copia certificada del certificado parcelario 101586 a nombre de Roberto Hernández Perdomo, que anexó a su informe. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Roberto Hernández Perdomo, reclamó la omisión y/o falta de contestación en breve término a su solicitud de trámite 30150028254 de nueve de octubre de dos mil quince, relativa a la expedición de su certificado parcelario. En el caso, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable con su actuar omisivo vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 8° y 35, fracción V, de nuestra Carta Magna, respecto a que los funcionarios y empleados públicos, respetarán el ejercicio del derecho de petición, misma que deberá ser formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; asimismo, la autoridad deberá dar respuesta mediante acuerdo y éste deberá de hacerse del conocimiento del peticionario. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por lo que, del informe de cuenta, se advierte que el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, manifestó que no es cierto el acto que la parte quejosa le atribuye, pues indicó que ya atendió la solicitud de trámite y emitió el certificado parcelario 101586 a nombre de Roberto Hernández Perdomo, el cual está a su disposición en las instalaciones de la propia autoridad. Por tanto, se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable de darle contestación o respuesta a la solicitud de trámite 30150028254 de nueve de octubre de dos mil veintiuno, se actualiza tal y como lo refiere la autoridad responsable al rendir su informe justificado, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, dinámica que significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo Roberto Hernández Perdomo, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y reclamó de la autoridad responsable la omisión de darle contestación a su solicitud de trámite y a expedirle el certificado de derechos parcelarios requerido, impidiendo con ello su acceso a un beneficio al que tiene derecho. Y del informe justificado rendido por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, se desprende que expidió al quejoso el certificado parcelario 101586, el cual se encuentra a su disposición en el módulo de atención a trámites de dicha delegación. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: .... Ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Lo anterior, sin que se inadvierta el hecho de que el certificado de derechos parcelarios, a favor del aquí quejoso, se encuentra a su disposición en el módulo de atención a trámites de dicha delegación, en el horario que indica la autoridad responsable en el oficio de cuenta. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con cuatro minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. ...

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