Roberto Hernández Carrillo
Expediente 873/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 873/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Roberto Hernández Carrillo
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito signado por Francisco Villagómez Castro, con el carácter que tiene reconocido en autos; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de la constancia que indica.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Civil de Partido, con residencia en Uriangato, Guanajuato; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 873/2016-III. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. El suscrito estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. A efecto de proveer sobre la procedencia del juicio de amparo, es menester puntualizar que la peticionaria del amparo señaló como acto reclamado: ? El proveído de cinco de septiembre del año en curso, dictado en el juicio ordinario civil 696/2011, en el que el Juez Único Civil de Uriangato, Guanajuato, ordenó dejar a disposición del Titular de la Notaría número 3 de ese Partido Judicial, dicho expediente, a fin de que otorgara en rebeldía de los copropietarios la escritura de adjudicación correspondiente al inmueble ubicado en calle 16 de Septiembre número 14 de esa ciudad. Asimismo, a fin de establecer correctamente los antecedentes del acto reclamado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE."; se ordena traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 728/2016-III del índice de este órgano jurisdiccional, del que se obtienen los siguientes datos: En relación al juicio de origen: 1) ********** por conducto de sus apoderada ********** y **********, demandaron en la vía ordinaria civil a **********, la acción de división de la cosa en común respecto del treinta por ciento de la casa urbana ubicada en la calle Dieciséis de Septiembre, número catorce de Uriangato, Guanajuato y demás prestaciones, demanda que fue radicada en el Juzgado Único Civil de Partido, con sede en Uriangato, Guanajuato, bajo el número de expediente C-696/2011. 2) Seguido el juicio por sus trámites legales, el diez de agosto de dos mil doce, el juez de origen dictó sentencia en el sentido de decretar la terminación de copropiedad del inmueble materia de la litis y procedió a decretar su venta judicial y la repartición de su precio entre los interesados por partes iguales, debiendo en ejecución de sentencia fijarse el precio. 3) Inconforme con tal determinación, ********** por conducto de su mandatario **********, interpuso recurso de apelación, el cual por resolución de veinte de septiembre de dos mil doce, dictada por la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia impugnada. 4) ********** por conducto de su mandatario ********** promovió demanda de amparo directo mismo que por razón de turno tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este circuito, el cual se radico con el Amparo Directo Civil 290/2013, mismo que se resolvió en el sentido de sobreseerlo. 5) Posteriormente, en etapa de ejecución ********** solicitó la venta judicial del inmueble materia de la litis, mismo que mediante acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince el juez natural determinó que el valor del avaluó que había de servir de base para la venta de 1/3 parte del inmueble en copropiedad era de $228,000.00 (doscientos veintiocho mil pesos 00/100 m.n.) y ordenó dar vista a los coparticipes **********, ********** y ********** todos de apellidos **********, por el término de quince días para que hicieran valer su derecho al tanto. 6) Inconforme con tal determinación, **********, interpuso recurso de revocación, el cual por resolución de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada por el juez responsable revocó el auto impugnado para el efecto de fijar como precio del bien materia de ejecución $228,000.00 (doscientos veintiocho mil pesos 00/100 m.n.) valor redondeado al millar, valor que serviría de base para la venta de la fracción de corresponder al 30% de la casa ubicada en la calle dieciséis de septiembre, número catorce de Uriangato, Guanajuato, y ordenó dar vista a los coparticipes **********, ********** y ********** todos de apellidos **********, para que de ser su voluntad hicieran valer el derecho de tanto, concediéndoles un término de quince días hábiles, con el apercibimiento de no manifestar al respecto se procederá la venta de la fracción del inmueble, notificación que se realizó por medio de lista el veintiséis de enero de dos mil dieciséis. 7) ********** promovió incidente nulidad de actuaciones, en contra de la notificación del auto de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, mismo que se resolvió el catorce de abril de dos mil dieciséis, en el sentido declararlo procedente y ordenó que la notificación se realizara de manera personal al demandado en el domicilio ubicado en calle **********, número ********** letra ********** de Uriangato, Guanajuato. 8) Inconforme con tal determinación, **********, interpuso recurso de apelación, el cual por resolución de treinta de mayo de la presente anualidad, dictada por la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado con sede en esta ciudad, revocó la resolución interlocutoria para el efecto de declararlo improcedente. 9) **********, inconforme con la resolución citada en el punto que antecede, interpuso amparo directo, el cual por turno le tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, el que mediante proveído de ocho de agosto del año en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda y ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno. 10) Mediante acuerdo de once de agosto del año en curso, este Juzgado recibió dicha demanda y se avocó al conocimiento del asunto, quedando registrado con el número 728/2016-III, en el cual se dictó sentencia el doce de septiembre del presente año, negándose el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. Asimismo, de la lectura íntegra de la demanda que se estudia, así como de las documentales que adjunta el quejoso se desprende que: 11) El doce de agosto del año en curso, el Juez Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, a petición de la parte actora declaró que la resolución de veintinueve de junio del año en curso (en la que se adjudicó el bien inmueble materia de la división a favor de **********, había causado ejecutoria, requirió a los copropietarios ********** y **********, ambos de apellidos **********, para que en el término de tres días otorgaran de manera voluntaria la escritura de adjudicación correspondiente, apercibiéndolos que de no hacerlo ese Juzgado la otorgaría en su rebeldía. 12) El cinco de los actuales el Juez responsable, a petición de la parte actora, hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de doce de agosto pasado y ordenó dejar el expediente de origen a disposición del Titular de la Notaría Pública número 3 de esa ciudad, para que otorgue en rebeldía de los copropietarios ********** y **********, ambos de apellidos ********** y en favor de **********, la escritura de adjudicación correspondiente al inmueble materia de dicho juicio. (auto que constituye el acto reclamado en el presente asunto). Puntualizado lo anterior, se estima que el acto reclamado no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que con dicha resolución la responsable no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. Lo anterior es así, pues con el acto impugnado la responsable busca dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen; es decir, obtener únicamente su cumplimiento material. Además, no debe perderse de vista que: a) El ahora quejoso es parte formal y tuvo oportunidad de defenderse en el juicio de origen. b) El acto reclamado obedece al procedimiento de ejecución, por lo que admitir la procedencia del juicio de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que la resoluciones con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que el acto reclamado, en su caso, pueda considerarse de imposible reparación, puesto que los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, por regla general, no pueden aplicárseles las disposiciones de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de amparo. Ciertamente, al interpretar la Ley de Amparo abrogada el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P/.J108/2010, que aparece publicada en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció como criterio obligatorio, que excepcionalmente el amparo indirecto procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos de la parte quejosa; sin embargo, en el caso no se surte algún caso de excepción porque los actos reclamados no son ajenos a la cosa juzgada, debido a que el auto de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ordinario civil C696/2011 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido, con residencia en Uriangato, Guanajuato, en el que se ordenó dejar el expediente a disposición del Notario Público número 3 de esa ciudad, para que otorgara en rebeldía de los copropietarios en dicho juicio y en favor del adjudicatario la escritura correspondiente, en el que el solicitante del amparo es parte demandada y, por tanto, es claro que no puede aplicarse por analogía la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, toda vez que el quejoso solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquesele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Asimismo, téngase a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Villagómez Castro, al contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita, a las demás personas que menciona, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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