Roberto García Hernández
Expediente 703/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Roberto García Hernández
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, mediante el cual remite un legajo de copias certificadas del juicio de amparo 703/2021-III, así como testimonio autorizado de la resolución pronunciada por ese Tribunal el veintisiete de octubre del presente año, en el recurso de queja 103/2021, en la que se resuelve: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." Acúsese recibo; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para sus efectos, las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, el cual quedó registrado con el número 103/2021, y acusa recibo de las constancias que en copia certificada fueron enviadas para la substanciación de dicho medio de impugnación; el Titular queda enterado de su contenido y ordena agregarlo a sus antecedentes.
- Principal
Agréguese en autos el escrito de cuenta que suscribe el quejoso **************; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: Se tiene a la parte quejosa presentando recurso de queja contra el proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, remítase para su substanciación, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Décimo Sexto Circuito, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este juzgado el veintisiete de septiembre del año en curso, dictó un acuerdo en el que determinó desechar la demanda de amparo presentada por ************.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control de Oralidad de la Tercera Región, con sede en Acámbaro, Guanajuato; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 703/2021-III. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada(...) " . Como se desprende de la transcripción de la fracción XXIII del artículos 61, en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo y el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados a contrario sensu, tal causa de improcedencia se actualiza debido a la carencia de legitimación activa para promover el juicio de amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el quejoso acude en esta instancia constitucional ostentándose como tercero extraño a la causa penal número 1P0221-17 del índice del Juzgado de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región, con sede en Acámbaro, Guanajuato, del que deriva el acto reclamado, consistente, esencialmente, en la orden de desposesión del lote urbano ubicado en poblado de*************, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: ****************. En ese sentido, se advierte que el citado acto de molestia se traduce en la determinación dictada el en audiencia inicial el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal **********, de la estadística del Juzgado de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región, con sede en Acámbaro, Guanajuato, en la que se ordenó entregar en posesión del lote urbano ubicado en poblado de************* del que aduce el gestionante tiene en posesión, por lo que es evidente que el solicitante del amparo no está legitimado para impugnar esa decisión en su calidad de terceros extraños. Esto es así, porque el acto que reclama el quejoso en su carácter de terceros extraños en la causa penal de mérito, no lo puede reclamar en esta vía constitucional, en virtud que si bien, el promovente dice ser poseedor del lote urbano que se pretende restituir; de las manifestaciones que vierte bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, se advierte que se trata de una orden emitida en un procedimiento de naturaleza penal, que se siguió con el fin de definir la probable responsabilidad del inculpado en la causa de la que emana el acto reclamado, debido a su conducta constitutiva del delito y que con esta orden se pretende lograr la restitución del bien inmueble objeto de despojo. De ahí que, es evidente que tal acto no le ocasiona ningún perjuicio al tercero extraño aquí quejoso, quien alega tener derechos sobre el lote urbano que aduce le pertenece, pues el efecto de esa determinación es declarativa y no constitutiva de derechos de propiedad o de posesión. Ello es así, porque en un procedimiento penal como el referido no se dilucidan derechos de propiedad ni de posesión, en virtud de que el asunto no es materia de la litis en la integración del ilícito por el cual se procesa y condena al inculpado, logrando así que en todo proceso penal la víctima tenga derecho a la reparación pecuniaria por daños y perjuicios, por lo que debe decirse que la sentencia que condena a la reparación del daño consistente en la restitución del inmueble tiene el carácter de pena pública, razón por la cual dicho fallo es un acto que sólo perjudica a las partes que intervinieron en el procedimiento penal, esto es, el inculpado, el Ministerio Público o el ofendido. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase al quejoso autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, al contar con cédula profesional número 5********** inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las demás personas que menciona, al no encontrarse en ese supuesto. En cuanto a la petición en el sentido de que se tenga al promovente designando la cuenta de correo electrónica que refiere para recibir notificaciones, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad dicha solicitud. Lo anterior, en razón de que para poder recibir notificaciones electrónicas, deberán sujetarse a las disposiciones contenidas en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece los lineamientos que deben seguir las partes en el juicio de amparo a efecto de poder tener acceso al expediente electrónico y, en su caso, realizar promociones y recibir notificaciones por ese medio. En ese sentido, toda vez que el quejoso no señala domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones de carácter personal, ni algún usuario electrónico que se le haya enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con los artículos 26 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones, aun las de carácter personal por lista que se fije en los estrados de este Tribunal, hasta en tanto designe uno en esta ciudad, sin perjuicio de que puedan hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del numeral 26 de la citada Ley. Por otra parte, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita al promovente para que: I. De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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