Roberto García Hernández
Expediente 258/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Roberto García Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ****************, por su propio derecho, contra actos del Juez Unitario del Tribunal Colegiado de Juicio Oral de la Tercera Región, con sede en Acámbaro; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 258/2022-III. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Como se desprende de la transcripción de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, tal causa de improcedencia se actualiza debido a la carencia de legitimación activa para promover el juicio de amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el quejoso acude en esta instancia constitucional ostentándose como tercero extraño a la causa penal número ******** del índice del Juez Unitario del Tribunal Colegiado de Juicio Oral de la Tercera Región, con sede en Acámbaro, del que deriva el acto reclamado, consistente, esencialmente, en la orden de desposesión del lote urbano ubicado en poblado de San José de las Pilas, municipio de Acámbaro, Guanajuato, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en ****************. En ese sentido, se advierte que el citado acto de molestia se traduce en la determinación dictada el en audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal **************, de la estadística del Juez Unitario del Tribunal Colegiado de Juicio Oral de la Tercera Región, con sede en Acámbaro, en la que se ordenó entregar en posesión del lote urbano ubicado en poblado de San José de las Pilas, ubicado en el municipio de Acámbaro, Guanajuato, del que aduce el quejoso tiene en posesión, por lo que es evidente que el solicitante del amparo carece de legitimación para impugnar esa decisión en su calidad de tercero extraño. Esto es así, porque el acto que reclama el quejoso en su carácter de tercero extraño en la causa penal de mérito, no lo puede reclamar en esta vía constitucional, en virtud que si bien, el promovente dice ser poseedor del lote urbano que se pretende restituir; de las manifestaciones que vierte bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, se advierte que se trata de una orden emitida en un procedimiento de naturaleza penal, que se siguió con el fin de definir la probable responsabilidad del inculpado en la causa de la que emana el acto reclamado, debido a una conducta constitutiva de delito y que con esta orden se pretende lograr la restitución del bien inmueble objeto de despojo. De ahí que, es evidente que tal acto no le ocasiona ningún perjuicio al tercero extraño aquí quejoso, quien alega tener derechos sobre el lote urbano que aduce le pertenece, pues el efecto de esa determinación es declarativa y no constitutiva de derechos de propiedad o de posesión. Ello es así, porque en un procedimiento penal como el referido no se dilucidan derechos de propiedad ni de posesión, en virtud de que el asunto no es materia de la litis en la integración del ilícito por el cual se procesa y condena al inculpado, logrando así que en todo proceso penal la víctima tenga derecho a la reparación pecuniaria por daños y perjuicios, por lo que debe decirse que la sentencia que condena a la reparación del daño consistente en la restitución del inmueble tiene el carácter de pena pública, razón por la cual dicho fallo es un acto que sólo perjudica a las partes que intervinieron en el procedimiento penal, esto es, el inculpado, el Ministerio Público o el ofendido. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En similares términos se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, al resolver el recurso de queja 103/2021 de su índice . Por otra parte, téngase al quejoso autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***************, al contar con cédula profesional número *********** inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las demás personas que menciona, al no encontrarse en ese supuesto. En cuanto a la petición en el sentido de que se tenga al promovente designando la cuenta de correo electrónica que refiere para recibir notificaciones, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad dicha solicitud. Lo anterior, en razón de que para poder recibir notificaciones electrónicas, deberán sujetarse a las disposiciones contenidas en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece los lineamientos que deben seguir las partes en el juicio de amparo a efecto de poder tener acceso al expediente electrónico y, en su caso, realizar promociones y recibir notificaciones por ese medio. En ese sentido, toda vez que el quejoso no señala domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones de carácter personal, ni algún usuario electrónico que se le haya enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con los artículos 26 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones, aun las de carácter personal por lista que se fije en los estrados de este Tribunal, hasta en tanto designe uno en esta ciudad, sin perjuicio de que puedan hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del numeral 26 de la citada Ley. Por otra parte, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita al promovente para que: I. De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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