Roberto Guadalupe Fernández
Expediente 878/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 878/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Roberto Guadalupe Fernández
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c de la Ley de Amparo vigente procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica al quejoso Roberto Guadalupe..., el auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós, misma PUBLICACIÓN que aparecerá en la lista que se coloca en los estrados del juzgado de mi adscripción el día hábil siguiente al de la fecha en que se levanta la presente, y que se fija a las nueve horas del tres de agosto de dos mil veintidós. Doy fe. SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS: "..."...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por...por propio derecho, regístrese bajo el número 878/2022-IV. Ahora, de la lectura íntegra del escrito inicial se advierte que la parte quejosa reclama: a) Del Juez de Control de Primera Instancia en materia Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México: La ilegalidad del auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictado en la causa auxiliar 570/2021, en el cual determinó: "[.] se tienen por hechas sus manifestaciones al promovente, por lo tanto, se le hace saber que el nombre del Agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación lo es el Licenciado...mismo que en fecha trece de junio de la presente anualidad informó que por proveído de fecha tres de marzo de dos mil veintidós, comunicó la determinación de abstención de investigar, resolución que indicó le fue notificada al ofendido en fecha diecisiete de marzo de la presente anualidad, por lo que en fecha veinte de junio de dos mil veintidós, al haber justificado el agente del Ministerio Público la notificación al ofendido, se tuvo por desahogado el requerimiento que le fue realizado a dicho Fiscal, dejando sin efectos los apercibimientos decretados en su contra, por lo que se tuvo por concluido el asunto, dado que el oferente fue notificado de la determinación de abstención de la investigación y ya feneció el termino de diez días, para que dicho ofendido impugnara tal determinación". b) Del agente del ministerio Público adscrito a la mesa siete de trámite, en la Fiscalía Regional de Naucalpan de Juárez, Estado de México: La ilegal notificación realizada el diecisiete de marzo del dos mil veintidós, en la cual se le hizo del conocimiento de manera personal la determinación de abstención de investigación de tres de enero del mismo año, dictada en la carpeta de investigación número NUC: FNC/NAU/00/MPI/395/04720/20/09 y NIC: TLA/FNC/NAU/060/219241/20/09. c). Del Agente del Ministerio Público adscrito en aquél entonces a la Mesa Cuatro de Trámite de la Fiscalía Regional de Naucalpan de Juárez, Estado de México: La omisión de acordar los datos de prueba ofrecidos por el quejoso a través de sus asesores jurídicos, mediante escrito de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, consistente en la petición de la comparativa a través de la prueba pericial en grafoscopía de las firmas de... DESECHAMIENTO En el caso, el suscrito advierte que se actualizan las hipótesis normativas contenidas en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, pues el quejoso no agotó los medios ordinarios de defensa, previo a promover la demanda de amparo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Conforme a las fracciones citadas con antelación, se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando respecto del acto reclamado proceda algún medio de defensa ordinario que permita revocar, modificar o nulificar el referido acto. Lo anterior, porque uno de los actos reclamados por la parte quejosa consiste en el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictado en la causa auxiliar 570/2022, de la estadística del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el cual determinó que: se tenían hechas sus manifestaciones; se indicó el nombre del Agente del Ministerio Público encargado de su carpeta de investigación; se refirió que el trece de junio de la presente anualidad el Ministerio Público comunicó -al Juez de Control- que en proveído de tres de marzo de este año, hizo saber la determinación de abstención de investigar; que esa determinación de abstención se notificó al ofendido -aquí quejoso- el diecisiete de marzo mismo año; que al haber justificado el agente del Ministerio Público la notificación al ofendido, el veintiuno de junio de dos mil veintidós, tuvo desahogando el requerimiento realizado a la representación social, dejando sin efectos los apercibimientos en su contra, por lo que se tuvo concluido el asunto. Sin embargo, antes de acudir al juicio de amparo, el quejoso...debió promover el recurso de revocación que prevé el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que establece la procedencia de ese medio de defensa en contra de las resoluciones judiciales de mero trámite que se resuelven sin sustanciación, con la finalidad de que el Juez responsable, quien dictó la determinación aquí combatida, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución correspondiente. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 283 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, del tenor literal siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo". Así como, por su contenido, el criterio sostenido por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Undécima Época, Materias(s): Común, Penal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, Abril de 2022, tomo IV, página 2854, de contenido: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. NO ESTÁN OBLIGADOS A AGOTARLO QUIENES NO TIENEN LA CALIDAD DE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación de la Jueza de Control de hacer efectivo en su contra el apercibimiento de la medida de apremio consistente en multa, toda vez que, en su carácter de subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, incumplió con el requerimiento judicial de trasladar al imputado en la hora indicada a la audiencia intermedia. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo, al considerar que debió agotarse el principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, e interponer contra aquella decisión el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que sólo los sujetos del procedimiento que tienen la calidad de parte procesal en términos del artículo 105, fracciones I (víctima u ofendido), II (asesor jurídico), III (imputado), IV (defensor) y V (Ministerio Público), del Código Nacional de Procedimientos Penales, están legitimados para interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del mismo código. No lo están, en cambio, quienes carecen de tal calidad, aun cuando intervengan en el proceso penal por cualquier razón. Por tanto, las decisiones del órgano jurisdiccional que estos últimos consideren les causan agravio no están sujetas al principio de definitividad al ser impugnadas en amparo indirecto; de ahí que no están obligados a agotarlo previamente a instar la acción constitucional. Justificación: El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales está previsto para quienes son parte en el procedimiento penal acusatorio, pues procede contra actos dentro o fuera de audiencia; en el primer caso debe interponerse en ese momento y, en el segundo, se tienen dos días para ello. Tratándose de las partes se asume que, o bien están asistidas por un profesional en derecho (defensa o asesor) o son un órgano técnico que, por su propia naturaleza, puede realizar su defensa. En ambos supuestos están en posición de controvertir en la propia audiencia los acuerdos de trámite. En cambio, cualquier otro interviniente no está en esa situación, razón por la cual estaría en clara desventaja cuando el acuerdo de trámite se dicte en audiencia; además, el plazo perentorio de dos días para recurrir respecto de autos dictados fuera de ésta es demasiado corto para quienes, como tales sujetos (o incluso auxiliares) pudieran recibir una asesoría jurídica suficiente para defenderse; por tanto, no se les puede atribuir la carga de agotar ese medio de impugnación previamente a promover el juicio de amparo indirecto." Ahora, en lo atinente al acto consistente en la ilegal notificación realizada el diecisiete de marzo del dos mil veintidós, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa siete de trámite, en la Fiscalía Regional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el quejoso debió promover la nulidad de notificación que prevé el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a acudir a esta instancia constitucional. Lo anterior, porque de acuerdo con la normatividad aplicable al asunto de origen, la notificación que se practique a alguna de las partes puede declararse nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe destacar que el suscrito no soslaya el contenido de la jurisprudencia de rubro "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DE UN AUTO O RESOLUCIÓN EMITIDOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SIN NECESIDAD DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIONES PROCESALES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA)"; sin embargo, de las consideraciones que la integran, se desprende que su sustento se basa en el hecho de que diversas legislaciones no prevenían algún recurso para modificar o revocar la notificación practicada por el Ministerio Público, lo que en el caso no ocurre, pues, por cuanto hace a este asunto, quedó demostrado que el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sí prevé un mecanismo de defensa; máxime que el diverso 93 del mismo ordenamiento legal, refiere que cuando en el curso de una investigación el Ministerio Público deba comunicar alguna actuación a una persona, podrá hacerlo por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje, en el entendido que serán aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones del ordenamiento legal mencionado. De ahí que se concluye que antes de promover el juicio biistancial debió agotarse la nulidad correspondiente. Por cuanto hace al acto consistente en la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a la entonces a la Mesa Cuatro de Trámite de la Fiscalía Regional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, de acordar los datos de prueba ofrecidos por el quejoso mediante escrito de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se estima improcedente el juicio de amparo, porque antes de acudir al presente sumario el agraviado está obligado a agotar el medio de defensa que contempla el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, el citado precepto legal prevé que el legislador dispuso la procedencia de un medio de defensa legal en contra de las determinaciones u omisiones del representante social de investigar hechos posiblemente constitutivos de un delito, el cual consiste en que la inconforme puede acudir ante el juez de control a efecto de impugnar dicha omisión o abstención; supuesto en el cual la autoridad judicial convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. Por tanto, previamente a la presentación del juicio de amparo debe agotarse el recurso previsto en el artículo 258 del ordenamiento legal invocado con la finalidad de que sea el Juez de control quien revise la legalidad, o no, de las mismas. De ahí que, contra el acto de que se duele el impetrante, procede el medio de defensa aludido, en razón de que dicho acto hace patente las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, a efecto de que la autoridad jurisdiccional, de ser el caso, ordene que cese esa omisión. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, de la Décima Época, que establece: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Asimismo, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, de la Décima Época, que establece: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Sin que pase inadvertido que precisamente había acudido ante el Juez de Control a cuestionar las omisiones que, en su opinión, había cometido el Ministerio Público correspondiente, para la debida integración de la carpeta de investigación; sin embargo, al no cuestionar a través del recurso de revocación la determinación de aquél juzgador de dar por concluido el asunto que tendría por objeto analizar la conducta asumida por el fiscal, se considera que tácitamente consintió tal determinación y, por ende, no puede ser analizada en este juicio de amparo. En tales condiciones, queda demostrado que antes de acudir al presente juicio de amparo la parte quejosa estaba obligada a agotar los medios de defensa ordinarios procedentes con la finalidad de modificar, revocar, o nulificar los actos reclamados; esto es, debió de interponer los medios referidos en esta determinación, los cuales resultan los apropiados para combatir los actos reclamados, dado que está instituido expresamente por la ley. Cobra aplicación por analogía la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". No pasan inadvertidas para el suscrito, las excepciones al principio de definitividad que señala el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; sin embargo, en el presente caso no se actualizan, dado que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Por lo expuesto, resulta indudable que se actualizan las causales de improcedencia contenidas en las fracciones XVIII y XX, del numeral 61, de la Ley de Amparo, la primera, por lo que hace al acto atribuido al Juez de Control y, la segunda, respecto de los actos imputados a las autoridades investigadoras; de ahí que lo procedente es desechar la demanda, de conformidad con el numeral 113 del citado ordenamiento legal. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el principio de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Ténganse como correos electrónicos y números telefónicos los que indica a fin de que este Juzgado establezca comunicación no procesal en los casos en que se estime necesario y no para oír y recibir notificaciones toda vez que la ley de la materia no los contempla como medios oficiales para tal efecto. Asimismo, se tiene por autorizada a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea..."
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por...por propio derecho, regístrese bajo el número 878/2022-IV. Ahora, de la lectura íntegra del escrito inicial se advierte que la parte quejosa reclama: a) Del Juez de Control de Primera Instancia en materia Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México: La ilegalidad del auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictado en la causa auxiliar 570/2021, en el cual determinó: "[.] se tienen por hechas sus manifestaciones al promovente, por lo tanto, se le hace saber que el nombre del Agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación lo es el Licenciado...mismo que en fecha trece de junio de la presente anualidad informó que por proveído de fecha tres de marzo de dos mil veintidós, comunicó la determinación de abstención de investigar, resolución que indicó le fue notificada al ofendido en fecha diecisiete de marzo de la presente anualidad, por lo que en fecha veinte de junio de dos mil veintidós, al haber justificado el agente del Ministerio Público la notificación al ofendido, se tuvo por desahogado el requerimiento que le fue realizado a dicho Fiscal, dejando sin efectos los apercibimientos decretados en su contra, por lo que se tuvo por concluido el asunto, dado que el oferente fue notificado de la determinación de abstención de la investigación y ya feneció el termino de diez días, para que dicho ofendido impugnara tal determinación". b) Del agente del ministerio Público adscrito a la mesa siete de trámite, en la Fiscalía Regional de Naucalpan de Juárez, Estado de México: La ilegal notificación realizada el diecisiete de marzo del dos mil veintidós, en la cual se le hizo del conocimiento de manera personal la determinación de abstención de investigación de tres de enero del mismo año, dictada en la carpeta de investigación número NUC: FNC/NAU/00/MPI/395/04720/20/09 y NIC: TLA/FNC/NAU/060/219241/20/09. c). Del Agente del Ministerio Público adscrito en aquél entonces a la Mesa Cuatro de Trámite de la Fiscalía Regional de Naucalpan de Juárez, Estado de México: La omisión de acordar los datos de prueba ofrecidos por el quejoso a través de sus asesores jurídicos, mediante escrito de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, consistente en la petición de la comparativa a través de la prueba pericial en grafoscopía de las firmas de... DESECHAMIENTO En el caso, el suscrito advierte que se actualizan las hipótesis normativas contenidas en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, pues el quejoso no agotó los medios ordinarios de defensa, previo a promover la demanda de amparo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Conforme a las fracciones citadas con antelación, se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando respecto del acto reclamado proceda algún medio de defensa ordinario que permita revocar, modificar o nulificar el referido acto. Lo anterior, porque uno de los actos reclamados por la parte quejosa consiste en el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictado en la causa auxiliar 570/2022, de la estadística del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el cual determinó que: se tenían hechas sus manifestaciones; se indicó el nombre del Agente del Ministerio Público encargado de su carpeta de investigación; se refirió que el trece de junio de la presente anualidad el Ministerio Público comunicó -al Juez de Control- que en proveído de tres de marzo de este año, hizo saber la determinación de abstención de investigar; que esa determinación de abstención se notificó al ofendido -aquí quejoso- el diecisiete de marzo mismo año; que al haber justificado el agente del Ministerio Público la notificación al ofendido, el veintiuno de junio de dos mil veintidós, tuvo desahogando el requerimiento realizado a la representación social, dejando sin efectos los apercibimientos en su contra, por lo que se tuvo concluido el asunto. Sin embargo, antes de acudir al juicio de amparo, el quejoso...debió promover el recurso de revocación que prevé el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que establece la procedencia de ese medio de defensa en contra de las resoluciones judiciales de mero trámite que se resuelven sin sustanciación, con la finalidad de que el Juez responsable, quien dictó la determinación aquí combatida, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución correspondiente. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 283 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, del tenor literal siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo". Así como, por su contenido, el criterio sostenido por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Undécima Época, Materias(s): Común, Penal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, Abril de 2022, tomo IV, página 2854, de contenido: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. NO ESTÁN OBLIGADOS A AGOTARLO QUIENES NO TIENEN LA CALIDAD DE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación de la Jueza de Control de hacer efectivo en su contra el apercibimiento de la medida de apremio consistente en multa, toda vez que, en su carácter de subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, incumplió con el requerimiento judicial de trasladar al imputado en la hora indicada a la audiencia intermedia. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo, al considerar que debió agotarse el principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, e interponer contra aquella decisión el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que sólo los sujetos del procedimiento que tienen la calidad de parte procesal en términos del artículo 105, fracciones I (víctima u ofendido), II (asesor jurídico), III (imputado), IV (defensor) y V (Ministerio Público), del Código Nacional de Procedimientos Penales, están legitimados para interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del mismo código. No lo están, en cambio, quienes carecen de tal calidad, aun cuando intervengan en el proceso penal por cualquier razón. Por tanto, las decisiones del órgano jurisdiccional que estos últimos consideren les causan agravio no están sujetas al principio de definitividad al ser impugnadas en amparo indirecto; de ahí que no están obligados a agotarlo previamente a instar la acción constitucional. Justificación: El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales está previsto para quienes son parte en el procedimiento penal acusatorio, pues procede contra actos dentro o fuera de audiencia; en el primer caso debe interponerse en ese momento y, en el segundo, se tienen dos días para ello. Tratándose de las partes se asume que, o bien están asistidas por un profesional en derecho (defensa o asesor) o son un órgano técnico que, por su propia naturaleza, puede realizar su defensa. En ambos supuestos están en posición de controvertir en la propia audiencia los acuerdos de trámite. En cambio, cualquier otro interviniente no está en esa situación, razón por la cual estaría en clara desventaja cuando el acuerdo de trámite se dicte en audiencia; además, el plazo perentorio de dos días para recurrir respecto de autos dictados fuera de ésta es demasiado corto para quienes, como tales sujetos (o incluso auxiliares) pudieran recibir una asesoría jurídica suficiente para defenderse; por tanto, no se les puede atribuir la carga de agotar ese medio de impugnación previamente a promover el juicio de amparo indirecto." Ahora, en lo atinente al acto consistente en la ilegal notificación realizada el diecisiete de marzo del dos mil veintidós, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa siete de trámite, en la Fiscalía Regional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el quejoso debió promover la nulidad de notificación que prevé el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a acudir a esta instancia constitucional. Lo anterior, porque de acuerdo con la normatividad aplicable al asunto de origen, la notificación que se practique a alguna de las partes puede declararse nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe destacar que el suscrito no soslaya el contenido de la jurisprudencia de rubro "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DE UN AUTO O RESOLUCIÓN EMITIDOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SIN NECESIDAD DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIONES PROCESALES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA)"; sin embargo, de las consideraciones que la integran, se desprende que su sustento se basa en el hecho de que diversas legislaciones no prevenían algún recurso para modificar o revocar la notificación practicada por el Ministerio Público, lo que en el caso no ocurre, pues, por cuanto hace a este asunto, quedó demostrado que el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sí prevé un mecanismo de defensa; máxime que el diverso 93 del mismo ordenamiento legal, refiere que cuando en el curso de una investigación el Ministerio Público deba comunicar alguna actuación a una persona, podrá hacerlo por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje, en el entendido que serán aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones del ordenamiento legal mencionado. De ahí que se concluye que antes de promover el juicio biistancial debió agotarse la nulidad correspondiente. Por cuanto hace al acto consistente en la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a la entonces a la Mesa Cuatro de Trámite de la Fiscalía Regional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, de acordar los datos de prueba ofrecidos por el quejoso mediante escrito de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se estima improcedente el juicio de amparo, porque antes de acudir al presente sumario el agraviado está obligado a agotar el medio de defensa que contempla el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, el citado precepto legal prevé que el legislador dispuso la procedencia de un medio de defensa legal en contra de las determinaciones u omisiones del representante social de investigar hechos posiblemente constitutivos de un delito, el cual consiste en que la inconforme puede acudir ante el juez de control a efecto de impugnar dicha omisión o abstención; supuesto en el cual la autoridad judicial convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. Por tanto, previamente a la presentación del juicio de amparo debe agotarse el recurso previsto en el artículo 258 del ordenamiento legal invocado con la finalidad de que sea el Juez de control quien revise la legalidad, o no, de las mismas. De ahí que, contra el acto de que se duele el impetrante, procede el medio de defensa aludido, en razón de que dicho acto hace patente las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, a efecto de que la autoridad jurisdiccional, de ser el caso, ordene que cese esa omisión. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, de la Décima Época, que establece: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Asimismo, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, de la Décima Época, que establece: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Sin que pase inadvertido que precisamente había acudido ante el Juez de Control a cuestionar las omisiones que, en su opinión, había cometido el Ministerio Público correspondiente, para la debida integración de la carpeta de investigación; sin embargo, al no cuestionar a través del recurso de revocación la determinación de aquél juzgador de dar por concluido el asunto que tendría por objeto analizar la conducta asumida por el fiscal, se considera que tácitamente consintió tal determinación y, por ende, no puede ser analizada en este juicio de amparo. En tales condiciones, queda demostrado que antes de acudir al presente juicio de amparo la parte quejosa estaba obligada a agotar los medios de defensa ordinarios procedentes con la finalidad de modificar, revocar, o nulificar los actos reclamados; esto es, debió de interponer los medios referidos en esta determinación, los cuales resultan los apropiados para combatir los actos reclamados, dado que está instituido expresamente por la ley. Cobra aplicación por analogía la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". No pasan inadvertidas para el suscrito, las excepciones al principio de definitividad que señala el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; sin embargo, en el presente caso no se actualizan, dado que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Por lo expuesto, resulta indudable que se actualizan las causales de improcedencia contenidas en las fracciones XVIII y XX, del numeral 61, de la Ley de Amparo, la primera, por lo que hace al acto atribuido al Juez de Control y, la segunda, respecto de los actos imputados a las autoridades investigadoras; de ahí que lo procedente es desechar la demanda, de conformidad con el numeral 113 del citado ordenamiento legal. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el principio de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Ténganse como correos electrónicos y números telefónicos los que indica a fin de que este Juzgado establezca comunicación no procesal en los casos en que se estime necesario y no para oír y recibir notificaciones toda vez que la ley de la materia no los contempla como medios oficiales para tal efecto. Asimismo, se tiene por autorizada a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa..."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- Roberto Fabián Silva Toledo y Otros.297/2017
- Roberto Gálvez Cortés744/2020
- Roberto García Martínez972/2018
- Roberto Gil Willy1004/2023
- Roberto Granillo Gonzalez1424/2019
- Roberto Granillo González417/2020
- Roberto Guerrero Olivares1107/2018
- Roberto Guzman Cerón93/2021
- Roberto Guzmán Cerón978/2022
- Roberto Hernández Ayala1168/2023
- Roberto Hernández Soto1389/2019
- Roberto Isael Rivera Arzate1354/2023