Roberto García Martínez
Expediente 972/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 972/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Roberto García Martínez
Actuaciones
- Principal
MESA III-B "Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo. Cabe precisar que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese."
- Principal
ANOTACIONES Vista la demanda de amparo promovida por ... regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de amparo 972/2018-III-B. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: - La resolución de tres de mayo de dos mil dieciocho emitida por el Secretario del Consejo Consultivo de la Delegación Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de expediente EMO. 466/2018, que determinó improcedente el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa en contra de la resolución de treinta de enero del año en curso, que resolvió el recurso interpuesto en contra de la diversa resolución de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, que negó la procedencia de pensión de vejez promovida por Roberto García Martínez. DESECHAMIENTO En la especie se advierte que el juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De esos dispositivos legales se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto éste que no puede recaer a los actos impugnados. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como se puede observar en Sla jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, del tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, novena época, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como ya se mencionó, la parte quejosa reclama la resolución de tres de mayo de dos mil dieciocho emitida por el Secretario del Consejo Consultivo de la Delegación Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de expediente EMO. 466/2018, que determinó improcedente el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa en contra de la resolución de treinta de enero del año en curso, que resolvió el recurso interpuesto en contra de la diversa resolución de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, que negó la procedencia de pensión de vejez promovida por Roberto García Martínez. Al respecto, debe señalarse que el acto que reclama la parte quejosa, no constituye, de acuerdo a su naturaleza, un acto de persona de derecho público o de autoridad, en razón que el Instituto Mexicano del Seguro Social señalado como responsable no se encuentra actuando como órgano de autoridad, sino como ente asegurador, por consiguiente, se encuentra ejercitando una decisión particular en su carácter de órgano asegurador. De ahí que la responsable, no obra con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino que al derivar de una resolución que establece una relación entre el quejoso y el instituto de referencia, respecto de una prestación otorgada por la ley que lo regula, es claro que no actúa como persona de derecho público revestida de imperio frente al quejoso; en tal virtud el acuerdo reclamado carece de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, y por ende, no existe una relación de supra a subordinación sino de coordinación. Robustece lo anterior la tesis número I.6o.T.175 L, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 1132, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA REDUCCIÓN QUE EFECTÚE A UNA PENSIÓN OTORGADA CONFORME A LA LEY QUE LO RIGE, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Si en el juicio de amparo se impugna como acto reclamado la reducción de una pensión otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a la ley que lo rige, debe considerarse que el mismo no fue dictado en ejercicio de una potestad pública, pues se trata de un acto emanado de la relación entre trabajador y órgano asegurador y no de autoridad alguna para los efectos del juicio constitucional pues, en la especie, el citado Instituto Mexicano del Seguro Social no está investido con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa; y por ello, no puede hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva ya que, en el caso, se trata de una decisión particular como organismo asegurador, es decir, en tal hipótesis el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa como órgano asegurador y tanto es así, que el artículo 275 de la anterior Ley del Seguro Social vigente al 30 de junio de 1997 establece que este tipo de controversias podrán dirimirse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sin que sea necesario agotar previamente el recurso de inconformidad ante el consejo técnico. Asimismo, es oportuno citar la jurisprudencia VIII.2o.P.A. J/32, sustentada por el pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 2010, visible en la página 2032, de rubro y texto siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Así, es de concluir que en el caso el acto reclamado, no puede ser considerado como de autoridad, para los efectos del juicio de amparo. En esas condiciones, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Roberto García Martínez. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente
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