Roberto Granillo González

Expediente 417/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
417/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Roberto Granillo González

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, inciso b), del Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, pues se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso y carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvase a la responsable, el anexo que remitió como complemento a su informe con justificación.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 417/2020- II; R E S U L T A N D O: Primero. Trámite del juicio de amparo. Mediante escrito depositado el tres de agosto de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y remitido por razón de turno a este juzgado de Distrito el cinco de agosto siguiente, Roberto ..., por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que más adelante se precisarán. Segundo. El seis de agosto de dos mil veinte, se registró bajo el número 417/2020-II; se admitió a trámite; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El veintinueve de octubre de dos mil veinte, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 103, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se reclaman actos cuya materialización se llevó a cabo en el Distrito donde este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo que establece el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesaria la fijación clara y precisa del acto reclamado, con el objeto de resolver efectivamente la litis constitucional planteada por la parte quejosa. En este sentido, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que el quejoso reclama: - La resolución emitida el once de febrero de dos mil veinte, por la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el juicio administrativo 870/2017, en el que se determinó lo relativo a la cuantificación del pago del finiquito por renuncia voluntaria. Tercero. Certeza del acto reclamado. La Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se acredita con las constancias relativas a las copias certificadas del juicio de origen que remitió en apoyo a su informe. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su artículo 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Cuarto. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En este apartado cabe destacar que las partes no invocaron causa de improcedencia alguna, ni este juzgador advierte su actualización. Quinto. Estudio del asunto. Al no existir causa de improcedencia alguna, se procede al estudio de los conceptos de violación expresados, sin que sea necesario transcribirlos, dado que tal omisión no infringe disposición legal alguna. En ese contexto, el solicitante del amparo sostuvo, esencialmente, en sus conceptos de violación lo siguiente: Primer concepto de violación: La autoridad responsable viola en su perjuicio el numeral 16 Constitucional, en virtud que los actos que aquella emita deben ser suficientemente fundados y motivados, sin embargo, no señaló el fundamento jurídico que le permita realizar la cuantificación con un recibo de nómina de hace veinticuatro años, ni justificó la razón por la cual determinó tomar en consideración el documento aludido al momento de cuantificar. Asimismo, tampoco precisó las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para determinar el cálculo del finiquito por renuncia voluntaria, así como el procedimiento aritmético o la metodología matemática implementada. De igual modo, la sala responsable realiza la cuantificación donde fija una cantidad líquida por el concepto de finiquito por renuncia voluntaria efectuando operaciones aritméticas confusas, incorrectas y ambiguas. Segundo concepto de violación: La responsable no justifica haber realizado el cálculo de finiquito por renuncia voluntaria con base en haberes percibidos hace veinticuatro años, por lo que fue incorrecto que fijara como sueldo base para la cuantificación el último sueldo percibido en mil novecientos noventa y seis. Tercer concepto de violación. El justiciable aduce que la cuantificación es injusta y desproporcional, ya que la responsable ordena el finiquito por renuncia voluntaria con percepciones del año mil novecientos noventa y seis, sin actualizar o traer a valor presente las cantidades, lo que realiza en contravención al artículo 1º Constitucional y al principio pro persona. Luego entonces, debió aplicar en su favor, el numeral 48 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco y el diverso 70 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que establecen que el monto de las pensiones se incrementará en la misma proporción en que el Gobierno del Estado otorgue incrementos generales a los sueldos sujetos de cotización a sus servidores públicos en activo. Cuarto concepto de violación. El quejoso insiste en que la cuantificación del pago correspondiente por el concepto mencionado, debió realizarse atendiendo a la actualización del sueldo diario, de conformidad con los incrementos de los sueldos de los trabajadores en activo y no así con el último sueldo percibido en mil novecientos noventa y seis; ello porque si del Manual de Seguridad Social y la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, se obtiene que el pago de pensiones debe incrementarse conforme a los aumentos que obtengan los trabajadores en activo, dicha regla debe operar de igual manera para el pago de finiquito, en tanto que ambas son prestaciones de seguridad social que se pagan con los recursos provenientes de las aportaciones del fondo de pensiones. Dichos conceptos se analizarán en un orden diverso al propuesto a fin de dar buen cause a lo que se resuelve. Con relación a los conceptos tercero y cuarto, éstos se estudiarán en su conjunto, ya que se encuentran íntimamente relacionados. Asimismo, se califican de infundados. Lo infundado radica en que se parte de una premisa equivocada al afirmar que el concepto de "finiquito por renuncia voluntaria" es una prestación de seguridad social que se paga con aportaciones del fondo de pensiones, y que por tal motivo debe cuantificarse con los incrementos efectuados al personal en activo. Ello obedece a que la prima de antigüedad es una prestación cuyo origen es el reconocimiento a la permanencia en el trabajo, la cual, conforme al artículo 80 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, debe pagarse a los servidores públicos que decidan separarse del servicio, por el sólo hecho de haber laborado durante más de quince años, erogación que se paga en una sola exhibición y que tiene como finalidad compensar el tiempo laborado; mientras que las prestaciones de seguridad social, derivan de una renta vitalicia y encuentran su origen en los riesgos a que el hombre está expuesto por su naturaleza, como la vejez, la muerte y la invalidez, o los relacionados con el trabajo. En ese sentido, se llega a la conclusión que, contrario a lo que sostiene el quejoso, la cuantificación del concepto de "finiquito por renuncia voluntaria", como ya quedó precisado, consiste en el pago de la prima de antigüedad, que participa de una naturaleza diversa a las pensiones, ya que estas últimas son prestaciones de la seguridad social que se pagan, en parte, con recursos provenientes de las aportaciones del fondo de pensiones; mientras que la prima de antigüedad es una prestación que debe pagar el patrón como reconocimiento al trabajo prestado, cuyo pago se realiza en una sola exhibición y éste dependerá del tiempo laborado; razón por la cual, es evidente que no es posible que la cuantificación de ese concepto se realice atendiendo a las reglas establecidas para una prestación proveniente de una naturaleza diversa, como son las de seguridad social. Sobre ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en la Jurisprudencia de la entonces Cuarta Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 91-96, quinta parte, página 111, registro 243009, que textualmente dice: "JUBILACIÓN Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD. El hecho de que un trabajador sea jubilado por la empresa, por haber cumplido los presupuestos que para tal efecto señala el pacto colectivo, integra una terminación del contrato individual de trabajo por mutuo consentimiento, lo cual implica el retiro voluntario por parte del trabajador, ya que, por una parte el jubilado deja de prestar servicios a la empresa, y, por la otra, ésta deja de cubrir el salario percibido por el trabajador como una remuneración a los servicios prestados, creándose así un régimen distinto de prestaciones que tienen su origen en el pacto colectivo. Consecuentemente, debe decirse que si bien es verídico que tanto la jubilación como la prima de antigüedad por retiro voluntario a que se refiere la ley de la materia, tienen su origen en la continuidad de los servicios prestados por el trabajador durante determinado lapso, lo cierto es que la primera de esas prestaciones es una conquista que los sindicatos han obtenido en los pactos colectivos; en cambio, la prima de antigüedad es una prestación de carácter general para todos los trabajadores, creada bajo el amparo de la ley laboral vigente, la cual es de orden público, y cuyo artículo 162, fracción VI, literalmente prevé: "La prima de antigüedad a que se refiere ese artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda". Y, en la diversa 2a. LVIII/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de dos mil once, página 973, de rubro y texto siguiente: TRABAJADORES JUBILADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. TIENEN DERECHO A RECIBIR LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Una nueva reflexión lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abandonar el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 214/2009, de rubro: "TRABAJADORES JUBILADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS DE CARÁCTER LOCAL, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. y concluir que la pensión jubilatoria otorgada conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, no sustituye a la prima de antigüedad prevista en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, en el caso de trabajadores de organismos descentralizados estatales que previamente se regían por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque son de naturaleza jurídica distinta. Así, la pensión jubilatoria constituye una prestación de seguridad social que tiene su origen en los riesgos a que el hombre está expuesto de carácter natural, como vejez, muerte e invalidez, y que se otorga mediante renta vitalicia, una vez satisfechos los requisitos legales, en tanto que la prima de antigüedad es una prestación derivada del solo hecho del trabajo y acorde con el tiempo de permanencia en él, que se paga en una sola exhibición y tiene como finalidad compensar el tiempo laborado. Por otro lado, en la jurisprudencia 2a./J. 113/2000, de rubro: PRIMA QUINQUENAL Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD. SON PRESTACIONES LABORALES DE DISTINTA NATURALEZA JURÍDICA, POR LO QUE EL PAGO DE LA PRIMERA NO EXCLUYE EL DE LA SEGUNDA, esta Segunda Sala sostuvo que la prima de antigüedad y la prima quinquenal son prestaciones de naturaleza distinta y que, por ello, el pago de una no excluye el de la otra. En esa virtud, se estima que en el caso de los organismos públicos descentralizados creados por los Gobiernos de los Estados con motivo de la descentralización de los servicios de educación básica y de salud, en cumplimiento de los Acuerdos Nacionales para la Modernización de la Educación Básica y para la Descentralización de los Servicios de Salud, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 19 de mayo de 1992 y 25 de septiembre de 1996, respectivamente, como en el caso del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, los trabajadores que prestaron servicios en las dependencias de nivel federal (Secretarías de Educación Pública y de Salud), y que fueron transferidos a esos organismos descentralizados estatales tienen derecho al pago de la prima de antigüedad prevista en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, a partir de esa transferencia, independientemente de que hayan recibido el pago de la prima quinquenal y una pensión jubilatoria, debido a que la prima de antigüedad tiene una naturaleza jurídica distinta a éstas." Hecha esa aclaración, es válido determinar que el concepto de "finiquito por renuncia voluntaria", es una prestación que se otorga como reconocimiento al trabajo prestado por el trabajador, que debe otorgarse con motivo de la separación de éste de su fuente laboral, y para su cuantificación deberá tomarse en consideración el último sueldo base percibido. Por otro lado, en lo concerniente al primer y segundo concepto de violación, los cuales también se analizan conjuntamente al encontrarse relacionados, se estiman infundados. Con el propósito de justificar dicha calificación, es preciso señalar que el artículo 161 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la garantía de legalidad, consistente en la fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos. Para cumplir con el imperativo constitucional de la fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben cumplir los requisitos siguientes: a) Expresar con exactitud el precepto legal aplicable al caso (fundamentación); b) Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto (motivación); y, c) La adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación) . En atención a ello, este juzgado federal considera la calificación de infundado en virtud que la autoridad responsable al efectuar el cálculo de los conceptos relativos a vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y prima de antigüedad, lo realizó pormenorizadamente y en atención a lo resuelto en la sentencia emitida en el recurso de revisión 654/2018 por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en la que se condenó a la autoridad demandada a efectuar el pago del finiquito por renuncia voluntaria en términos de lo dispuesto por los artículos 66, 78, 80 y 81 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Asimismo, contrario a lo que asevera el impetrante, de la revisión a la determinación reclamada de once de febrero de dos mil veinte, se desprende que en las fracciones II y III, la autoridad responsable indicó que se tomaría como base para realizar el cálculo por concepto de finiquito el recibo de nómina exhibido por la parte actora de quince de enero del año citado, al no haber existido inconformidad por la contraparte; de igual modo, con relación a la fundamentación, como quedó establecido al momento de contestar el tercer y cuarto concepto de violación, la naturaleza de la prestación que se está liquidando (pago de finiquito por renuncia voluntaria) es diversa a las pensiones y no existe sustento legal para cuantificar con base en el salario de una persona que se encuentre en activo, por lo que ante ello, fue legal que la autoridad procediera a liquidar tomando en cuenta el último haber percibido por el agraviado; de ahí que no se advierte que se le hubiese dejado en estado de indefensión en ese sentido, pues se reitera, el recibo de pago sobre el cual se cuantificó fue exhibido por el autorizado del propio quejoso. También, la Sala responsable tomó en consideración al momento de efectuar el cálculo correspondiente, las percepciones que contemplan los artículos 66, 78, 80 y 81 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Finalmente, no se advierte omisión o incongruencia en las operaciones aritméticas efectuadas por la autoridad responsable con relación al cálculo por concepto de vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad, pues dichos rubros fueron delimitados en atención a lo establecido en los numerales 66, 78, 80 y 81 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Además, el quejoso no indica con claridad en qué estriba la incongruencia de la responsable, pues si bien refiere que al hacer dichas operaciones incongruentemente las divide entre trescientos sesenta y cinco (365) días, esa circunstancias corresponde en todo caso a la mecánica llevada a cabo para obtener el monto proporcional de esas prestaciones con relación a los días laborados en mil novecientos noventa y seis, que estableció se trataba de doscientos setenta y dos (272) días, lo que incluso le resultó benéfico, pues la Sala tomó en consideración la fecha señalada por la autoridad en que el quejoso causó baja, siendo esta el dos de octubre de mil novecientos noventa y seis, cuando el quejoso en su planilla había precisado quince de agosto del año citado; por tanto, resultan insuficientes los argumentos que vierte con relación a las operaciones realizadas por la responsable. En ese sentido, la autoridad en respeto a los numerales 14 y 16 Constitucionales, precisó las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para resolver en la forma en que lo hizo, aunado a que invocó los preceptos legales aplicables al caso concreto, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. En razón de lo anterior, al haber resultado infundados por las razones apuntadas los conceptos de violación esgrimidos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Quinto. Notificación de la presente sentencia. Una vez que se levante la suspensión de labores decretada con motivo de la pandemia que actualmente se vive por el virus Covid-19, notifíquese a la parte quejosa la presente determinación a través de las listas que se fijan en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal y mediante oficio a la autoridad responsable, así como a la parte tercera interesada. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... Notifíquese a las partes en la forma establecida en el considerando quinto de esta sentencia.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para el día de hoy; sin embargo, no se celebra virtud a que está surtiendo efectos la notificación de la vista que por ocho días se otorgó a las partes mediante auto de ocho de octubre de la anualidad; por tanto, se difiere y en su lugar se señalan las once horas con veinte minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de octubre de dos mil veinte. Agréguese el informe justificado rendido por la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continúo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjunta al oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional; con las mismas fórmese el anexo correspondiente.

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