Roberto Diaz Hernandez
Expediente 511/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/06/2019
Partes del expediente
- Roberto Diaz Hernandez
Actuaciones
- Principal
MESA IV Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, la sentencia que sobreseyó el presente juicio, no fue recurrida por la parte quejosa; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo en comento conforme a su artículo 2, se declara que ha causado estado. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese como asunto concluido. Por otra parte, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de quince de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los juzgados, el presente expediente es susceptible de depuración, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, párrafos segundo y cuarto del referido Acuerdo; toda vez que se concedió la suspensión de plano del acto reclamado, aún y cuando se sobreseyó en el juicio; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, en acatamiento al artículo 11 del referido Acuerdo, y al Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, trasládense a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, a juicio del suscrito no tiene valor jurídico, político, social, económico o histórico ni es de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
MESA IV R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **en términos del último considerando de la presente resolución. Notifíquese.
- Principal
MESA IV Con fundamento en los artículos 117, 125 y 126 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos los oficios signados por el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lerma, México, mediante los cuales rinde su informe justificado y da cumplimiento a la suspensión de plano decretada en autos; en esas condiciones, dése vista a las partes para que manifiesten lo que en su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional conforme al diverso 124 del propio cuerpo normativo de leyes. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por **************, por derecho propio, contra actos del Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma de Villada, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 511/2019-IV. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La orden de traslado a diverso centro penitenciario Su ejecución. SUSPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo se suspenden de plano y oficio los actos reclamados. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a la autoridad señalada como responsable para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se previene a dicha autoridad responsable para que en el término de veinticuatro horas, informe acerca de la forma y términos en que haya dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. [.]". El énfasis es propio. La suspensión aquí otorgada respecto de la La orden de traslado a diverso centro penitenciario, no surte efectos si previo a la presente determinación está acreditado, y atendiendo en lo conducente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dicho acto tenga origen en: 1. Una inicial solicitud voluntaria de traslado por parte del quejoso; 2. Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista sentencia firme que la avale, o que la orden provenga de autoridad jurisdiccional o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del quejoso y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso; 3. Riesgo objetivo de la salud o la integridad del recluso quejoso; 4. Peligro para los internos; 5. Seguridad del propio quejoso; 6. Seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario; y, 7. Tratándose de Delincuencia Organizada y por medidas especiales de seguridad. La suspensión concedida tampoco surtirá efectos respecto del acto posterior a su concesión, o si el acto reclamado procede de autoridades diversas a la señalada como responsable, o si los actos reclamados son materia de otro juicio de amparo, en donde se haya concedido la suspensión de los actos que ahora impugna; o bien, si dicha medida obedece a cuestiones de seguridad del centro penitenciario en el que se encuentra recluido el quejoso, o son tendentes a salvaguardar su integridad o la de la demás población penitenciaria. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Acorde con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dése la intervención correspondiente. Motivo por el cual, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este Juzgado de Distrito, copia simple de la demanda y auto admisorio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, dado que en el presente juicio, se ha decretado la suspensión de plano del acto reclamado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil diecinueve. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérasele a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, apercibidas que en caso de ser omisas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. PREVENCIÓN DE AUTORIDADES INEXISTENTES. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que la autoridad señalada como responsable, no exista con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se le tendrá como inexistente y por ende no se le dirigirá comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL. En otro orden, con apoyo en los artículos 12, 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase como autorizados a las personas mencionadas en el proemio de la demanda en los términos que señalada y practíquense las notificaciones del presente asunto en el domicilio que señala el quejoso. COPIAS. Con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita previa toma de razón y firma que por su recibo obre en autos para debida constancia legal y entréguense por conducto de las personas que autorizó para tales efectos en su escrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. NOTIFICACIÓN DE LAS AUTORIDADES. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.
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