Roberto Iturriaga Vargas

Expediente 1713/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1713/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Roberto Iturriaga Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA IV INFORME JUSTIFICADO. Visto el oficio firmado por el Director Jurídico de la Dirección General de Seguridad y Protección del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, en representación de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, Estado de México (denominación actual y correcta) mediante el cual, rinde su informe justificado; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes para que manifiesten lo que en su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al diverso 124 del propio cuerpo normativo de leyes. DOMICILIO. De conformidad con el precepto legal 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el que señaló en el comunicado de cuenta. DELEGADOS. De conformidad con el precepto legal 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que indica. USO DE MEDIOS ELECTRONICOS. Atento a lo anterior y como lo solicita la autoridad responsable a partir de esta fecha se les permite a los delegados, la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. COMISIONAMOS SISE. Asimismo, en relación a las manifestaciones de la autoridad oficiante, se instruye al Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones pertinentes a fin de que modifique en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la denominación de la citada autoridad. RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD. Vista la razón de cuenta mediante la cual el Actuario Judicial adscrito hace constar la imposibilidad para entregar el oficio 31125/2023, dirigido a la autoridad denominada por la parte quejosa como: "Coordinador de la Policía de Investigación de mandamientos Judiciales dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México", por los motivos que expone; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes. En ese tenor, a la diligencia de referencia, se le otorga valor probatorio, en términos de los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de la actuación de un funcionario investido de fe pública, por lo que lo asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia 563, visible en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." VISTA PARTE QUEJOSA. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, por escrito, manifieste lo que a su interés convenga respecto a la denominación de la citada autoridad, apercibida, que de no hacerlo, se le tendrá como inexistente y por ende se interrumpirá toda comunicación con la misma. Tiene aplicación la jurisprudencia XII.P.A.J/8P, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, publicada el veintidós de Febrero de 2019, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2019352, de rubro y texto: "DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVIO A DECRETARLA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE OTORGAR AL QUEJOSO SU DERECHO DE AUDIENCIA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo señala que uno de los requisitos de la demanda es precisar el nombre de las autoridades responsables. Esto es, dicha circunstancia constituye una carga para el quejoso, lo que implica que si éste señala una denominación incorrecta de la autoridad o, en su caso, que ésta no existe, el juzgador tiene la facultad de declararla inexistente; sin embargo, una vez que el Juez de Distrito tiene la información relativa a la inexistencia de la autoridad responsable señalada en la demanda, para realizar la declaratoria correspondiente debe escuchar primero al quejoso, es decir, darle vista con esa información y requerirle para que manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea que aclare la denominación, desista de dicho señalamiento o acredite la existencia de la autoridad. En consecuencia, previo a decretar la inexistencia de una autoridad responsable, el Juez de Distrito debe otorgar al quejoso su derecho de audiencia, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Incidental

    MESA IV PRIMERO. Se concede a ******************** ********************la suspensión definitiva solicitada, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución interlocutoria. SEGUNDO. El presente incidente queda pendiente de resolver por lo que hace al acto reclamado a la diversa autoridad responsable, por las razones expuestas en el considerando cuarto; por lo que para su verificativo se señalan las nueve horas con treinta minutos del cuatro de diciembre del dos mil veintitrés. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Asimismo, con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos, la diligencia practicada al quejoso ** (nombre correcto por así manifestarlo en la comparecencia de cuenta), de la cual se aprecia que el citado impetrante de amparo ratificó la demanda y el escrito presentado en este juzgado de diez de noviembre del año en curso. ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. ADMISIÓN. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda promovida por Luis Roberto Iturriaga Vargas, contra actos del Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión del Distrito Judicial de Toluca con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Acorde con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dese la intervención correspondiente. Motivo por el cual, notifíquese por medio de lista a la Agente del Ministerio Público adscrita la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este Juzgado de Distrito, copia simple de la demanda y auto admisorio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en lo establecido por los numerales 125 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de La Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo de trece de octubre del año dos mil veintidós, fórmese por separado y tramítese el incidente de suspensión en original y electrónicamente. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las once horas con cincuenta y cinco minutos del doce de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DEL INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 75, 115 y 117, de la ley de la materia, solicítese a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se les reclama; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. En el entendido que de no existir inconveniente legal alguno, remita el informe solicitado al correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento a las autoridades que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria correspondiente. Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiéraseles a las responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado. Apercibidas las autoridades que en caso de ser omisas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, informe a este órgano de control constitucional si en el expediente del cual emana el acto reclamado se han promovido diversos juicios de amparo, por lo que en caso de ser así deberán comunicar ante qué autoridades se radicaron, el número de registro y el estado procesal de los mismos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TERCERO INTERESADO. Resérvese a acordar lo relativo al tercero interesado hasta en tanto obren en autos los informes justificados de las autoridades responsables. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. En el entendido que de no existir inconveniente legal alguno, remita el informe solicitado al correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que la autoridades responsables se negaren a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se hará acreedora de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  4. Incidental

    Toluca, Estado de México; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en auto de esta fecha dictado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1713/2023-IV, promovido por **, contra actos del Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión del Distrito Judicial de Toluca con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades.; se integra el presente incidente, de conformidad con los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Del Pleno Del Consejo De La Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo de trece de octubre del año dos mil veintidós. SOLICITUD DE INFORME PREVIO. Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretarán a expresar si son ciertos los hechos que les atribuye la parte quejosa y que determinan la existencia del acto reclamado, pudiendo agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Se apercibe a las responsables que de ser omisas en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión, además, de conformidad con los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización. En el entendido que de no existir inconveniente legal alguno, remitan el informe solicitado al correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en: La orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN ATRIBUIDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL. Con fundamento en los artículos 128, 129, 166 y 168 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión para los efectos siguientes: I. Para el caso de que el delito por el que se giró la orden que reclamada amerite prisión preventiva, conforme a lo dispuesto en la legislación procesal penal aplicable, se concede la medida cautelar, para el único efecto de que una vez que sea capturado el quejoso, quede a disposición de este juzgado de Distrito en el lugar en que sea recluido, en cuanto a su libertad personal se refiere, quedando a disposición del juez de la causa, para la continuación del procedimiento; hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. II. A su vez, en el supuesto de que el delito por el que se libraron dichas órdenes no amerite prisión preventiva, los efectos de la concesión son para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el quejoso no sea privado de su libertad personal, hasta en tanto, se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva con los datos que se obtengan en este cuaderno incidental, si es procedente o no conceder la suspensión definitiva. Los efectos de la presente determinación tienen vigencia hasta en tanto se notifique la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo. En el entendido que la medida cautelar decretada no tiene el efecto de paralizar la continuación del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, tal como lo establece el artículo 150 de la Ley de la Materia. La medida cautelar se concede toda vez que en el caso se actualiza lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, en razón de que el quejoso solicitó expresamente la suspensión provisional, además de que con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. En el entendido de que esta suspensión, no surte efectos contra órdenes dictadas por autoridad distinta a las señaladas como responsables. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 136, 166 y 167 de la ley de la materia, dicha medida suspensional surtirá efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si el quejoso no cumple los siguientes requisitos: a) Dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, exhiba una garantía de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), mediante billete de depósito, expedido a su nombre por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo; o en cualquiera de las formas que establece la ley; monto que se fija en forma discrecional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132 y 168 de la Ley de Amparo, pues hasta este momento no se cuentan con mayores elementos como pudiera ser la naturaleza, modalidades y características del delito imputado al quejoso, así como tampoco se advierten fehacientemente las características personales y su situación económica, ni que tenga la intención de sustraerse de la acción de la justicia; cantidad que podrá ser modificada una vez que se conozcan los antecedentes del caso, mediante el informe previo que rindan las autoridades responsables; en el entendido que el monto fijado no exime al quejoso de garantizar ante la responsable la reparación del daño y demás obligaciones procesales. Lo anterior, sin que pase desapercibido que refiera que cuenta con una precaria situación económica, pues no acredita dicha circunstancia. La cantidad aludida deberá ser exhibida en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, exhibiendo su garantía mediante billetes de depósito, expedida a su nombre por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo; o en cualquiera de las formas que establece la ley; monto que se fija en forma discrecional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Amparo. b) Asimismo, se hace del conocimiento del quejoso que para que siga surtiendo efectos la medida cautelar decretada, además de la garantía antes señalada, en términos de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Amparo, tiene la obligación de comparecer ante la autoridad responsable que acepte haber librado la orden de aprehensión y/o reaprehensión que reclama dentro del plazo de tres días, para las diligencias que se decreten en el procedimiento que se le siga, lo cual deberá acreditar dentro de los dos días siguientes, con la prevención que de incumplir con lo ordenado en el término mencionado, dejará de surtir efectos la suspensión concedida; en la inteligencia que, la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado, y en su caso, de la autoridad que la emitió, lo cual ocurre cuando la autoridad responsable rinde su informe previo dentro del término de cuarenta y ocho horas, y en él manifieste si es o no cierto el acto que se le atribuye. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 149/2007, Registro digital: 170432, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 371, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil ocho, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." Se requiere a la parte quejosa que de exhibir la garantía antes fijada en billetes de depósito o, en cualquiera de las formas previstas en la ley, a efecto de que este Juzgado la tenga por otorgada, deberán contener en el apartado relativo a concepto manifestación expresa de que se exhibe para garantizar la suspensión provisional en el incidente de suspensión 1713/2023-IV. Asimismo, en el billete de depósito deberá incluirse la autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos, en atención a lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, que establece: "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los órganos jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al secretario técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior." En la inteligencia de que si no exhibe la garantía aludida dentro del término indicado, dejará de surtir efectos la medida cautelar de que se trata, lo cual se hará del conocimiento a las autoridades responsables, para que procedan a la ejecución del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 136 de la ley de la materia. No se desatiende su manifestación en la que refiere que "tratándose de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que no sea detenido bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias", sin embargo, en el presente caso no se advierte que se trate de una orden de aprehensión para continuar con el procedimiento penal, sino que se trata de una orden para el cumplimiento de una sentencia, la cual es de orden público, de ahí que resulta improcedente conceder la suspensión en los términos que refiere. EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. En términos de los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a costa de la promovente en un tanto, copia certificada del presente proveído. Es pertinente indicar que la expedición de más de un juego de copias certificadas está condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la petición debe acompañarse de las razones por las cuales quien las requiere ocupa más de un tanto para ser acordada favorable; lo que en el caso no acontece, razón por la cual se provee en los términos precisados. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda "Omarpaez32". CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Asimismo, como lo solicita el promovente, se autoriza al usuario Omarpaez32; la consulta del expediente electrónico; por lo que, se comisiona al analista jurídico de esta adscripción para la apertura de campos necesarios para tal fin. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En atención a la certificación de cuenta, ténganse por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a Omar Páez Angeles y Agustín Guardado Vázquez, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del numeral en cita a la diversa persona que menciona por no contar con registro en el aludido sistema, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones, limitación que subsistirá hasta en tanto cuenten con el aludido registro, lo cual deberán comunicar a este juzgado mediante nueva promoción. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la legislación en cita, se ordena habilitar horas y días inhábiles, para realizar las notificaciones relacionadas con este juicio de amparo. NOTIFICACIÓN DE LAS AUTORIDADES. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito y en lugar visible del edificio, de conformidad con el acuerdo 21/2020 en mención. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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