Roberto Cruz Garcia
Expediente 598/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/10/2022
Partes del expediente
- Roberto Cruz Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiuno de octubre de dos mil veintidós. CONSENTIDA. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que las partes dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformaron contra el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO Y ANOTACIONES. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectiva (artículo 18, fracción I, inciso b) del acuerdo en cita). 2. En el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el segundo párrafo del artículo 21, del Acuerdo de referencia), y a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Asimismo, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO FALLO PROTECTOR. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no; si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Guillermo Leonardo Zumaya Pérez, en su carácter de apoderado legal del directo quejoso Roberto Cruz García, contra la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en contra de la determinación de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictada en el expediente laboral 865/2016, donde la Junta responsable señala las nueve horas del diecinueve de octubre del año en curso, a fin de que tenga verificativo la audiencia incidental de liquidación; esto es, fuera del término de ley. Seguido el juicio en su trámite, mediante sentencia dictada el diez de junio de la presente anualidad, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, realizara lo siguiente: "a) Deje sin efectos el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós dictado en el expediente laboral 865/2016, únicamente en la parte relativa a la fijación de la fecha para la celebración de la audiencia incidental de liquidación. b) Emita otra determinación, en la cual, si no lo ha hecho ya, señale nueva fecha para la celebración de la audiencia referida, la cual tendrá que ser fijada dentro del término previsto en el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo. La concesión del amparo, se concede únicamente en los términos apuntados, sin que sean materia los actos posteriores, toda vez que la protección constitucional debe limitarse en función del acto reclamado, que en la especie lo fue la determinación emitida el dieciocho de abril del año en curso, en el que se fijó fecha para la audiencia incidental de liquidación, etapa procesal en que se sitúa el procedimiento laboral de origen." El cuatro de julio de la presente anualidad, la sentencia adquirió firmeza y se requirió a la responsable las constancias que acreditaran el cumplimiento al fallo protector. Así, mediante auto de tres de agosto de la anualidad que transcurre, se tuvo por recibida la copia certificada relativa al auto de uno del mismo mes y año, en el que señaló las nueve horas con treinta minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia incidental de liquidación, sin que se advirtiera la relativa a dejar insubsistente el auto de dieciocho de abril del año en curso, dictado en el juicio laboral 865/2016. En ese contexto, se requirió nuevamente a la Junta responsable a efecto de que remitiera la constancia de la que se advirtiera que dejó insubsistente el citado acuerdo; en consecuencia, mediante proveído de quince de agosto de la presente anualidad se tuvo por recibida la copia certificada del acuerdo dictado por la responsable el once de agosto pasado en el expediente 865/2016; por lo que, se determinó dar vista a la parte impetrante de dichas constancias. Posteriormente, el veinticinco de agosto del año en curso, este órgano jurisdiccional hizo la valoración respectiva, determinando que la misma se encontraba parcialmente cumplida por las razones que ahí quedaron expuestas; requiriendo nuevamente a la Junta responsable la remisión de las constancias que atendieran el fallo protector. En tenor de lo que antecede, en proveído de cinco de los actuales se tuvo por atendido el requerimiento realizado a la autoridad responsable, dado vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera. Ahora bien, del examen de las documentales allegadas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que se atendieron los efectos del fallo protector, pues la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, mediante auto de cinco de agosto del año en curso, señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia incidental de liquidación en el juicio laboral 865/2016, esto es, a las trece horas del seis de septiembre de dos mil veintidós, dado que la parte aquí quejosa no compareció en dicha fecha, puesto que no se encontraba legalmente notificada para ello; tal como se desprende de la imagen siguiente: / En el entendido que si bien, el señalamiento de la nueva fecha fue para el seis de septiembre último, se desprende que dicha data se encuentra fuera del plazo que prevé el ordinal 763 de la Ley Federal del Trabajo (24 horas); no obstante, en atención al principio de expedites, aunado a que requerir a la responsable el señalamiento de nueva fecha dentro del plazo previsto en el artículo de referencia, dilataría los efectos de la concesión de amparo; por lo que, se tiene por cumplido el fallo protector. Por tanto, resulta que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por medio del cual, en atención al oficio 30760/2022 de veinticinco de agosto del año en curso, informa que en proveído de cinco de agosto de la presente anualidad en el expediente J.29/865/2016 señaló nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental de liquidación. En ese tenor, téngase por desahogado el requerimiento de que fue objeto y sin efectos el apercibimiento decretado en autos. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dése vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de cuenta y anexo remitidos por la Junta responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de esta determinación, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; desahogado o no el requerimiento, este juzgado se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y electrónicamente quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de agosto de dos mil veintidós. MANIFESTACIONES RESPECTO AL FALLO PROTECTOR. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito de cuenta signado por Guillermo Leonardo Zumaya Pérez apoderado legal del quejoso Roberto Cruz García, por medio del cual desahoga la vista formulada en torno al cumplimiento que dieron las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio; téngase por formuladas las aseveraciones vertidas en el escrito que se atiende y tómense en consideración al momento de que este órgano jurisdiccional proceda a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, con número de registro 192174, titulada: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Expuesto lo anterior, es pertinente indicar que mediante sentencia de diez de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Roberto Cruz García, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: "a) Deje sin efectos el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós dictado en el expediente laboral 865/2016, únicamente en la parte relativa a la fijación de la fecha para la celebración de la audiencia incidental de liquidación. b) Emita otra determinación, en la cual, si no lo ha hecho ya, señale nueva fecha para la celebración de la audiencia referida, la cual tendrá que ser fijada dentro del término previsto en el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo." El cuatro de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió su cumplimiento a la Junta responsable. En atención a ello, mediante oficio registrado con folio 3648, el Presidente de la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remitió copias certificadas de las constancias con las que dio cumplimiento al fallo protector, sin embargo, mediante auto de tres de agosto último, se le requirió para que remitiera copia certificada de la determinación en la que se acreditara que dejó insubsistente el auto de dieciocho de abril del año en curso, dictado en el juicio de origen. Así, mediante oficio 5672/2022, la responsable remitió copia certificada del acuerdo de once de agosto de la presente anualidad, de la que se advierte que dejó insubsistente el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, emitido en el juicio burocrático J.29/865/2016. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la Junta responsable, se advierte que el fallo se encuentra parcialmente cumplido, pues si bien, dejó insubsistente el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, emitido en el juicio burocrático J.29/865/2016 y, mediante diverso de uno de agosto del año en curso, señaló las nueve horas con treinta minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia incidental de liquidación, lo cierto es que la fecha prevista no se fijó dentro del término previsto en el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, dentro de las veinticuatro horas siguientes; de ahí que la ejecutoria de amparo no se encuentra debidamente cumplida. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En tales circunstancias, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días computados legalmente, de cumplimiento al fallo protector por lo que respecta al efecto de que si no lo ha hecho ya, señale nueva fecha para la celebración de la audiencia incidental de liquidación dentro del expediente J.29/865/2016, la cual tendrá que ser fijada dentro del término previsto en el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo, debiendo remitir copia certificada de la determinación que así lo acredite. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la responsable que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado para seguir el trámite de inejecución que incluso puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a las autoridades responsables, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Por otra parte, en cuanto a las manifestaciones del promovente en el sentido de que la sentencia no se encuentra cumplida porque la autoridad responsable no envió las constancias de notificación a las partes del acuerdo de uno de agosto del año en curso en el que señaló fecha para la audiencia incidental de liquidación, ni el acta de audiencia de cinco del me y año en curso; se hace del conocimiento a la parte quejosa que tales circunstancias son ajenas a la materia de la concesión del amparo, pues como ha quedado precisado con antelación, los efectos fueron para que la autoridad responsable: "a) Deje sin efectos el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós dictado en el expediente laboral 865/2016, únicamente en la parte relativa a la fijación de la fecha para la celebración de la audiencia incidental de liquidación. b) Emita otra determinación, en la cual, si no lo ha hecho ya, señale nueva fecha para la celebración de la audiencia referida, la cual tendrá que ser fijada dentro del término previsto en el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo." No obstante, el ocursante deberá estarse a lo acordado en acápites anteriores, esto es, la determinación de que el fallo protector se encuentra parcialmente cumplido. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
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