Roberto Diaz Cordova
Expediente 277/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Roberto Diaz Cordova
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. I.CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. II.INCIDENTE DE SUSPENSION. En cuanto al original y duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes quejosa y tercero interesada; por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito del tercero interesado Emigdio Aguilar Santamaría, en representación de la menor de iniciales: M.V.A.M; en atención a su contenido, se provee: Como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídanse a su costa las copias certificadas de las constancias que indica -siempre y cuando no tengan el carácter de reservados- y como autorizado para recibirlas a la persona que cita en su escrito de cuenta. Ahora bien, a efecto de que le sean expedidas las mismas, deberá realizar lo siguiente de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; esto es, en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año pasado, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales; por lo que para accesar a este juzgado de distrito deberá generar la cita correspondiente. Notifíquese por lista a la partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
- Principal
S E N T E N C I A: V I S T O S; los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 277/2021 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Roberto Díaz Córdova; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Roberto Díaz Córdova, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: "AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- Tiene este carácter la siguiente: a).- La Ciudadana Agente del Ministerio Público de la Federación de la Agencia Investigadora del Sistema Tradicional, a quien señalo como Responsable Ordenadora con domicilio (.) ACTOS RECLAMADOS.- Se reclaman los siguientes: A).- De la Autoridad Responsable Ordenadora reclamo el Auto de fecha dieciséis de Marzo de dos mil veintiuno dictado de la Averiguación Previa AP/PGR/PUE/PUE-IV/05B/2017, que se instruye en mi contra como presuntos responsables del delito de LESIONES CON LA AGRAVANTE DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. Auto en el cual la Autoridad responsable manifiesta que no ha lugar a acordar favorable mi petición de PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. De todas las Autoridades reclamo los efectos y consecuencias que hayan producidos o puedan llegar a producirse en mi perjuicio los anteriores actos que se les reclaman." (foja 4) El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes; y señaló como derecho fundamental violado el contenido los artículos 14, párrafo segundo, 16, 17, 20, apartado B, y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 7, 8, numeral 2, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 9, 14, 15 y 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (foja 4). Segundo. Trámite del juicio. Mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno (fojas 23 a 28), se registró la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 277/2021, se admitió a trámite con incidente de suspensión; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público Federal adscrita (foja 34). Tercero. Cita para audiencia. Por auto de doce de abril de dos mil veintiuno (fojas 57 a 59), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, cuyas dos primeras etapas -pruebas y alegatos- se desarrollaron al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión del informe justificado rendido por la responsable, se advierte que, en el caso, Roberto Díaz Córdova, esencialmente reclama de la 1. Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Agencia del Sistema Tradicional de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de Puebla, en la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-IV/5B/2017, lo siguiente: La determinación de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en la parte relativa en el cual, se resolvió que no ha lugar acordar favorablemente la petición del quejoso, atinente a que declarara la prescripción de la acción penal. Tercero. Existencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Agencia del Sistema Tradicional de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de Puebla, en su informe aceptó la existencia del acto que le atribuyó el quejoso (foja 37). Existencia que se corrobora de las constancias que la autoridad responsable remitió como apoyo a su informe, documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; se advierte que la responsable, emitió la determinación reclamada (fojas 43 y 44). Cuarto. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así pues, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)". Del artículo trascrito se advierte que, el juicio de amparo será improcedente cuando opere un cambio de situación jurídica. Esto es, para que opere un cambio de situación jurídica deben darse los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la emisión del acto reclamado se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba por virtud de dicho acto; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Luego, se actualiza la causa de improcedencia señalada, al advertirse que el quejoso Roberto Díaz Córdova, reclama la determinación de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en la parte relativa en el cual, se resolvió que no ha lugar acordar favorablemente la petición del quejoso, atinente a que declarara la prescripción de la acción penal, en virtud de que ha operado un cambio de situación jurídica que impide analizar dicha determinación ministerial, como a continuación se explica. En efecto, de las constancias que obran en autos valoradas anteriormente, se aprecia los antecedes siguientes: 1. Por escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintiuno, ante la responsable, el aquí quejoso, solicitó en la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-IV/5B/2017, se declarara procedente la prescripción de la acción legal (fojas 38 a 42). 2. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la responsable resolvió: "(.) PRIMERO.- Se tiene por hechas, admitidas y desahogadas las manifestaciones que hace en su escrito de fecha primero de marzo del año en curso.- SEGUNDO.- No ha lugar acordar favorable su petición de declarar la Prescripción de la Acción Penal dentro de la presente indagatoria por los motivos que se desprenden del presente acuerdo.- TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo al C. ROBERTO DÍAZ CORDOVA (.)" [fojas 43 y 44]. 3. Acuse de recibo del oficio 252/2021, de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dirigido al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, por el cual, la responsable remitió original y duplicado del expediente de averiguación previa número AP/PGR/PUE/PUE-IV/5B/2017, constante en cuatro tomos y un anexo, con motivo que ejerció acción penal en contra del aquí promovente del amparo Roberto Díaz Córdova, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones con la agravante de responsabilidad profesional, previsto y sancionado en el artículo 288, 291, en relación con las agravantes previstas en el artículo 60 y 228, del Código Penal Federal, en relación con los diversos 7º, fracción II (hipótesis del delito permanente o continuo), 8º (hipótesis culposo), 9º, párrafo segundo, 13, fracción II, del Código Penal Federal. Asimismo, solicitó se librara la orden de aprehensión del inculpado de referencia por su probable responsabilidad en la comisión de delito ya mencionado (foja 48). Como se aprecia, ha operado un cambio de situación jurídica, en virtud de que la agente del Ministerio Público responsable ejerció acción penal en contra del aquí quejoso, toda vez que consignó la averiguación previa ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, remitiendo para tal efecto el original y duplicado de la indagatoria respectiva; asimismo, dicha averiguación dejó de estar a disposición de la representación social para ahora estar bajo la tutela jurisdiccional del juez Federal Penal citado; lo que implica que a la autoridad judicial es a quien atañe pronunciarse al respecto. Es así, porque al consignar la averiguación previa la agente del Ministerio Público responsable dejó de tener el carácter de autoridad para convertirse en parte dentro del proceso penal del índice del Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federal en el Estado de Puebla. Ello, toda vez que conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución General de la República, el Ministerio Público tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la sociedad, encomendándosele la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal, en su caso; derivándose así la primera de sus dos funciones cuando actúa con el carácter de autoridad al llevar a cabo la investigación de los hechos delictuosos que le son denunciados, y las determinaciones que dicta están investidas de potestad de imperio; y la segunda, al ejercer la acción penal pierde el carácter de autoridad que tenía en la averiguación previa, para convertirse en parte en el proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV.2o.P.43 P, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO).Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación." Así como también, en lo conducente, la tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, que establece: "MINISTERIO PÚBLICO. CESA SU FACULTAD INVESTIGATORIA DE DELITOS, SI EJERCITÓ ACCION PENAL, ANTE EL JUEZ Y ESTE DICTÓ AUTO DE RADICACION. El auto de radicación, produce como consecuencia jurídica, que el Juez conozca en exclusividad de los hechos materia de la averiguación, atento al principio teórico- práctico de la indivisibilidad de la acción penal, que no puede ejercitarse sólo contra uno de los responsables, sino que alcanza a todos ellos. Además, dicho auto fija la jurisdicción del Juez y vincula a las partes al órgano jurisdiccional, entre ellas al Ministerio Público que deja de tener el carácter de autoridad por el ejercicio de la acción penal, para asumir su calidad de parte en el proceso, sin que pueda adoptar en el mismo asunto el doble aspecto de autoridad y parte, porque se quebrantaría el principio del equilibrio, fundado en la igualdad de las partes. Por consiguiente, si se ejercita acción penal por el Ministerio Público, éste carece de facultades para iniciar o continuar una averiguación al margen o paralelamente a la que sigue el Juez de la causa, respecto de los mismos hechos ya consignados o en cuanto a personas distintas del indiciado, pero ligadas con esos hechos puesto que esta investigación concierne al Juez al avocarse al conocimiento de la averiguación, a petición del Ministerio Público." En ese sentido, el Juez Federal citado, en su caso, al conocer de la indagatoria de referencia con motivo del ejercicio de acción penal, de ser procedente, es quien se pronunciará al respecto. Con independencia de lo anterior, el quejoso tiene a salvo sus derechos en el momento procesal oportuno para realizar las manifestaciones que estime oportunas ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, en relación la actualización de la prescripción de la acción penal. Máxime que, aun cuando subsiste el acto reclamado, toda vez que la responsable no dejó sin efectos determinación, lo cierto es que, con motivo de la acción penal, es el juez Federal citado, quien conoce de dicha indagatoria y en su caso, a quien le corresponde pronunciarse respecto de la prescripción penal que reclama el quejoso. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V de la referida legislación, se sobresee en el presente juicio de garantías. Por lo anterior, el suscrito juzgador federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Apoya lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto promovido por Roberto Díaz Córdova, contra el acto y autoridad responsable precisada en el considerando segundo y por las razones expuestas en el diverso cuarto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista a las partes -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, y mediante oficio a la autoridad responsable, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.Así lo resolvió y firma Horacio Oscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Nahieli Avendaño Palacios, secretario quien autoriza y da fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintiuno. I. SE APERSONA TERCERO INTERESADO. Agréguese a los autos el escrito del tercero interesado Emigdio Aguilar Santamaría, en representación de la menor de iniciales M.V.A.M; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se tiene al promovente, apersonándose al presente juicio de amparo, en su carácter de tercero interesado y como representante de la menor de iniciales: M.V.A.M. Se reconoce personalidad a Emigdio Aguilar Santamaría, para promover en nombre y representación de la menor de iniciales M.V.A.M, en términos de la documental exhibida. II. PRUEBA DEL TERCERO INTERESADO. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la parte tercero interesada la que anexa a su escrito de cuenta, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la celebración de la audiencia constitucional. III. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones por así manifestarlo expresamente a José Luis Ángel Campos García, Ángel Fernando Campos Alonso, Elia Zarate Morales y Macario Campos y Matamoros. IV. DOMCILIO. Igualmente, se tiene como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle setenta y cinco oriente, casa número 1428 (mil cuatrocientos veintiocho), colonia Universidades de la ciudad de Puebla. V. MEDIO PARA ESTABLECER CONTACTO. De conformidad con el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene el correo electrónico y el número telefónico que proporciona, como medio para establecer contacto no procesal, en caso de que ello se estime necesario. VI. ALEGATOS. Por otra parte, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte ocursante a manera de alegatos, para los efectos legales a que haya lugar, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno; esto es, al momento en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Y, por último, en cuanto a su petición de dar vista al agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito; al respecto, dígasele que no ha lugar a acordad de conformidad, puesto que esa pretensión se encuentra fuera del ámbito de los derechos que le asisten en el juicio de amparo, además es facultad discrecional de este órgano jurisdiccional poner en conocimiento del representante social cuando advierta que se han cometido, por una de las partes, conductas que podrían considerarse como delictivas, lo que no está sujeto a la voluntad de las partes. Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "AL MINISTERIO PÚBLICO. EL TERCERO PERJUDICADO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA SOLICITAR AL JUZGADOR DE AMPARO SE DÉ INTERVENCIÓN A AQUÉL CON MOTIVO DE LAS CONDUCTAS DESPLEGADAS POR EL QUEJOSO. La petición formulada por el tercero perjudicado en el sentido de que, ante la conducta desplegada por el quejoso, se dé vista al agente del Ministerio Público de la adscripción por la probable comisión de hechos delictuosos, no vincula al juzgador de amparo para acceder a ella, en virtud de que esa pretensión se encuentra fuera del ámbito de los derechos que asisten a quien interviene en el juicio de amparo con tal carácter, habida cuenta que el interés que tiene deriva del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y se circunscribe a que el acto reclamado subsista, razón por la cual no constituye un derecho del tercero perjudicado en el proceso constitucional, sino una facultad discrecional de la autoridad judicial federal, poner en conocimiento del representante social las conductas mencionadas.". Así como, la tesis con rubro y texto siguientes: "QUEJA, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, CUANDO EL TERCERO PERJUDICADO IMPUGNA EL ACUERDO POR EL QUE SE NIEGA DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN DE POSIBLES HECHOS DELICTUOSOS. El recurso de queja que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo interpone el tercero perjudicado en el juicio de amparo indirecto, en contra del acuerdo del Juez de Distrito por el que se negó dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación por la posible comisión de hechos delictuosos que se ubican en la hipótesis a que se refiere el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta improcedente, ya que esa determinación no ocasiona un daño o perjuicio que afecte de manera directa la esfera jurídica del recurrente, porque el interés que en favor de éste deriva del artículo 5o. de la Ley de Amparo, es que subsista el acto reclamado; por tanto, que el Juez de Distrito ordene la vista mencionada, no constituye un derecho del tercero perjudicado sino una facultad discrecional de dicha autoridad." VII. Diferimiento anticipado. Ahora bien, tomando en consideración que el informe justificado se agregó en proveído de nueve de abril del año en curso (foja 50), resulta evidente que transcurre el plazo de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto a la vista otorgada en dicho auto, para que las partes se impongan de su contenido, si así lo consideran conveniente. En tal virtud, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional fijada en el presente expediente; por lo que, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese por lista a las partes...
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