Roberto Cervantes Ruiz
Expediente 456/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 456/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Roberto Cervantes Ruiz
- MARGARITA MENDOZA SANCHEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintidós de mayo del año en curso, en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que con fundamento en el punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, deberán comparecer por conducto de su autorizado, en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger el disco versátil digital (DVD) exhibido en el presente juicio de amparo (foja 10), con el apercibimiento que de no hacerlo, será destruido junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado, sobre su cuidado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. FORMACIÓN Y DESECHAMIENTO. Vista la demanda de amparo promovida por Margarita Mendoza Sánchez, Sonia Yasbet Sánchez Téllez y Roberto Cervantes Ruiz, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla; fórmese expediente y regístrese con el número 456/2018-E, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado; y, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte en el capítulo relativo al acto reclamado, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: Violación de derechos sustantivos fundamentales por falta de una defensa técnica adecuada." Y, del estudio integral de dicha demanda, se advierte que el acto reclamado en esta instancia, se traduce en: La falta de una defensa técnica de los aquí quejosos, pues a pesar de habérseles nombrado defensores públicos en las diversas etapas del procedimiento penal de origen, estos mantuvieron una defensa pasiva, en la carpeta judicial de origen 53/2016/PUEBLA, que se instruye en su contra, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de secuestro agravado. Es decir, el hecho que los quejosos aduzcan que sus defensores omitieron ofrecer medios de prueba que hicieran frente a la acusación formulada por la fiscalía, situación que fue soslayada por el juez de control señalado como responsable. En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues esta juzgadora Federal advierte, de oficio, que de forma indudable y manifiesta se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu; y, con el diverso numeral 173, apartado B, fracciones V, X, XII y XIII, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no es de imposible reparación, al no afectar algún derecho sustantivo. El contenido de los dispositivos invocados es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: (.) Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral (.) V. La oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realice en igualdad de condiciones; (.) X. No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley; (.) XII. No se faciliten al imputado todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el procedimiento o se restrinja al imputado y a la defensa el acceso a los registros de investigación cuando el primero esté detenido o se pretenda recibirle declaración o entrevistarlo; XIII. No se respete al imputado el derecho a contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un defensor público, o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor; cuando el imputado sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso; (.)" De la transcripción de los preceptos legales se advierte que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) , sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, esto es, en el artículo 107, fracción V de la ley de la materia. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza material de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de formal o adjetiva. Así, cuando un particular, como en el caso, se duele exclusivamente de una afectación adjetiva cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, o un procedimiento seguido en forma de juicio, aun cuando aleguen violaciones al artículo 20 de la Ley Suprema, los actos que reclaman no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión del artículo 20 constitucional; sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que, tratándose de procedimientos jurisdiccionales o procedimientos seguidos en forma de juicio, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta contra ese tipo de actos. En la especie, el acto reclamado consistente en la falta de una defensa técnica de los aquí quejosos, pues a pesar de habérseles nombrado defensores públicos en las diversas etapas del procedimiento penal de origen, estos mantuvieron una defensa pasiva, en la carpeta judicial de origen 53/2016/PUEBLA, que se instruye en su contra, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de secuestro agravado. Es decir, el hecho que los quejosos aduzcan que sus defensores omitieron ofrecer medios de prueba que hicieran frente a la acusación formulada por la fiscalía, situación que fue soslayada por el juez de control señalado como responsable; no lesiona los derechos sustantivos de los quejosos. Es así, pues el hecho de que no se llegaran a ofrecer por parte de la defensa las pruebas que los quejosos consideran pertinentes para su adecuada defensa dentro del proceso de origen, constituyen actos que deben considerarse como violaciones al procedimiento que son, en su caso, reclamables en la vía directa del juicio de amparo, tal y como lo establece expresamente el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el transcrito 173, apartado B, fracciones V, X, XII y XIII de la legislación en cita. Para demostrarlo se explica el parámetro actual de imposible reparación. Éste deriva de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma constitucional efectuada en junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que generaba en algunos expedientes la promoción excesiva del juicio de amparo indirecto. De ahí se advirtió la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se estimó posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en éste las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde las cuestiones procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales cuestiones fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015 , en la que determinó que la interpretación más viable con el propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de establecer un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo). Entonces, para hacer procedente la vía indirecta del juicio de amparo, resulta indispensable la actualización del parámetro actual de imposible reparación, esto es: afectación material a derechos sustantivos y en el cual no podrán incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales tal como sucede con el acto reclamado por la parte quejosa, pues las posibles transgresiones que pudieren cometerse durante la secuela procesal podrían constituir, en su caso, violaciones al procedimiento que en nada afecten los derechos sustantivos del peticionario de amparo, pues incluso podría darse el caso de que se dictara sentencia absolutoria en su favor. Y, en el evento de que dichas violaciones trascendieran al resultado del fallo y afectaran las defensas de los aquí quejosos al obtener una sentencia adversa, éstas podrían ser impugnadas mediante el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 170, 171 y 173, apartado B de la Ley de Amparo. Además, el criterio actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño del artículo 107, fracción V de la ley de la materia. Luego, frente a los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la Constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se observa que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, porque éstos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia por parte del juzgador. Entonces, frente al particular que ve limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que éste busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas¬¬- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Es más, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá en el futuro, con la posibilidad de que -como se dijo- la sentencia definitiva resulte favorable a los directos quejosos. En ese sentido, aunque los promoventes alegan que al no haberse allegado medios de prueba idóneos para su adecuada defensa, lo cierto es que, como se dijo, constituyen actos procesales que no afectan sus derechos sustantivos; pues la actualización de tal circunstancia no necesariamente implica que les traerá consecuencias adversas que trascenderán al resultado del fallo, ni que afectarán sus derechos, pues aun en ese caso, podrían obtener un resultado favorable a sus intereses, razón por la cual se establece en los ordinales invocados que, tales violaciones, en caso de causar una afectación a los derechos del gobernado, serán impugnables mediante el juicio de amparo directo y no en la presente instancia constitucional. En esas condiciones, es indudable que el acto reclamado constituye un acto intraprocesal emitido dentro del proceso penal, cuyos efectos son sólo adjetivos y no de imposible reparación, cuya afectación, en su caso, se materializaría hasta la emisión del fallo definitivo. Además, no debe perderse de vista que los actos destacados, fueron emitidos en un procedimiento que se sigue conforme al nuevo sistema de enjuiciamiento penal, de corte oral y acusatorio, respecto del cual, el artículo 173 de la Ley de Amparo, establece con claridad las reglas específicas para impugnar ese tipo de actos, cuando el gobernado estime que afectaron sus intereses pues, se insiste, el apartado B, prevé que el no auxiliar al imputado en la obtención de sus pruebas, el que no se le faciliten los datos que solicite para su defensa, e incluso, que no se respete su derecho de contar con una defensa adecuada, constituyen violaciones procesales reclamables por la vía directa del juicio de garantías. En el mismo sentido, el artículo 170 de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, asimismo, establece que en materia penal, el proceso penal comienza con la audiencia inicial ante el juez de control y, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) la de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) la intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) la de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En tal virtud, dado que los promoventes reclaman que, sus defensores no han ofrecido los medios de prueba pertinentes para una defensa adecuada, dentro de la etapa intermedia, es evidente que ello es posterior a la audiencia inicial aludida y por tal razón debe considerarse como un acto intraprocesal, pues como se dijo, únicamente atañe a cuestiones de esa naturaleza. Orienta el criterio de la suscrita la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/15 (10a.), integrada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que señala: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P). Este órgano colegiado determinó modificar el criterio sustentado en la tesis XVII.1o.P.A.74 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1035, de rubro: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", para ahora establecer que de conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, por lo que son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el mencionado medio de difusión oficial del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", consideró que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Asimismo, en lo relativo a la titularidad de un derecho subjetivo y afectación a los derechos previstos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es Parte, expresó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte"; que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Estimó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito modifique su criterio sustentado en la referida tesis y concluya que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior." Situaciones que determinan la improcedencia de este juicio de amparo indirecto, conforme al parámetro actual de imposible reparación y al nuevo esquema que rige al sistema de justicia penal oral y acusatorio pues, al tratarse de cuestiones procesales, se carece de elementos para visualizar un impacto a derechos sustantivos tutelados en la constitución o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano -como la libertad, la justicia pronta, la integridad física, entre otros-. Bajo este contexto, se deduce que los actos reclamados carecen de los atributos necesarios conforme al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) que resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. En esas condiciones, es indudable que los actos reclamados constituyen actos intraprocesales emitidos dentro del proceso penal, cuyos efectos son sólo adjetivos y no de imposible reparación, cuya afectación, en su caso, se materializaría hasta la emisión del fallo definitivo, pues por el sólo hecho de su actualización no se afectan materialmente derechos sustantivos de los quejosos, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, etcétera, sino que se trata de actos meramente adjetivos o procesales. Por consiguiente, la parte quejosa debe esperar la sentencia definitiva, para después, de estimarlo necesario, acudir al juicio de amparo directo conforme a las reglas dispuestas en los artículos 170, 171 y 173, apartado B de la Ley de Amparo. Cabe agregar que la improcedencia advertida en este sumario también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en el acto reclamado, pues de analizarse el contenido de ésta, habrá de prolongarse la tramitación del proceso penal de origen en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de ese procedimiento -a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación- para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Por lo tanto, es incuestionable que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no es de los denominados de imposible reparación, pues el hecho de que los defensores de los aquí quejosos no hayan ofrecido las pruebas pertinentes para su adecuada defensa, no significa que por ello obtendrán una sentencia desfavorable, por lo que, solamente produciría efectos en contra de derechos adjetivos, sin atacar sus derechos sustantivos; de forma tal que el perjuicio irrogado podría ser reparado por un acto jurídico posterior, ello tomando en consideración que la posible afectación que se ocasione puede ser subsanada, si obtiene sentencia favorable en el juicio de origen del acto reclamado, y en caso contrario, aún puede remediarse a través del juicio de amparo directo que en su caso se promueva en contra de la sentencia respectiva, alegándolo como una violación procesal (artículo 173, fracción XIII, de la Ley de Amparo ), máxime que, según se advierte de la demanda de amparo, los quejosos se encuentran asistido por defensores, por lo que, no se les ha trasgredido el derecho fundamental a la defensa adecuada. Es por lo antes expuesto que se concluye que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu; y, con el diverso numeral 173, apartado B, fracciones V, X, XII y XIII, todos de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones el lugar en donde se encuentran recluidos, esto es, en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Iván Rodrigo Vázquez Vázquez, atento a que después de consultar la página de internet www.cedulaprofesional.sep.gob.mx, se constató que sí cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. REPRESENTANTE COMÚN. Toda vez que la parte quejosa no designó un representante común, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo vigente, se tiene como tal a Margarita Mendoza Sánchez, sin perjuicio de que la parte quejosa designe con posterioridad a otro.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Roberto Carlos Cobos Mora257/2023
- Roberto Carlos Martinez Caballero1169/2017
- Roberto Carlos Martinez Chavez230/2021
- Roberto Carlos Paez Sanchez49/2018
- Roberto Carlos Quintero Vega1566/2016
- Roberto Cervantes Gonzalez569/2016
- Roberto Clemente Rocha de la Rosa654/2019
- ROBERTO CONTRERAS RAVELO o RABELO y Otros.688/2020
- Roberto de Jesus Encarnacion89/2023
- Roberto Diaz Cordova277/2021
- Roberto Eduardo Villanueva Hallal323/2018
- Roberto Efren Lopez Duran189/2017