ROBERTO CONTRERAS RAVELO o RABELO y Otros.

Expediente 688/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
688/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
25/11/2020

Partes del expediente

  • JESUS CARMONA MARTINEZ y Otros.
  • ROBERTO CONTRERAS RAVELO o RABELO y Otros.
  • MA. ISABEL ESCALONA PEREZ (PROMOVENTE) y Otros.
  • Jesus Carmona Martinez
  • Jesus Carmona Molina
  • Fiscal General del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Intégrese a los autos el sobre devuelto por el Administrador de Correos de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mismo que contiene el oficio A-20-4, de veintinueve de octubre de dos mil veinte, dirigido a la autoridad responsable 4. Comandante de la Guardia Nacional (Luis Rodríguez Bucio), por el que se ordenó notificarle el auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, con la razón: "REHUSADA LA AUTORIDAD ES INEXISTENTE EN EL DOMICILIO QUE CITA". Al respecto, no ha lugar a realizar mayor proveído, toda vez que por auto de veintitrés de noviembre del actual, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, así como, en términos de la fracción III, párrafo cuarto de la sección relativa a los "Expedientes que Corresponde Clasificar como Depurables o Destruibles por los Juzgados de Distrito de Conformidad con el Punto Vigésimo Primero" del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, y se decretó de plano la suspensión de los actos que reclamó la parte quejosa, no es de relevancia documental, y es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, por lo que se deberán conservar las actuaciones relativas a la concesión de dicha medida cautelar, ya que ésta tiene efectos definitivos; sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. No es obstáculo, que no obre el acuse de recibo del oficio por el cual se ordenó la notificación de la referida resolución a la autoridad responsable 4. Comisario o Comandante General de la Guardia Nacional (Luis Rodríguez Bucio), en razón de que carece de legitimación para impugnar la determinación dictada en autos. En efecto, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la legitimación procesal de las partes que pretenden actuar dentro de un juicio de amparo, es de orden público y, por ello, debe estudiarse inclusive de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". También es aplicable a lo anterior las conclusiones apuntadas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.". Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa (por haber señalado dicho medio para recibir sus notificaciones); y, mediante oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Intégrese a los autos el sobre devuelto por el Administrador de Correos de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mismo que contiene el oficio 76-4, de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dirigido a la autoridad responsable 4. Comandante de la Guardia Nacional (Luis Rodríguez Bucio), mediante el cual, se le requirió su informe justificado; sin que sea el caso realizar mayor proveído a respecto, toda vez que por auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Cúmplase...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 4. Comandante de la Guardia Nacional (en su denominación correcta), a través de su representante; con el que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, téngasele señalando delegados en términos del artículo 9 de la ley de la materia; y, con fundamento en el citado numeral 117, así como el diverso 119, ambos de la referida ley, ténganse como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el veintiséis de septiembre del año en curso, compareció Ma. Isabel Escalona Pérez, en favor de Roberto Contreras Ravelo y/o Roberto Contreras Rabelo, Jesús Carmona Martínez y Jesús Carmona Molina, a través de un escrito presentado de manera electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del 1. Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades, de quienes reclamó la incomunicación y tortura de los directos quejosos. Por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veinte, se registró la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 688/2020, se tramitó la misma; se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados; y se ordenó la localización de los quejosos directos, a efecto de que manifestaran si era su deseo ratificar la demanda promovida en sus nombres. Mediante diligencia de veintisiete de septiembre del año actual, los quejosos Roberto Contreras Ravelo y/o Roberto Contreras Rabelo, Jesús Carmona Martínez y Jesús Carmona Molina, ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor; y, por acuerdo de veintiocho siguiente, se admitió la misma, sin incidente de suspensión, se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Ahora bien, de los informes de ley rendidos por las autoridades responsables, se advierte que éstas negaron la existencia de los actos reclamados (incomunicación y tortura); negativas que no fueron desvirtuadas con medio de convicción alguno. Por el contrario, se corroboran con la diligencia de veintisiete de septiembre de dos mil veinte, practicada por el actuario adscrito a este juzgado, de la que se advierte que, al constituirse en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y al entrevistarse con los quejosos Roberto Contreras Ravelo y/o Roberto Contreras Rabelo, Jesús Carmona Martínez y Jesús Carmona Molina, asentó, entre otras cuestiones, que a simple vista, no observó ningún tipo de golpe o moretón en el cuerpo o rostro de los directos quejosos, quienes así se lo refirieron expresamente y, además, le manifestaron que sí sabían de qué los estaban inculpando, y que un día antes - veintiséis de septiembre del año en curso- por la tarde, tuvieron una entrevista con una licenciada particular (de la cual no recordaban su nombre exacto y completo), quien les dijo que había sido contratada por los familiares de los tres buscados para su defensa, y que no fueron objeto de ninguno de los actos previstos en el artículo 22 Constitucional. La diligencia a la que se hizo mención, adquiere valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que dicha actuación la realizó un funcionario judicial dotado de fe pública, de manera que los datos asentados en la diligencia ordenada por este órgano jurisdiccional de amparo entendida con los directos agraviados, se estiman ciertos por no haber prueba que acredite lo contrario. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia cuyos rubro y texto, a continuación se citan: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Lo anterior pone de manifiesto que los multicitados peticionarios de amparo, no estuvieron incomunicados ya que a éstos se les permitió comunicarse con su defensora particular; y, que no presentaron huellas de maltrato, ni lesiones. Al margen de que, del auto de veintiséis de septiembre de dos mil veinte, se aprecia que se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a efecto de que -conforme a sus facultades constitucionales- llevara a cabo una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, respecto a la probable comisión de un ilícito. Asimismo, al caudal probatorio que obra en autos del presente sumario constitucional, se suma la copia certificada de la constancia proporcionada por las autoridades responsables 1. Fiscal General del Estado de Puebla, 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla y 3. Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, todos a través de su representante, en la que se hizo constar que desde el veintiséis de septiembre de dos mil veinte, los directos quejosos tuvieron comunicación con sus abogados defensores. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados (incomunicación y tortura), con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio. Tienen aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia y tesis aislada, que a continuación se reproducen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Ante ello, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, esto es, las once horas con veinte minutos del trece de noviembre de dos mil veinte. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, a través de sus autorizados, el presente auto, por haberse señalado expresamente en la demanda de amparo dicho medio para oír y recibir sus notificaciones. No ha lugar a ordenar la citada diligencia de notificación en el lugar en donde los quejosos se encuentran privados de su libertad, pues se entiende que sus autorizados procesales, en cumplimiento al cargo conferido, vigilan las notificaciones dirigidas a dichos peticionarios de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa el presente auto así como el diverso de veintiocho de septiembre del año en curso (por haber señalado dicho medio para recibir sus notificaciones); y, mediante oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

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