Roberto Constantino González
Expediente 1191/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1191/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/10/2018
Partes del expediente
- Roberto Constantino González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA I. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el quejoso no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la carátula del presente juicio y, al no existir más por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Así las cosas, en cumplimiento al punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este asunto es susceptible de depuración ya que se concedió la suspensión de oficio y de plano (punto vigésimo primero, inciso III, párrafo segundo y cuarto del Acuerdo General Conjunto referido). 2.. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
MESA IV.Visto el oficio de cuenta remitido por el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Tenango del Valle, Estado de México, quien en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veinticuatro de septiembre último, remite a este Juzgado las constancias solicitadas; en consecuencia, téngase por cumplido en lo conducente el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. En ese sentido, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado: Privación de la libertad del quejoso *****. La tortura y la incomunicación. En ese sentido, el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Tenango del Valle, Estado de México, al rendir el informe correspondiente en el presente juicio, informó que si bien era cierto, la existencia de la privación de la libertad del quejoso ****, de tres de agosto de la presente anualidad, fue puesto a disposición de dicha autoridad, emitido dentro de la carpeta de investigación ****; como se corrobora el oficio **** registrado con el número de folio **. Misma que se le otorga eficacia probatoria de conformidad en lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de la Materia. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, con el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Tenango del Valle, Estado de México, en cumplimiento al requerimiento de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 68 y 69), remitió el acuerdo de cuatro de agosto del año en curso emitido dentro de la carpeta de investigación número ***; por el cual, informó que el quejoso ****, fue puesto en la libertad. De lo anterior, se colige que respecto de los actos reclamados en la presente vía constitucional, se acredita la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el numeral y la fracción en comento, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". Así, partiendo de la base que en términos generales, un acto reclamado cesa en sus efectos cuando con posterioridad a su emisión se suscita una circunstancia de hecho o de derecho que elimina toda afectación que éste produjo con su existencia; tal situación es aplicable al caso en estudio. Por revocación o, Sustitución procesal. Es así, ya que de la norma transcrita se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo u omisivos, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Lo anterior porque el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es el restituir a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaba antes de la violación. De esta forma se destaca, que del informe rendido por la responsable, se desprende que el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Tenango del Valle, Estado de México, dentro de la carpeta de investigación número *****; el ****, ordenó la libertad al impetrante de amparo en el presente juicio. De lo anterior, se colige que han cesado en sus efectos, en virtud de que la autoridad responsable acordó dejar en libertad al quejoso, con lo que se destruyó, la acción en que había incurrido, situación que sucedió durante la tramitación del presente juicio. Es aplicable, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma brinda apoyo la diversa jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Novena Época, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196820 , que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ante lo expuesto, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción XXI, de la Legislación de la Materia, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA este juicio de garantías, por lo que se deja sin efecto legal alguno la hora y día fijados para la audiencia constitucional, misma que fue señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; así como todas las medidas y determinaciones decretadas, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Cobra aplicación en el presente asunto, la tesis V.2o.45 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 2503, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Octubre de 2005, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO AL ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Conforme a la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, para que válidamente pueda sobreseerse en el juicio, debe invocarse alguna fracción del artículo 73 de la propia ley; sin embargo, no necesariamente toda causa de improcedencia puede considerarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías que dé lugar a decretar el sobreseimiento, fuera de la audiencia constitucional, pues para ello es menester que la causa se manifieste con tal notoriedad que la haga aplicable sin ulterior comprobación de datos o elementos que la integren, porque éstos surgen a la vista y, además, se tenga la certeza absoluta de que no existe, ni puede sobrevenir, elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente parte quejosa.
- Principal
MESA I. Visto el oficio de cuenta por medio del cual la Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Metepec, Estado de México, manifiesta: ".En cumplimiento a su oficio número 24173/2018 derivado del juicio de garantías número 1191/2018-I, promovido por ROBERTO CONSTANTINO GONZÁLEZ, mediante el cual solicita se remita copia certificada autorizada de las constancias con las que el Agente del Ministerio Público adscrito al H. Tercer Turno informo que se decretó libertad al impetrante de amparo, dentro de la carpeta de investigación TOL/TOL/MET/057/160368/18/08, informo a usted que el fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, la citada carpeta de investigación fue remitida al Segundo Turno de la Agencia del Ministerio Público de Tenango de Valle, México, por ser de su competencia, en razón que los hechos que dieron origen a su inicio se suscitaron en dicho municipio..". Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 62 y 75 de la Ley de Amparo y ante el indicio de una posible improcedencia del juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV del citado ordenamiento, además en términos de lo que dispone la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al Agente del Ministerio Público adscrita al Segundo Turno de Tenango de Valle, Estado de México, a efecto de que en el plazo de tres días, remita copia certificada autorizada de las constancias con las que aduce que puso en libertad al impetrante de amparo, a efecto de integrar el expediente en que se actúa. El presente requerimiento se efectúa, tomando como base lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando que es obligación de este órgano jurisdiccional impartir justicia en forma pronta, completa e imparcial y, asimismo, preservar que los juicios de amparo no se paralicen y que cuenta con facultades para recabar las pruebas que estime necesarias para la resolución de los asuntos que se le planteen. Al respecto, por identidad de razón, es de invocarse la jurisprudencia 163/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que deriva de la resolución a la Contradicción de tesis 121/2003-PS y cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." De igual forma, se cita por identidad de razón, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IV, septiembre de 1996, tesis XIX.1°.4 K, Página 701, la cual expresa: "PRUEBAS EN EL AMPARO. ARTICULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA. LA OBLIGACIÓN DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE SE CUMPLE CABALMENTE SOLICITÁNDOLAS POR CONDUCTO DE LAS RESPONSABLES O DEL QUEJOSO PUES LA LEY DE AMPARO NO IMPONE EN ESTE ASPECTO LIMITACIÓN ALGUNA A LOS JUECES DE DISTRITO. Una recta interpretación del artículo 149, párrafos segundo y tercero, en relación con el 78, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, permite establecer que cuando el acto impugnado ante la potestad federal no es en sí mismo violatorio de garantías y la responsable al rendir su informe lo hace sin remitir las copias certificadas correspondientes, el Juez de Distrito tiene el deber de recabar oficiosamente todas aquellas pruebas que estime necesarias para la solución del asunto siempre y cuando hubieren sido rendidas ante la responsable y no obren en autos y para cumplir con tal deber la ley no le impone limitación o restricción alguna, por lo que puede obtenerlas bien sea por conducto de las responsables o del quejoso; máxime si se considera que en casos como el presente corresponde a este último demostrar la ilegalidad del acto y que de acuerdo con el artículo 152 de la Ley en consulta, puede solicitar a las responsables la expedición de las copias certificadas correspondientes por lo que fue correcto y ajustado a derecho el requerimiento que en tal sentido se le hizo." Apercibido que de ser caso omiso a lo anterior, se le impondrá una multa que podrá ser de cincuenta hasta mil unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por el contenido que orienta, la tesis CLXXXV/2002, de la novena época, Instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre de 2002, página 283, que a letra establece: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CORRESPONDE HACERLAS EFECTIVAS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A TRAVÉS DE SUS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN (INAPLICACIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 3a./J. 10/88, PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA ÉPOCA, TOMO II, PRIMERA PARTE, JULIO A DICIEMBRE DE 1988, PÁGINA 267). Al constituir la jurisprudencia un criterio obligatorio que sobre la interpretación de la ley emiten los órganos jurisdiccionales legalmente facultados, debe ser revisada la vigencia de las normas jurídicas que les sirvieron de base para confirmar la vigencia de su observancia, a fin de garantizar la seguridad jurídica y su exacta aplicación, así como para evitar las confusiones o ambigüedades que pudiera generar la abrogación de la ley interpretada o la derogación de algunos de sus preceptos. En ese sentido, en la actualidad no tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 3a./J. 10/88 sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MULTAS IMPUESTAS POR LA SUPREMA CORTE. LA AUTORIDAD HACENDARIA DEBE HACERLAS EFECTIVAS, DE INMEDIATO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.", que establecía el criterio de que las multas de mérito deberían ejecutarse por la Tesorería de la Federación, pues ahora corresponde al Servicio de Administración Tributaria hacerlas efectivas a través de sus Administraciones Locales de Recaudación competentes, como aprovechamientos federales que son, por lo que en términos del artículo 194 de la Ley de Amparo dicho criterio jurisprudencial ha quedado obsoleto y, por ende, ya no es aplicable." Notifíquese.
- Principal
MESA I. Visto el oficio de cuenta por medio del cual la Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Metepec, Estado de México, manifiesta: .la carpeta de investigación ********************* donde se encontraba detenido el quejoso de referencia, la suscrita gente del Ministerio Público adscrito al H. Segundo Turno de Metepec, la deja continuada a este H. Tercer Turno estando todavía detenido el quejoso, por estar dentro del términos de 48 horas, siendo el titular de dicho turno quien determinó la situación jurídica del quejoso, por lo que una vez que se resolvió su situación jurídica del quejoso dejándolo en libertad bajo las reservas de ley, la misma carpeta de investigación se remitió al turno de origen que lo es el H. Segundo Turno, por lo que se esta representación social no se encuentra en posibilidad de remitir constancias en copia certificada. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 62 y 75 de la Ley de Amparo y ante el indicio de una posible improcedencia del juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV del citado ordenamiento, además en términos de lo que dispone la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la Agente del Ministerio Público adscrita al Segundo Turno de Metepec, Estado de México, a efecto de que en el plazo de tres días, remita copia certificada autorizada de las constancias con las que aduce que puso en libertad al impetrante de amparo, a efecto de integrar el expediente en que se actúa. El presente requerimiento se efectúa, tomando como base lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando que es obligación de este órgano jurisdiccional impartir justicia en forma pronta, completa e imparcial y, asimismo, preservar que los juicios de amparo no se paralicen y que cuenta con facultades para recabar las pruebas que estime necesarias para la resolución de los asuntos que se le planteen. Al respecto, por identidad de razón, es de invocarse la jurisprudencia 163/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que deriva de la resolución a la Contradicción de tesis 121/2003-PS y cuyo rubro y texto es el siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." De igual forma, se cita por identidad de razón, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IV, septiembre de 1996, tesis XIX.1.4 K, Página 701, la cual expresa: "PRUEBAS EN EL AMPARO. ARTICULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA. LA OBLIGACIÓN DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE SE CUMPLE CABALMENTE SOLICITÁNDOLAS POR CONDUCTO DE LAS RESPONSABLES O DEL QUEJOSO PUES LA LEY DE AMPARO NO IMPONE EN ESTE ASPECTO LIMITACIÓN ALGUNA A LOS JUECES DE DISTRITO. Una recta interpretación del artículo 149, párrafos segundo y tercero, en relación con el 78, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, permite establecer que cuando el acto impugnado ante la potestad federal no es en sí mismo violatorio de garantías y la responsable al rendir su informe lo hace sin remitir las copias certificadas correspondientes, el Juez de Distrito tiene el deber de recabar oficiosamente todas aquellas pruebas que estime necesarias para la solución del asunto siempre y cuando hubieren sido rendidas ante la responsable y no obren en autos y para cumplir con tal deber la ley no le impone limitación o restricción alguna, por lo que puede obtenerlas bien sea por conducto de las responsables o del quejoso; máxime si se considera que en casos como el presente corresponde a este último demostrar la ilegalidad del acto y que de acuerdo con el artículo 152 de la Ley en consulta, puede solicitar a las responsables la expedición de las copias certificadas correspondientes por lo que fue correcto y ajustado a derecho el requerimiento que en tal sentido se le hizo." Apercibida que de ser caso omisa a lo anterior, se le impondrá una multa que podrá ser de cincuenta hasta mil unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por el contenido que orienta, la tesis CLXXXV/2002, de la novena época, Instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre de 2002, página 283, que a letra establece: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CORRESPONDE HACERLAS EFECTIVAS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A TRAVÉS DE SUS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN (INAPLICACIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 3a./J. 10/88, PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA ÉPOCA, TOMO II, PRIMERA PARTE, JULIO A DICIEMBRE DE 1988, PÁGINA 267). Al constituir la jurisprudencia un criterio obligatorio que sobre la interpretación de la ley emiten los órganos jurisdiccionales legalmente facultados, debe ser revisada la vigencia de las normas jurídicas que les sirvieron de base para confirmar la vigencia de su observancia, a fin de garantizar la seguridad jurídica y su exacta aplicación, así como para evitar las confusiones o ambigüedades que pudiera generar la abrogación de la ley interpretada o la derogación de algunos de sus preceptos. En ese sentido, en la actualidad no tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 3a./J. 10/88 sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MULTAS IMPUESTAS POR LA SUPREMA CORTE. LA AUTORIDAD HACENDARIA DEBE HACERLAS EFECTIVAS, DE INMEDIATO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.", que establecía el criterio de que las multas de mérito deberían ejecutarse por la Tesorería de la Federación, pues ahora corresponde al Servicio de Administración Tributaria hacerlas efectivas a través de sus Administraciones Locales de Recaudación competentes, como aprovechamientos federales que son, por lo que en términos del artículo 194 de la Ley de Amparo dicho criterio jurisprudencial ha quedado obsoleto y, por ende, ya no es aplicable." Notifíquese.
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