Roberto Carlos Yañez Flores

Expediente 842/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
842/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
01/08/2017

Partes del expediente

  • Fiscal Investigador del Ministerio Publico Encargado de la Unidad Especializada En Delitos Contra la Salud Y Narcomenudeo del Fuero Comun
  • Roberto Carlos Yañez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA III. Se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    III. Vistos los presentes autos, y en virtud que hasta la presente fecha el Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, no ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo, aún no ha dado debido cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto; en mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo transitorio tercero de ésta, requiérase a la autoridad responsable Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, no ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo, para que en el plazo de tres días siguientes el en que se le notifique el presente acuerdo, manifieste la manera en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, apercibida que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Hágase del conocimiento a la responsable de mérito, mediante mensajería acelerada mexpost, para los efectos legales pertinentes

  3. Principal

    IV Agréguese a este expediente de antecedentes para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que acusa recibo del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1303/2016.IV, que fue enviado por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, en contra de la resolución interlocutoria de veinticinco de enero del año en curso; asimismo, informa que se admitió el recurso de revisión quedando registrado con el número 154/2017.

  4. Principal

    III. Agréguense a los presentes autos los informes justificados rendidos por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General, Fiscal Investigador Especializado en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General, y Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, todos del Estado, con sede en esta ciudad, y anexos que acompañan las dos últimas autoridades; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con dichos oficios y anexos, a las partes en este juicio y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Las autoridades responsables, al rendir su correspondiente informe justificado niegan la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en la incomunicación, malos tratos, coacción, castigos o tormentos y que pueda privarlo de la vida que reclama. Consecuentemente, al ser esto así, y al resultar que el quejoso no aportó prueba alguna tendiente a desvirtuar tales negativas, lo procedente en el caso es sobreseer en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia bajo el rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Es cierto el acto reclamado al Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General, Fiscal Investigador Especializado en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General, y Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, todos del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la detención a que aluden el quejoso, no obstante que al rendir sus informes con justificado, negaron dicho acto, empero su certeza deriva que de las constancias que dicha autoridad antes citada, adjuntó a su informe con justificación, se advierte que el quejoso Roberto Carlos Yañez Juárez, que en fecha cuatro de julio del año en curso, a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos, se encontraba presente en el Área de Seguridad de la Policía Estatal de Investigación, a disposición de la Fiscalía Investigadora Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, por hechos posiblemente delictuosos contenidos en la Carpeta de Investigación número N1/183/2017. Por otra parte, de las constancias que remitió el Fiscal Investigador Especializado en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, mismas que se están agregando en autos se advierte que el seis de julio del año en curso, el quejoso Roberto Carlos Yañez Juárez, fue puesto en el Área de Seguridad de la Policía Estatal de Investigación, a disposición del citado Fiscal, por hechos posiblemente delictuosos contenidos en la Carpeta de Investigación número N1/183/2017, y por motivos y fundamentos legales señalados en dicho acuerdo de seis de julio último, fue puesto en inmediata libertad, lo anterior dentro del término a que se refieren los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 146, 147 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual fue debidamente notificado al nombrado quejoso, todo ello en esa propia fecha, a las veintiún horas con treinta minutos, por lo que se giró el oficio de libertad al Director de la Policía Estatal de Investigación, a fin de cumplir con lo ordenado, y para acreditar lo anterior, remite copia certificada del acuerdo procedimental de seis de julio del presente año, el oficio de libertad dirigido al Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado, y la constancia de notificación de libertad realizada al aquí quejoso, ambas diligencias de esa propia fecha, y que obran en la carpeta de investigación de referencia; ello en cumplimiento a la aludida resolución de esa misma fecha. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por las autoridades remitentes, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo reclamó en el presente juicio la privación de su libertad, su detención y la incomunicación de la que dijo ser víctima. En este sentido, de las constancias que adjuntó a su informe justificado el mencionado Fiscal Investigador Especializado en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, se aprecia que el seis de julio del año en curso, emitió un acuerdo en el cual determinó otorgar al quejoso su libertad ya que el delito que se le pretendió imputar es un delito que no merece prisión preventiva oficiosa, al igual esa autoridad ministerial determinó que no pretende pedir por el momento como medida cautelar la prisión preventiva, así como que no se cuenta con datos de prueba suficientes para establecer que existe necesidad de cautela del imputado, toda vez que no implica riesgo para la víctima, testigos o la comunidad no presenta un peligró de obstaculización en la investigación y no existe riesgo de fuga por lo que esa representación social pretende continuar con las indagatorias pertinentes a los hechos delictuosos que nos ocupan, a fin de allegarse a más datos de prueba y en el momento que lo considere oportuno, ejercitar la Acción Penal ante la autoridad judicial correspondiente. En este orden de ideas, ya que el seis de julio de dos mil diecisiete, la autoridad ministerial emitió un acuerdo en el cual ordenó la inmediata libertad de la parte quejosa; documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; mientras que en el caso a estudio, el promovente de amparo reclamó en esencia la privación de su libertad a causa de su detención; en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama, y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo combatido por el solicitante del amparo, restituyéndose al agraviado en el goce del derecho constitucional violado. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.

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