Roberto Carlos Pech Arguelles
Expediente 342/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Roberto Carlos Pech Arguelles
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98, en relación con 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el proveído de dos de marzo de la presente anualidad, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Roberto Carlos Pech Arguelles contra el acto que reclama del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con sede en esta ciudad. Que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva de este juzgado federal, reclama esencialmente lo siguiente: La resolución de tres de febrero de dos mil veintitrés, dictada en autos del expediente YUC/CI/2023/000197 del índice de la responsable, mediante la cual se declaró incompetente para dar trámite a la solicitud de conciliación. Al efecto, se acuerda: fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 342/2023-VI. Ahora bien, en atención a lo manifestado por la parte quejosa en su demanda se procede a proveer en relación con la procedencia del amparo instado, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "ARTICULO 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la resolución de tres de febrero de dos mil veintitrés, dictada en autos del expediente YUC/CI/2023/000197 del índice de la responsable, mediante la cual se declaró incompetente para dar trámite a la solicitud de conciliación, declinando competencia a favor del Centro Local de Conciliación de Yucatán. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se reitera, es dable advertir que la parte quejosa instó la protección constitucional, contra la resolución de tres de febrero de dos mil veintitrés, dictada en autos del expediente YUC/CI/2023/000197 del índice del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, mediante la cual se declaró incompetente para dar trámite a la solicitud de conciliación, declinando competencia a favor del Centro Local de Conciliación de Yucatán. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre y cuando sean definitivos, los cuales deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta. Siendo que lo anterior, no acontece en la resolución reclamada por el quejoso, en la que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se declaró incompetente para dar trámite a la solicitud de conciliación, pues no se trata de una resolución definitiva. Lo anterior, en virtud de que se advierte que el planteamiento de incompetencia realizado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no ha sido aceptado por el Centro Local de Conciliación de Yucatán, a favor de quien se declinó la competencia. En otras palabras, dicha resolución está supeditada a la aceptación o rechazo de la referida autoridad; por ende, es inconcuso que la resolución reclamada es un acto que, por su naturaleza, es de realización futura y probable y, por lo mismo, no se sabe si el sentido en que se dirima vaya a causar un perjuicio al ahora impetrante. Esto es, en el caso de que el Centro de Conciliación a favor del cual se declinó la competencia no aceptara la misma, se suscitaría un conflicto competencial, el cual sería resuelto por una diversa autoridad, lo que constituye una razón adicional para estimar que la determinación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, aún no tiene el carácter de definitiva para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, no irroga algún perjuicio al demandante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 22, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2009912, cuyo rubro y texto a la letra indica: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." Así como la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Diciembre de 2004, Materia Laboral, página 1190, Novena Época, con número de registro 179888, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto." Por tal motivo, se advierte que la determinación de la autoridad responsable de declinar la competencia a favor del Centro Local de Conciliación de Yucatán, no le causa perjuicio al quejoso, sino hasta que dicho Tribunal, acepte la competencia, por lo que resulta inconcuso que la determinación en cuestión no puede ser combatida a través del amparo indirecto. En estas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR la demanda promovida por Roberto Carlos Pech Arguelles; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otra parte, como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, y como sus autorizados a las personas que designa en su demanda de amparo, con las facultades conferidas expresamente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa. Doy fe.
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