Roberto Carlos Quintal Castillo
Expediente 1869/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1869/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Roberto Carlos Quintal Castillo
Actuaciones
- Incidental
MESA IV. Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por Roberto Carlos Quintal Castillo, contra los actos que reclama del Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita el incidente de suspensión solicitado sin necesidad de formar su duplicado de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales adicionado el siete de noviembre de dos mil veintidós.Con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a las autoridades responsables y pídase su respectivo informe previo, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído. Apercibidas que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". En cuanto a las consecuencias jurídicas que genera dicho acto reclamado, que se traducen en la ejecución de las medidas de protección otorgadas en favor de la aquí tercero interesada, debe tomarse en cuenta lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial." En tal virtud, se NIEGA la suspensión solicitada por la parte quejosa, toda vez que de conformidad con el transcrito artículo 128 de la Ley de Amparo, expresamente en su penúltimo párrafo establece que no será objeto de suspensión las órdenes de protección dictadas por alguna autoridad administrativa o judicial. Siendo que en el caso, como se especificó el acto reclamado constituye precisamente las medidas de protección que fueron dictadas el seis de noviembre del año en curso, dictado en el expedientillo número 16/2023, por el Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual dictó medidas de protección en contra del citado quejoso, ordenándole salir inmediatamente del predio número cuatrocientos treinta y nueve, de la calle sesenta y siete, letra "CH", entre ciento treinta y cuatro y ciento treinta y ocho, de la colonia Bosques del Poniente de esta ciudad; además de que le concedió la guarda y custodia provisional de sus hijos menores de iniciales A.E.Q.V y R.E.Q.V, a Mayra Beatriz Velázquez Méndez; tal como se aprecia de las documentales que anexó la parte quejosa, de ahí que acorde al numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo, la medida cautelar deviene improcedente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA IV.- Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés.Agréguese a estos autos el escrito aclaratorio de Roberto Carlos Quintal Castillo, por el cual da cabal cumplimiento a la prevención de veintitrés de noviembre del año en curso, mediante el cual aclara el acto reclamado al Fiscal General de Justicia del Estado, y adjunta dos copias más de su demanda de amparo y un anexo. En tal virtud, vista la demanda de amparo promovida por el referido quejoso, en contra el acto que reclama del Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; se provee: Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA. Dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se le hará llegar vía electrónica copia de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe. Apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que las acrediten; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberán rendirlo privilegiando la modalidad electrónica. Se señalan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General antes referido así como el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta Juzgadora Federal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, que mediante oficio DEY/4458/20, el encargado del despacho de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, designó a la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde como agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionando como correo electrónico para realizarle notificaciones el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios mediante el citado correo electrónico. Asimismo, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por otro lado, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesada en este juicio a Mayra Beatriz Velázquez Méndez. Por tanto, se comisiona al Actuario adscrito a éste órgano jurisdiccional, a fin de que notifique a la tercero interesada, la admisión de la demanda, adjuntándole copia simple de ella, e indicándole que puede comparecer con tal carácter a este juicio, si a su interés conviniere; comunicándole además la fecha y hora de la celebración de la audiencia constitucional precisada en párrafos anteriores; y prevéngasele para que en el término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones personales en este asunto, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, de conformidad con lo determinado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a la tercero interesada, para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; esto es, para que continúe con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberá proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registre en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se le notifique electrónicamente las determinaciones emitidas en este. De igual forma, se invita a la parte quejosa de marras y a la citada tercero interesada, para que a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, debiéndose tener como medio alternativo de contacto con éstas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofertadas las documentales que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo y a su escrito aclaratorio, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, para ser relacionadas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora, por lo que respecta a las diversas probanzas ofrecidas por la parte quejosa, consistentes en las testimoniales a cargo de Gina Goretti Basto García, Mari Guadalupe Canul Ucan y Roberto Manuel Sánchez Pacheco, relacionadas en su demanda de cuenta, se desechan, cuenta habida que no exhibió los interrogatorios que deberán contestar los testigos, ni las copias del mismo para correr traslado a las partes, tal y como lo exige el numeral 119 de la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 17/2018 (10a.), Registro digital: 2017133, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 15, que señala: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas." Por otra parte, en cuanto a la prueba de inspección ocular que ofrece la quejosa, respecto del celular del suscrito quejoso de la marca TECNO POP modelo tecno A571LS, color azul, en el cual se puede observar las pláticas entre el aquí quejoso y Mayra Beatriz Velázquez Méndez, desde el uno de noviembre del año en curso, con el cual pretende demostrar las mentiras y mala fe con la que actuó la referida Velázquez Méndez, a fin de alcanzar las medidas de protección abusivas y excesivas en contra del aquí quejoso; debe ser desechada de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Así, como punto de partida, la litis constitucional se constriñe al estudio de los planteamientos expresados por los peticionarios del amparo en su demanda, que tiendan a demostrar la ilegalidad o la inconstitucionalidad del acto reclamado, que es la materia del juzgamiento constitucional, frente al propio acto autoritario de molestia y los planteamientos que tanto la autoridad responsable como las demás partes en el juicio de garantías formulen para sostener la legalidad o la constitucionalidad de tal acto. De modo que las pruebas que se ofrezcan en el juicio de amparo, deben estar encaminadas ya sea a demostrar o a desvirtuar lo expuesto por el quejoso o por la autoridad responsable, pues de otra forma su admisión resulta, además de dilatoria, inútil, dado que carecerían de vinculación con la litis. Ahora bien, en el caso, lo que se pretende probar con la inspección ocular es que con dichos mensajes se influyó en la emisión del acto reclamado, lo que no es permisible a través de la prueba de inspección, puesto que ésta no tiene más objeto que hacer que la autoridad compruebe por sus sentidos la existencia de determinados hechos o circunstancias en un momento, de ahí que el objeto que se pretende demostrar no puede ser apreciado por una simple observación transitoria, de ahí que no resulte ser la prueba idónea para tal efecto, por lo que debe desecharse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos datos de localización, rubro y texto son: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez."2 Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, no ha lugar admitir la probanza de mérito, en virtud de que este juzgado debe apreciar únicamente el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo que no se admitirán ni se tomaran en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión solicitado, para lo cual, dese nueva cuenta con una copia de la demanda que se recepciona. Notifíquese; y personalmente a la tercero interesada y parte quejosa
- Principal
MESA IV. Vista la demanda de amparo promovida Roberto Carlos Quintal Castillo, contra actos que reclama del Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, se provee: Fórmese expediente, regístrese con el número 1869/2023-IV, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente en el capítulo de acto reclamado señala el acuerdo de seis de noviembre del año en curso, dictado en el expedientillo número ********************, por el Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual dictó medidas de protección en contra del citado quejoso, ordenándole salir inmediatamente del predio número cuatrocientos treinta y nueve, de la calle sesenta y siete, letra "CH", entre ciento treinta y cuatro y ciento treinta y ocho, de la colonia Bosques del Poniente de esta ciudad; además de que le concedió la guarda y custodia provisional de sus hijos menores de iniciales A.E.Q.V y R.E.Q.V, a Mayra Beatriz Velázquez Méndez; y se concedió la suspensión temporal del régimen de visita y convivencia con sus menores hijos, así como la ejecución de dicho acuerdo. Sin embargo, en el propio apartado de acto reclamado, refiere que del Fiscal General del Estado, reclama "La omisión de investigar los hechos expuestos por la tercera interesada ante la autoridad familiar y por lo tanto al no investigar no se puede acreditar si los hechos manifestados son verdaderos o falsos". En mérito de lo anterior, debe decirse que no se preció con claridad, si respecto de este último acto reclamado al Fiscal General del Estado, lo hace derivar propiamente del acuerdo de seis de noviembre de dos mil veintitrés, o bien, porque existe una carpeta de investigación en curso ante dicha autoridad; cuestión que no puede estar sujeta a interpretaciones por parte de este Juzgado pues resulta ser un requisito indispensable para la tramitación del presente juicio de amparo, previsto en el artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo, a fin de que esta autoridad se encuentre en aptitud de resolver sobre la admisión o no de la demanda de amparo que nos ocupa. Por otra parte, de la revisión del escrito inicial de demanda, se aprecia que no se no adjuntaron las copias necesarias para correr traslado a las partes en este juicio de amparo, pues de la papeleta de turno se aprecia que éste cuenta con cinco copias de la demanda; empero, para la formación de este expediente son necesarias para su correcta tramitación un total de siete copias. En mérito de lo anterior, y con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el 108 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que en el término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído: Bajo protesta de decir verdad, precise si el acto reclamado es únicamente el acuerdo de seis de noviembre del año en curso, dictado por el Juez responsable en el expedientillo número ********************; o bien precise si el acto reclamado al Fiscal General del Estado, consistente en la omisión de investigar los hechos expuestos por la tercera interesada ante la autoridad responsable, es derivado de la ejecución del acuerdo que impugna, o como acto ajeno al mismo porque existe una carpeta de investigación que se sigue ante esa autoridad, y no ha seguido con su secuela procesal. Asimismo, deberá exhibir ante este Juzgado Federal, dos copias más de su demanda de amparo, pues son necesarias para distribuirlas de la siguiente manera: cuatro para las autoridades responsables, una para la tercera interesada, una para el incidente de suspensión y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Acompañe copias suficientes del escrito aclaratorio correspondiente. En la inteligencia que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la ley de Amparo, deberá acompañar copias de su escrito aclaratorio. Tiene aplicación al caso por analogía, la Jurisprudencia que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." Al caso, resulta aplicable al caso por identidad de razón la jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Con el apercibimiento que de no cumplir con lo descrito, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo; y como sus autorizados a ********************, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. De igual manera, se toma en consideración el correo electrónico que proporcionó la parte quejosa en su demanda de amparo. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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