Roberto Avila Arregui
Expediente 848/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 848/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 06/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Roberto Avila Arregui
- ROBERTO AVILA ARREGUI y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Agréguese la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad para notificar a la tercera interesada ..., de la sentencia engrasada el quince de noviembre de este año, por los motivos asentados. Ahora, toda vez que de las constancias de autos se advierte que en la comparecencia de diez de agosto del presente año, se agregó copia de la identificación de dicha parte de la cual se desprende el domicilio ubicado en .., en consecuencia, se comisiona al Actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio de referencia y lleve a cabo la notificación de la resolución en comento y este auto. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para llevar a cabo la notificación encomendada NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 848/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la representante los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo 848/2023, promovido por *****, por propio derecho y en representación del niño con iniciales ******, contra actos de la Tercera Sala y Juez Vigésimo Primero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El quejoso demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales tutelados en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 29 constitucionales. SEGUNDO. Trámite. El diecinueve de julio de dos mil veintitrés se admitió la demanda; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirieron informes justificados; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada y se designó asesor jurídico para que representara dentro del juicio al infante involucrado. La representante social de la Federación adscrita no intervino, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada, la asesora jurídica designada aceptó y protestó el cargo; y, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra un acto derivado de un procedimiento de naturaleza familiar, tramitado ante un tribunal del orden común, residente dentro del ámbito territorial donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa: El acto reclamado es la sentencia de ocho de junio de dos mil veintitrés dictada en el toca ***** por la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó el acuerdo dictado en la audiencia de dieciséis de marzo anterior, emitido en el juicio de divorcio incausado ******* del índice del Juzgado Vigésimo Primero de la misma especialidad y residencia, donde entre otras cuestiones, se decretó la guarda y custodia provisional del hijo de las partes en favor de su progenitora ******* TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado al rendir su informe justificado, certeza corroborada con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, por disposición del segundo párrafo de su artículo 2. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones relevantes: 1. El diecisiete de junio de dos mil veintidós se admitió la demanda de divorcio incausado promovida por ********, en contra de *******, donde reclamó las siguientes prestaciones: "A) La Declaración Judicial que decrete la Disolución del Vínculo Matrimonial que une a la suscrita con el señor ********************. B) La GUARDA Y CUSTODIA provisional durante la secuela procesal y posteriormente la definitiva a favor de la suscrita sobre mi menor hijo de nombre *******. C) Derivado de la disolución del vínculo matrimonial, solicito el pago de una pensión provisional y en su momento definitiva, a favor de nuestro menor hijo, de nombre *******, Y DE LA SUSCRITA ******* por la cantidad de ****. Por parte del hoy demandado *******, ya que actualmente el demandado se dedica a practicar la religión de santería, y de esta práctica obtiene percepciones económicas, suficientes y bastantes para sufragar sus gastos y los de la suscrita y nuestro menor hijo. D) Como consecuencia de la Disolución Matrimonial, las anotaciones marginales en el libro correspondiente del Registro Civil, donde se haga constar la disolución del Vínculo Matrimonial. E) La aprobación del Proyecto de Convenio que se acompaña al presente escrito en su caso, lo anterior con fundamento en los artículos 266 último párrafo y 267 del Código Civil para la Ciudad de México." 2. El dieciséis de marzo de dos mil veintitrés tuvo verificativo la audiencia de plática con el niño de iniciales ********, donde se sostuvo lo siguiente: "(.) A continuación, se procédase (sic) a sostener una plática con el menor ******., en presencia del C. Agente del Ministerio Público de la adscripción, a quien se le explica de acuerdo a su edad y grado de desarrollo la naturaleza y el propósito de esta diligencia que es necesario escuchar su opinión para poder determinar respecto de su situación, haciéndole saber que tiene plena libertad de expresarse sin temor alguno y la forma en que se desarrollará la diligencia, quien dijo llamarse ****** y manifestó: *********. Siendo lo que desea manifestar mostrándose tranquilo y espontáneo durante la plática. A continuación, la suscrita juez procede a sostener una plática con las partes, exhortándolas a las partes para que propongan alternativas de solución en el presente juicio, no siendo posible llegar a un acuerdo en común por el momento, no obstante, la señora ***** *manifiesta que: nunca he laborado siempre me he dedicado a la casa, el señor ***** *es santero y de eso vivíamos. Yo también soy santera pero no ejerzo. Por su parte el señor ********** manifiesta que antes tenía una empresa que se llamaba "******" yo era socio y se dedicaba a hacer conciertos de ****** eso era antes de la pandemia; ahora trabajo en una empresa llamada ******** de la que es dueño mi cuñado y se ubica en ******. Ambas partes refieren que la casa en donde habitan ambos la compraron y que están de acuerdo que se venda y cada quien tenga su mitad. LA C. JUEZ ACUERDA.- Téngase por celebrada la plática de menor, con el contenido de la misma, dese vista al C. Agente del Ministerio Público de la adscripción para que manifieste lo que a su representación social competa. En uso de la palabra el C. Agente del Ministerio Publico manifiesta que atendiendo a las manifestaciones del menor solicita se decrete la guarda custodia provisional a favor de la progenitora y un régimen de convivencias entre dicho menor su progenitor.- LA C. JUEZ ACUERDA.- Vistas las manifestaciones de la representación social, y sin perjuicio de lo que se resuelva en el presente juicio, toda vez que el menor no puede permanecer en una situación incierta, con fundamento en el artículo 282 del Código Civil, Se decreta la guarda y custodia provisional del menor ****** a favor de su progenitora *******, pues de constancias de actuaciones no se advierte circunstancia o elemento alguno que indique que ello no puede ser así; lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles. En la inteligencia de que dicha guarda y custodia habrá de ejercerse con probidad y observando lo dispuesto por el artículo 414 Bis del Código Civil en relación a su obligación de crianza con el menor (.) Asimismo, ponderando el interés superior del menor ***** con fundamento en el artículo 282 del Código Civil, 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles se decreta un régimen de visitas y convivencias provisional entre el señor ****** y su menor hijo ******, en los siguientes términos: a) los fines de semana de cada quince días; pasando el señor *** los días viernes a la salida de la escuela del menor y deberá reintegrarlo el día domingo a las dieciocho horas una vez concluida la convivencia al domicilio en donde el menor habita con su progenitora ubicado en ******, convivencias que tendrán inicio una vez que el señor ****** desocupe el inmueble que actualmente habitan ambas partes y señalado en líneas anteriores, quedando apercibidos los contendientes para que se otorguen las facilidades necesarias para su debido cumplimiento; pues en caso contrario, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles, se harán acreedores a una medida de apremio, consistente en una multa por el equivalente a DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N. debido a la trascendencia del asunto y al estar de por medio el interés superior de su menor hijo, es decir las partes deberán respetar el derecho que tiene éste de convivir con ambos padres. Debiendo inculcar y procurar el respeto, acercamiento y consideración mutuo y constante entre el menor y los hoy contendientes, debiendo evitar cualquier acto de manipulación encaminado producir en dicha menor rencor o rechazo hacia el otro progenitor, todo ello en aras de procurar el sano desarrollo integral de ésta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 411, 414 bis y 422 del Código Civil.- Con fundamento en los artículos 278, 279, 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles fin de que la suscrita cuente con mayores elementos para resolver, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles, GÍRESE OFICIO a la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA APOYO JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ESTA CIUDAD a fin de que se sirva designar especialista en la materia que practique a las partes de la presente controversia y a su menor hijo una valoración psicológica y desde su punto de vista clínico, manifieste si alguno de ellos presenta el perfil de generador o víctima de violencia familiar, quien de los padres es el más apto para detentar la custodia del menor; asimismo sugiera cuáles serían los mecanismos para una convivencia sana entre el menor y la parte que no detenta su guarda y custodia (.). En uso de la palabra la señora ******, manifiesta que tiene treinta y ocho años de edad, fecha de nacimiento *******, con grado de estudios en educación secundaria; ama de casa, que si ha sido evaluada psicológicamente durante los últimos seis meses, no recordando las pruebas que realizaron; que su domicilio particular es el ubicado en *******; correo electrónico ********* y manifiesta que su menor hijo se llama ******** que a la fecha tiene trece años de edad, fecha de nacimiento ******, que cursa el segundo año de secundaria y que no ha sido evaluado psicológicamente durante últimos seis meses. Por Su parte, el señor ****** manifiesta que tiene cuarenta y ocho años de edad, fecha de nacimiento *******, con grados de estudios consistentes en Licenciatura trunca, que no ha sido evaluado psicológicamente durante los últimos seis meses; que su domicilio particular es el ubicado en *****, correo electrónico ****** LA C. JUEZA ACUERDA.- Vistas las manifestaciones de las partes y con los datos proporcionados por éstos, GÍRESE OFICIO a la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA APOYO JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ESTA CIUDAD, a fin de dar cumplimiento con las estudios psicológicos ordenados en líneas anteriores, haciendo del conocimiento de dicha unidad que las valoraciones fueron ordenadas por la suscrita para menor (sic) proveer. Ahora bien dada la naturaleza de los alimentos los cuales son de orden público e inaplazables, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 fracción II del Código Civil, SE DECRETA COMO NUEVO CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL a favor del menor ***** consistente en un salario mínimo multiplicado por treinta y a favor de la señora medio salario mínimo multiplicado por treinta, mismo que deberá ser exhibido ante este juzgado mediante billete de depósito dentro de los primeros cinco días de cada mes, apercibido que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. por desacato a un mandato judicial, con fundamento en los artículos 62 y 73 del Código de Procedimientos Civiles. (.) Ahora bien, vistas las manifestaciones vertidas por los divorciantes así como constancias de autos, de donde se advierte que las partes continúan viviendo junto lo cual provoca en el menor una situación de inestabilidad emocional y evita posibles actos de agresión entre los contendientes ponderando que es la señora ******** quien detentará la guarda y custodia de la menor hija habida en el matrimonio aunado que la solicitante no cuenta con un empleo estable, y que ambas partes no pueden seguir habitando el mismo bien, por tanto se determina que quien deberá seguirá habitando el que fuera el domicilio conyugal en unión del menor ******* lo anterior con fundamento en el artículo 282 apartado B fracción I del Código Civil. En consecuencia, NOTIFICACION PERSONAL (sic), requiérase al C. *******I, para que dentro de los QUINCE DIAS siguientes a la notificación, salga del núcleo familiar en el que se constituyó el domicilio conyugal, apercibido que de no hacerlo, será lanzado a su costa con auxilio de la fuerza pública, debiendo Ilevar consigo únicamente sus objetos personales y aquellos que le sean útiles para el ejercicio de su profesión (.)" 3. ******** interpuso recurso de apelación en contra de tal determinación, del que correspondió conocer a la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien lo registró con el número de toca *******, y mediante resolución de ocho de junio de dos mil veintitrés determinó modificar el auto impugnado únicamente en la siguiente parte: ".Ahora bien, dada la naturaleza de los alimentos los cuales son de orden público e inaplazables, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 fracción II del Código Civil, y que de constancias de autos sólo se tienen acreditado hasta este momento procesal que el demandado percibe la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, tal y como se advierte de los recibos de pago que exhibió al dar contestación a la solicitud de divorcio, asimismo, hasta este momento procesal, tampoco se tienen acreditadas las necesidades reales actuales de los acreedores alimentarios, ya que si bien la actora en su escrito de solicitud de divorcio señaló que requería una pensión de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) omitió acreditar con documento fehaciente que efectivamente requiere de dicha cantidad para solventar sus necesidades alimentarias y las de su hijo, dado que sólo acreditó que se paga de colegiatura al colegio al que asiste su hijo la cantidad de $2,567.00 (dos mil quinientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) mensuales. Máxime que si bien, la apelada ha manifestado que el recurrente se dedica a practicar la religión de santería y que de ahí obtiene percepciones económicas, de constancias de autos hasta este momento procesal, no ha quedado demostrado su dicho, por lo cual, sólo se toma en consideración para fijar la pensión alimenticia provisional, los ingresos del demandado que se tienen acreditados hasta este momento procesal. En consecuencia, SE DECRETA COMO NUEVO CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL a favor del hijo de las partes de identidad reservada e iniciales ****** el 40% (cuarenta por ciento) de los ingresos de los ingresos (sic) ordinarios y extraordinarios que perciba el demandado en su centro de trabajo, ya que con dicho porcentaje apenas se alcanza a cubrir el monto de la colegiatura del colegio al que asiste el hijo de las partes y queda una cantidad de dinero apenas suficiente para su manutención. Asimismo, se fija por concepto de pensión alimenticia a favor de ******* el 15% (quince por ciento) de los de los ingresos ordinarios y extraordinarios que perciba el demandado en su centro de trabajo, ya que dicha pensión es para cubrir las necesidades más urgentes, al ser éstas consumibles día a día, y puede ser modificada una vez que la suscrita juez cuente con mayores elementos para fijar la pensión alimenticia definitiva. Asimismo, se toma en consideración, que el demandado cubre el rubro de habitación dado que los acreedores alimentarios continuaran (sic) habitando el domicilio conyugal. En consecuencia deberá girarse oficio al centro laboral del deudor alimentario a fin de que proceda a realizar el descuento por concepto de pensión alimenticia provisional antes decretado y la cantidad resultante le sea entregada a la actora, en representación de su hijo los días de pago, asimismo, en caso de renuncia, despido, jubilación o retiro voluntario, se le retenga los porcentajes antes indicados y se le entregue a la actora por constituir la garantía de la pensión alimenticia, tal y como lo establece el numeral 317 del Código Civil (.)" Las demás medidas decretadas en el auto impugnado (guarda y custodia provisional del infante, régimen de visitas y convivencias, evaluación psicológica de las partes y salida del domicilio conyugal del demandado) fueron reiteradas por la Ad quem. Esta última resolución integra el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Conceptos de violación. El quejoso aduce que la Sala responsable pasó por alto la opinión del infante, donde hizo manifestaciones que podrían presumir que en su contra existen actos de violencia familiar desplegados por su progenitora, por lo que se vulneraron los principios de congruencia, debido proceso, interés superior e interés público que debe revestir cualquier determinación judicial. Refiere que ante la presunción de existencia de violencia familiar desplegada en contra de un infante, los juzgadores tienen la obligación de intervenir de oficio decretando las medidas precautorias que tiendan a protegerlos. No se atendió a la opinión expuesta por el hijo de las partes, en la que sin vicios del consentimiento expresó su voluntad de vivir con su progenitor, asimismo, que por la edad del infante -catorce años- puede discernir con quién de sus padres desea vivir, atendiendo al principio de autonomía progresiva. Son infundados los conceptos de violación expresados, los cuales se analizan en su conjunto por su estrecha relación, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo. El principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales se considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En el caso, la Sala responsable para confirmar la guarda y custodia provisional del hijo de las partes a favor de la hoy tercera interesada, se basó en los razonamientos siguientes: En principio, señaló que en cualquier decisión sobre guarda y custodia provisional de infantes, se debe tomar como eje rector el principio del interés superior del niño involucrado, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Convención de los Derechos del Niño, Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, ambos de la Ciudad de México. Asimismo, indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en los asuntos en los que se tenga que resolver sobre guarda y custodia, debe buscarse la solución que resulte más benéfica para el niño involucrado, tomando las circunstancias especiales que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de su personalidad. En ese sentido, refirió no asistirle razón al quejoso porque lo expresado por el hijo de las partes no es la única directriz para la determinación de la guarda y custodia provisional a favor de su progenitor, ya que la opinión que expresen los infantes no tiene fuerza vinculante para el órgano que conoce del asunto, pues debe ser analizada en correlación con los hechos, actuaciones, y pruebas que obren autos, ya que en aras de la protección integral del niño involucrado, la autoridad jurisdiccional debe ponderar las circunstancias del caso para emitir una opinión armónica y respetuosa de sus derechos humanos. Para apoyar lo anterior, citó las tesis de rubros "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU OPINIÓN EN UN PROCESO JURISDICCIONAL QUE LE AFECTE NO TIENE FUERZA VINCULANTE PARA EL ÓRGANO QUE CONOCE DEL ASUNTO"; "GUARDA Y CUSTODIA. ESCUCHAR AL MENOR EN JUICIO, NO ES UN FACTOR DETERMINANTE AL MOMENTO DE RESOLVER." En ese sentido, consideró que aun cuando el hijo de las partes haya manifestado "no me gustaría vivir con mi mamá, con mi papá me siento en paz, él me puede dar una vida mejor" ello no es determinante para que la Juez decretara la guarda y custodia provisional a favor del progenitor, ya que para ello debe atender al interés superior del niño involucrado. Así, sostuvo que el escenario más benéfico para el niño, por el momento, se materializa al permanecer el lado de su progenitora, pues de las constancias de autos se advierte que en esa fecha, el hijo de las partes contaba con trece años diez meses de edad, que desde su nacimiento ha vivido con ambos progenitores en el mismo domicilio -el cual es de su propiedad-, asimismo, que la actora manifestó haber sido víctima de violencia familiar infringida por el demandado, quien manipula al infante diciéndole que es una mala madre. Señaló que si bien las partes han presentado diversas denuncias por violencia familiar en contra del otro, ninguno de ellos refirió que dichos actos se desplieguen en contra del niño, por lo que no es dable considerar que al estar bajo los cuidados de la progenitora, dicho infante corra algún riesgo. Agregó que si bien es cierto que el niño consideró que su papá podía darle una mejor vida, no señaló los motivos ni en qué consistía dicha afirmación. Por otro lado, consideró correcto que la Juez natural ordenara la práctica de estudios psicológicos a todo el núcleo familiar, a fin de descartar cualquier conducta de violencia o manipulación por alguno de los progenitores hacia su hijo, pues ninguna de las partes había referido ese tipo de conducta en perjuicio del infante, sino que fue hasta la plática donde el adolescente sostuvo "mi mamá me hostiga. cuando algo no le sale bien a mi mamá se desquita conmigo.", sin que se advierta qué actos de la madre son los que le puedan causar un daño, por lo que será en el momento en que la A quo resuelva en definitiva quién es el padre más apto para detentar la guarda y custodia del niño, donde valore todas las pruebas ofrecidas o recabadas de oficio. En esas condiciones, es infundado el concepto de violación del quejoso en el que indica que no se tomó en consideración la opinión del niño donde realizó manifestaciones que podrían ser indicios de violencia generadas por su progenitora, pues como se ve, la Ad quem refirió que si bien el niño manifestó que su madre lo hostiga y se desquita con él, no se advierten qué conductas son desplegadas en perjuicio del infante que puedan causarle un daño. Asimismo, consideró que si bien ambas partes han denunciado actos de violencia por su contraparte, ninguna de ellas hizo referencia a que el infante fuera receptor de la misma, sino que sólo se produce entre los progenitores. Razón por la cual, ordenó la salida del domicilio conyugal por parte del demandado, a efecto de proteger la estabilidad emocional y evitar posibles actos de agresión entre los contendientes, ponderando que es la madre del infante quien detentará la guarda y custodia. No obstante que en las denuncias incoadas por las partes no se ha hecho referencia a actos perjudiciales en contra de su hijo, atendiendo a la manifestación del niño en la plática con el Juez natural donde indicó "mi mamá me hostiga. cuando algo no le sale bien a mi mamá se desquita conmigo.", consideró correcto que la Juez natural ordenara la práctica de estudios psicológicos a todo el núcleo familiar. Lo anterior, a fin de dilucidar los posibles actos de violencia y manipulación ejercidos por las partes en contra de su hijo, así como obtener mayores elementos de prueba que le permitan proveer sobre la guarda y custodia. Pues si bien dichas probanzas no fueron solicitadas por las partes, la autoridad responsable se encuentra facultada para allegarse de las constancias y elementos que estime necesarios para un mejor proveer, a efecto de privilegiar el interés superior del infante, incluso supliendo la deficiencia de la queja a favor de éste. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J 191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE." Así también lo dispone el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, pues el desarrollo de los niños y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Orienta lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 7/2016 (10a.) de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, en Materia(s): Constitucional, Página: 10, registro digital 2012592, que dispone: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES." El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento." Por ello se estima correcto que la Sala responsable ordenara la preparación de las pruebas mencionadas, pues de las consideraciones vertidas en la resolución que se impugna, se advierte que su finalidad es privilegiar el interés superior del infante. Es así, porque una vez que obren esos elementos de prueba, la responsable estará en aptitud de dilucidar si efectivamente existen actos de violencia desplegados en contra del infante y quién es el progenitor más apto para detentar la guarda y custodia, lo cual puede decidirse allegándose de dictámenes de especialistas en la materia, y no únicamente con el dicho de las partes, pues hasta este momento no existen elementos que permitan vislumbrar indicios de violencia generados por la madre contra su hijo. Es ilustrativo el siguiente criterio 1a. CCXXV/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital: 2009458, Materias(s): Constitucional, Civil, Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 19, Junio de 2015 Tomo I, Página: 580, que señala: "DERECHO A VIVIR EN UN ENTORNO FAMILIAR LIBRE DE VIOLENCIA. DEBERES DEL JUZGADOR EN MATERIA PROBATORIA. Si bien la carga de la prueba recae en la presunta víctima de violencia familiar, no en todos los casos ésta debe acreditar la situación de violencia familiar, sin que signifique que se invierte la carga de la prueba al demandado. En determinadas circunstancias el juez debe allegarse de oficio de mayores elementos probatorios con la finalidad de esclarecer la posible vulneración a la integridad física de la persona agredida, lo que es congruente con la doctrina desarrollada por esta Suprema Corte, en el sentido de que el juzgador debe allegarse de oficio de material probatorio cuando se involucren los derechos de una persona que pertenezca a un grupo vulnerable de la sociedad. Lo anterior se justifica en la medida que una de las partes de la contienda de violencia intrafamiliar está en una situación de debilidad frente a su presunto agresor." Tampoco asiste razón al quejoso al indicar que la autoridad responsable omitió tomar en consideración la opinión del infante con relación a preferir vivir con su padre por ser quien le puede dar una mejor vida, pues si bien el interés superior de la niñez implica el derecho del infante a expresar su opinión, la cual será tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, ello no implica que deba acatarse indefectiblemente lo expresado por él ya que no tiene fuerza vinculante para el órgano jurisdiccional que conoce del juicio, puesto que en aras de su protección integral, el juzgador debe ponderar todas las circunstancias del caso para emitir una resolución armónica y respetuosa de sus derechos humanos, en concordancia con el principio citado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de la Primera Sala 1a. CVI/2015, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II , página 1100, con registro digital: 2008642, de rubro y texto: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU OPINIÓN EN UN PROCESO JURISDICCIONAL QUE LE AFECTE NO TIENE FUERZA VINCULANTE PARA EL ÓRGANO QUE CONOCE DEL ASUNTO. De la interpretación de los artículos 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se concluye que el interés superior del menor implica el derecho de éste a expresar su opinión, la cual será tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, sin que lo anterior signifique que deba acatarse indefectiblemente lo expresado por él en los procesos jurisdiccionales que puedan afectarle, es decir, no tiene fuerza vinculante para el órgano jurisdiccional que conoce del asunto, ya que, en aras de su protección integral, el juzgador debe ponderar todas las circunstancias del caso -con inclusión de la opinión del menor-, para emitir una resolución armónica y respetuosa de sus derechos humanos, en concordancia con el principio citado. Así, es correcto que la autoridad responsable atendiera a cuál -por el momento- es el escenario más benéfico para el niño, a efecto de decretar la guarda y custodia en favor de su madre, pues atendió a la edad del infante -trece años diez meses-; a la circunstancia de que desde su nacimiento ha vivido en el mismo domicilio propiedad de sus progenitores, ubicado en *****; así como que será la tercera interesada quien resida en esa casa con motivo de la diversa medida provisional en la que decretó la salida del quejoso. Lo que resulta correcto atendiendo al interés superior del niño, quien necesita de una vivienda segura para su pleno desarrollo, pues decidir lo contrario generaría la posibilidad de cambiarlo abruptamente de lugar de residencia, incrementando el riesgo de afectar los hábitos y costumbres generados por habitar toda su vida en la misma localidad, lo que incluso pondría en riesgo su estabilidad emocional e integridad personal. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2041, del libro XVI, enero de 2013, tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Décima Época, registro 2002523, de rubro y texto: "DIVORCIO. RAZONES QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA AL DECIDIR CUÁL DE LOS CÓNYUGES DEBERÁ CONTINUAR EN EL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR, CUANDO EL HIJO DE LAS PARTES ES MENOR DE EDAD. La medida en que se resuelve cuál de los cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar en el caso de divorcio, debe garantizar que cuando está involucrado un menor de edad, sus derechos deben protegerse especialmente, puesto que goza de la presunción de necesitar alimentos -de acuerdo con lo que establece el artículo 311 Bis del Código Civil para el Distrito Federal-, y consecuentemente, que requiere de un lugar donde vivir, de manera que al decidir la autoridad judicial si el menor y su madre (dado que en ella recayó su guarda y custodia) continuarán o no en el uso de la vivienda familiar, en correlación con la situación del padre, y la mayor o menor posibilidad de éste para arrendar un lugar que le sirva de habitación, dará prioridad al derecho del menor, al invocar su interés superior, salvo que existan razones excepcionales, debidamente probadas y que deben requerir una motivación reforzada, que justifiquen, en este aspecto concreto, optar por el derecho a la habitación del padre sobre el derecho de dicho menor." En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos, lo procedente es negar el amparo y protección solicitado. Sin que obste a lo anterior, que el quejoso comparezca al presente asunto por propio derecho y en representación de su hijo, pues no se advierte que se haya cometido violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa o afecte el desarrollo de la familia, lo que obligaría a suplir la deficiencia de los conceptos de violación, de conformidad con lo estatuido en el dispositivo 79, fracciones I, II y VI, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que la parte quejosa invocó diversos criterios a efecto de apoyar sus conceptos de violación, empero ellos no son suficientes para tomar una diversa postura como se ve: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. CUANDO SE ADVIERTAN AFECTACIONES A LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EL TRIBUNAL TIENE LA OBLIGACIÓN DE ESTUDIARLAS A LA LUZ DEL REFERIDO PRINCIPIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE TALES LESIONES NO HAYAN SIDO MATERIA DE CONTROVERSIA NI LOS MENORES DE EDAD PARTE EN EL JUICIO" pues no resulta aplicable al caso concreto, en virtud de que dicha tesis fue emitida con motivo de un juicio laboral donde se impugnó un despido injustificado y los niños no eran parte en dicho asunto; "GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR. ES OBLIGACIÓN DEL JUZGADO LLAMARLA A JUICIO, CUANDO POR SU EDAD PUEDE DISCERNIR CON QUIEN DE SUS PADRES DESEA CONVIVIR"; "GUARDA Y CUSTODIA DE MAYOR DE CATORCE AÑOS. ALCANCE AL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS MENORES EN LA TOMA DE LAS DECISIONES QUE LES AFECTAN, CONTEMPLADO EN LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, INCORPORADO EN LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4228, FRACCIÓN II, INCISO C) DEL CÓDIGO CIVIL AMBOS DEL ESTADO DE MÉXICO" las cuales no son de observancia obligatoria para el suscrito; "JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE INFANCIA. DEBE GARANTIZARSE EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A SER ESCUCHADOS EN EL PROCEDIMIENTO JURISDICCONAL QUE INVOLUCRE SUS DERECHOS,TAMBIÉN EN LA ETAPA DE LA INFANCIA, PROMOVIENDO FORMAS ADECUADAS DE INTERACCIÓN LIBRE OPINIÓN Y COMUNICACIÓN CLARA Y ASERTIVA DE LA DECISIÓN", "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO DE LOS MENORES A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ÉSFERA JURÍDICA NO PUEDE ESTAR PREDETERMINADO POR UNA REGLA FIJA EN RAZÓN DE SU EDAD" porque contrario a los hechos de dichos criterios, en el caso concreto sí se escuchó al infante. La negativa se hace extensiva al acto reclamado al Juez señalado como autoridad ejecutora, por no impugnarse por vicios propios. Es aplicable, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 107 fracción II párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 76 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a *****, por propio derecho y en representación del niño con iniciales *******, contra actos de la Tercera Sala y Juez Vigésimo Primero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, que se precisaron en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último punto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ...z, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; visto el informe con justificación de la Juez responsable, la suscrita acuerda: Téngase por rendido y dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; una vez transcurrido el término que otorga dicho numeral sin que las partes realicen pronunciamiento sobre las constancias anexas, se entenderá su conformidad con éstas y se dictará la sentencia que corresponda en su oportunidad. Acorde al estado procesal de autos fórmense el cuaderno auxiliar IV, e infórmese a las partes que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo . Finalmente y por lo que refiere al acatamiento a la suspensión definitiva decretada en el incidente, deberá realizarlo en el cuaderno incidental respectivo, toda vez que se tramitan por cuerda separada. NOTIFÍQUESE.
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