Roberto Alfredo Estefan Karam
Expediente 504/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 24/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Roberto Alfredo Estefan Karam
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de dieciséis de noviembre del año en curso no se proveyó respecto el destino de los cuadernos incidentales. En consecuencia, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia donde se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el apartado 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió anexos, en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 504/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que el quejoso ofreció diversas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. Al efecto se provee: se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, y al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que el tercero interesado los formuló e invocó causal de improcedencia, para ser considerada al dictar la sentencia y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta fase. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 504/2022, promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos de las citadas autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Previa aclaración, este juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, señaló parte tercera interesada, así como hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la tercera interesada fue emplazada, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra un acto derivado de un juicio de naturaleza civil, radicado en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Como lo dispone la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado en los siguientes términos: De la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso se ostenta tercero extraño por equiparación a la ejecución del Juicio Especial Hipotecario ... del índice del Juzgado Vigésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México; y reclama su llamamiento como acreedor, lo que aconteció mediante notificación de tres de marzo de dos mil veintidós, así como todo lo actuado en el procedimiento de remate del inmueble identificado como ..., incluida la audiencia en primera almoneda de siete de abril del año en curso y la sentencia de aprobación de remate de veinticinco de ese mismo mes y año. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez responsable, negó la existencia del acto reclamado y el Actuario adscrito al mismo se adhirió a su informe; empero, del propio informe rendido por la responsable, se aprecia que dicha negativa se encuentra desvirtuada, habida cuenta que reconoce la substanciación del juicio natural y sostener su legalidad, por tanto, debe tenerse por cierto el acto que se les atribuye. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV- Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la existencia del proceso queda probada con las actuaciones judiciales remitidas, que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Previo a resolver lo que en derecho corresponda, se hace una relación de los antecedentes del proceso de origen. I. En virtud de la revocación de la resolución de aprobación de remate en etapa de ejecución, el doce de noviembre de dos mil veintiuno ... exhibió el certificado de libertad de gravámenes y el avalúo del Departamento... . II. Derivado de lo anterior, el doce de noviembre de dos mil veintiuno se requirió al ejecutante el nombre y domicilio de los acreedores a fin de notificarles el estado de ejecución del asunto. III. Por escrito fechado el diez de enero de dos mil veintiuno, ... solicitó la notificación de ... en el domicilio ubicado en ..., a fin de informarle el estado de ejecución del juicio; por lo que en auto de dieciocho posterior se ordenó su llamamiento, conforme al diverso de nueve de mayo de dos mil diecinueve. IV. La diligencia encomendada tuvo lugar el veintisiete de enero de dos mil veintidós. V. El dieciséis de febrero siguiente, el ejecutante solicitó la reposición de la actuación citada en el párrafo anterior, debido a que el nombre correcto del acreedor es ..., lo que se acordó favorablemente. VI. La notificación ordenada tuvo lugar el tres de marzo de dos mil veintidós, en los siguientes términos: "Ciudad de México, siendo las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA TRES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, la suscrita Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil, Licenciada ..., me constituí legalmente: ....", en busca de ..., cerciorada de ser el domicilio señalado en autos por corresponder a la nomenclatura oficial y cerciorada también de que es el domicilio de la persona buscada, corroborando con el dicho (SIC) ..., de quien dijo ser EMPLEADA DEL DESPACHO y que el domicilio del buscado mismo que SI se identifica CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON CLAVE ..., EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y no encontrándose la persona buscada, previa identificación de la suscrita con mi credencial 4139 que me acredita como Secretaria Actuaria Adscrita a esta H. Juzgado, por conducto de la persona entrevistada le notifique los autos de fecha VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO Y NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, y entregándole la cédula que contiene los textos íntegros de los autos de referencia quien SI firmó de recibido, con lo que doy cuenta a la C. JUEZ del conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar. DOY FE." VII. El catorce de marzo posterior se fijó día y hora para la celebración del remate en primera almoneda del inmueble materia de la litis. VIII. Previas publicaciones, el siete de abril siguiente se llevó a cabo la audiencia correspondiente y por sentencia de veinticinco ulterior se aprobó el remate fincado al ejecutante; lo que fue impugnado mediante apelación por la acreedora ... . IX. De las constancias, también se advierte el cuaderno de tercería excluyente de preferencia con relación al adeudo, promovido por ..., así como ..., presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte, donde señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble ubicado en Sal..., solicitando resolver que deben ser pagados preferentemente, con el producto de remate del inmueble hipotecado. X. Tal procedimiento se admitió a trámite el veintiocho posterior y fue contestado por ... el trece de febrero siguiente, con lo que se dio vista a los promoventes. QUINTO. Improcedencia. Previo al estudio del fondo del presente asunto, se analizarán las causales de improcedencia, ya que su estudio es oficioso de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo. En primer lugar se tiene que el quejoso no tiene el carácter de persona extraña al juicio de amparo, como lo refiere. Por las razones que la sustentan, se invoca analógicamente el criterio de jurisprudencia 2a./J. 65/99 de la Novena Época, con Registro: 193763, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, que dispone: "PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO LABORAL, NO PUEDE TENER ESE CARÁCTER EL ACTOR. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la persona extraña al juicio es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente. Sin embargo este equiparamiento entre quien no fue parte en el juicio y quien siéndolo no fue emplazado o lo fue incorrectamente, no puede hacerse extensivo al actor, primero, porque éste sí fue parte en el juicio y, segundo, porque no puede alegar el desconocimiento del procedimiento, dado que fue él quien lo inició. Por tanto, si la Junta laboral, al tratar de cumplir con la obligación contenida en el artículo 742, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, de notificar personalmente el primer proveído al actor, no lo hace en los términos establecidos en los artículos 743 y siguientes del propio dispositivo legal, el actor no puede, so pretexto de ser extraño al juicio, quedar eximido de tramitar el incidente de nulidad previsto en el artículo 752 de la propia ley laboral." En ese sentido al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño, pues se denomina así a aquella persona distinta de los sujetos de la controversia que se ventila; es decir, es aquel que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que aduce un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Se equipara a esta figura, a quien siendo parte, alega desconocer el procedimiento incoado en su contra, como consecuencia de una irregularidad en el llamamiento. Orienta lo anterior el criterio de Jurisprudencia VII.2o.C. J/21 de la Novena Época, con registro 177771. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, en Materia(s): Común, Página: 1305, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." El evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que están impedidos formalmente para entablar la defensa de sus intereses ante la autoridad común. De conformidad con el criterio que sostiene el Máximo Tribunal del País, cuando el quejoso está en condiciones de incorporarse a la contienda para defender sus intereses, como lo es en aquellos casos en que el asunto sigue en fase de sustanciación, o sea, antes del dictado de sentencia, el impetrante pierde el carácter de tercero extraño a juicio, y siendo así, queda en obligación de agotar los mecanismos de defensa ordinarios que contempla la ley reguladora del acto reclamado, pues en este caso, no está de cara a un estado de indefensión insuperable. Es ilustrativa en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) de la Décima Época, registro: 2000293. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, en Materia(s): Común, Página: 1627, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Tiene también aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, de agosto de 2013, tomo 1, página 729, en materia común, décima época, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Conforme a las constancias del juicio de origen, se desprende que el impetrante tiene pleno conocimiento de los datos del procedimiento de origen, como son número de expediente, autoridad ante la que se radica y su estado procesal. Lo anterior, debido a que promovió una tercería excluyente de preferencia con relación al adeudo, solicitando resolver que deben ser pagados preferentemente, con el producto de remate del inmueble hipotecado. De ahí que sea dable afirmar que el accionante de amparo no tiene el carácter de tercero extraño al proceso natural, pues conoce completa y exactamente su existencia. Sin que sea óbice a lo anterior, que tales cuadernos (juicio principal y tercería excluyente de preferencia) se trate de procedimientos autónomos, debido a que independientemente de tal cuestión, lo cierto es que se tiene constancia suficiente para considerar que el quejoso tuvo pleno conocimiento de la etapa de remate, en el que incluso hizo valer su medio de defensa que consideró. Dicho lo anterior, el presente juicio de amparo es improcedente, puesto que el reclamo de la parte quejosa se formula sin estar ante la última resolución en el procedimiento de remate, lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción IV del artículo 107, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." De la interpretación del artículo transcrito en último término, deviene que tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procederá contra la última resolución emitida en el procedimiento respectivo y en caso de remates, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Salvo los casos de excepción, cuando se rematan bienes en el periodo de ejecución de sentencias, el juicio de amparo indirecto procede al momento en que se emite cualquiera de esas órdenes (la de escrituración o entrega) dado que ambas son consecuencias connaturales del acto de adjudicación. Lo anterior encuentra sustento en el criterio de jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Décima Época, registro: 2011474. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1066, que dispone: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En el caso, del escrito inicial de demanda y su aclaración, se advierte que la accionante reclama diversas actuaciones del procedimiento de remate, en el que incluso se dictó la interlocutoria que lo aprobó en favor del ejecutante, lo que fue impugnado por diversa acreedora, como se advierte de las constancias remitidas. Por tanto, no puede considerarse que con lo reclamado se esté ante la última resolución dictada en el procedimiento, pues incluso no se ha designado fedatario público, para realizar el proyecto de escritura ni se le ha requerido al ejecutado para que acuda a firmar; en ese sentido, es dable aseverar que hasta este momento no se ha emitido la orden de otorgamiento de escritura o de entrega del bien inmueble controvertido; lo que constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues hasta que esta orden se emita, para que voluntariamente acuda el ejecutado a otorgar la firma relativa, es que se actualizara el supuesto de hecho que da procedencia a la acción de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 110, en Materia Común y Civil cuyo rubro y texto son: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA.-La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." Entonces si el acto reclamado no puede ser considerado en este momento como la última resolución dictada en el procedimiento de remate dentro de un juicio respecto del cual la quejosa no es tercera extraña como se precisó; es claro que aún no puede ser sujeto de estudio en la instancia constitucional, pues la orden de escrituración no se ha emitido, ni las constancias revelan la existencia de una orden de entrega. Luego, al no existir excepción al principio de definitividad de los actos en ejecución de sentencia, y toda vez que el acto reclamado no es la última resolución emitida en el mismo; el juicio que se intenta es improcedente conforme a las reglas previstas en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Tiene sustento a lo anterior, la tesis 2a. VIII/98, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 230, en Materia Común, cuyo rubro y texto son: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse su improcedencia en términos de fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del artículo 107, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio de amparo 504/2022, promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretaria del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy diecisiete de octubre de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
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