Roberto Armando de la Rosa Hernández

Expediente 469/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
469/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
06/07/2021

Partes del expediente

  • Roberto Armando de la Rosa Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversos legajos de constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; una vez que transcurran más de seis meses, en que se haya ordenado su archivo. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el expediente integrado en la versión impresa coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 31 DE MAYO DE 2021, EN SU DOMICILIO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL 25 DE MAYO DE 2021, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 469/2020, promovido por . contra actos de la Quinta Sala y Juez Cuadragésimo Primero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El veintidós de septiembre de dos mil veinte, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad citada por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El veintinueve de septiembre posterior, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió informe justificado; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso d), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, tramitado ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: Resolución de catorce de agosto de dos mil veinte, emitida por la Quinta Sala Familiar de esta Ciudad, en el toca 2449/2019, que confirmó la interlocutoria de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de remoción de albacea derivado del juicio testamentario 409/2018, por el Juez Cuadragésimo Primero Familiar de la Ciudad de México, donde de removió del cargo de albacea de la sucesión a bienes a . y se le ordenó rendir cuentas. TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado; certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado: I. El seis de marzo de dos mil dieciocho, se denunció la sucesión intestamentaria a bienes de . el cual se admitió el doce de marzo siguiente. II. El cuatro de mayo posterior, se ordenó tramitar el juicio como sucesorio testamentario. III. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la junta de herederos, donde se reconoció como herederos a ., estos últimos de apellidos de la Rosa Hernández, y se designó como albacea al último de los nombrados. IV. El ocho de marzo de dos mil diecinueve, . inicio el incidente de remoción del cargo de albacea; el que se resolvió el veintiséis de junio posterior, en los términos siguientes: "PRIMERO. Ha sido procedente la vía incidental intentada, donde la actora incidentista probó su acción y la demandada se constituyó en rebeldía; en consecuencia: SEGUNDO. Se remueve del cargo de albacea de la sucesión a bienes . TERCERO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, deberá de notificarse personalmente a ., para que manifieste si aceptas (sic) o no el cargo de albacea que le fue instituido por el autor de la presente sucesión, en términos de lo señalado en considerando II de este fallo. CUARTO. Se requiere de . rinda la cuenta de administración, en términos indicados en la parte final del considerado II de este fallo. QUINTO. Se absuelve al demandado incidentista de la prestación III de la demanda, en términos establecidos en considerando III de esta resolución." V. Inconforme con esta determinación, el accionante de amparo interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Sala responsable y el catorce de agosto de dos mil veinte, resolvió lo siguiente: "R E S U E L V E PRIMERO. Es INFUNDADO el ÚNICO AGRAVIO esgrimido por el apelante, en consecuencia; SEGUNDO. Se CONFIRMA en sus términos la sentencia interlocutoria de fecha de fecha (sic) veintiséis de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, en el INCIDENTE DE REMOCIÓN DE ALBACEA, deducido del JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DE DE (SIC) ROSA ACOSTA, expediente 409/2018." Esta actuación constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se violaron los derechos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, en razón de que: a) Omitió dictar una sentencia exhaustiva, pues contrario a lo resuelto sí se cumplió con la obligación, como se advierte de autos, lo que además era su obligación pronunciarse sobre todas las cuestiones que fueron sometidas a su consideración en el recurso de apelación, así como revisar de forma completa e imparcial las actuaciones procesales que obran en el expediente de origen. No obstante, es importante indicar que por encontrarse con limitantes económicas no fue posible presentar el inventario y avalúo que integran la masa hereditaria con la prontitud que exige la norma, pero sí fueron exhibidos mediante escrito de trece de junio de dos mil diecinueve; de ahí que no sea congruente, pues prescindió de analizar el agravio hecho valer en ese sentido. b) Se realizó una inadecuada interpretación del artículo 816 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, en razón de que el plazo que la norma establece, no lo hace de forma fatídica, dada la naturaleza de los juicios sucesorios a los cuales no le es aplicable la mayoría de las reglas procesales, como la caducidad; pues el hecho de que no se haya presentado el avalúo dentro de los diez días que establece no fue por una causa imputable al quejoso de querer incumplir con sus obligaciones de forma dolosa o arbitraria, sino que para realizarlos se deben de contratar peritos y hacer diversos gastos económicos que no fueron posibles resolverlos con la prontitud que establece el precepto. c) Dejó de analizar los agravios hechos valer en el escrito de apelación, puesto que no se advierte pronunciamiento sobre las manifestaciones realizadas en el sentido de que sí presentó los avalúos de los bienes que pertenecen a la masa hereditaria e incluso el a quo ordenó dar vista por el termino de tres días para que se manifestaran al respecto, además de que lo debió de hacer bajo el principio pro homine, a fin de favorecer al accionante con una interpretación más extensa. Los conceptos de violación precisados en los incisos a) y b) son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados por integrar temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por el quejoso, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. Al respecto, en lo que interesa, el artículo 16 Constitucional, dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Precepto que establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado; esto es, que cumpla con las formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir una determinación. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; en tanto que, la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas" Por su parte, el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad2 , busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento de lo resuelto por el Juzgador y los alcances de su resolución, para contar con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional. En ese orden de ideas, las razones que sustentan el acto reclamado y declararon infundados los agravios, son del siguiente contenido: - No existe una afectación al derecho humano de legalidad, ya que no se advierte infracción al principio de congruencia, pues la sentencia interlocutoria recurrida es clara, precisa y congruente con las actuaciones judiciales, por lo que contrario a lo afirmado, no fue violado en su perjuicio ni aplicado inexactamente el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. - Se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que se señalaron claramente las circunstancias especiales y razones que se tuvieron en cuenta para la emisión de la resolución combatida. - El recurrente no cumplió con la obligación de proceder a la formación de inventarios y avalúos dentro de los diez días posteriores a la aceptación del cargo de albacea, el cual se hace tangible en el momento en que se le discernió del mismo, lo cual ocurrió desde el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. - Como lo precisó el juez natural en la sentencia combatida, fue hasta el escrito que presentó el recurrente el catorce de junio de dos mil diecinueve, cuando exhibió los avalúos de los bienes que conforman el caudal hereditario; esto es, seis meses veintiún días después de haber aceptado el cargo de albacea, e incluso, ante la omisión de este último, de cumplir con su obligación, como ya se mencionó, fue la actora incidentista quien formuló el inventario correspondiente. - Se desprende que el a quo dio a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que tomó en consideración para remover del cargo de albacea al quejoso, ello al ser evidente que no se procedió a la apertura de la sección segunda, en el término de diez días posteriores a la aceptación del cargo conferido; no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 816 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, reuniéndose con ello las condiciones para que opere la figura de remoción de albacea. - Es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundada y motivada, lo que realizó el juez del conocimiento, pues expuso los hechos relevantes para su decisión, siendo esta última jurídicamente correcta, porque sus razonamientos son legales y conducentes. - Los artículos 816 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad y 1706 fracción III, 1712, 1750 y 1752 del Código Civil para esta Ciudad, son tajantes, claros y precisos en disponer que el albacea será removido de su cargo de no cumplir con la formación de inventarios y avalúos dentro del plazo que se señala en el primer numeral; de ahí que sea acertada la determinación del juez natural de remover del cargo de albacea al inconforme, máxime que, como en la sentencia combatida, además de que el demandado incidentista se constituyó en rebeldía, de las actuaciones judiciales no existe elemento de prueba alguno con el cual en su caso se acredite que el albacea se hubiera encontrado impedido para iniciar la apertura de la sección segunda o que existiera oposición para tal fin. - Contrario a lo aseverado por el impugnante, no quedó acreditado de manera incuestionable, fehaciente e indubitable, que haya cumplido con las obligaciones que tiene a su cargo, como lo es la formación del inventario y avalúos, en virtud de que ante su omisión, fue la actora incidentista quien mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil diecinueve, formuló el inventario correspondiente; destacándose que incluso, fue con la solicitud de la una diversa coheredera, contenida en su ocurso ingresado el trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el sentido de que se requiriera al albacea para que procediera a la formación del inventario y avalúo, que el Juez natural, en proveído dictado el siete de enero de dos mil diecinueve, ordenó formar el cuaderno relativo a la sección segunda, y le hizo la prevención al albacea para que precisamente los exhibiera en términos del artículo 816 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. - Lo relativo a que "debería de existir empatía por parte del juzgador y de la C. ., ya que la circunstancia de pagar y preparar los inventarios y avalúos que conforman la masa hereditaria implica una erogación muy fuerte para el suscrito, la cual asumí de acuerdo a mis posibilidades" es evidente que se tratan de simples manifestaciones subjetivas carentes de sustento legal alguno y con las cuales, desde luego no fue jurídicamente posible tener por cumplida una de las obligaciones inherentes a su cargo de albacea; haciéndose notar que en relación a estas últimas manifestaciones, no se trata de empatía del juez, sino que al darse claramente los supuestos establecidos en los artículos 1712 y 1752 del Código Civil para esta Ciudad, para la remoción de albacea, y toda vez que el apelante no formó el inventario dentro del término señalado por el Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, lo procedente era removerlo de su cargo al haber incumplido con una de las obligaciones que le impone el numeral 1706 del citado ordenamiento legal; sin que se perdiera de vista que tratándose de cuestiones de derecho civil, como en el caso acontece, toda vez que se está tramitando un juicio sucesorio, la aplicación de la ley es de estricto derecho; por tanto, no es válido argumentar como lo hace el impugnante, que se trata de cuestiones familiares y que por ello no debe aplicarse con rigidez y formalidad la ley. - Con independencia de que en su caso, el albacea no haya actuado de mala fe, como lo afirmó, lo relevante es que no cumplió con la obligación de formar el inventario dentro de los diez días siguientes a la aceptación de su cargo, tal y como lo dispone el artículo 816 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, y por tal razón lo procedente fue, conforme a la ley, que fuera removido; y si bien hasta ahora alega que tuvo el propósito de cumplir a cabalidad con su desempeño, pero que sus limitantes económicas no le permitieron presentarlo, se insiste en que debe aplicarse la sanción establecida en la legislación y removerse al albacea por no proceder a la formación del inventario. - Si bien es cierto que el quejoso presentó los avalúos y en el proveído dictado el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se les dio vista a los interesados, no menos cierto es que el motivo por el cual se le removió del cargo es por no haber formulado los inventarios; esto es, su remoción fue derivada de que el caso se encuentra en la hipótesis establecida en el artículo 816 del Código Procesal Civil, que es contundente al establecer el término de diez días para el cumplimiento de la albacea a proceder a la formación del inventario y avalúos y al no haberlo iniciado dentro de dicho plazo, es incuestionable que debe aplicarse el precepto anteriormente invocado, máxime que el artículo 6 del Código Civil para esta Ciudad, dispone que la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla; y existe artículo expreso que son los numerales aludidos que disponen la multicitada obligación; por ende, no es acertado sostener que el precepto legal referido con antelación no establezca que dicho plazo sea de forma fatídica, y precisamente dada la propia naturaleza de los juicios sucesorios es que se aplican las reglas que dispone la legislación indicada. - La falta de intención dolosa a que se refiere el recurrente no lo exime de cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo, máxime que al aceptarlo mediante diligencia de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se le discernió desde luego con el cúmulo de obligaciones a que se refiere el artículo 1706 del Código Civil para esta Ciudad, por lo que es incuestionable que lo procedente es removerlo de su cargo. Tales consideraciones son acordes a la Constitución, porque la falta de cumplimiento literal a alguno de los deberes del albacea conlleva su remoción, figura que predica que la persona nombrada cesa en el cargo de albacea. Para advertirlo es necesario tener presentes los artículos 816, 1745 y 1749 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, que dicen: "Artículo 816. Dentro de diez días de haber aceptado su cargo el albacea debe proceder a la formación de inventarios y avalúos, dando aviso al juzgado para los efectos del artículo 819 y dentro de los sesenta días de la misma fecha deberá presentarlo. El inventario y avalúo se practicarán simultáneamente, siempre que no fuere imposible por la naturaleza de los bienes." "Artículo 1745. Los cargos de albacea e interventor, acaban: (.) VII. Por remoción." "Artículo 1749. La remoción no tendrá lugar sino por sentencia pronunciada en el incidente respectivo, promovido por parte legítima." Conforme a esas normas generales se obtiene que el albacea está obligado a, dentro de los diez días siguientes al haber aceptado su cargo, proceder a la formación de inventarios y avalúos, y que ese nombramiento termina por remoción. Por su parte, de los ordinales 1706 fracción III, 1712, 1750 y 1752, del Código Civil para la Ciudad de México3 , se obtiene que es obligación del albacea presentar el inventario correspondiente, dentro del plazo establecido en el código local adjetivo; y, que cuando el que administre no lo exhiba, dentro del término legal, será removido de plano. Como se ve, la legislación aplicable prevé sólo una acción que tenga el efecto de remover y/o hacer cesar a la persona nombrada en las funciones de albacea de la sucesión, la cual sanciona el incumplimiento de los supuestos específicamente previstos, lo que tampoco establece la posibilidad de revertir la carga probatoria sobre algún aparente cumplimiento en las partes. Por el contrario, conforme a los artículos 1695, 816, 1745 y 1749 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad y 1706 fracción III, 1712, 1750 y 1752, del Código Civil para la Ciudad de México, la persona que acepta el cargo de albacea se constituye en la obligación de desempeñarlo; son obligaciones del albacea la formación de inventarios dentro de los días siguientes a la aceptación de su cargo; el albacea deja de serlo por remoción; y la remoción tendrá lugar por resolución pronunciada en el incidente respectivo, promovido por parte legítima. Por tanto, si la aceptación del cargo de albacea es voluntaria, quien lo asume adquiere la obligación de desempeñarlo conforme a sus obligaciones, en tanto que si el quejoso no ha predicado el desconocimiento de los términos de su nombramiento, es claro que las consecuencias (remoción) que provoca el incumplimiento de sus obligaciones como albacea único (falta de la formulación de inventario), no dependía de los recursos con los que contara, puesto que ello no lo exime de los deberes que tiene su cargo. Y, en su caso, dicha situación debió de hacerla del conocimiento al juez de origen dentro del término establecido en la legislación citada, para que éste ponderara las circunstancias y acordara lo conducente en consecuencia, lo cual se advierte no realizó, en razón de que fue hasta seis meses después (catorce de junio de dos mil diecinueve4 ) cuando lo presentó; e incluso fue una coheredera quien lo exhibió y con el cual se ordenó abrir la sección segunda. Sin que el hecho de que el juez diera vista a las partes con lo presentado, incidiera para demandarle al quejoso la conclusión del cargo de albacea, como consecuencia de haber incumplido la obligación de formular oportunamente el inventario, en tanto que la legislación prevé que ante el incumplimiento de alguno de los deberes que establece el artículo 1706 del Código Civil para la Ciudad de México se tiene que cambiar de persona titular de la representación de la sucesión, investida en la figura del albacea. Adunado a que, contrario a lo indicado por el quejoso, es correcto lo precisado por la autoridad, en el sentido de que dada la propia naturaleza de los juicios sucesorios es que se utilizan las reglas que dispone la legislación correspondiente (Código Civil de la Ciudad de México y Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad), pues éstas son las que lo rigen y, como se vio, prevén las obligaciones del cargo con el que se encontraba investido el accionante de amparo y las consecuencias de no cumplirlas, lo cual no queda al arbitrio del juzgador para su aplicabilidad. También es infundado el concepto de violación descrito en el inciso c), relativo a que no se analizó su agravio relativo a que sí presentó los avalúos de los bienes que pertenecen a la masa hereditaria e incluso el a quo ordenó dar vista por el termino de tres días para que se manifestaran al respecto. En razón de que, contrario a lo aseverado por el quejoso, la autoridad sí se pronunció al respecto, pues sobre ello indicó que no quedó acreditado de manera incuestionable, fehaciente e indubitable, que haya cumplido con las obligaciones que tiene a su cargo, como lo es la formación del inventario y avalúos, en virtud de que ante su omisión, fue la actora incidentista quien mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil diecinueve, formuló el inventario correspondiente; destacándose que incluso, fue con la solicitud de una diversa coheredera, contenida en su diverso ocurso ingresado el trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el sentido de que se requiriera al albacea para que procediera a la formación del inventario y avalúo, que el Juez natural, en proveído dictado el siete de enero de dos mil diecinueve, ordenó formar el cuaderno relativo a la sección segunda, y le hizo la prevención al albacea para que precisamente los exhibiera en términos del artículo 816 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. En las narradas condiciones, al no demostrarse la inconstitucionalidad del acto reclamado atribuido a la Sala responsable, resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa extensiva al a quo, pues no se reclaman sus actos por vicios propios, conforme la jurisprudencia de registro 210140, de la octava época, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a . contra actos de la Quinta Sala y Juez Cuadragésimo Primero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 469/2020; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    SENTENCIA DEFINITIVA NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (Sentencia engrosada hasta hoy veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.)

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