Roberto Alemán Jiménez García

Expediente 1087/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1087/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Roberto Alemán Jiménez García

Actuaciones

  1. Principal

    Juzgado Federal acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio remitido por el actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa e informa que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del presente asunto. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir el presente cuaderno de antecedentes, en razón de la incompetencia decretada para conocer de la demanda de amparo generadora del presente asunto. y en su oportunidad archívese este expediente.

  2. Principal

    Autoridad solicita se informe estado procesal. Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta remitidos por la encargada de Sala de la Sede León del Juzgado de Oralidad de la Cuarta Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, hágasele saber que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, toda vez que en auto de veintiséis de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el mismo el dieciséis de junio del presente año, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, al impetrante Manuel Vargas Valladolid.

  3. Principal

    Incompetencia. Acotado lo anterior, resulta necesario analizar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y preferentes. Así, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, se declara incompetente para conocer del presente asunto por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito se desprenden las tres hipótesis que rigen la competencia de los jueces de Distrito, las cuales son, a saber: 1) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro para determinar la competencia consiste en que será competente el que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En dicho supuesto se atiende a la naturaleza material de ejecución del acto reclamado, es decir, si necesita la participación de al menos una autoridad que deba ejecutarlo, trate de ejecutarlo o lo haya ejecutado. Esta regla de competencia es la general e implica que el juicio de amparo debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga verificativo o pueda tener verificativo la materialización del acto reclamado, de ahí que resulte aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se está ejecutando o ya se ejecutó. 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Si el acto reclamado no precisa ejecución material, es decir, no requiere de acto de ejecución alguno, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo antes expuesto puede concluirse que la competencia en materia de amparo, guarda relación con la naturaleza de los actos reclamados, siendo la primera regla competencial de carácter general, en tanto que las otras dos solo desarrollan la casuística de la naturaleza de los mismos. Por tanto, la competencia territorial de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere o no de ejecución material, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, o de ser el caso, no lo requiera. Acotada dichas reglas de competencia conviene resaltar que el quejoso se duele de la elaboración de oficios con información falsa de la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) para obstaculizar la administración de justicia pronta y expedita, así como la omisión de consignar al Juez competente seis averiguaciones previas, lo que se traduce en no poder obtener su libertad el ocho de diciembre de dos mil veintidós; asimismo, del contenido del libelo de amparo se advierte que el quejoso actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Lugar donde tienen y tendrán ejecución las consecuencias jurídicas de los actos reclamados. Por su parte, el artículo 48, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. (.)." De la porción normativa reproducida, se desprende que en el supuesto de que se promueva un juicio de amparo ante un Juez de Distrito legalmente incompetente, éste debe declinar la competencia en favor del diverso juzgador que, en su concepto, deba conocer de dicho asunto. Por lo tanto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 37 antes mencionado, se advierte que la ejecución de las consecuencias jurídicas de los actos reclamados tienen y tendrán lugar fuera del territorio en el cual ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. En consecuencia, la competencia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, se surte a favor de un Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de actual reclusión del agraviado. En ese contexto, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que éste órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la cuestión planteada, y estima competente al Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el centro de reclusión en el que se encuentra el directo agraviado. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 1ª./j.48/2005, consultable en la página 5, del Tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la Resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, a fin de que analice la competencia que se declina y, en su caso, sea esa autoridad quien determine la procedencia de la demanda de amparo. Asimismo, solicítese comedidamente al Juez declinado que de no tener impedimento legal alguno, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, tenga a bien manifestar, si acepta o no, el conocimiento del asunto, en términos a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno; y, con copia de la papeleta de ingreso y demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. VI. No procede conceder la suspensión de plano. Sin que en el caso haya lugar a conceder la suspensión de los actos que se tildan de inconstitucionales, dado que no se encuentran en alguno de los supuestos previstos por el artículo 126 de la Ley de Amparo. VII. Domicilio. De igual forma, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, en virtud de que se encuentra privado de su libertad; lo anterior de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. VIII. Se ordena enviar exhorto. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso Roberto Alemán Jiménez García, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán; es decir, fuera de la jurisdicción de este Tribunal, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; para que de no tener impedimento, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario adscrito a ese juzgado a su digno cargo, para que se constituya en dicho centro penitenciario, notifique personalmente el contenido del presente proveído a la parte impetrante y, se sirva el funcionario judicial actuante entregar la copia de este, hecho lo anterior, lo devuelva a la brevedad posible. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, hágasele del conocimiento a la autoridad exhortante que se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de la presente diligencia. El exhorto de mérito gírese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como comunicación oficial electrónica, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación dentro del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los asuntos de Justicia Penal Federal. Para tal efecto, encomiéndese al Oficial Judicial "A" el envío de dicha comunicación que se validará con las firmas electrónicas de la suscrita y de la secretaria que da fe de este acuerdo. Se solicita a la autoridad exhortada, que una vez diligenciado el exhorto de referencia, dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 110, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y remita las actuaciones conducentes, resultado del trámite de la comunicación oficial electrónica a este órgano jurisdiccional. IX. Se solicita acuse de recibo y se ordena formar cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuadernillo de incompetencia respectivo, para debida constancia legal, ordenándose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicítese al juez declinado el acuse de recibo correspondiente. X. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XI. Acuerdos generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Comuníquese a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintidós de septiembre de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 21/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios.

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