ROBERTO ALEMÁN JIMÉNEZ GARCÍA y Otros.
Expediente 693/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 693/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- ROBERTO ALEMÁN JIMÉNEZ GARCÍA y Otros.
- Mauricio Valverde Cisneros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
De certificación y de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, sin que lo haya hecho. con base en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo ha causado estado. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009 y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ordena depurar la presente pieza de actuaciones. No obran documentos originales, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en la Ciudad Judicial Federal, Zapopan, informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este Juzgado. se reserva el pronunciamiento correspondiente a la depuración y archivo del presente expediente, hasta en tanto transcurra el término de cinco días hábiles previsto en el artículo artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que se recurra el auto por el cual se desechó la demanda de amparo por lo que hace al acto consistente en la omisión de dar respuesta a la petición enviada vía correo el quince de agosto de dos mil diecinueve, al Juez de Ejecución en Turno en el Estado de Jalisco, con residencia en el complejo penitenciario Puente Grande. Se remiten informes y comunicaciones oficiales. remítanse los aludidos oficios al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Ciudad Judicial Federal, Zapopan; así como los exhortos 398/2019-III (número de orden 450/2019) y 408/2019-III (número de orden 463/2019), para los efectos legales a que haya lugar, dejando en su lugar copias certificadas de los mismos. Autoridad devuelve exhorto 408/2019-III diligenciado.
- Principal
Autoridad devuelve exhorto 398/2019-III parcialmente diligenciado.. Se proveen manifestaciones. Ténganse por hechas las manifestaciones formuladas, sobre las cuales se precisa que la suspensión de plano decretada por auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se concedió únicamente por lo que hace a la orden de traslado girada en contra de los quejosos, el efecto de que éstos no sean trasladados del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 Occidente, con sedeen El Salto, Jalisco, a cualquier otro centro de reclusión. Se gira exhorto, para que en auxilio de las labores de este juzgado, a fin de que se notifique el presente proveído a los quejosos. solicítese al diligenciario de ese Juzgado Federal, que explique a los quejosos el contenido del presente acuerdo; asimismo, deberá atender a las Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. toda vez que se advierte la negativa por parte de los quejosos Humberto Agustiniano Mendoza y José Alfredo Campos Torrez, para ser notificados de los autos de veintiséis y veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, por los motivos expuestos por el actuario adscrito al Tribunal exhortado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágaseles por lista que se fije en los estrados de este juzgado la notificación.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LOS QUEJOSOS HUMBERTO AGUSTINIANO MENDOZA Y JOSÉ ALFREDO CAMPOS TORRES, LOS PROVEÍDOS DE VEINTISÉIS Y VEINTIOCHO DE AGOSTO, AMBOS DE DOS MIL DIECINUEVE, EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. I. Formación y registro del expediente. En ese tenor fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 693/2019-III, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Quejosos. Roberto Alemán Jiménez García, Abundio Mendoza Gaytán, Rubén González Moreno, Alfonso Mariscal Rizo, Enrique Arturo González Rivero, Yovani Castro Urbano, Mauricio Valverde Cisneros, Humberto Agustiniano Mendoza, Juaquín Alonso Piedra, Hugo César Aguirre Beyza, Oscar Alfonso Villanueva García, Arturo Tapia Plancarte, José Alfredo Campos Torrez, Manuel Cota Yamamoto y Agustín Gaspar Magaña. III. Autoridades responsables. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. IV. Precisión de los actos reclamados. Ahora bien, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se examina de manera integral la demanda de amparo, de la que se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama esencialmente lo siguiente: La orden de reubicación de módulo, estancia, pasillo y la posible orden de traslado y su ejecución, emitidas por las autoridades responsables del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, a otra parte dentro de dicho centro de reclusión o a otro diverso. La omisión de dar respuesta a la petición enviada vía correo el quince de agosto de dos mil diecinueve, al Juez de Ejecución en Turno en el Estado de Jalisco, con residencia en el complejo penitenciario Puente Grande. V. Por lo que hace al acto precisado en el inciso a), este juzgado se declara legalmente incompetente. Vista la demanda de amparo, se advierte que los quejosos señalan como actos reclamados en el inciso a), los siguientes: la orden de reubicación de módulo, estancia, pasillo y la posible orden de traslado y su ejecución, emitidas por las autoridades responsables del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, a otra parte dentro de dicho centro de reclusión o a otro diverso; en consecuencia, se provee: El artículo 37 de la Ley de Amparo prevé tres hipótesis para fijar la competencia para conocer de un juicio constitucional y son, a saber, las siguientes: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso particular, los actos reclamados consistentes en la orden de reubicación de módulo, estancia, pasillo y la posible orden de traslado y su ejecución, emitidas por las autoridades responsables del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, a otra parte dentro de dicho centro de reclusión o a otro diverso, afectan la libertad personal de los quejosos, que por su naturaleza jurídica son de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos materiales sobre su persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que posiblemente ordena la reubicación reclamada, así como la ejecución de la posible orden de traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con reubicar a los solicitantes del amparo en un dormitorio distinto al en que se encuentran, así como su posible reclusión en otro centro penitenciario. Empero, en el presente asunto los peticionarios del amparo se duelen medularmente de la posible reubicación de que podrían ser objeto dentro del centro penitenciario en el que se encuentran, así como de la posible orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", residente en El Salto, Jalisco, a un diverso centro penitenciario, sin especificar a cuál, razón por la cual se determina que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente asunto, toda vez que los quejosos insisten en que la reubicación reclamada se va a ejecutar en el referido centro penitenciario, esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado federal. De igual forma, en caso de que se llegaré a materializarse la orden de traslado reclamada, se comenzaría a ejecutar de igual forma fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, ya que los solicitante del amparo se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco. Por tanto, se determina que no se actualiza ninguna de la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al no reclamarse ningún acto que tenga ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. En ese contexto, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que éste órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la cuestión planteada, y estima competente al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, pues es dentro de su jurisdicción donde se iniciaría la ejecución de la reubicación reclamada por los quejosos dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", y en donde en todo caso comenzaría a ejecutarse la posible orden de traslado que reclaman serán objeto, para ser internados en diverso centro penitenciario. En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto a la citada autoridad federal, a fin de que analice la competencia que se declina, y en su caso sea esa autoridad quien determine la procedencia de la demanda de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. VI. Se concede suspensión de plano. Tomando en consideración que los promoventes se duelen de una orden de traslado girada en su contra para ser egresados del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", residente en El Salto, Jalisco, a un diverso centro penitenciario; en consecuencia, con fundamento en el diverso 126, primer párrafo, de Ley de Amparo, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN, para el efecto de que no se trasladen a los quejosos a cualquier otro centro de reclusión; lo anterior, solo si al momento de notificarse el presente acuerdo, no se ha llevado a cabo dicho traslado. Puesto que de haberse ejecutado se estaría frente a un acto consumado contra el cual es improcedente la medida cautelar. Ahora bien, debido a que los quejosos señalan como autoridades ejecutoras a un sin número de centros de reclusión ubicados en toda la República Mexicana, sin tener la certeza de que alguno de ellos vaya a ejecutar la orden de traslado reclamada; comuníquese la presente determinación solo a las autoridades responsables que los quejosos señalan como ordenadoras, entre las que se encuentra el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Coordinador General de Centros Federales, Coordinador General de los Centros Federales de Prevención y Readaptación Social en la República Mexicana y Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, éstas con residencia en la Ciudad de México, así como el Director, Comité Técnico, Director de Seguridad, Titular del Área Administrativa y Titular del Área Jurídica, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", todos con sede en El Salto, Jalisco, por ser el lugar en el que actualmente se encuentran recluidos y en donde eventualmente iniciará la ejecución de la orden de traslado que reclaman, máxime si se tiene en cuenta que dichas autoridades en todo caso son las que ordenarán el traslado de los quejosos a diverso centro de reclusión y quienes se encuentran constreñidas a acatar la presente medida cautelar; ello, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna. En el entendido de que la presente medida cautelar no surtirá efectos si el traslado obedece a una determinación de índole jurisdiccional, en la que defina la competencia de diverso órgano, en atención a que el inculpado debe quedar a disposición del juez en el lugar del proceso. Lo anterior es así, pues de considerar lo contrario implicaría contravenir disposiciones de orden público y de interés social. Lo anterior atiende a lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a/J. 58/2016 (10a.), Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2013066 que emitió al resolver la contradicción de tesis 154/2016, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA". Debiendo acatar esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, quienes deberán informar a este Tribunal Federal en el término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento dado a la suspensión y remitir las constancias con las que acrediten su dicho. Apercibidas, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior; o bien de no informar el impedimento que tienen para cumplir en el término concedido para tal efecto, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se harán acreedores a una multa por el equivalente a mil unidades de medida y actualización. VII. Se desecha demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado precisado en el punto b). Por los motivos que enseguida se expondrán: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que "el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano...". En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese contexto, se estima que con relación al escrito de cuenta, se surte de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De la interpretación literal de las porciones normativas transcritas, se advierte que el amparo indirecto es improcedente cuando, entre otras cosas, se actualiza alguna causal por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Asimismo, de una interpretación en sentido contrario, que el amparo no procede cuando los actos no sean de imposible reparación, es decir, cuando no hay una afectación material a los derechos sustantivos contenidos en el bloque de constitucionalidad. Volviendo a la temática, es pertinente señalar que la improcedencia en el juicio de amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para analizar el fondo del asunto, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Plenos de Circuito -en casos de contradicción de tesis de estos últimos-, la que se analiza de oficio de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, en el caso concreto, se observa que la parte quejosa reclama, en esencia, la omisión del Juez de Ejecución de acordar la petición enviada el quince de agosto de dos mil diecinueve, a través del cual en esencia solicitan se les informe lo relativo a su traslado, reubicación, cambio de estancia, modulo y/o pasillo. En ese contexto, resulta incuestionable que el acto reclamado por la parte quejosa no ocasiona un perjuicio de imposible reparación, pues no hay ninguna afectación material -directa e inmediata- a su derecho fundamental. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 56, agosto de 1992, página 11, registro digital 205651, cuyo rubro y texto rezan: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Máxime que, en su caso, la violación que alega la parte agraviada a su derecho de impartición de justicia, únicamente tiene consecuencias de carácter adjetivo o procesal dentro de la carpeta de investigación en la cual aduce es defensor, que por sí misma no afecta su esfera jurídica. Aplica al presente caso, la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo de 2003, página 1186, registro digital 184249, que dice lo siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". El significado "ejecución de imposible reparación", fue sintetizado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la siguiente manera: "(.) El espíritu que siempre ha animado las reformas tanto al artículo 107 constitucional, en su fracción III, como a la Ley de Amparo, ha sido en el sentido de limitar, en la medida de lo posible, la procedencia del juicio de garantías respecto de los actos dentro del procedimiento, evitando así la proliferación inútil de amparos y el abuso de su interposición. A ello obedece el que, conforme a las disposiciones legales vigentes, el amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo proceda en dos casos de excepción, a saber: a) cuando se trate de actos cuya ejecución sea de imposible reparación; y b) cuando afecten a personas extrañas al juicio.- Dado lo anterior, debe establecerse una interpretación congruente con el texto constitucional de lo que debe entenderse por actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.- Al efecto, este Tribunal Pleno estima que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ello se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, pues, como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometidas no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses.- Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo.- Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino que tan solo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sea tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso". Esto es, la característica de los actos irreparables, está en la infracción de los derechos sustantivos, ejemplo: 1) el embargo; 2) la imposición de multas; 3) el decreto de alimentos provisionales o definitivos; 4) el arresto; 5) el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos; 6) el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo; 7) el arraigo, etcétera. Ello, pues en los tres primeros casos, se puede afectar la propiedad y posesión; en el cuarto, la libertad personal; en el quinto, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia; en el sexto, la libertad de trabajo; y, en el séptimo, el de tránsito; es decir, afectaciones que no podrían repararse en ninguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los actos reparables, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento. Lo anterior encuentra sustento, en la contradicción de tesis 325/2015, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estableció esencialmente que los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". De ahí que se haya considerado que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Carta Magna, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, en tanto que no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento de ejecución de prisión preventiva o ejecución de pena. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que la demanda de amparo es improcedente. Máxime, que no existe una abierta dilación en el procedimiento que haga procedente la demanda de amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, página 1086, registro digital 2011580, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Consecuentemente, como se anticipó, al actualizarse la causal de improcedencia analizada por lo que hace al acto reclamado precisado en el inciso b), se desecha la demanda en estudio por estos actos. VIII. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión. IX. Se gira exhorto. Con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, envíese atento exhorto vía sise al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para que en auxilio de las labores de este juzgado, tome las medidas conducentes a fin de que se notifique el presente proveído a los quejosos Roberto Alemán Jiménez García, Abundio Mendoza Gaytán, Rubén González Moreno, Alfonso Mariscal Rizo, Enrique Arturo González Rivero, Yovani Castro Urbano, Mauricio Valverde Cisneros, Humberto Agustiniano Mendoza, Juaquín Alonso Piedra, Hugo César Aguirre Beyza, Oscar Alfonso Villanueva García, Arturo Tapia Plancarte, José Alfredo Campos Torrez, Manuel Cota Yamamoto y Agustín Gaspar Magaña, internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con sede en el Salto, Jalisco; de igual forma, para que notifique a las autoridades responsables Director, Comité Técnico, Director de Seguridad, Titular del Área Administrativa y Titular del Área Jurídica, todas del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", la suspensión de plano decretada. Se faculta al Juez exhortado, para que en caso de ser necesario con fundamento en el ordinal 21, último párrafo de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles, y se le solicita que una vez que sea diligenciado el exhorto que se remite, lo devuelva a este órgano de control constitucional para que obre como corresponda. El exhorto de mérito gírese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como comunicación oficial electrónica, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación dentro del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los asuntos de Justicia Penal Federal. Para tal efecto, encomiéndese al Analista Jurídico SISE el envió de dichas comunicaciones que se validarán con las firmas electrónicas de la suscrita y del secretario que da fe de este acuerdo. Se solicita a la autoridad exhortada, que una vez diligenciado el exhorto de referencia, de cumplimiento a lo establecido en el artículo 110, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y remita las actuaciones conducentes, resultado del trámite de la comunicación oficial electrónica a este órgano jurisdiccional. Sin que resulte legalmente válido devolver sin diligenciar la comunicación oficial de mérito, con motivo a que no se firme de manera autógrafa, pues de acuerdo a los artículos 3,10, 12 inciso f y 13, inciso d, del Acurdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; los documentos electrónicos que se envíen y contengan la FIREL, producirán los efectos que los presentados con la firma autógrafa. IX. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Autoridad devuelve exhorto 398/2019-III parcialmente diligenciado.. Se proveen manifestaciones. Ténganse por hechas las manifestaciones formuladas, sobre las cuales se precisa que la suspensión de plano decretada por auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se concedió únicamente por lo que hace a la orden de traslado girada en contra de los quejosos, el efecto de que éstos no sean trasladados del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 Occidente, con sedeen El Salto, Jalisco, a cualquier otro centro de reclusión. Se gira exhorto, para que en auxilio de las labores de este juzgado, a fin de que se notifique el presente proveído a los quejosos. solicítese al diligenciario de ese Juzgado Federal, que explique a los quejosos el contenido del presente acuerdo; asimismo, deberá atender a las Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. toda vez que se advierte la negativa por parte de los quejosos Humberto Agustiniano Mendoza y José Alfredo Campos Torrez, para ser notificados de los autos de veintiséis y veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, por los motivos expuestos por el actuario adscrito al Tribunal exhortado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágaseles por lista que se fije en los estrados de este juzgado la notificación.
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