Roberto Alemán Jiménez García

Expediente 1096/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1096/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/01/2022

Partes del expediente

  • Roberto Alemán Jiménez García
  • Juez Segundo Penal de Ejecución de Penas del Primer Circuito Judicial En Pachuca de Soto, Hidalgo

Actuaciones

  1. Principal

    León, Guanajuato, a trece de enero de dos mil veintidós. Se recibe exhorto. Glósense a los autos para que obren como corresponda, el oficio y anexos remitidos por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede Uruapan, por medio de los cuales devuelve debidamente diligenciado el exhorto número 248/2021-I (351/2021) del índice de este juzgado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, se tiene al quejoso por debidamente notificado del auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese

  2. Principal

    León, Guanajuato, a siete de enero de dos mil veintidós. I. Juzgado Federal acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio remitido por la actuaria adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa e informa que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del presente asunto. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir el presente cuaderno de antecedentes, en razón de la incompetencia decretada para conocer de la demanda de amparo generadora del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Cuenta. En la ciudad de León, Guanajuato, a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, la Secretaria da cuenta a la Jueza, con el oficio y anexos, con número de registro 16179, a fin de que se sirva acordar lo procedente. Conste. León, Guanajuato, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. I. Juzgado Federal remite demanda. Agréguese a los autos el oficio que remite el secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, al que acompaña un escrito original de demanda de amparo y anexo; en consecuencia, se provee: II. Registro y expediente. Dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 1096/2021-I. III. Quejoso. Roberto Alemán Jiménez García. IV. Autoridades responsables. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", sito en Buena Vista, Tomatlán, Michoacán, y otras autoridades. V. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el impetrante reclama esencialmente lo siguiente: a. No dar trámite a las remisiones parciales de la pena de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, así como al incidente de libertad anticipada del setenta por ciento, y hacer el cómputo de la prisión preventiva de la pena. b. No rendir los informes de los estudios que fueron requeridos; y c. No haber sido asesorado por un defensor de oficio. Todo lo anterior, para poder obtener su libertad inmediata. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." VI. Incompetencia legal. Precisado lo anterior, resulta necesario analizar la competencia de este juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y preferentes. Por tanto, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Además, indica que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. De igual forma, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se advierten tres reglas para determinar la competencia de los juzgados de Distrito para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Si el acto reclamado tiene ejecución material, el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgado federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido será competente. c) Cuando el acto no requiere ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Acotadas dichas reglas de competencia, conviene resaltar que el quejoso se duele de que las autoridades responsables no han dado trámite a las remisiones parciales de la pena de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, así como al incidente de libertad anticipada del setenta por ciento, y hacer el cómputo de la prisión preventiva de la pena; de no rendir los informes de los estudios que fueron requeridos y de no haber sido asesorado por un defensor de oficio; todo lo anterior, para poder obtener su libertad inmediata, de lo que se colige que los actos reclamados tienen como consecuencia material que el impetrante siga recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", sito en Buena Vista Tomatlán, Michoacán. Por tanto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 37 antes mencionado, se advierte que la ejecución de los actos reclamados tiene lugar fuera del territorio en el cual ejerce su jurisdicción este Juzgado de Distrito. En consecuencia, la competencia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, se surte a favor de un Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de reclusión del impetrante. Así las cosas, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que éste órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la cuestión planteada, y estima competente al juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el centro de reclusión en el que se encuentra privado de la libertad el directo agraviado. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 1ª./j.48/2005, consultable en la página 5, del Tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." También invoca por aplicable, el criterio sustentado por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, del Semanario Judicial de la Federación Tomo 217-228, Séptima Época, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AÚN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto al juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, a fin de que analice la competencia que se declina y, en su caso, sea esta autoridad quien determine la procedencia de la demanda de amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que los actos reclamados se hagan consistir en omisiones atribuidas a las autoridades responsables; sin embargo, se estima que dichas omisiones tienen efectos positivos, que se traducen en que el peticionario del amparo siga privado de su libertad, o en su caso, permanezca en un estado legal de reclusión al que pudiera ya no pertenecer. Es por ello que se considera que el conocimiento del juicio de amparo en que se actúa, debe tramitarse ante el juzgado Federal que ejerza jurisdicción donde tienen ejecución los actos reclamados, al tener como consecuencia que el quejoso continúe privado de la libertad en el centro de reclusión donde se encuentra. VI. Domicilio. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo. VII. Se solicita acuse de recibo y se ordena formar cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuadernillo de incompetencia respectivo, para debida constancia legal, ordenándose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicítese al juez declinado el acuse de recibo correspondiente. VIII. Se ordena girar exhorto. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán", sito en Buena Vista Tomatlán, es decir, fuera de la jurisdicción de este Tribunal, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal ordene al actuario de su adscripción que se constituya en el citado centro penitenciario para que notifique el presente proveído a Roberto Alemán Jiménez García, y le haga entrega de copia autorizada del mismo. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, hágasele del conocimiento a la autoridad exhortante que se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de la presente diligencia. El exhorto de mérito gírese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como comunicación oficial electrónica, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación dentro del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los asuntos de Justicia Penal Federal. Para tal efecto, encomiéndese a la oficial judicial "A" el envío de dicha comunicación que se validará con las firmas electrónicas de la suscrita y de la secretaria que da fe de este acuerdo. Se solicita a la autoridad exhortada, que una vez diligenciada la comunicación oficial de referencia, dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 110, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y remita las actuaciones conducentes, resultado del trámite de la comunicación oficial electrónica a este órgano jurisdiccional. Sin que resulte legalmente válido devolver sin diligenciar la comunicación oficial de mérito, con motivo a que no se firme de manera autógrafa, pues de acuerdo a los artículos 3,10, 12 inciso f y 13, inciso d, del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; los documentos electrónicos que se envíen y contengan la FIREL, producirán los efectos que los presentados con la firma autógrafa. IX. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. En el entendido que en términos del artículo 23 del referido Acuerdo General 21/2020, toda notificación que se ordene de manera personal deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese por exhorto. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de María Quiroz García, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. CGRH EXHORTO __________/2021-I. NO. DE ORDEN. ________. JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN URUAPAN. GABRIELA ELIZETH ALMAZÁN HERNÁNDEZ, JUEZA TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON RESIDENCIA EN LEÓN, A USTED A QUIEN TENGO EL HONOR DE DIRIGIRME, HAGO SABER QUE EN EL JUICIO DE AMPARO 1096/2021-I, PROMOVIDO POR ROBERTO ALEMÁN JIMÉNEZ GARCÍA, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: ".León, Guanajuato, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. I. Juzgado Federal remite demanda. Agréguese a los autos el oficio que remite el secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, al que acompaña un escrito original de demanda de amparo y anexo; en consecuencia, se provee: II. Registro y expediente. Dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 1096/2021-I. III. Quejoso. Roberto Alemán Jiménez García. IV. Autoridades responsables. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", sito en Buena Vista, Tomatlán, Michoacán, y otras autoridades. V. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el impetrante reclama esencialmente lo siguiente: a. No dar trámite a las remisiones parciales de la pena de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, así como al incidente de libertad anticipada del setenta por ciento, y hacer el cómputo de la prisión preventiva de la pena. b. No rendir los informes de los estudios que fueron requeridos; y c. No haber sido asesorado por un defensor de oficio. Todo lo anterior, para poder obtener su libertad inmediata. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." VI. Incompetencia legal. Precisado lo anterior, resulta necesario analizar la competencia de este juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y preferentes. Por tanto, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Además, indica que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. De igual forma, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se advierten tres reglas para determinar la competencia de los juzgados de Distrito para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Si el acto reclamado tiene ejecución material, el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgado federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido será competente. c) Cuando el acto no requiere ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Acotadas dichas reglas de competencia, conviene resaltar que el quejoso se duele de que las autoridades responsables no han dado trámite a las remisiones parciales de la pena de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, así como al incidente de libertad anticipada del setenta por ciento, y hacer el cómputo de la prisión preventiva de la pena; de no rendir los informes de los estudios que fueron requeridos y de no haber sido asesorado por un defensor de oficio; todo lo anterior, para poder obtener su libertad inmediata, de lo que se colige que los actos reclamados tienen como consecuencia material que el impetrante siga recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", sito en Buena Vista Tomatlán, Michoacán. Por tanto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 37 antes mencionado, se advierte que la ejecución de los actos reclamados tiene lugar fuera del territorio en el cual ejerce su jurisdicción este Juzgado de Distrito. En consecuencia, la competencia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, se surte a favor de un Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de reclusión del impetrante. Así las cosas, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que éste órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la cuestión planteada, y estima competente al juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el centro de reclusión en el que se encuentra privado de la libertad el directo agraviado. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 1ª./j.48/2005, consultable en la página 5, del Tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." También invoca por aplicable, el criterio sustentado por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, del Semanario Judicial de la Federación Tomo 217-228, Séptima Época, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AÚN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto al juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, a fin de que analice la competencia que se declina y, en su caso, sea esta autoridad quien determine la procedencia de la demanda de amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que los actos reclamados se hagan consistir en omisiones atribuidas a las autoridades responsables; sin embargo, se estima que dichas omisiones tienen efectos positivos, que se traducen en que el peticionario del amparo siga privado de su libertad, o en su caso, permanezca en un estado legal de reclusión al que pudiera ya no pertenecer. Es por ello que se considera que el conocimiento del juicio de amparo en que se actúa, debe tramitarse ante el juzgado Federal que ejerza jurisdicción donde tienen ejecución los actos reclamados, al tener como consecuencia que el quejoso continúe privado de la libertad en el centro de reclusión donde se encuentra. VI. Domicilio. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo. VII. Se solicita acuse de recibo y se ordena formar cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuadernillo de incompetencia respectivo, para debida constancia legal, ordenándose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicítese al juez declinado el acuse de recibo correspondiente. VIII. Se ordena girar exhorto. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán", sito en Buena Vista Tomatlán, es decir, fuera de la jurisdicción de este Tribunal, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal ordene al actuario de su adscripción que se constituya en el citado centro penitenciario para que notifique el presente proveído a Roberto Alemán Jiménez García, y le haga entrega de copia autorizada del mismo. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, hágasele del conocimiento a la autoridad exhortante que se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de la presente diligencia. El exhorto de mérito gírese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como comunicación oficial electrónica, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación dentro del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los asuntos de Justicia Penal Federal. Para tal efecto, encomiéndese a la oficial judicial "A" el envío de dicha comunicación que se validará con las firmas electrónicas de la suscrita y de la secretaria que da fe de este acuerdo. Se solicita a la autoridad exhortada, que una vez diligenciada la comunicación oficial de referencia, dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 110, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y remita las actuaciones conducentes, resultado del trámite de la comunicación oficial electrónica a este órgano jurisdiccional. Sin que resulte legalmente válido devolver sin diligenciar la comunicación oficial de mérito, con motivo a que no se firme de manera autógrafa, pues de acuerdo a los artículos 3,10, 12 inciso f y 13, inciso d, del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; los documentos electrónicos que se envíen y contengan la FIREL, producirán los efectos que los presentados con la firma autógrafa. IX. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. En el entendido que en términos del artículo 23 del referido Acuerdo General 21/2020, toda notificación que se ordene de manera personal deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese por exhorto. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de María Quiroz García, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe." DOS RUBRICAS ILEGIBLES. PARA LO QUE POR MI MANDADO TENGA SU MAS FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO, EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL MÍO PROPIO, EXHORTO Y SOLICITO A USTED PARA QUE TAN PRONTO OBRE EN SU PODER EL PRESENTE, SE SIRVA MANDARLO DILIGENCIAR EN SUS TÉRMINOS; HECHO QUE SEA LO ANTERIOR, SE DEVUELVA A LA BREVEDAD, SEGURO DE MI RECIPROCIDAD EN CASOS ANÁLOGOS. A t e n t a m e n t e. León, Guanajuato, 29 de diciembre de 2021. "2021, Año de la Independencia". Gabriela Elizeth Almazán Hernández. Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. María Quiroz García. Secretaria Judicial. María Quiroz García,

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