Roberto Aleman Jiménez García

Expediente 696/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
696/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Roberto Aleman Jiménez García
  • Titular del Area Medica del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 Cps

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    En dieciocho de marzo de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, transcurrió del veinticinco de febrero al diez de marzo de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada personalmente el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, sin que lo hubiera hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Con ello se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Notificación personal. Ahora bien, dado que el quejoso Roberto Alemán Jiménez García, guarda reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, se comisiona al actuario respectivo, para que conforme al turno que se lleva en este juzgado, se constituya en dicho centro de reclusión y le notifique el presente proveído. Para lo cual, deberá practicar la notificación correspondiente, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de la persona justiciable, incluyendo los documentos que en su caso deban entregarse; además, en estricta observancia a las reglas relativas a notificaciones, previstas en el capítulo IV de la Ley de Amparo. De ser el caso, instrúyase al área administrativa de este juzgado, para los efectos del artículo 136, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

  2. Principal

    : ".AUTORIDAD RESPONSABLE 1) DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO PENITENCIARIO DE READAPTACIÓN SOCIAL CEFERESO NO. 17 CPS MICHOACÁN. 2) COMISIONADO DEL ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 3) JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON COMPETENCIA EN EJECUCIÓN PENAL ADSCRITA AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL MICHOACÁN. 4) TITULAR DEL ÁREA MÉDICA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE READAPTACIÓN SOCIAL CPS-17 MICHOACÁN. 5) C. JUEZ SEGUNDO DE EJECUCIÓN DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. ACTO RECLAMADO FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA POR PARTE DE LA ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRIA. LA OMISIÓN DE LA PETICIÓN QUE SE ENVÍO AL ÁREA MÉDICA EL 5-JUNIO-2021, FOLIO 0106/12946, DIRIGIDA AL ÁREA MÉDICA. ESTO ES LO QUE RECLAMÓ AL TITULAR DEL ÁREA MÉDICA. LA OMISIÓN DEL JUEZ SEGUNDO DE EJECUCIÓN DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, CON CABECERA EN PACHUCA HIDALGO, YA QUE ME ENCUENTRO BAJO SU DIGNÓ CARGO BAJO EL EXPEDIENTE 56/2014, SIENDO OMISO YA QUE SE LO HICE SABER A TRAVÉS 10-JUNIO-2021, POR CORREOS DE MÉXICO, YA QUE ES LE MEDIO PARA HACERLE SABER LO QUE SOLICITO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON COMPETENCIA EN EJECUCIÓN PENAL ADSCRITA AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL DE MICHOACÁN, LA CUAL LE ENVÍE MI PETICIÓN EL DÍA 8-JUNIO-2021, A TRAVES DEL CORREO DE MÉXICO, SIENDO OMISA EN PRONUNCIAR QUE SE ME DE ATENCIÓN MÉDICA.". El quejoso expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 4°, 8°, 17, 18, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Competencia declinada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León. Por acuerdo de treinta de julio de dos mil veintiuno (fojas 15 a 20 del tomo I), el Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, la registró como amparo indirecto número 580/2021; y, concedió la suspensión de oficio y de plano respecto de la omisión de atención médica reclamada; para el efecto de que cesara el estado de omisión o falta de atención médica; por lo que, requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. Por otra parte, determinó que era legalmente incompetente por razón de territorio, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de este juicio, toda vez, que el quejoso se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 " CPS Michoacán", en Buenavista; por lo cual, estimó que el facultado para conocer sería el Juez de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán de Ocampo; luego, ordenó remitir a la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta localidad, para que lo turnara al juzgado que por razón de turno correspondiera conocer. Competencia declinada por el Juzgado Octavo de Distrito en Amparo en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan. La demanda de amparo de referencia fue turnada al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien en proveído de once de agosto de dos mil veintiuno (fojas 49 a 67 del tomo I), la registró con número de expediente 459/2021; admitió la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio; reiteró la medida cautelar decretada por el juez declinante; pidió a las autoridades responsables los informes de ley; se reservó proveer respecto de las pruebas solicitadas por el quejoso, hasta en tanto se recabaran los informes justificados y señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. En proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno (fojas 786 a 795 del tomo I), estimó que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio debía separarse, por lo que, ordenó dividir el juicio. En esas condiciones, en el juicio de amparo 459/2021, se analizaría únicamente los actos reclamados por el quejoso Roberto Alemán Jiménez García, consistente en: "LA OMISIÓN DEL JUEZ SEGUNDO DE EJECUCIÓN DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, CON CABECERA EN PACHUCA HIDALGO, YA QUE ME ENCUENTRO BAJO SU DIGNÓ CARGO BAJO EL EXPEDIENTE 56/2014, SIENDO OMISO YA QUE SE LO HICE SABER A TRAVÉS 10-JUNIO-2021, POR CORREOS DE MÉXICO, YA QUE ES LE MEDIO PARA HACERLE SABER LO QUE SOLICITO.". Y, en un juicio de amparo diverso, se estudiaran los actos reclamados consistentes en: FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA POR PARTE DE LA ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRIA. LA OMISIÓN DE LA PETICIÓN QUE SE ENVÍO AL ÁREA MÉDICA EL 5-JUNIO-2021, FOLIO 0106/12946, DIRIGIDA AL ÁREA MÉDICA. ESTO ES LO QUE RECLAMÓ AL TITULAR DEL ÁREA MÉDICA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON COMPETENCIA EN EJECUCIÓN PENAL ADSCRITA AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL DE MICHOACÁN, LA CUAL LE ENVÍE MI PETICIÓN EL DÍA 8-JUNIO-2021, A TRAVES DEL CORREO DE MÉXICO, SIENDO OMISA EN PRONUNCIAR QUE SE ME DE ATENCIÓN MÉDICA.". Atribuidos a las siguientes autoridades: Juez de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la ciudad de México. Director General del Centro Federal de Readaptación Social, número 17 "CPS MICHOACÁN," con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo. Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social, número 17 "CPS MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Asimismo, respecto del juicio separado se determinó que el competente para conocer de dichos actos era el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad; lo anterior, debido a que con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen a este juicio, este órgano de control constitucional conoció de una diversa con número de expediente 94/2021, cuyos actos reclamados se vinculaban al conocimiento de los demandados en la presente instancia constitucional, como era la controversia 85/2020, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio con competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. En esas condiciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 46, párrafo sexto y séptimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó remitir el juicio separado del expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, para que la registrara como demanda nueva, y por virtud de conocimiento previo, lo turnara al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad. Trámite de la demanda de amparo ante este órgano de control constitucional. La demanda de amparo, fue turnada a este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, el tres de diciembre de dos mil veintiuno, y en proveído de seis siguiente (fojas 827 a 834 del tomo I), se recibió el expediente 459/2021; se registró con número de expediente 656/2021; se aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto; solicitó la aclaración de informes a las autoridades responsables Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia; y al Titular del Área Médica del Centro de Federal de Readaptación Social número diecisiete "CPS-MICHOACÁN", con residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán de Ocampo; se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por el quejoso en su escrito de demanda; para lo cual, requirió al Director del referido centro de readaptación social, para que remitiera las copias certificadas del expediente clínico que tuvieran en dicha institución respecto del quejoso; y señaló fecha para la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento, se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, y, 57, fracción IV ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos con ejecución dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", el cual, tienen domicilio en Buenavista Tomatlán, Michoacán, lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa Roberto Alemán Jiménez García, reclama: Del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán; y, del Comisionado de la Prevención y Readaptación Social, con sede en la ciudad de México: La violación a su derecho de salud, consistente en la omisión de proporcionarles atención médica, en la especialidad de psiquiatría. Del titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán: La omisión de atender la petición enviada mediante folio 0106/12946, de cinco de junio de dos mil veintiuno. De la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán de Ocampo: La omisión de dar respuesta a la petición enviada el ocho de junio de dos mil veintiuno, relativa a la solicitud de que se le otorgue atención médica. TERCERO. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LAS OMISIONES RECLAMADAS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, dado que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". El precepto transcrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se probare su existencia. Así, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de su existencia conduce al sobreseimiento. OMISIÓN RECLAMADA AL COMISIONADO DE LA PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido desde un punto de vista conceptual, que la simple inactividad no equivale a una omisión; y, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Cuando en sede constitucional se reclamen actos omisivos y las autoridades nieguen su existencia, es imperativo para el Juzgador constitucional analizar si la responsable se encontraba en aptitud legal de atender lo solicitado. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) y tesis 1a. XVII/2018 (10a.), emitidas por la Segunda y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." En el caso, el solicitante del amparo reclamó al Comisionado de la Prevención y Readaptación Social y al Coordinador de Centros Federales; ambos con sede en la ciudad de México, la violación a su derecho de salud, consistente en la omisión de proporcionarles atención médica, en específico, otorgar la atención en el área de psiquiatría. El titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, al rendir el informe justificado, en representación del Comisionado de la Prevención y Readaptación Social, negó la existencia de la omisión reclamada (fojas 719 a 721 del tomo I). Ahora, para estar en condiciones de determinar la existencia de la omisión reclamada a dichas autoridades es imprescindible que exista el deber de proporcionar atención médica al quejoso y, por ende, que haya incumplido con esa obligación. Aquí, es preciso traer a colación el contenido del artículo 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, del que se advierte: "Artículo 17.- Los titulares de los centros federales tendrán las funciones siguientes: A) De los CEFERESO: I. Dirigir la organización, administración y funcionamiento del CEFERESO, así como garantizar la custodia, permanencia y protección de los internos, visitantes y personal que labore en el mismo; II. Vigilar el respeto absoluto a las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad de los internos; III. Implantar las medidas necesarias para el tratamiento de los internos y garantizar la seguridad de visitantes y empleados en el CEFERESO; IV. Supervisar que se cumplan las sentencias, observando puntualmente las leyes y reglamentos en materia de ejecución de penas, así como las normas generales y especiales que rigen en el CEFERESO; V. Proponer el perfil del personal técnico, jurídico, administrativo, de seguridad, custodia y guarda, necesario para garantizar el buen funcionamiento del CEFERESO y promover su capacitación y actualización permanente; VI. Intervenir en la elaboración de los criterios generales sobre el tratamiento técnico integral a los internos; VII. Autorizar las visitas familiares, íntimas o de otra índole, a los internos previo acuerdo del Consejo Técnico Interdisciplinario, en los términos del Reglamento del CEFERESO y del Instructivo de Visita; VIII. Supervisar los programas de trabajo y organizar los talleres de producción del CEFERESO; IX. Autorizar la internación de profesionales del Sector Salud ajenos al CEFERESO para atender en su interior casos de gravedad, previo dictamen de la Jefatura de Servicios Médicos del CEFERESO; X. Vigilar la observancia de los lineamientos disciplinarios y procurar su corrección cuando se infrinjan; XI. Presidir el Consejo Técnico Interdisciplinario del CEFERESO y verificar que se cumplan los acuerdos generales adoptados; XII. Formular los programas, proyectos de presupuestos y actividades que correspondan al CEFERESO; XIII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del CEFERESO, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Administración del Órgano; XIV. Supervisar el funcionamiento del CEFERESO e informar a sus superiores, en forma inmediata, sobre los acontecimientos más relevantes, sin perjuicio de adoptar las medidas urgentes que resulten necesarias para la salvaguarda de los objetivos del CEFERESO; XV. Establecer coordinación con las fuerzas de seguridad federal y estatal para solicitar su intervención y apoyo en caso de emergencia, y XVI. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Comisionado." Del precepto legal recién transcrito se advierte que la competencia para proporcionar atención médica, corresponde directamente a los titulares de los centros federales. Es decir, a estos les corresponde dirigir la organización, administración y funcionamiento del CEFERESO, así como garantizar la custodia, permanencia y protección de los internos, visitantes y personal que labore en el mismo; además, vigilar el respeto absoluto a las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad de los internos e Implantar las medidas necesarias para el tratamiento de los internos. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el numeral 52 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, se advierte que el traslado de un interno a una institución pública del sector salud, así como su custodia durante su internamiento en ésta, se realizará bajo la más estricta responsabilidad del Director General, quien para tal efecto podrá solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad pública. En ese sentido, es evidente que la obligación directa de proporcionar la atención médica y garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad, compete al Director de los Centros de Readaptación Social, y no al Comisionado de la Prevención y Readaptación Social. De ahí que se tenga por inexistente la omisión reclamada a dichas autoridades. OMISIÓN RECLAMDA AL TITULAR DEL ÁREA MÉDICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 "CPS MICHOACÁN", CON SEDE EN BUENAVISTA TOMATLAN. Tampoco existe la omisión reclamada del Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlan, consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de cinco de junio de dos mil veintiuno, con folio 0106/12946. Lo anterior es así, pues dicha autoridad negó la existencia de la omisión al rendir su informe justificado (fojas 677 a 682 del tomo I). Asimismo, mediante oficio presentado ante este Órgano de Control Constitucional el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el Director Técnico del referido centro de reclusión, informó que, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se dio respuesta a la petición formulada por el aquí quejoso el cinco de junio anterior; por lo que se le brindó atención médica y le proporcionaron los medicamentos correspondientes a los padecimientos que presento (foja 1001 del tomo I de pruebas). A fin de acreditar sus afirmaciones exhibió copias certificadas de: Formato único de petición con número de folio 0106/12946 de cinco de junio de dos mil veintiuno, del que se advierte que Roberto Alemán Jiménez García, solicitó una consulta en el parea de psiquiatría, al aducir que no podía dormir y tener ansiedad (foja 1006 del tomo I). Formato único de respuesta de petición de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, signado por el doctor Jesús Valle Ríos, del que se desprende que el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se brindó atención médica al quejoso (foja 1005 del tomo I de pruebas) Nota médica expedida por el médico general doctor Valle, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno (foja 1003 del tomo I de pruebas), del cual se advierte que al paciente Roberto Alemán Jiménez García, refirió presentar tic nervioso facial y de brazo derecho, además de irritación conjuntival, dolor en el pie izquierdo, muy marcado al realizar hipertensión de los dedos del pie en mención, por lo que, prescribió clonazepan, ciprofloxaxino, hipromelosa, pregabalina. Kardex de enfermería a nombre del quejoso, del que se advierte que le entregaron suministraron los medicamentos de referencia (foja 1004 del tomo I). Las documentales de referencia por su naturaleza pública tienen pleno valor probatorio en los términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2° de la Ley de Amparo. Y, con los cuales se acredita que desde el veintitrés de junio de dos mil veintiuno; esto es, previamente a la presentación de la demanda de amparo (treinta de julio de dos mil veintiuno), la responsable ya había dado respuesta a la petición de atención médica formulada por el quejoso el cinco de junio de dos mil veintiuno; tan es así, que le prescribieron los medicamentos que requirió de acuerdo a la valoración médica realizada, de ahí que, no exista la omisión de dar respuesta a la petición enviada al área médica con folio 0106/12946. Sirve de apoyo, la tesis II. 1o. C. T. 217 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". En esas condiciones, al encontrarse probado que no existe la omisión reclamada al Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán. Luego, en mérito de lo expuesto procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto de las omisiones atribuidas al Comisionado de la Prevención y Readaptación Social y al Coordinador de Centros Federales; ambos con sede en la ciudad de México, y al Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Dado el sobreseimiento decretado en este juicio constitucional, existe imposibilidad jurídica para estudiar el fondo del asunto, atento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. CERTEZA DE LOS DIVERSOS ACTOS RECLAMADOS. El Encargado de la Dirección del Centro Federal de Readaptación Social número 17, "CPS MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlán, al rendir su informe justificado (fojas 677 a 682 del tomo I), negó la existencia del acto reclamado consistente en la violación al derecho de salud, consistente en la omisión de proporcionar atención médica al quejoso, en específico, otorgar atención médica en la especialidad de psiquiatría. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, ya que el hecho de que se allegaran diversas constancias relativas a notas médicas en las que se observa la atención medica prestada al quejoso, no es suficiente para estimar que sí se les proporciona atención médica adecuada, ya que tal cuestión atañe necesariamente al fondo del asunto, de ahí que se tenga por cierto el acto reclamado en la presente instancia. De ahí que se tenga por cierta la omisión reclamada a dicha autoridad. Por otra parte, también es cierta la omisión reclamada a la Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán de Ocampo. En efecto, la citada autoridad al rendir el informe de ley (fojas 74 a 78 del tomo I), negó la omisión a él atribuida. No obstante, lo anterior, dicha negativa se desvirtúan, ya que el hecho que la citada autoridad responsable allegara diversas constancias relativas a acreditar que la omisión reclamada no existe, no es suficiente para estimar que sí se respetó el derecho de petición y acceso a la justicia que reclama el quejoso, ya que tal cuestión atañe necesariamente al fondo del asunto. Ello en atención, a que el solicitante de amparo se encuentra privado de su libertad y, por ende, en una condición de vulnerabilidad; por lo que, estimar lo contrario implicaría dejarlo en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le han respetado o no los derechos de petición y acceso a la justicia que reclama, y en qué condiciones. De ahí que se tengan por ciertas las omisiones reclamadas a dichas autoridades en la presente instancia. Es ilustrativa, la jurisprudencia PC.VII. P. J/3 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro y texto: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO. El Estado es responsable, en su condición de garante, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia; así, en términos del numeral 29 del Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2006, el área de Servicios Médicos es la responsable de velar por la salud física y mental de los internos, así como de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo. En ese tenor, cuando el acto reclamado por un interno en el juicio de amparo consiste en la negativa u omisión de proporcionarle atención médica y la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, niega el acto y exhibe diversas constancias para acreditar que sí ha proporcionado al recluso el servicio médico, no procede sobreseer en el juicio de conformidad con en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo por inexistencia del acto reclamado, sino determinar, mediante un estudio de fondo si se ha respetado o no el derecho humano a la salud, al ser éste, precisamente, el acto reclamado, partiendo de la base de que el quejoso, al estar privado de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad; estimar lo contrario implicaría dejarlo en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le ha prestado el servicio y en qué condiciones. Esto es, sobreseer con base en la causa referida, aunque sea realizando un estudio periférico o superficial de las constancias para establecer si se le ha prestado o no la atención médica (para determinar la existencia o no del acto), atañe necesariamente al fondo de la cuestión planteada, pues implica tomar en cuenta los padecimientos reportados y la atención médica proporcionada". QUINTO. OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Los actos reclamados son de carácter omisivo; por tanto, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo mientras subsista la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, entonces, teniendo en cuenta que dicha conducta no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, la promoción del juicio de amparo contra actos que involucren omisiones de las autoridades, no se encuentran sujetos al término genérico que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis III.5º.C.21 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia". SEXTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El estudio de las causas de improcedencia, debe abordarse de oficio por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respalda lo sostenido, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI DE LA LEY DE AMPARO. Este órgano de control constitucional, advierte que, respecto del acto reclamado a la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, en Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, consistente en la omisión de dar respuesta a la petición enviada el ocho de junio de dos mil veintiuno, relativa a la solicitud de que se le otorgue atención médica, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. La causal de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Es aplicable, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, Roberto Alemán Jiménez García, reclama de la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán de Ocampo, la omisión de dar respuesta a la petición enviada el ocho de junio de dos mil veintiuno, relativa a la solicitud de que se le otorgue atención médica. Al respecto, el referido quejoso en su escrito de demanda señaló, que el ocho de junio de dos mil veintiuno, envió petición a la citada Juez, en la cual solicita atención medica; sin embargo, ha sido omisa en responder. La autoridad responsable al rendir su informe justificado, negó la existencia de la omisión reclamada, y adjuntó copias certificadas de la controversia 85/2020, de su índice de las que destacan las siguientes constancias: En proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte (fojas 153 a 152 del tomo I), la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en ejecución penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, aceptó la competencia declinada por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Apatzingán, y se declaró competente para conocer de la controversia planteada por Roberto Alemán Jiménez García, contra la autoridad penitenciaria, únicamente en lo concerniente a sus condiciones de internamiento, bajo la particularidad del derecho a la salud que le asiste al interno; por lo que dio inicio a la controversia número 85/2020. En esas condiciones, se requirió al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", para que de inmediato realizara las gestiones necesarias con la finalidad de que el citado Jiménez García, recibiera la atención médica especializada correspondiente a sus padecimientos y de conformidad con el diagnostico indicado, determinara la atención médica y el tratamiento respectivo. Por auto de uno de diciembre de dos mil veinte (fojas 196 a 198 del tomo I), se tuvo al Director General del Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, informando que Roberto Alemán Jiménez García fue valorado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el centro de reclusión, para lo cual, anexó la nota medica correspondiente. Asimismo, informó que se solicitó interconsulta en traumatología y ortopedia al Director del Hospital Regional de Apatzingán, Michoacán, para que le brindaran atención médica. Por lo que, se ordenó girar oficio al citado nosocomio a efecto de que informaran lo correspondiente. Finalmente, se ordenó requerir al Director del citado centro penitenciario, a efectos de que dentro del plazo de tres días, informara el resultado de las gestiones realizadas. En proveído de siete de diciembre de dos mil veinte (fojas 209 y 210 del tomo I), se designó a la licenciada María del Socorro Sarabia García, como defensora del aquí quejoso. Mediante acuerdo de diez de diciembre de dos mil veinte (foja 222 del tomo I), se tuvo al director del Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS Michoacán", informando que Roberto Alemán Jiménez García, fue valorado en cinco de diciembre de dos mil veinte, en la especialidad de traumatología y ortopedia del Hospital Regional de Apatzingán; y, en proveído de cinco de enero de dos mil veintiuno (foja 234 del tomo I), se tuvieron por recibidas las constancias que así lo acreditaron. En proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, se turnó el expediente a la Administración del Centro de Justicia Penal Federal, para que señalara fecha y hora para el desahogo de la audiencia correspondiente (fojas 346 y 347 del tomo I). El tres de agosto de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de Partes y Turno del Juzgado de Distrito responsable, escrito signado por el aquí quejoso, registrado con folio 19212, por medio del cual, interpuso controversia contra las autoridades penitenciarias del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS Michoacán", en el que expuso: "Motivos de inconformidad La Dirección del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS Michoacán", no ha cumplido con garantizar el derecho a preservar la salud, se debe gestionar lo concerniente para interconsulta con algún especialista (psiquiatría) y poder determinar el tratamiento o medicamento que se requiere, ya que de no ser así, prácticamente equivale a negarme el derecho a la salud.". En esas condiciones, en auto de tres de agosto de dos mil veintiuno (fojas 377 a 367 del tomo I), no se realizó mayor pronunciamiento al respecto, debido a que en dicho proveído se acordó lo relativo a la suspensión de plano decretada en el presente juicio, consistente en que se proporcionara atención medica al quejoso, en la especialidad de psiquiatría. Sin embargo, se ordenó correr traslado a la defensa para que manifestara lo que a su interés conviniera. En proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno (fojas 428 a 436 del tomo I), se tuvo por recibido oficio del Director del Hospital Psiquiátrico "Dr. José Torres Orozco", mediante el cual informó que se señalaron las ocho horas del catorce de septiembre del dos mil veintiuno, para que el interno fuera trasladado a ese nosocomio a efecto de que se realizara la valoración correspondiente; de lo que se ordenó informar al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", para que se tomara nota de la fecha correspondiente. Asimismo, se tuvo por recibido escrito registrado con folio 20068, firmado, entre otro, por el quejoso, mediante el cual, informó: "[.] que en repetidas ocasiones he realizado peticiones dirigidas al Director General del CEFERSO 17 de Buenavista Tomatlán, Michoacán, siendo la ultima el día 27 de julio del 2021, por escrito y sin que se diera acuse de recibo. Por lo que se presenta, dicha controversia para que le den la atención médica adecuada, ya que un custodio, sin proporcionarme si nombre del Centro, me informó que de momento no se me tendría que dar dicha atención médica, esto siendo el día siete de agosto de dos mil veintiuno. Me permito informarle que el suscrito tiene una lesión en la pierna y tobillo derecho, teniendo dolores intensos sin que se me dé una atención adecuada con algún especialista y el tratamiento adecuado, necesitando estudio y calzado ortopédico sin que se me atienda adecuadamente." En esas condiciones, la juzgadora en atención al derecho a la salud que asiste a los internos, se decretó la ampliación de atención médica (traumatología) requirió al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS Michoacán, para que de inmediato realizara las gestiones necesarias con la finalidad de que a la persona privada de su libertad, se le valore de manera integral por parte del galeno de dicha institución, conforme a los padecimiento que aduce tener y determine la atención médica (incluso especializada) y el tratamiento farmacéutico necesario, lo que deberá realizar en un plazo de setenta y dos horas. Asimismo, se le instruyó para que de inmediato realizara los trámites correspondientes a efecto que la persona privada de la libertad fuera valorada nuevamente por un especialista en traumatología e informara de inmediato los resultados para tal fin, dentro del plazo de setenta y dos horas. También, para privilegiar la salud de la persona privada de la libertad, se vinculó a los directores del Hospital General de Apatzingán y al del Hospital "Dr. Miguel Silva", de la ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, para que en el plazo de setenta y dos horas, se coordinaran con el directo del recinto carcelario federal, con la finalidad de que el interno fuera consultado en la especialidad de traumatología. Mediante oficio SSOC/PRS/CGCF/CFRS17/DG/11227/2021, de doce de agosto de dos mil veintiuno, el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", informó que, Roberto Alemán Jiménez García, fue valorado por medicina general, el cuatro de agosto, en el que se le diagnostico insomnio, pterigion y faringitis, por lo que se le prescribió clonazepan, Xyloproct, Zapex, Betametasona y Montelukast. (Se acompañó copia certificada de la nota médica respectiva -foja 457 del tomo I-). Asimismo, se informó que, la persona privada de la libertad estaba programada para ser atendida por el especialista en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico "Dr. José Torres Orozco", de Morelia, Michoacán de Ocampo, en la segunda quincena del mes de septiembre de dos mil veintiuno. En esas condiciones, en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno (foja 461 del tomo I), se tuvo Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", dando cumplimiento a los requerimientos realizados. Por auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno (foja 710 del tomo I), se tuvieron recibidas requisitorias diligenciadas, en las que se hizo constar las notificaciones al quejoso de los proveídos de treinta de junio, tres y diecinueve de agosto de dos mil veintiuno respectivamente, en las que refirió, en lo que aquí interesa: ".Juez no he sido entrevistado por el defensor de oficio que nos fue asignado y no eh sido valorado por psiquiatría.pido ser entrevistado con el médico psiquiátrico por video consulta, ya que no es adecuado el traslado." En atención a lo anterior, se dio vista y se requirió a la defensa pública federal nombrada, para que dentro del plazo de tres días, proporcionara la asistencia a su defendido y, en su caso, solicitara lo que a su interés conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría una multa. En proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 736 a 739 del tomo I), se tuvo por recibida requisitoria mediante la cual, se notificó al aquí quejoso, el proveído de doce de agosto pasado, en la cual, el sentenciado refirió: ". Juez pido que se me haga a través de vía interconexión ya que no quiero asistir de manera personal ya que la camioneta que menciona no es la adecuada para un traslado, si usted puede darle este pedio por favor.". En relación a lo cual, se ordenó dar vista y se requirió a la defensa a efectos de que dentro del plazo de tres días, proporcionara la asistencia técnica al defendido -aquí quejoso-, y solicitara lo que a su interés conviniera. En proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno (foja 750 del tomo I), se tuvo al defensor público, dando cumplimiento a la prevención antes realizada, de lo que se tomó conocimiento para los efectos conducentes. Por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno (foja 761 del tomo I), se informó que el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, la persona privada de la libertad Roberto Alemán Jiménez García, se negó a salir de su celda para acudir a la cita programada en el Hospital Psiquiátrico "Dr. José Torres Orozco", de Morelia, Michoacán de Ocampo, con lo que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno (fojas 774 a 779 del tomo I), se informó que el quince de septiembre de dos mil veintiuno, la persona privada de la libertad Roberto Alemán Jiménez García, se negó a salir de su celda para acudir a la cita programada en el Hospital "Dr. Miguel Silva", de Morelia, Michoacán de Ocampo, con lo que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera. Asimismo, se atendió la manifestación realizada por el aquí quejoso, en la actuación practicada el siete de octubre de dos mil veintiuno, en el que manifestó: "Está enterado ya que manifiesta no se ha negado a salir lo cual el vehículo no es el adecuado como se ha manifestado en repetidas ocasiones no está en condiciones aptas para un traslado; de lo mismo se desprende que lo retendrán 15 días aislado por seguridad después de salir a la valoración. En audiencia la juez hizo mención que el centro debe contar con los especialistas médicos, lo cual a día de hoy no existen solo un médico familiar." Con dichas manifestaciones se dio vista al defensor público asignado, para que proporcionara la asistencia técnica necesaria a su defendido, y en su caso, le informara las consecuencias legales que pudiera tener si se niega a asistir a las consultas que le han programado, que se traduce en que se declare cumplida dicha controversia. Ahora, de las constancias del expediente médico del quejoso, destaca la nota médica de video consulta en psiquiatría de veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno, expedida por el doctor Arturo Alcalá Ávila, de la que se desprende que de la valoración realizada a Roberto Alemán Jiménez García, se diagnosticó con trastorno del sueño, para lo cual, se le prescribió suspender el clonazepam, y tomar diazepam, por cinco meses; bromazepam por seis meses; y se indicó cita en cinco meses (foja 974 del tomo II). Las documentales de referencia, merecen valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2° de la Ley de Amparo; y con los cuales, se pone de manifiesto que la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución de Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal Michoacán de Ocampo, atendió la petición formulada por el quejoso, respecto a la solicitud de atención médica en el área de psiquiatría. Lo anterior, pues como se advierte de las constancias de la controversia 85/2020, el tres de agosto de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de Partes y Turno del Juzgado de Distrito responsable, escrito signado por el aquí quejoso, registrado con folio 19212, por medio del cual, interpuso controversia contra las autoridades penitenciarias del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS Michoacán", en el que expuso: "Motivos de inconformidad La Dirección del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS Michoacán", no ha cumplido con garantizar el derecho a preservar la salud, se debe gestionar lo concerniente para interconsulta con algún especialista (psiquiatría) y poder determinar el tratamiento o medicamento que se requiere, ya que de no ser así, prácticamente equivale a negarme el derecho a la salud.". En esas condiciones, en auto de esa misma data (fojas 377 a 367 del tomo I); si bien, no se realizó mayor pronunciamiento respecto a dicho escrito; sin embargo, esto se debió a que en dicho proveído se acordó lo relativo a la suspensión de plano decretada en el presente juicio, consistente en que se proporcionara atención medica al quejoso, en la especialidad de psiquiatría; por lo que, se requirió al Director General del Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS Michoacán," para que de inmediato otorgara la atención médica solicitada. Lo cual se realizó, pues después de diversas gestiones, en el expediente clínico del quejoso obra la nota médica de video consulta en psiquiatría de veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno, expedida por el doctor Arturo Alcalá Ávila, de la que se desprende que de la valoración realizada a Roberto Alemán Jiménez García, en la que se le prescribió el medicamento correspondiente al diagnóstico y se indicó cita para dentro de cinco meses posteriores. De ahí que, es inconcuso que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues es evidente que los actos reclamados cesaron en sus efectos; toda vez que, en proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno, dictado dentro de la controversia 85/2021, del índice de la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Michoacán, se atendió la petición formulada por el quejoso, relativa a que se le proporcionara atención médica especializada en psiquiatría; pues la autoridad responsable realizó las gestiones pertinentes para tal efecto. En esas condiciones, se hace innecesario el análisis de su constitucionalidad, pues la posible afectación causada al impetrante de garantías ha desaparecido como si se le hubiera concedido el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, no siendo factible que esa actuación judicial reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. Ello es así, toda vez que los alcances por los que se podía otorgar la protección constitucional debían delimitarse en función del acto reclamado (omisión de atender la petición formulada el ocho de junio de dos mil veintiuno, relativa a que se le de atención médica), y en consideración a que dicha petición ya fue atendida el tres de agosto de dos mil veintiuno, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes citada; no es posible realizar un pronunciamiento al respecto. Sin que pase desapercibido que el quejoso señaló como acto destacado: "la omisión de atender la petición enviada el ocho de junio de dos mil veintiuno, a través de correos de México."; y, que de las constancias que obran en el expediente de la controversia de origen, no se advierte la existencia de ninguna petición enviada en la fecha referida, sino únicamente la petición remitida por el aquí quejoso a través de correos de México el veintiocho de junio de dos mil veintiuno (foja 376 del tomo I), misma que fue atendida en proveído de tres de agosto de la citada anualidad en los autos de la controversia 85/2020, de índice de la autoridad responsable. Empero, dicho aspecto no es óbice para estimar que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos; ya que como se analizó de las constancias, se atendieron las diversas peticiones del quejoso relativas a que se le otorgara la atención médica solicitada. Por ende, al surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, se sobresee en el presente juicio de garantías por lo que respecta a la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, en Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, consistente en la omisión de dar respuesta a la petición enviada el ocho de junio de dos mil veintiuno, relativa a la solicitud de que se le otorgue atención médica, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, por identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo interpretada, con los numerales 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo Vigente, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 71, tomo VI, noviembre de 1997, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIX DE LA LEY DE AMPARO. Este órgano de control constitucional estima que respecto del acto reclamado al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, consistente en la violación al derecho de salud del quejoso, consistente en la omisión de proporcionarles atención médica, en la especialidad de psiquiatría, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;.". Dicho numeral prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. De la interpretación de dicho precepto legal se obtiene que para que se actualice dicha causal de improcedencia es necesario que concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio de defensa legal contra el acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley, y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. Tiene aplicación, la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". Dicho criterio jurídico es aplicable al caso por la identidad jurídica existente entre el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo en vigor, y el ordinal 73, fracción XIV, del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. Ahora, los artículos 116 a 129 de la Ley de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. Artículo 118. Controversia sobre la duración, modificación y extinción de la pena La Autoridad Penitenciaria es la competente para determinar el día a partir del cual deberá empezar a computarse la pena privativa de la libertad, que incluirá el tiempo en detención, la prisión preventiva y el arresto domiciliario. La persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, podrán acudir ante el Juez de Ejecución para obtener una resolución judicial cuando surja alguna controversia respecto de alguna de las siguientes cuestiones: I. El informe anual sobre el tiempo transcurrido en el Centro o el reporte anual sobre el buen comportamiento presentados por la Autoridad Penitenciaria; II. La determinación sobre la reducción acumulada de la pena; III. La sustitución de la pena por los motivos previstos en esta Ley; cuando no se hubiere resuelto respecto del sustitutivo penal; la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la sentencia, o porque devenga una causa superveniente; IV. El incumplimiento de las condiciones impuestas para la sustitución de la pena; V. La adecuación de la pena por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona sentenciada; VI. La prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas; VII. El cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la pena, y VIII. Las autorizaciones de los traslados internacionales de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Cualquiera que sea el promovente, se emplazará a las demás partes procesales y el Ministerio Público no podrá fungir como representante de la Autoridad Penitenciaria. La víctima o su asesor jurídico, sólo podrán participar en los procedimientos ante el Juez de Ejecución, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. Artículo 119. Controversias sobre medidas de seguridad Las controversias sobre la modificación, extinción o cesación de las medidas de seguridad, se resolverán de acuerdo con las normas previstas en el Código para personas imputables con los ajustes razonables que en el caso concreto acuerde el Juez de Ejecución, para garantizar su derecho a la defensa. Capítulo V Procedimiento Jurisdiccional Artículo 120. Principios del procedimiento Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; mientras que la Autoridad Penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del Centro o de la persona que ésta designe. El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental. Artículo 121. Partes procesales En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de acuerdo a la naturaleza de la controversia: I. La persona privada de la libertad; II. El defensor público o privado; III. El Ministerio Público; IV. La Autoridad Penitenciaria, el Director del Centro o quién los represente; V. El promovente de la acción o recurso, y VI. La víctima y su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. Cuando se trate de controversias sobre duración, modificación o extinción de la pena o medidas de seguridad, sólo podrán intervenir las personas señaladas en las fracciones I, II, III, IV y VI, del presente artículo y en este último caso respecto de la reparación del daño. Cuando el promovente no sea la persona privada de la libertad, el Juez de Ejecución podrá hacerlo comparecer a la audiencia si lo estima necesario. Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Artículo 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o III. Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. El auto que admite o niega la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación. Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia. Artículo 125. Reglas de la audiencia Previo a cualquier audiencia, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Las audiencias serán presididas por el Juez de Ejecución, y se realizarán en los términos previstos en esta Ley y el Código. Artículo 126. Desarrollo de la audiencia La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: I. El Juez de Ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora fijados y verificará la asistencia de los intervinientes, declarará abierta la audiencia y dará una breve explicación de los motivos de la misma; II. El Juez de Ejecución verificará que las partes conocen de sus derechos constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia y en caso contrario, se los hará saber; III. El Juez de Ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás partes; IV. Las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán apelar el desechamiento; V. El Juez de Ejecución admitirá los medios de prueba y se procederá a su desahogo conforme a las reglas del Código; VI. Las partes formularán los alegatos finales y de ser procedente, el Juez de Ejecución observará el derecho de réplica y dúplica cuando el debate así lo requiera; VII. El Juez de Ejecución declarará cerrado el debate, y, VIII. Emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma audiencia. Artículo 127. Resolución El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. Artículo 128. Efectos generales Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. El juez establecerá un calendario para la instrumentación progresiva de la resolución, previa audiencia a las partes. Artículo 129. Ejecución de la resolución La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes." De los numerales recién transcritos se advierte que los jueces de ejecución conocerán, entre otras, de las controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; y, II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; Los sujetos legitimados por la Ley de Ejecución Penal para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias, entre otros sobre las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa. La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto, que admita, prevenga o deseche. El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En el supuesto que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia. Las audiencias serán presididas por el Juez de Ejecución, y se realizarán en los términos previstos en esta Ley y el Código. La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: I. El Juez de Ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora fijados y verificará la asistencia de los intervinientes, declarará abierta la audiencia y dará una breve explicación de los motivos de la misma; II. El Juez de Ejecución verificará que las partes conocen de sus derechos constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia y en caso contrario, se los hará saber; III. El Juez de Ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás partes; IV. Las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán apelar el desechamiento; V. El Juez de Ejecución admitirá los medios de prueba y se procederá a su desahogo conforme a las reglas del Código; VI. Las partes formularán los alegatos finales y de ser procedente, el Juez de Ejecución observará el derecho de réplica y dúplica cuando el debate así lo requiera; VII. El Juez de Ejecución declarará cerrado el debate, y, VIII. Emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma audiencia. El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Ahora, del análisis de las constancias que integran la controversia 85/2020, del índice del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal Michoacán de Ocampo (las cuales ya fueron descritas en el apartado anterior), se advierte que: El tres de agosto de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de Partes y Turno del Juzgado de Distrito responsable, escrito signado por el aquí quejoso, registrado con folio 19212, por medio del cual, interpuso controversia contra las autoridades penitenciarias del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS Michoacán", en el que expuso: "Motivos de inconformidad La Dirección del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS Michoacán", no ha cumplido con garantizar el derecho a preservar la salud, se debe gestionar lo concerniente para interconsulta con algún especialista (psiquiatría) y poder determinar el tratamiento o medicamento que se requiere, ya que de no ser así, prácticamente equivale a negarme el derecho a la salud.". En esas condiciones, en auto de tres de agosto de dos mil veintiuno (fojas 377 a 367 del tomo I), no se realizó mayor pronunciamiento al respecto, debido a que en dicho proveído se acordó lo relativo a la suspensión de plano decretada en el presente juicio, consistente en que se proporcionara atención medica al quejoso, en la especialidad de psiquiatría. Sin embargo, se ordenó correr traslado a la defensa para que manifestara lo que a su interés conviniera. En proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno (fojas 428 a 436 del tomo I), se tuvo por recibido oficio del Director del Hospital Psiquiátrico "Dr. José Torres Orozco", mediante el cual informó que se señalaron las ocho horas del catorce de septiembre del dos mil veintiuno, para que el interno fuera trasladado a ese nosocomio a efecto de que se realizara la valoración correspondiente; de lo que se ordenó informar al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", para que se tomara nota de la fecha correspondiente. Asimismo, se tuvo por recibido escrito registrado con folio 20068, firmado, entre otro, por el quejoso, mediante el cual, informó: "[.] que en repetidas ocasiones he realizado peticiones dirigidas al Director General del CEFERSO 17 de Buenavista Tomatlán, Michoacán, siendo la ultima el día 27 de julio del 2021, por escrito y sin que se diera acuse de recibo. Por lo que se presenta, dicha controversia para que le den la atención médica adecuada, ya que un custodio, sin proporcionarme si nombre del Centro, me informó que de momento no se me tendría que dar dicha atención médica, esto siendo el día siete de agosto de dos mil veintiuno. Me permito informarle que el suscrito tiene una lesión en la pierna y tobillo derecho, teniendo dolores intensos sin que se me dé una atención adecuada con algún especialista y el tratamiento adecuado, necesitando estudio y calzado ortopédico sin que se me atienda adecuadamente." La juzgadora responsable, en atención al derecho a la salud que asiste a los internos, se decretó la ampliación de atención médica (traumatología) requirió al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS Michoacán, para que de inmediato realizara las gestiones necesarias con la finalidad de que a la persona privada de su libertad, se le valore de manera integral por parte del galeno de dicha institución, conforme a los padecimiento que aduce tener y determine la atención médica (incluso especializada) y el tratamiento farmacéutico necesario, lo que deberá realizar en un plazo de setenta y dos horas. Asimismo, se le instruyó para que de inmediato realizara los trámites correspondientes a efecto de que la persona privada de la libertad fuera valorada nuevamente por un especialista en traumatología e informara de inmediato los resultados para tal fin, dentro del plazo de setenta y dos horas. También, para privilegiar la salud de la persona privada de la libertad, se vinculó a los directores del Hospital General de Apatzingán y al del Hospital "Dr. Miguel Silva", de la ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, para que en el plazo de setenta y dos horas, se coordinaran con el directo del recinto carcelario federal, con la finalidad de que el interno fuera consultado en la especialidad de traumatología. Mediante oficio SSOC/PRS/CGCF/CFRS17/DG/11227/2021, de doce de agosto de dos mil veintiuno, el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", informó que, Roberto Alemán Jiménez García, fue valorado por medicina general, el cuatro de agosto, en el que se le diagnostico insomnio, pterigion y faringitis, por lo que se le prescribió clonazepan, Xyloproct, Zapex, Betametasona y Montelukast. (Se acompañó copia certificada de la nota médica respectiva -foja 457 del tomo I-). Asimismo, se informó que, la persona privada de la libertad estaba programada para ser atendida por el especialista en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico "Dr. José Torres Orozco", de Morelia, Michoacán de Ocampo, en la segunda quincena del mes de septiembre de dos mil veintiuno. Por auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno (foja 710 del tomo I), se tuvieron recibidas requisitorias diligenciadas, en las que se hizo constar las notificaciones al quejoso de los proveídos de treinta de junio, tres y diecinueve de agosto de dos mil veintiuno respectivamente, en las que refirió, en lo que aquí interesa: ".Juez no he sido entrevistado por el defensor de oficio que nos fue asignado y no eh sido valorado por psiquiatría.pido ser entrevistado con el médico psiquiátrico por video consulta, ya que no es adecuado el traslado." En atención a lo anterior, se dio vista y se requirió a la defensa pública federal nombrada, para que dentro del plazo de tres días, proporcionara la asistencia a su defendido y, en su caso, solicitara lo que a su interés conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría una multa. En proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 736 a 739 del tomo I), se tuvo por recibida requisitoria mediante la cual, se notificó al aquí quejoso, el proveído de doce de agosto pasado, en la cual, el sentenciado refirió: ". Juez pido que se me haga a través de vía interconexión ya que no quiero asistir de manera personal ya que la camioneta que menciona no es la adecuada para un traslado, si usted puede darle este pedio por favor.". En relación a lo cual, se ordenó dar vista y se requirió a la defensa a efectos de que dentro del plazo de tres días, proporcionara la asistencia técnica al defendido -aquí quejoso-, y solicitara lo que a su interés conviniera. En proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno (foja 750 del tomo I), se tuvo al defensor público, dando cumplimiento a la prevención antes realizada, de lo que se tomó conocimiento para los efectos conducentes. Por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno (foja 761 del tomo I), se informó que el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, la persona privada de la libertad Roberto Alemán Jiménez García, se negó a salir de su celda para acudir a la cita programada en el Hospital Psiquiátrico "Dr. José Torres Orozco", de Morelia, Michoacán de Ocampo, con lo que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno (fojas 774 a 779 del tomo I), entre otras cosas, se atendió la manifestación realizada por el aquí quejoso, en la actuación practicada el siete de octubre de dos mil veintiuno, en el que manifestó: "Está enterado ya que manifiesta no se ha negado a salir lo cual el vehículo no es el adecuado como se ha manifestado en repetidas ocasiones no está en condiciones aptas para un traslado; de lo mismo se desprende que lo retendrán 15 días aislado por seguridad después de salir a la valoración. En audiencia la juez hizo mención que el centro debe contar con los especialistas médicos, lo cual a día de hoy no existen solo un médico familiar." Con dichas manifestaciones se dio vista al defensor público asignado, para que proporcionara la asistencia técnica necesaria a su defendido, y en su caso, le informara las consecuencias legales que pudiera tener si se niega a asistir a las consultas que le han programado, que se traduce en que se declare cumplida dicha controversia. De exegesis anterior, se advierte que el quejoso, promovió controversia respecto de cuestiones de internamiento, al denunciar que no se le ha proporcionado "la atención médica de ortopedia y psiquiatría". Controversia que, a la fecha de la emisión de esta sentencia constitucional, está en trámite, ya que mediante oficio número 3001/2022, de catorce de febrero de dos mil veintidós, signado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo con sede en Morelia, se informó que, en la controversia número 85/2020, se encontraba pendiente que la autoridad penitenciaria diera cumplimiento con lo ordenado en proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en el sentido de que informara: Si era factible que el interno asistiera a la valoración de traumatología y ortopedia, en un vehículo más adecuado para las condiciones del viaje, o en su caso, haciendo uso de una ambulancia; de tal manera que le fuera menos perjudicial a la salud; y. Cumplimiento con el requerimiento formulado en oficio JE/11055/2021, en el sentido de que informara si el Director del Centro Penitenciario realizó gestiones para que se valores al interno Roberto Alemán Jiménez García en la especialidad de psiquiatría, debiendo informar la fecha de la valoración. Por lo tanto, es evidente que lo que Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal Michoacán de Ocampo, resuelva en la referida controversia, impactará en las consecuencias legales del acto reclamado dentro de la presente instancia constitucional. Ello es así, pues ambas versan respecto a la omisión del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, de proporcionar la atención médica requerida por el quejoso, entre otros padecimientos, por lo que se refiere a la atención en psiquiatría. De ahí que se considere que el referido medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar, o nulificar el acto reclamado materia de la presente instancia constitucional (la violación a su derecho de salud, consistente en la omisión de proporcionarles atención médica, en la especialidad de psiquiatría). En esas condiciones, es dable concluir que se colma el primer requisito requerido para la actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que contempla la improcedencia del juicio cuando se impugnen actos contra los que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificarlos, revocarlos o nulificarlos. Asimismo, se advierte que dicho medio de defensa se admitió a trámite por el juez responsable el tres de agosto de dos mil veintiuno (fojas 423 a 426 del tomo de pruebas), con lo cual se cumple con la segunda de las condicionantes de la causal de improcedencia que se analiza, consistente en que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo. Finalmente, también se tiene por cumplido el tercero de los requisitos relacionado con la idoneidad del recurso o medio de defensa legal para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Es así, pues ha sido criterio reiterado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las controversias por cuestiones de internamiento, son mecanismos de control que constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de la controversia formulada ante el juez de ejecución correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; e incluso se puede proceder a la suspensión del acto, atentos a la naturaleza del mismo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." En ese contexto, se estima que respecto del acto reclamado materia de este considerando, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Por lo que, se reitera el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. De ahí que no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los motivos de inconformidad que plantea el peticionario del amparo, de acuerdo con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." ALEGATOS. No pasan inadvertidos los alegatos formulados por el fiscal federal de la adscripción; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. OCTAVO.- NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. Tomando en consideración que Roberto Alemán Jiménez García, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, se comisiona al actuario respectivo, para que por el método de comunicación denominado videoconferencia, el cual se encuentra regulado por el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proceda a llevar a cabo la notificación ordenada, en hora y día hábil, observando los protocolos correspondientes; en el entendido, que de no ser posible llevar a cabo dicha notificación, por el método referido, el citado funcionario, queda comisionado desde este momento, para que en la hora y fecha correspondiente y que se habilite para tal efecto, se constituya en el centro de reclusión de que se trata y notifique personalmente al quejoso la presente resolución. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Roberto Alemán Jiménez García, contra los actos reclamado a las autoridades responsables precisadas en la consideración segunda, por las razones expuestas en los diversos tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el considerando octavo, notifíquese al quejoso en la forma y modalidad ahí señalada. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación. Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria, María Teresa Torres Espinoza, quien da fe.

  3. Principal

    En dieciocho de febrero de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio y anexos registrado bajo el folio 1956. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese únicamente para que obren como constancia el oficio y anexos, signado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, virtud a que por auto dieciséis de febrero pasado, se tuvo por recibida la misma información, vía electrónica, y se acordó su contenido. Notifíquese.

  4. Principal

    En dieciséis de febrero de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que en el correo institucional de este juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, se recibió un oficio y anexos, registrado bajo el folio 1821. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes con ello se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos el oficio y anexos, signado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia; en atención a su contenido; se le tiene desahogando la solicitud formulada en autos de veinte y veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictados en el presente juicio y al efecto informa que de una revisión exhaustiva tanto del expediente físico como electrónico, relativo a la controversia 85/2020, de su índice, no obra constancia de ocho de junio de dos mil veintiuno, pero que sí existe una petición del quejoso Roberto Alemán Jiménez García, sellado con fecha de tres de agosto de dos mil veintiuno. Asimismo, informa que en la citada controversia las autoridades penitenciarias se encuentran dando cumplimiento a lo ordenado por la Jueza de Ejecución, en proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese.

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