Roberto Alemán Jiménez García

Expediente 300/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
300/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Roberto Alemán Jiménez García
  • Juez Segundo de Ejecución de Penas del Primer Circuito Judicial, En la Ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    En veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, certifica: que el término de que disponía la parte quejosa, para recurrir la sentencia que sobreseyó el presente juicio, transcurrió del seis al veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho, toda vez que fue notificada el dos de septiembre pasado.********************Con lo anterior y con el estado que guardan los autos se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente:********************1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************2.1 Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.********************3. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del referido acuerdo.********************3.1. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************3.2. Duplicado del Incidente de Suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase.********************3.3 Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes.********************4. Devolución de constancias. Finalmente, dado que a la fecha resulta innecesaria la permanencia en autos de los dos tantos de copias certificadas, constantes de cinco tomos cada uno, que remitió como justificante de su informe la Jueza Segundo de Ejecución adscrita al Primer Circuito Judicial con cabecera en Pachuca de Soto Hidalgo, por tanto, devuélvanse a su lugar de origen.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.

  2. Principal

    En veintiséis de agosto de dos mil veintidós, la Secretaria certifica: que en el correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, se recibió el oficio registrado bajo el folio 11365, con lo que se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Se recibe oficio. Incorpórese a los autos sin mayor trámite el oficio suscrito por el titular de la Sexta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Pachuca de Soto Hidalgo, mediante el cual informa la resolución recaída al recurso de apelación interpuesto por el Defensor Público del quejoso Roberto Alemán Jiménez Garcia, dentro del expediente de ejecución 56/2014, lo anterior toda vez que en presente asunto ya se dictó sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    ACTOS RECLAMADOS: 1)EL NO APLICAR EL DESCUENTO DE LAS REMICIONES PARCIALES DEL AÑO 2021, Y EL NO APLICAR EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PENA DEL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUTUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2) EL NO APLICAR EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLITIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 3) EL NO HACER EL PROCEDIMIENTO CORRECTO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CEFERESO No. 17 CPS MICHOACÁN DE LAS SANCIONES 3 AGOSTO 2021, 17- JULIO-202, YA QUE NO ESTUVO MI DEFENSOR PÚBLICO NI EL JUEZ DE EJECUCIÓN PARA CALIFICAR ESTAS SANCIONES QUE ESTÁN INCOMPLETAS Y TARDARON 11MESES EN NOTIFICARME DE DICHAS SANCIONES, LO CUAL OBRA EN EL CTA DEL DÍA 28-ABRIL-2022." El promovente expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en el artículo 1, 14, 16, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LAS DEMANDA DE AMPARO. Juicio de amparo 300/2022 El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se turnó la demanda de que se trata a este órgano de control constitucional, y en proveído de diecinueve de ese mes y año, se registró con número de expediente 300/2022; se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que compete al Fiscal de su adscripción; se solicitó la designación de representante especial y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Juicio de amparo 311/2022 El diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se turnó la demanda de que se trata a este órgano de control constitucional, y en proveído de veintitrés de mayo actual, se registró con número de expediente 311/2022; se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que compete al Fiscal de su adscripción; se decretó la acumulación de dicho juicio al diverso 300/2022, del índice de este Juzgado; y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49, 56, fracción I, 57, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos con ejecución en Buenavista, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: De la Juez Segundo Penal de Ejecución Competente en el Primer Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo: La resolución de cinco de abril de dos mil veintidós, dictada en el expediente de ejecución incidental 56/2014, por el cual resolvió improcedente la remisión parcial de la pena respecto del año dos mil veintiuno. La omisión de atender la petición de remisión parcial de la pena correspondiente al año dos mil veintidós, fechada el uno de mayo de dos mil veintidós. Del Director del Centro Federal de Readaptación Social CPS 17, con residencia en Buenavista Michoacán: La omisión de realizar el procedimiento correcto respecto de las sanciones de diecisiete de julio y tres de agosto de dos mil veintiuno, atribuidas del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17, con residencia en Buenavista, Tomatlán. No se soslaya que el quejoso reclama como actos destacados la falta de aplicación del artículo 18 constitucional y 39 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal; sin embargo, dichos aspecto serán analizados en todo caso, como conceptos de violación, pues tales violaciones las hace derivar de la resolución de cinco de abril de dos mil veintidós reclamada. TERCERO. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, dado que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". El precepto transcrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se probare su existencia. Así pues, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de su existencia conduce al sobreseimiento. Ahora, tratándose de actos omisivos, en primer términos debe verificarse si la inexistencia argumentada por la autoridad no existe porque actuó positivamente, y se evidencie que no hubo la omisión que se le atribuye; o en caso contrario, si la omisión referida obedece a que no exista el deber de la autoridad de actuar en el sentido solicitado, ya que que la simple inactividad no equivale a una omisión. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) y tesis 1a. XVII/2018 (10a.), emitidas por la Segunda y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." En el caso, el quejoso reclama de la Juez Segundo de Ejecución Penal de Pachuca de Soto, Hidalgo, la omisión de atender su petición sobre remisión de la pena, correspondiente al año dos mil veintidós, realizada a través del escrito fechado por el quejoso el uno de mayo de dos mil veintidós; respecto de lo cual, la referida autoridad negó la existencia de dicha omisión. Dicha inexistencia se corrobora con el contenido de las constancias relativas al expediente de ejecución incidental 56/2014, la cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º; de las que se advierte que el veintiséis de abril de dos mil veintidós, la Juez responsable atendió dicha petición, pues acordó que no procedía su solicitud de remisión proporcional de la pena correspondiente al año dos mil veintidós, porque de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Ejecución de Penas en el Estado de Hidalgo, la remisión parcial de la pena solamente comprenderá el año inmediato anterior; asimismo, requirió a la defensa pública para que brindara asesoría jurídica al sentenciado; también, ordenó su notificación al aquí quejoso y a su defensor. Notificación realizada al quejoso el dieciocho de mayo de este año, de la que se advierte que promovió controversia contra dicha determinación, de lo que se evidencia su conocimiento. No se soslaya que el quejoso refiera que la petición es de uno de mayo de dos mil veintidós y que el acuerdo emitido en su atención por la Juez responsable sea de data veintiséis de abril de este año; sin embargo, el escrito que acordó la referida autoridad coincide íntegramente con el que el quejoso anexó a su demanda como prueba de dicha petición, el cual fue recibido en el juzgado de origen el veintidós de ese mes y año. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Las consideraciones anteriores encuentran apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la aludida Segunda Sala, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por lo anterior, al estar demostrada la inexistencia de la omisión reclamada, se sobresee en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página seiscientos veintisiete, del tomo IV, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 755, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." También, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, del tomo XC, de la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS. La Juez Segundo Penal de Ejecución adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, negó la existencia del diverso acto que se le reclama; empero, con posterioridad realizó manifestaciones de las que se evidencian la existencia del mismo; de ahí que deban tenerse como ciertos los actos a ellas reclamados. Es aplicable, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, número de registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Además, su existencia se acredita con las propias constancias y disco versátil digital que contiene la audiencia de cinco de abril de este año, en el que se resolvió sobre la remisión de la pena solicitada, remitidas por dicha autoridad; así como, las que integran el presente juicio de amparo, que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º., atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Además, porque la información contenida en el disco versátil digital tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por su parte, el Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán, fue omiso en rendir su informe de ley, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume su existencia, porque de la resolución reclamada a la Juez responsable se advierte la existencia de dichas sanciones. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la existencia de los actos reclamado, en los términos que se precisan en el considerando anterior, no será sometido a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resolución de cinco de abril de dos mil veintidós. En cuanto al referido acto reclamado, se advierte actualizada la causa de improcedencia contenida en el diverso 61, fracción XIX, de la citada legislación, que indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;." El precepto mencionado establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal intentado por la parte quejosa, en este caso ante autoridad judicial, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Lo anterior, refleja la clara intención del legislador de evitar el trámite simultáneo de dos instancias en contra de un idéntico acto, lo cual es acorde con el principio de seguridad jurídica, pues tiende a impedir el dictado de dos resoluciones en un mismo asunto y que pudieran resultar, incluso, contradictorias. En ese sentido, la causa de improcedencia prevista en el precepto en estudio se actualiza una vez que concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea la propia parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido a trámite al momento en que se presentó la demanda de amparo. c) Que el recurso o medio de defensa legal propuesto que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios, pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Tiene puntual aplicación, la jurisprudencia P./J. 144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, timo XII, diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En el caso, el quejoso se duele de la resolución de cinco de abril de dos mil veintidós, dictada en expediente de ejecución incidental 56/2014, del índice del Juzgado Segundo Penal de Ejecución, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, en el que, entre otras cuestiones, resolvió improcedente la remisión parcial de la pena respecto de la anualidad de dos mil veintiuno. Respecto del requisito señalado en el inciso a), se encuentra actualizado, pues la autoridad judicial responsable informó que el ocho de abril de dos mil veintidós, el defensor público del quejoso interpuso recurso de apelación contra la resolución aquí reclamada. El requisito contenido en el inciso b), también se encuentra cumplido, pues la citada autoridad responsable refirió que dicho medio de impugnación se encuentra en trámite, tal como se advierte de su informe justificado y de las constancias subyacentes, pues el quejoso le solicitó información sobre el estado en el que se encontraba el citado recurso, respecto de lo que se informó dicha circunstancia. Además, el Titular de la Sexta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, el nueve de agosto de este año, informó y acreditó que el ocho de agosto actual, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra la resolución de cinco de abril de dos mil veintidós (que constituye el acto reclamado en este juicio) además, que quedaron los autos en estado de resolución. Asimismo, el requisito del inciso c), está colmado, pues el recurso de apelación, es el idóneo y procedente, de conformidad con el contenido en el artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece: "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." De lo que se advierte que el recurso de apelación es el medio de impugnación idóneo para modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, e incluso es necesaria su interposición, previamente a acudir al juicio constitucional. En consecuencia, al haberse actualizado los elementos constitutivos de la causa de improcedencia contenida en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada legislación, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, respecto del acto reclamado al Juez Segundo de Ejecución de Penas del Primer Circuito Judicial, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, consistente en la resolución de cinco de abril de dos mil veintidós Omisión de realizar el procedimiento correcto respecto de las sanciones de diecisiete de julio y tres de agosto de dos mil veintiuno, atribuidas del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17, con residencia en Buenavista, Tomatlán. Por lo que ve a la omisión recalamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". De la apreciación del numeral que antecede se obtiene que deberá observarse el principio de definitividad; esto es, que el juicio de amparo en materia administrativa será improcedente cuando contra el acto de autoridad proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que la ley que lo establezca o lo rija no exija mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria para la suspensión definitiva. En síntesis, el juicio de amparo es improcedente en términos de la aludida fracción del precepto reglamentario cuando se dan los siguientes supuestos: Que el acto reclamado provenga de autoridad distinta de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo; y, Que deba ser revisado de oficio conforme a las leyes que lo rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal que haga valer la parte agraviada, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, para la concesión de la suspensión solicitada. Ahora, los artículos 107, 109, 116, 117, fracción I, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Artículo 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o, III. Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. El auto que admite o niega la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación. Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve, en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia. Artículo 125. Reglas de la audiencia Previo a cualquier audiencia, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Las audiencias serán presididas por el Juez de Ejecución, y se realizarán en los términos previstos en esta Ley y el Código. Artículo 126. Desarrollo de la audiencia La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: I. El Juez de Ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora fijados y verificará la asistencia de los intervinientes, declarará abierta la audiencia y dará una breve explicación de los motivos de la misma; II. El Juez de Ejecución verificará que las partes conocen de sus derechos constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia y en caso contrario, se los hará saber; III. El Juez de Ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás partes; IV. Las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán apelar el desechamiento; V. El Juez de Ejecución admitirá los medios de prueba y se procederá a su desahogo conforme a las reglas del Código; VI. Las partes formularán los alegatos finales y de ser procedente, el Juez de Ejecución observará el derecho de réplica y dúplica cuando el debate así lo requiera; VII. El Juez de Ejecución declarará cerrado el debate, y VIII. Emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma audiencia. Artículo 127. Resolución El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. Artículo 128. Efectos generales Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. El juez establecerá un calendario para la instrumentación progresiva de la resolución, previa audiencia a las partes. Artículo 129. Ejecución de la resolución La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes". De los artículos recién transcritos, se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece el Procedimiento Administrativo, que pueden instar las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa ley a través del cual pueden controvertir la omisión de atender las peticiones que presenten ante la autoridad administrativa (centro penitenciario) relacionadas con las condiciones internamiento, así como la resolución recaída a dichas peticiones en caso que ésta resulte contraria a sus intereses; lo anterior, a través de la controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Cabe destacar que, si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria, conforme al artículo 115 de la Ley en estudio. Asimismo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley relativa, los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución con el objeto de resolver las controversias sobre condiciones de internamiento, plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Y, conforme a lo establecido en el artículo 127 de dicha Ley el Juez de Ejecución, al resolver la controversia, debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. En tales supuestos, respecto de la omisión materia de este apartado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que se trata de una omisión reclamada a autoridades distintas a los tribunales judiciales, y el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, la persona privada de su libertad puede reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que estima vulneran sus derechos -sean actos de carácter positivo u omisivos-, el cual, además, prevé la posibilidad real de que el acto sea suspendido con la finalidad de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir, con todo lo cual se cumple con lo exigido por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Criterio de observancia obligatoria que cobra exacta aplicación al caso concreto, ya que la omisión reclamada al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", se traduce en una condición de internamiento, entendida como cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, en contra de las cuales procede el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, bien sea a través de una petición de carácter no urgente ante la autoridad penitenciaria, o de naturaleza urgente ante la autoridad judicial, con la posibilidad, en este último supuesto, de suspender los actos reclamados con los efectos ya descritos. En ese sentido, la omisión de tramitar correctamente el procedimiento para sancionar al quejoso respecto de las conductas de diecisiete de julio y tres de agosto, ambas de dos mil veintiuno, atribuidas al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, se identifica plenamente con una cuestión relativa a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, y por lo tanto, es susceptible de ser reclamada por los medios de defensa en comento. Sin que se actualice algún supuesto de excepción al principio de definitividad, como lo sería que, el acto reclamado sea susceptible de equiparse a un tormento, pues la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa contradicción de tesis 42/2018, estableció que por este se entienden aquellos actos u omisiones que afecten gravemente la dignidad e integridad personal; empero, que éstos no son absolutos, pues el tormento se refiere a actos graves que no pueden equipararse a cualquier molestia derivada del estado de reclusión; por ende, como se dijo, en el caso específico se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que conlleva a sobreseer en el juicio de amparo conforme lo establecido en el numera 63, fracción V, de la citada ley, respecto de la omisión de tramitar correctamente el procedimiento para sancionar al quejoso respecto de las sanciones de diecisiete de julio y tres de agosto, ambas de dos mil veintiuno, atribuidas al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán. En ese orden de ideas, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los motivos de inconformidad que plantea el peticionario del amparo, de acuerdo con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Alegatos. Finalmente, no es el caso realizar pronunciamiento sobre los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación, porque este órgano de control constitucional no se encuentra constreñido a hacerlo, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Tiene aplicación, el criterio de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO". Así como, la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a página 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." SEXTO. NOTIFICACIÓN. Tomando en consideración que Roberto Alemán Jiménez García se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, se comisiona al actuario respectivo proceda a llevar a cabo la notificación ordenada, en hora y día hábil, observando los protocolos correspondientes, se constituya en el centro de reclusión de que se trata y notifique personalmente al quejoso la presente resolución. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 300/2022 y su acumulado 311/2022, promovido por Roberto Alemán Jiménez García, contra los actos y omisiones reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo, por los expuestos en los diversos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese; personalmente al quejoso.

  4. Principal

    En nueve de agosto de dos mil veintidós, la Secretaria certifica: que en el correo 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx se recibió el oficio y anexo, registrado bajo el folio 10591, con lo que se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de agosto de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente:********************REMITE CONSTANCIAS. Incorpórese a los autos el oficio suscrito por el Titular de la Sexta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto; téngasele desahogando el requerimiento que se le hiciera en proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, para lo cual remite copia auténtica del auto sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el defensor público de ******************** en contra de la resolución de la improcedencia de la concesión de la remisión parcial de la pena del año dos mil veintiuno, emitida en ********************, dentro del expediente de ejecución ********************/2014 del Juzgado Segundo Penal de Ejecución del Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. ********************SE DA VISTA AL QUEJOSO. Con el oficio y anexo de cuenta dese vista al quejoso. ********************Ahora bien, dado que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona al actuario de la adscripción, para que se constituya en el interior del aludido centro y le notifique el presente proveído; además, haga entrega de las constancias de cuenta.********************Lo anterior, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de la persona justiciable.********************Instrúyase al área administrativa de este Juzgado, para los efectos del artículo 1******************** de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.********************Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar donde guarda reclusión y a su representante especial.********************Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

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