Roberto Alemán Jiménez García

Expediente 355/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
355/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
03/02/2023

Partes del expediente

  • Alejandro López Ponce
  • Roberto Alemán Jiménez García
  • Luis Morales Villanueva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En tres de febrero de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de febrero de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Del estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno, causó estado el auto que desechó la demanda de amparo; por tanto, se acuerda lo siguiente. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2 De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, trece de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, y las personas en situación de vulnerabilidad, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. Toda vez que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 2. Requerimiento. Ahora bien, toda vez que en auto de quince de junio del año en curso, se acordó que una vez que se notificará la designación de representante especial de la parte quejosa, aquella disponía del plazo de tres días, computado a partir de que le fuera notificada tal designación, para que justificará con las constancias correspondientes el cauce que hubiere dado a la petición de la parte quejosa, sin que a la fecha lo haya hecho. En esa virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la representante especial de la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con las constancias conducentes justifique el cauce a la petición de la parte quejosa. Apercibida, que de no hacerlo en el plazo concedido para ello, o bien, no informar el impedimento legal que tengan, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo y el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, relativo a la desindexación del salario mínimo, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en multa por cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). 3. Archivo. Una vez que la representante especial cumpla con el requerimiento en este auto, provéase lo relativo al archivo y valoración del presente juicio. Notifíquese personalmente a la representante especial. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Albina Alvarado Santos, quien da fe.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del AG 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se recibe despacho. Incorpórese al sumario, el oficio signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán, con el que devuelve el despacho 304/2021 (número de orden 602/2021), en sus términos. Dese de baja la comunicación oficial que se recibe; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. 2. Se ordena notificar por lista. Ahora, dado que de las constancias mencionadas se advierte, la imposibilidad que tuvo el actuario de dicha adscripción para realizar la notificación del quejoso Alejandro López Ponce, virtud a que fue puesto en libertad, se ordena practicarle por medio de lista, que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, el presente, así como todas las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. 3. Se designa nuevo representante común. Virtud de lo anterior, con fundamento en el numeral 13 de la Ley de Amparo, se nombra como representante común de los quejosos a Cristian Alan Lozano Martínez; sin perjuicio de que la parte respectiva lo sustituya por otro. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA PROR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO A LA PARTE QUEJOSA ALEJANDRO LÓPEZ PONCE, EL PROVEIDO DE QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Registro. Por recibida la demanda de amparo promovida por Noelia Ramos Lara, en favor de George Khoury Layón, Cristian Alan Lozano Martínez, Saúl Solís Solís, Roberto Alemán Jiménez García, Luis Morales Villanueva y Alejandro López Ponce, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán, con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 355/2021. 1.2. Desechamiento. En relación con su demanda, hágase del conocimiento de la parte quejosa que no procede admitirla, en razón de que el juicio de amparo es improcedente cuando existen otros medios ordinarios de defensa a través de los cuales pueda conseguirse la modificación, revocación o anulación del acto u omisión que se reclame, pues así lo dispone el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Al respecto, infórmese a dicha parte quejosa que la solución a las posibles afectaciones a su vida digna y segura en reclusión, así como cualquier cuestión relacionada con las condiciones de internamiento, puede plantearlas en la forma siguiente: 1o. Mediante una "petición",1 que debe presentarse por escrito y sin formalidades ante: 1 Ley Nacional de Ejecución Penal: Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Se recibe demanda, se desecha a) El Director del centro penitenciario, si el caso no es urgente; o, b) El juez de control o de ejecución, cuando la solicitud sea urgente.2 2o. A través de una "controversia judicial",3 que se debe promover ante el juez de control o de ejecución, por escrito, proporcionando la ubicación, un relato de la inconformidad y pruebas si las hubiere, cuando el Director del centro de reclusión no responda la solicitud o emita una respuesta desfavorable a la misma. En cualquiera de los dos casos anteriores, los mencionados servidores públicos, esto es, tanto el Director del centro de reclusión, como los jueces de control o de ejecución, se encuentran obligados a atender las solicitudes que se les planteen y a resolver lo que corresponda. Por tanto, dígase a la parte quejosa que como en su demanda se duele de una cuestión relacionada con las condiciones en que se está dando su internamiento, concretamente la vigilancia y control implementados en dormitorios de estos últimos, además, de que, aducen, les piden dinero a cambio de disfrutar de las actividades a que tienen derecho; entonces deben acudir ante las autoridades antes mencionadas, ya sea el Director del centro de reclusión o los jueces de Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. . 2 Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. 3 Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito ??? control o de ejecución, a pedir que sea atendido y solucionado tal problema, ya sea mediante una petición o una controversia judicial.4 Por último, hágase saber a la parte quejosa que el único caso en que no estaría obligada a presentar una petición o controversia judicial, en los términos indicados con anterioridad, antes de promover un juicio de amparo, se daría cuando el problema, ya sea de salud u otro, constituya una urgencia médica que, de no atenderse, pudiera traer consecuencias irreversibles en la salud o la pérdida de la vida, 5 lo que no se aprecia en su caso. En virtud de lo expuesto, se desecha la presente demanda de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XX, y 113 de la Ley de Amparo. No se soslaya el hecho de que la promovente señale que, los directos quejosos están siendo sometidos a actos de tortura o malos tratos, pues del análisis integral de la demanda no se desprende la existencia de actos que pudieran ser catalogados con tales características, ya que si bien, a su dicho, al estar sometidos a la 4 Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, en el libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." 5 Al respecto, véase la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1270, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." vigilancia y control implementados por personal del centro de internamiento, por tener fácil acceso a los dormitorios, continuamente son interrumpidos al momento de bañarse y dormir, infiriéndoles insultos y pidiéndoles dinero a cambio de disfrutar de las actividades a las que tienen derecho, y que esa conducta les causa estrés, desesperación y temor; sin embargo, atendiendo a lo establecido en el numeral 246 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, no se colman dichos extremos. 1.3. Requerimiento para que se haga designación de representante especial en favor de la parte quejosa y encauce debidamente su solicitud. Para encauzar debidamente la petición de la parte quejosa y garantizarle así el acceso a la justiciabilidad de sus derechos, con fundamento en los artículos 1o. y 17 constitucionales, en Así como la diversa emitida por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 1464, del libro 83, Febrero de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DE PRESTAR SERVICIO MÉDICO O ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, SIN AGOTAR PREVIAMENTE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CUANDO SE COMPROMETA GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera disímbola sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclame la omisión o negativa de prestar el servicio médico o atención médica a personas que se encuentran en reclusión, pues para uno de ellos es improcedente cuando no se agota previamente el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mientras que para el otro es procedente y no resulta necesario agotar el indicado mecanismo de control, al encontrarse en riesgo la vida, salud o integridad física de los internos, por lo que se actualiza una excepción al principio de definitividad. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito establece que cuando se reclama la omisión o negativa de prestar servicio médico o atención médica a las personas en reclusión, si se advierte una situación que comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento, el juicio de amparo resulta procedente de manera excepcional sin agotar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tratarse de un acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Justificación: Lo anterior, porque del ejercicio interpretativo realizado a los argumentos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 57/2018 y 42/2018, de las que derivaron las jurisprudencias 1a./J. 79/2018 (10a.) y 1a./J. 55/2019 (10a.), de títulos y subtítulos: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." y "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO.", respectivamente, se advierte que, por regla general, frente a las omisiones relacionadas con las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, debe agotarse el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal; sin embargo, mediante un estudio preliminar de las circunstancias particulares y elementos expuestos en el escrito de demanda o allegados durante el procedimiento, el juzgador de amparo caso por caso deberá ponderar si la atención solicitada tiene correspondencia con alguna lesión o padecimiento físico o mental que requiera de atención curativa, de rehabilitación o de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna someta al quejoso a un dolor físico y/o estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles en su estado de salud o la pérdida de su vida, lo que comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a una situación de tormento, prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 6 Artículo 24.- Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, 7 de 27 como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin: I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la Víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o III. Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo ??????????????? relación con los numerales 6o. y 12, fracciones I y XVI, de la Ley Federal de Defensoría Pública, así como 29, fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, requiérase, vía correo electrónico: I) Al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que le sea legalmente notificado el presente proveído, designe a un representante especial que brinde asesoría jurídica especializada a la parte quejosa, adjuntándole copia simple de su demanda. II) Al representante especial designado, para que dentro del plazo de tres días, computado a partir de que le sea notificada su designación, justifique con las constancias correspondientes el cauce que hubiere dado a la petición de la parte quejosa, siguiendo los lineamientos trazados en este acuerdo respecto de las formas en que puede plantear la solución a las posibles afectaciones a su vida digna y segura en reclusión, así como cualquier cuestión relacionada con las condiciones de internamiento (petición o controversia judicial). 1.4. Representante común. Con fundamento en el numeral 13 de la Ley de Amparo, se nombra como representante común de los quejosos a Alejandro López Ponce; sin perjuicio de que la parte respectiva lo sustituya por otro. 1.5. Notificación a los quejosos. En esas condiciones, virtud a que del contenido de la demanda se advierte que los directos quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, vía correo electrónico, al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione a quien corresponda se constituya en el referido Centro, y realice lo siguiente: 1.5.1 Notifique al representante común Alejandro López Ponce, el presente proveído. Hecho que sea lo anterior, tenga a bien devolver la comunicación de que se trata, por la misma vía, con las constancias que acrediten su diligenciación. 1.6. Compensación de cargas de trabajo. Finalmente, gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, a fin de que se sirva realizar la compensación de las cargas de trabajo, respecto a la demanda de amparo promovida por Noelia Ramos Lara, en favor de George Khoury Layón, Cristian Alan Lozano Martínez, Saúl Solís Solís, Roberto Alemán Jiménez García, Luis Morales Villanueva y Alejandro López Ponce, que dio origen al presente asunto. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. ??????????????? 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular 4525180416 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. ??????????????? 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Mensajería instantánea (WhatsApp) 4525180416 Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación

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