Rita MarìA Santos RodrìGuez
Expediente 652/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 652/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rita MarìA Santos RodrìGuez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta asentada por el actuario judicial adscrito, de la que se advierte que no le fue posible notificar a la quejosa Rita María Santos Rodríguez, el auto de siete de mayo del año en curso, toda vez que en el domicilio señalado para tal efecto no la conocen; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído dictado el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, y se ordena turnar los autos a la diligenciaria adscrita a este Tribunal Federal, a fin de que proceda a practicar la notificación del auto de mérito por medio de lista, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales para la citada quejosa, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio que remite el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, hágase de su conocimiento que mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito determinó asumir el conocimiento del amparo directo 157/2020, promovido por Rita María Santos Rodríguez, del índice de ese Tribunal Federal. Notifíquese. ...
- Principal
EN ESTA PROPIA FECHA, PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LOS AUTOS DE SIETE Y VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, ELLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, QUE A LA LETRA DICE: Zacatecas, Zacatecas, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta asentada por el actuario judicial adscrito, de la que se advierte que no le fue posible notificar a la quejosa Rita María Santos Rodríguez, el auto de siete de mayo del año en curso, toda vez que en el domicilio señalado para tal efecto no la conocen; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído dictado el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, y se ordena turnar los autos a la diligenciaria adscrita a este Tribunal Federal, a fin de que proceda a practicar la notificación del auto de mérito por medio de lista, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales para la citada quejosa, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio que remite el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, hágase de su conocimiento que mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito determinó asumir el conocimiento del amparo directo 157/2020, promovido por Rita María Santos Rodríguez, del índice de ese Tribunal Federal. Notifíquese. ... Zacatecas, Zacatecas, siete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexos, con número de registro 7732, por medio del cual la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Sombrerete, Zacatecas, devuelve diligenciado el despacho girado por este juzgado, con la finalidad de notificar a la quejosa el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Acúsese el recibo de estilo. En otro aspecto, se da cuenta con la promoción y anexos, con número de registro 7771, por medio del cual, la quejosa Rita María Santos Rodríguez da cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia, téngase dando cumplimiento a las prevenciones formuladas. En tales condiciones, se provee: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, con la finalidad de confirmar o descartar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se desprende en esencia que la parte quejosa reclama del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, el auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el incidente de liquidación de suerte principal e intereses moratorios, gatos y costas, derivado del juicio mercantil ejecutivo 231/2017, en donde el juez responsable admitió en la vía incidental la liquidación de suerte principal e intereses moratorios, gastos y costas judiciales promovido por Carlos Gregorio Rodríguez Delgado, endosatario en procuración de la parte actora en el juicio de origen, cuya contraparte precisamente lo es la demandada principal e incidental Rita María Santos Rodríguez, aquí quejosa. En esa guisa, DEBE DESECHARSE DE PLANO la demanda que se provee, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, en relación al acto reclamado, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, pues la resolución reclamada no es la última dictada en el procedimiento de ejecución. En ese sentido, la irreparabilidad del acto atiende a las consecuencias jurídicas que origina y no a las manifestaciones que se hagan de que con ello se atenta contra ciertos derechos fundamentales y que se causa daño irreparable, porque de permitirlo así, se dejaría al libre albedrío la promoción indiscriminada del juicio de amparo, basándose en la sola manifestación del gobernado de que se trata de actos de imposible reparación, lo que desde luego desnaturalizaría la acción constitucional. En consecuencia de lo antes referido, la condición de irreparabilidad no se da en relación al acto reclamado, pues el único efecto de éste es que en su momento se resuelva el incidente de liquidación de la suerte principal e intereses moratorios, gastos y costas judiciales, derivados de la sentencia dictada a favor del actor del juicio de origen, lo cual conlleva a la realización de diversos actos tendentes a la satisfacción de lo condenado; lo que en nada trastoca derechos de naturaleza sustantiva, pues se trata de actos relacionados con la ejecución de la sentencia de origen; además, ello implica que la resolución reclamada sólo podrá ser impugnada como violación procesal, que afecta las defensas del quejoso, en el amparo que éste intente en contra de la última resolución con la que culmine el procedimiento respectivo si es que ésta le es adversa. De lo que se concluye, que la resolución reclamada y sus consecuencias jurídicas, se trata exclusivamente de un auto a través del cual se admite el incidente de liquidación de sentencia y, por tal razón, no procede el juicio de amparo indirecto, porque, no es una resolución con autonomía propia y destacada. Consecuentemente, hasta en tanto se resuelva el incidente de liquidación de sentencia, la quejosa no podrá reclamar las posibles violaciones que estima fueron realizadas por dicha autoridad, las cuales podrán hacerse valer en el amparo indirecto que en su oportunidad se proponga en contra de la última resolución que ponga fin al incidente de que se trata; por tanto, la reparación de los posibles agravios que se pudieran cometer con el acuerdo reclamado y su ejecución, en su caso, se debe reservar hasta que concluya ese trámite incidental. Por las razones que la informan, se invoca la tesis que se comparte, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, registro digital 168666, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 2372, que dice: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN SE COMETEN VIOLACIONES PROCESALES, TALES COMO EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INNOMINADO, PUEDEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO INDIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE CULMINE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo prevé, entre otras cuestiones, que para impugnar los actos emitidos en la fase de ejecución de sentencia, es necesario que se reclamen al promover el amparo en la vía indirecta, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. Por otro lado, el artículo 159, fracción IX, de la ley en cita, consigna como violación procesal, el desechamiento de los recursos a que el quejoso tuviere derecho conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento, que produzcan un estado de indefensión. Por su parte, el diverso artículo 161 de la ley en comento, dispone que las violaciones al procedimiento enumeradas en los artículos 159 y 160 de la ley de la materia, sólo podrán reclamarse al promoverse el amparo contra la sentencia definitiva. En ese contexto, si durante la tramitación de un incidente de liquidación de costas, se cometen violaciones a las normas del procedimiento, como sería el desechamiento de un recurso innominado, es evidente que dicha situación es semejante a la hipótesis prevista en el citado artículo 159, fracción IX, y aplicando por analogía los principios que informan las reglas de procedencia del amparo directo, respecto de infracciones al procedimiento, contenidas en los artículos del 158 al 161 de la propia ley (que también recoge lo preceptuado en el artículo 114, fracción III) no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto contra tales infracciones procesales cometidas en la secuela del aludido incidente de liquidación de gastos y costas, pues éste necesariamente culminará con una resolución, la cual puede combatirse en amparo indirecto, en el que, se reitera, podrán reclamarse las violaciones procesales cometidas en ese procedimiento, tales como el desechamiento de un medio de impugnación innominado." Es así, pues precisamente, el acto reclamado y su ejecución (consecuencias jurídicas), deriva de un juicio mercantil ejecutivo concluido con una sentencia ejecutoriada en la cual se condenó al demandado, aquí recurrente, al pago de las prestaciones condenadas, y la resolución reclamada está íntimamente vinculada con el procedimiento de ejecución de sentencia, en razón de que en ésta únicamente se admitió a trámite un incidente de liquidación de sentencia formulada por la parte actora; determinación y sus consecuencias jurídicas que están plenamente vinculadas al derivar y ser consecuencia directa e inmediata de la cosa juzgada en el juicio natural; de ahí que se reitere que la resolución reclamada podrá ser impugnada en el juicio de amparo que en su momento promueva en contra de la "última resolución" que se dicte en ese incidente de liquidación de sentencia, al tenor de lo dispuesto por el segundo párrafo, de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo; lo que pone de manifiesto que por el momento no es procedente el juicio de amparo, al no actualizarse la excepción a la regla general señalada. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 6/98, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, antes invocada, con registro 196891, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, febrero de 1998, página 60, que se transcribe a continuación. "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." No obsta a lo anterior la manifestación de la impetrante, cuando refiere que existe una afectación a su derecho humano de seguridad jurídica previsto en el precepto 14 constitucional. Lo anterior es así, debido a que la invocación de la aludida violación, en modo alguno implica que deban soslayarse los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales y acciones que los gobernados tienen a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales Federales dejaran de aplicar los principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, con lo cual se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), con registro 2007621, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Rita María Santos Rodríguez, con fundamento en lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a la quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en callejón del Quijano, número 317, colonia centro, en esta ciudad. Finalmente, agréguese a los autos la promoción y anexos, con número de registro 7830, signado por la referida disidente Rita María Santos Rodríguez, a través del cual solicita que se admita a tramite la demanda de amparo, y además pide que se amplíe el plazo para que se le tenga por presentado el escrito de cuenta, acorde a las manifestaciones que realiza en torno a la notificación del auto de dieciocho de diciembre pasado, realizada a través de despacho; sin que haya necesidad de realizar mayor pronunciamiento, en razón de lo asentado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, siete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexos, con número de registro 7732, por medio del cual la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Sombrerete, Zacatecas, devuelve diligenciado el despacho girado por este juzgado, con la finalidad de notificar a la quejosa el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Acúsese el recibo de estilo. En otro aspecto, se da cuenta con la promoción y anexos, con número de registro 7771, por medio del cual, la quejosa Rita María Santos Rodríguez da cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia, téngase dando cumplimiento a las prevenciones formuladas. En tales condiciones, se provee: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, con la finalidad de confirmar o descartar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se desprende en esencia que la parte quejosa reclama del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, el auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el incidente de liquidación de suerte principal e intereses moratorios, gatos y costas, derivado del juicio mercantil ejecutivo 231/2017, en donde el juez responsable admitió en la vía incidental la liquidación de suerte principal e intereses moratorios, gastos y costas judiciales promovido por Carlos Gregorio Rodríguez Delgado, endosatario en procuración de la parte actora en el juicio de origen, cuya contraparte precisamente lo es la demandada principal e incidental Rita María Santos Rodríguez, aquí quejosa. En esa guisa, DEBE DESECHARSE DE PLANO la demanda que se provee, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, en relación al acto reclamado, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, pues la resolución reclamada no es la última dictada en el procedimiento de ejecución. En ese sentido, la irreparabilidad del acto atiende a las consecuencias jurídicas que origina y no a las manifestaciones que se hagan de que con ello se atenta contra ciertos derechos fundamentales y que se causa daño irreparable, porque de permitirlo así, se dejaría al libre albedrío la promoción indiscriminada del juicio de amparo, basándose en la sola manifestación del gobernado de que se trata de actos de imposible reparación, lo que desde luego desnaturalizaría la acción constitucional. En consecuencia de lo antes referido, la condición de irreparabilidad no se da en relación al acto reclamado, pues el único efecto de éste es que en su momento se resuelva el incidente de liquidación de la suerte principal e intereses moratorios, gastos y costas judiciales, derivados de la sentencia dictada a favor del actor del juicio de origen, lo cual conlleva a la realización de diversos actos tendentes a la satisfacción de lo condenado; lo que en nada trastoca derechos de naturaleza sustantiva, pues se trata de actos relacionados con la ejecución de la sentencia de origen; además, ello implica que la resolución reclamada sólo podrá ser impugnada como violación procesal, que afecta las defensas del quejoso, en el amparo que éste intente en contra de la última resolución con la que culmine el procedimiento respectivo si es que ésta le es adversa. De lo que se concluye, que la resolución reclamada y sus consecuencias jurídicas, se trata exclusivamente de un auto a través del cual se admite el incidente de liquidación de sentencia y, por tal razón, no procede el juicio de amparo indirecto, porque, no es una resolución con autonomía propia y destacada. Consecuentemente, hasta en tanto se resuelva el incidente de liquidación de sentencia, la quejosa no podrá reclamar las posibles violaciones que estima fueron realizadas por dicha autoridad, las cuales podrán hacerse valer en el amparo indirecto que en su oportunidad se proponga en contra de la última resolución que ponga fin al incidente de que se trata; por tanto, la reparación de los posibles agravios que se pudieran cometer con el acuerdo reclamado y su ejecución, en su caso, se debe reservar hasta que concluya ese trámite incidental. Por las razones que la informan, se invoca la tesis que se comparte, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, registro digital 168666, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 2372, que dice: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN SE COMETEN VIOLACIONES PROCESALES, TALES COMO EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INNOMINADO, PUEDEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO INDIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE CULMINE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo prevé, entre otras cuestiones, que para impugnar los actos emitidos en la fase de ejecución de sentencia, es necesario que se reclamen al promover el amparo en la vía indirecta, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. Por otro lado, el artículo 159, fracción IX, de la ley en cita, consigna como violación procesal, el desechamiento de los recursos a que el quejoso tuviere derecho conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento, que produzcan un estado de indefensión. Por su parte, el diverso artículo 161 de la ley en comento, dispone que las violaciones al procedimiento enumeradas en los artículos 159 y 160 de la ley de la materia, sólo podrán reclamarse al promoverse el amparo contra la sentencia definitiva. En ese contexto, si durante la tramitación de un incidente de liquidación de costas, se cometen violaciones a las normas del procedimiento, como sería el desechamiento de un recurso innominado, es evidente que dicha situación es semejante a la hipótesis prevista en el citado artículo 159, fracción IX, y aplicando por analogía los principios que informan las reglas de procedencia del amparo directo, respecto de infracciones al procedimiento, contenidas en los artículos del 158 al 161 de la propia ley (que también recoge lo preceptuado en el artículo 114, fracción III) no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto contra tales infracciones procesales cometidas en la secuela del aludido incidente de liquidación de gastos y costas, pues éste necesariamente culminará con una resolución, la cual puede combatirse en amparo indirecto, en el que, se reitera, podrán reclamarse las violaciones procesales cometidas en ese procedimiento, tales como el desechamiento de un medio de impugnación innominado." Es así, pues precisamente, el acto reclamado y su ejecución (consecuencias jurídicas), deriva de un juicio mercantil ejecutivo concluido con una sentencia ejecutoriada en la cual se condenó al demandado, aquí recurrente, al pago de las prestaciones condenadas, y la resolución reclamada está íntimamente vinculada con el procedimiento de ejecución de sentencia, en razón de que en ésta únicamente se admitió a trámite un incidente de liquidación de sentencia formulada por la parte actora; determinación y sus consecuencias jurídicas que están plenamente vinculadas al derivar y ser consecuencia directa e inmediata de la cosa juzgada en el juicio natural; de ahí que se reitere que la resolución reclamada podrá ser impugnada en el juicio de amparo que en su momento promueva en contra de la "última resolución" que se dicte en ese incidente de liquidación de sentencia, al tenor de lo dispuesto por el segundo párrafo, de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo; lo que pone de manifiesto que por el momento no es procedente el juicio de amparo, al no actualizarse la excepción a la regla general señalada. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 6/98, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, antes invocada, con registro 196891, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, febrero de 1998, página 60, que se transcribe a continuación. "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." No obsta a lo anterior la manifestación de la impetrante, cuando refiere que existe una afectación a su derecho humano de seguridad jurídica previsto en el precepto 14 constitucional. Lo anterior es así, debido a que la invocación de la aludida violación, en modo alguno implica que deban soslayarse los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales y acciones que los gobernados tienen a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales Federales dejaran de aplicar los principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, con lo cual se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), con registro 2007621, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Rita María Santos Rodríguez, con fundamento en lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a la quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en callejón del Quijano, número 317, colonia centro, en esta ciudad. Finalmente, agréguese a los autos la promoción y anexos, con número de registro 7830, signado por la referida disidente Rita María Santos Rodríguez, a través del cual solicita que se admita a tramite la demanda de amparo, y además pide que se amplíe el plazo para que se le tenga por presentado el escrito de cuenta, acorde a las manifestaciones que realiza en torno a la notificación del auto de dieciocho de diciembre pasado, realizada a través de despacho; sin que haya necesidad de realizar mayor pronunciamiento, en razón de lo asentado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...
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... Zacatecas, Zacatecas, doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se ordenó notificar el mismo a la quejosa Rita María Santos Rodríguez, quien tiene su domicilio fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, sin que se haya girado el despacho correspondiente. Por tanto, para el solo efecto de regularizar el procedimiento, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Miguel Auza, Zacatecas, a fin de que ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio ubicado en calle Hidalgo número 18 en Saín Alto, Zacatecas, y notifique a Rita María Santos Rodríguez, el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, enviándole al efecto copia certificada del mismo. Notifíquese. ...
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