Rigoberto Martínez Raudales

Expediente 246/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 38 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
246/2017
Año
2017
Actuaciones
38
Última actuación
29/12/2017

Partes del expediente

  • Rigoberto Martínez Raudales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    El veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado, Certifica: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del ocho al veintiuno de diciembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de treinta de noviembre de la presente anualidad (fojas 180 a 186), dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 246/2017. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Que si existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo cual no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el treinta de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 180 a 186), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable juez de Ejecución de Sanciones Penales con sede en Cieneguillas, Zacatecas, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del procedimiento judicial de ejecución 168/2015. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. AleM, María del Carmen.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 246/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Rigoberto Martínez Raudales, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: - Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de la capital del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: - La negativa de prescripción de la reparación del daño en el expediente de ejecución 168/2015. Acto que consideró violatorio de los artículos 1, 4,14,16,17, 18, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de seis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 4 a 7), se registró el juicio con el expediente 246/2017, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable, se ordenó dar intervención a la agente del Ministerio Público de la adscripción y emplazar a la parte tercero interesada, asimismo, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecisiete (foja 152), se informó a las partes que, mediante oficio SEADS/762/2017, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de trece de septiembre de dos mil diecisiete, se acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de ese mes y año. La audiencia constitucional inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado atribuye a una autoridad judicial que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: - El acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente de ejecución de sanciones 168/2015, mediante el que se desestimó la solicitud del quejoso para obtener la prescricpción de la reparación del daño objeto de la condena materia de dicho procedimiento. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de la ciudad de Zacatecas aceptó la existencia de la determinación reclamada (fojas 15 y 16). Además, dicha juzgadora exhibió la copia certificada del expediente de ejecución de sanciones natural; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se narraran los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil catorce ante el Juzgado de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, Rigoberto Martínez Raudales solicitó quedar a disposición de dicho órgano jurisdiccional a efecto de que se analizara la ejecución de las sanciones que se encontraba compurgando (foja 1 del cuaderno de pruebas). 2. En auto de uno de octubre de dos mil catorce, la titular del juzgado citado requirió al sentenciado para que especificara el juzgado en que fue procesado, la fecha de la sentencia, el delito imputado, la sanción impuesta y la parte ofendida, asimismo, para que designara defensor y precisara el beneficio que solicitaba (foja 2 del tomo citado). 3. El siete siguiente, el reo precisó que el proceso que se siguió en su contra fue el 41/1997 del índice del juzgado segundo penal de la capital del Estado, por el delito de homicidio en agravio de Ramiro Vázquez, sancionado con treinta años de prisión, designaba defensor de oficio y solicitaba la acumulación de sanciones (foja 3 del cuaderno de pruebas). 4. En acuerdo de diecinueve de enero de dos mil quince, la juez de ejecución en referencia determinó ordenar a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, que se inhibiera de conocer de la ejecución de la sanción de prisión impuesta al recluso en cita y lo dejara a disposición de dicha autoridad jurisdiccional en lo concerniente a tal compurgación (foja 4 del cuaderno de pruebas). 5. En acuerdo de catorce de diciembre de dos mil quince, se tuvo al quejoso a disposición del juzgado responsable, se registró el asunto con el expediente 168/2015 y se resolvió sobre los términos en que deberían seguirse ejecutando las sanciones que le habían sido impuestas (fojas 415 a 421 del tomo de pruebas). 6. A través de escrito presentado el quince de diciembre de dos mil quince, el quejoso designó a Gladis Eralu Rodríguez Alfaro, Verónica Fuentes Ortiz y Claudia Lizbeth Maldonado Saucedo como defensoras particulares (foja 434). 6.1. En acuerdo de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se tuvieron designadas a las defensoras citadas (foja 435). 6.2. El veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, Gladis Eralu Rodríguez Alfaro y Claudia Lizbeth Maldonado Saucedo aceptaron el cargo que les fue conferido (foja 437). 7. Mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, se requirió al sentenciado a efecto de que, en el plazo de diez días, realizara el pago de las cantidades correspondientes a la reparación del daño objeto de las condenas que le habían sido impuestas, tomando en cuenta que la víctimas fueron notificadas de la sentencia respectiva el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, por lo que el derecho a tal reparación fenecía el mismo día y mes del dos mil diecinueve (fojas 148 y 149 del cuderno de amparo). 8. Por medio de escrito presentado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, el quejoso solicitó la prescripción de la reparación del daño (fojas 633 a 636 del cuaderno de pruebas) 9. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se determinó que la solicitud de prescipción era infundada (fojas 637 y 638 del tomo anterior). La determinación anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. 9.1. El veintiuno de febrero de dos mil dieciséis, se asentó que el proveído anterior había sido notificado a la defensa del sentenciado, por conducto de la defensora particular Claudia Lizbeth Maldonado Saucedo (foja 640 del cuaderno de pruebas). 9.2. El veinticuatro siguiente, se asentó que el auto reclamado fue notificado al sentenciado en el lugar de su reclusión (foja 641 del cuaderno en referencia). QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, tal como lo alega la juez responsable (foja 16), se actualiza la causal de improcedencia contenida la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos jurisdiccionales recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De lo anterior destacan las excepciones establecidas en los procedimientos de índole penal, en los que, en general, contra las determinaciones que afecten la libertad personal del inculpado (con excepción de la sentencia condenatoria), no es necesario agotar el recurso o medio de defensa. En sentido contrario, si el acto reclamado no incide en la libertad personal o se trata de la sentencia del proceso, debe agotarse el recurso ordinario establecido, siempre y cuando no se actualice otra excepción al principio de definitivad que rige en el juicio de amparo. En ese contexto, el artículo 147 de la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas dispone: "Artículo 147. El recurso de apelación es procedente contra las siguientes resoluciones: I. Las que decidan sobre el otorgamiento, modificación o la revocación de cualquier beneficio concedido a los sentenciados sobre la libertad anticipada; II. Las que declaren la extinción de la sanción penal; III. Las que sustituyan la pena de prisión por una medida de seguridad; IV. Las que decidan sobre la extinción de la pena o medida de seguridad impuesta al sentenciado por aplicación de una ley más benigna o jurisprudencia más favorable; V. Las que determinen todo lo relacionado con la reparación del daño; VI. Las que establezcan el cálculo y los términos de las penas privativas de libertad; VII. Las que definan sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y tratamiento penitenciario, y VIII. Las que atiendan las quejas que formulen los internos sobre medidas disciplinarias y medidas especiales de vigilancia". El precepto anterior regula la procedencia del recurso de apelación en los expedientes que se sigan bajo la ley de ejecución de sanciones citada. En particular, se deduce la procedencia genérica de dicho medio de impugnación contra cualquier determinación que incida en lo relativo a la reparación del daño. Por tanto, contra las determinaciones que tengan como materia la reparación del daño resulta procedente el recurso de apelación, en conformidad con lo establecido expresamente en la fracción V del numeral citado. En consecuencia, en dicho supuesto, por regla general, al tratarse de un recurso ordinario en materia penal que no versa sobre orden de aprehensión o reaprehensión, vinculación a proceso, negativa de la libertad bajo caución o de los requisitos para su disfrute, desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, resulta inconcuso que debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo, pues la materia de la determinación combatida se concreta en la reparación del daño, lo que no afecta la libertad personal del sentenciado de manera necesaria. En esta instancia constitucional, el quejoso combate la determinación que negó la pretensión de prescripción de la reparación del daño en el procedimiento de ejecución de sanciones natural. De tal manera que la materia de lo controvertido se concreta en la vigencia del derecho a la reparación del daño objeto de las condenas de origen. Luego, es inconcuso que contra la determinación anterior procede el recurso de apelación establecido en la fracción V del artículo 147 de la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, porque, como se expuso, expresamente se establece que contra todo lo relacionado con la reparación del daño procede el medio de impugnación en comento. Lo anterior, tomando en cuenta que el procedimiento de origen inició, como se reseñó, el uno de octubre de dos mil catorce, es decir, bajo la vigencia de la ley de ejecución de sanciones citada, que fue publicada el dieciocho de junio de dos mil once y que en términos del artículo primero transitorio fue vigente en el distrito judicial de la capital desde el día siguiente a dicha publicación. En consecuencia, el recurso de apelación en comento debió agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo. Sin que se actualice una excepción al principio de definitividad, ya que se trata de una determinación emitida dentro de un procedimiento penal (lo que excluye se trate de un acto fuera de procedimiento y de una persona extraña a éste), que no afecta la libertad personal del quejoso (al limitarse la materia del acto reclamado, se insiste, a la vigencia del derecho al pago de la reparación del daño) y no estar sujeta su procedencia a mayor interpretación, pues expresamente está determinada su procedencia; máxime que respecto de este último aspecto, se advierte que en el acto reclamado expresamente se refirió que la ejecución de sanciones se encontraba regida por la ley en referencia (foja 638 del cuaderno de pruebas) y que tal determinación fue notificada a la defensa del quejoso (foja 640). Así pues, se trata de un recurso ordinario que el amparista estuvo en posibilidad material de interponer, por lo que, se reitera, debió agotarse previamente a la promoción del presente juicio de amparo, al no actualizarse una excepción al principio de definitividad que rige en la materia. En suma, al no haberse agotado el recurso ordinario procedente, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de la notificación material del presente considerando en términos de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo y, por ende se sobresee en el juicio en conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V de dicho ordenamiento. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rigoberto Martínez Raudales contra los actos reclamados de la Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, consistente en el acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente de ejecución de sanciones 168/2015; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese; Personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, ante Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA LICENCIADA MARÍA TERESA RAMÍREZ SANDOVAL, DEFENSORA PÚBLICA Y/O ASESORA DEL QUEJOSO RIGOBERTO MARTÍNEZ RAUDALES, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 246/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Rigoberto Martínez Raudales, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: - Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de la capital del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: - La negativa de prescripción de la reparación del daño en el expediente de ejecución 168/2015. Acto que consideró violatorio de los artículos 1, 4,14,16,17, 18, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de seis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 4 a 7), se registró el juicio con el expediente 246/2017, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable, se ordenó dar intervención a la agente del Ministerio Público de la adscripción y emplazar a la parte tercero interesada, asimismo, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecisiete (foja 152), se informó a las partes que, mediante oficio SEADS/762/2017, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de trece de septiembre de dos mil diecisiete, se acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de ese mes y año. La audiencia constitucional inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado atribuye a una autoridad judicial que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: - El acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente de ejecución de sanciones 168/2015, mediante el que se desestimó la solicitud del quejoso para obtener la prescricpción de la reparación del daño objeto de la condena materia de dicho procedimiento. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de la ciudad de Zacatecas aceptó la existencia de la determinación reclamada (fojas 15 y 16). Además, dicha juzgadora exhibió la copia certificada del expediente de ejecución de sanciones natural; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se narraran los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil catorce ante el Juzgado de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, Rigoberto Martínez Raudales solicitó quedar a disposición de dicho órgano jurisdiccional a efecto de que se analizara la ejecución de las sanciones que se encontraba compurgando (foja 1 del cuaderno de pruebas). 2. En auto de uno de octubre de dos mil catorce, la titular del juzgado citado requirió al sentenciado para que especificara el juzgado en que fue procesado, la fecha de la sentencia, el delito imputado, la sanción impuesta y la parte ofendida, asimismo, para que designara defensor y precisara el beneficio que solicitaba (foja 2 del tomo citado). 3. El siete siguiente, el reo precisó que el proceso que se siguió en su contra fue el 41/1997 del índice del juzgado segundo penal de la capital del Estado, por el delito de homicidio en agravio de Ramiro Vázquez, sancionado con treinta años de prisión, designaba defensor de oficio y solicitaba la acumulación de sanciones (foja 3 del cuaderno de pruebas). 4. En acuerdo de diecinueve de enero de dos mil quince, la juez de ejecución en referencia determinó ordenar a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, que se inhibiera de conocer de la ejecución de la sanción de prisión impuesta al recluso en cita y lo dejara a disposición de dicha autoridad jurisdiccional en lo concerniente a tal compurgación (foja 4 del cuaderno de pruebas). 5. En acuerdo de catorce de diciembre de dos mil quince, se tuvo al quejoso a disposición del juzgado responsable, se registró el asunto con el expediente 168/2015 y se resolvió sobre los términos en que deberían seguirse ejecutando las sanciones que le habían sido impuestas (fojas 415 a 421 del tomo de pruebas). 6. A través de escrito presentado el quince de diciembre de dos mil quince, el quejoso designó a Gladis Eralu Rodríguez Alfaro, Verónica Fuentes Ortiz y Claudia Lizbeth Maldonado Saucedo como defensoras particulares (foja 434). 6.1. En acuerdo de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se tuvieron designadas a las defensoras citadas (foja 435). 6.2. El veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, Gladis Eralu Rodríguez Alfaro y Claudia Lizbeth Maldonado Saucedo aceptaron el cargo que les fue conferido (foja 437). 7. Mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, se requirió al sentenciado a efecto de que, en el plazo de diez días, realizara el pago de las cantidades correspondientes a la reparación del daño objeto de las condenas que le habían sido impuestas, tomando en cuenta que la víctimas fueron notificadas de la sentencia respectiva el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, por lo que el derecho a tal reparación fenecía el mismo día y mes del dos mil diecinueve (fojas 148 y 149 del cuderno de amparo). 8. Por medio de escrito presentado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, el quejoso solicitó la prescripción de la reparación del daño (fojas 633 a 636 del cuaderno de pruebas) 9. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se determinó que la solicitud de prescipción era infundada (fojas 637 y 638 del tomo anterior). La determinación anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. 9.1. El veintiuno de febrero de dos mil dieciséis, se asentó que el proveído anterior había sido notificado a la defensa del sentenciado, por conducto de la defensora particular Claudia Lizbeth Maldonado Saucedo (foja 640 del cuaderno de pruebas). 9.2. El veinticuatro siguiente, se asentó que el auto reclamado fue notificado al sentenciado en el lugar de su reclusión (foja 641 del cuaderno en referencia). QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, tal como lo alega la juez responsable (foja 16), se actualiza la causal de improcedencia contenida la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos jurisdiccionales recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De lo anterior destacan las excepciones establecidas en los procedimientos de índole penal, en los que, en general, contra las determinaciones que afecten la libertad personal del inculpado (con excepción de la sentencia condenatoria), no es necesario agotar el recurso o medio de defensa. En sentido contrario, si el acto reclamado no incide en la libertad personal o se trata de la sentencia del proceso, debe agotarse el recurso ordinario establecido, siempre y cuando no se actualice otra excepción al principio de definitivad que rige en el juicio de amparo. En ese contexto, el artículo 147 de la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas dispone: "Artículo 147. El recurso de apelación es procedente contra las siguientes resoluciones: I. Las que decidan sobre el otorgamiento, modificación o la revocación de cualquier beneficio concedido a los sentenciados sobre la libertad anticipada; II. Las que declaren la extinción de la sanción penal; III. Las que sustituyan la pena de prisión por una medida de seguridad; IV. Las que decidan sobre la extinción de la pena o medida de seguridad impuesta al sentenciado por aplicación de una ley más benigna o jurisprudencia más favorable; V. Las que determinen todo lo relacionado con la reparación del daño; VI. Las que establezcan el cálculo y los términos de las penas privativas de libertad; VII. Las que definan sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y tratamiento penitenciario, y VIII. Las que atiendan las quejas que formulen los internos sobre medidas disciplinarias y medidas especiales de vigilancia". El precepto anterior regula la procedencia del recurso de apelación en los expedientes que se sigan bajo la ley de ejecución de sanciones citada. En particular, se deduce la procedencia genérica de dicho medio de impugnación contra cualquier determinación que incida en lo relativo a la reparación del daño. Por tanto, contra las determinaciones que tengan como materia la reparación del daño resulta procedente el recurso de apelación, en conformidad con lo establecido expresamente en la fracción V del numeral citado. En consecuencia, en dicho supuesto, por regla general, al tratarse de un recurso ordinario en materia penal que no versa sobre orden de aprehensión o reaprehensión, vinculación a proceso, negativa de la libertad bajo caución o de los requisitos para su disfrute, desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, resulta inconcuso que debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo, pues la materia de la determinación combatida se concreta en la reparación del daño, lo que no afecta la libertad personal del sentenciado de manera necesaria. En esta instancia constitucional, el quejoso combate la determinación que negó la pretensión de prescripción de la reparación del daño en el procedimiento de ejecución de sanciones natural. De tal manera que la materia de lo controvertido se concreta en la vigencia del derecho a la reparación del daño objeto de las condenas de origen. Luego, es inconcuso que contra la determinación anterior procede el recurso de apelación establecido en la fracción V del artículo 147 de la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, porque, como se expuso, expresamente se establece que contra todo lo relacionado con la reparación del daño procede el medio de impugnación en comento. Lo anterior, tomando en cuenta que el procedimiento de origen inició, como se reseñó, el uno de octubre de dos mil catorce, es decir, bajo la vigencia de la ley de ejecución de sanciones citada, que fue publicada el dieciocho de junio de dos mil once y que en términos del artículo primero transitorio fue vigente en el distrito judicial de la capital desde el día siguiente a dicha publicación. En consecuencia, el recurso de apelación en comento debió agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo. Sin que se actualice una excepción al principio de definitividad, ya que se trata de una determinación emitida dentro de un procedimiento penal (lo que excluye se trate de un acto fuera de procedimiento y de una persona extraña a éste), que no afecta la libertad personal del quejoso (al limitarse la materia del acto reclamado, se insiste, a la vigencia del derecho al pago de la reparación del daño) y no estar sujeta su procedencia a mayor interpretación, pues expresamente está determinada su procedencia; máxime que respecto de este último aspecto, se advierte que en el acto reclamado expresamente se refirió que la ejecución de sanciones se encontraba regida por la ley en referencia (foja 638 del cuaderno de pruebas) y que tal determinación fue notificada a la defensa del quejoso (foja 640). Así pues, se trata de un recurso ordinario que el amparista estuvo en posibilidad material de interponer, por lo que, se reitera, debió agotarse previamente a la promoción del presente juicio de amparo, al no actualizarse una excepción al principio de definitividad que rige en la materia. En suma, al no haberse agotado el recurso ordinario procedente, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de la notificación material del presente considerando en términos de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo y, por ende se sobresee en el juicio en conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V de dicho ordenamiento. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rigoberto Martínez Raudales contra los actos reclamados de la Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, consistente en el acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente de ejecución de sanciones 168/2015; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese; Personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, ante Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario que autoriza y da fe."

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas con diez minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; Que mediante auto de diez de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el escrito signado por el quejoso Rigoberto Martínez Raudales, mediante el cual designó como autorizadas en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las licenciadas Gladis Eralú Rodríguez Alfaro, Gabriela Nallely Ovalle Rodríguez y Claudia Lizbeth Maldonado Saucedo; asimismo, señaló como domicilio para tal fin el ubicado en Calle Unión 101, Local 38, Plaza Futura, Zona Centro de esta Ciudad de Zacatecas. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. LIC. JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZ En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos del presente asunto. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con diez minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, por auto de diez de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el escrito signado por el quejoso Rigoberto Martínez Raudales, mediante el cual designó como autorizadas en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las licenciadas Gladis Eralú Rodríguez Alfaro, Gabriela Nallely Ovalle Rodríguez y Claudia Lizbeth Maldonado Saucedo; asimismo, señaló como domicilio para tal fin el ubicado en Calle Unión 101, Local 38, Plaza Futura, Zona Centro de esta Ciudad de Zacatecas; por tanto, a fin de que las mencionadas profesionistas tengan oportunidad de imponerse de las constancias que obran dentro del presente asunto para tener una defensa adecuada; por tanto, se SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Luis.

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