Rita Belmontes Enciso

Expediente 575/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
575/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
07/11/2019

Partes del expediente

  • Rita Belmontes Enciso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    El siete de noviembre de dos mil diecinueve, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del dieciocho al treinta y uno de octubre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el once del propio mes y año. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En el incidente de suspensión relativo al juicio que nos ocupa, se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por los amparistas. La parte quejosa no exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Sí existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, siete de noviembre de dos mil diecinueve. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de octubre del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo primero, fracción II y vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES DESTRUIBLE; y de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES DESTRUIBLE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Por tanto, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo del referido Acuerdo. Finalmente, devuélvase al juez Primero del Ramo Civil de la capital, las copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario 563/1996, que en su momento remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

  2. Principal

    ... Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 36, 61, 63, 74, 77 y 107 de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Rita y Refugio, de apellidos Belmontes Enciso, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones expresadas en la última consideración de la presente sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del secretario de juzgado, Jesús Romero Hernández, con quien actúa, hoy once de octubre de dos mil diecinueve. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "... once de octubre de dos mil diecinueve VISTOS; para resolver los autos de juicio de amparo 575/2019; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Rita y Refugio, de apellidos Belmontes Enciso, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y la autoridad responsable citada en la demanda de amparo. SEGUNDO. Por cuestión de turno se remitió la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; por auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se radicó la demanda planteada, y una vez desahogada la prevención decretada en dicho acuerdo, mediante proveído de dos de agosto de esta anualidad, se admitió a trámite, al respecto, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como al tercero interesado; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, residente en la capital del mismo nombre, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado le es atribuido a una autoridad cuya residencia se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce funciones de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. " En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse que en la especie, la parte quejosa reclama del Juez Primero del Ramo Civil de la Capital, lo siguiente: ? La falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario 563/1996. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero del Ramo Civil de la Capital, ya que así lo manifestó dicha autoridad al rendir su informe con justificación (foja 23). Existencia que se corrobora con las constancias que integran el juicio sucesorio intestamentario 563/1996 que acompañó el juez responsable en copias certificadas (un tomo de pruebas); documentales a los que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de copias certificadas de documentos públicos; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Improcedencia del juicio. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes, al ser su análisis una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Respalda lo sostenido, la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso en concreto, se considera que el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, porque al día de hoy ha prescrito el derecho que le habría permitido intervenir en el juicio sucesorio del que emana el acto reclamado. Tal y como se procederá a explicar. En efecto, el artículo 61, fracción XII de la nueva Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia .". Precepto legal que guarda relación con el diverso artículo 6º, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente establece: "Artículo 6. El juicio de amparo podrá promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma genera o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De lo anterior, se colige que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de amparo, que el peticionario de amparo demuestre su interés jurídico, el cual, ha sido concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano constitucional demandando el cese de esa violación, es decir, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de amparo. El interés jurídico, es lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En el caso sujeto a estudio, se considera que la acción de amparo hecha valer por la parte quejosa deviene improcedente en virtud de la no afectación a su interés jurídico, generada con motivo de la prescripción del derecho que le pudo haber asistido para adquirir por sucesión intestamentaria el patrimonio que perteneció a Eligio Belmontes Olvera y que, finalmente, le impide reclamar ante la potestad federal la posible inconstitucionalidad que habría de viciar el procedimiento sucesorio respectivo con motivo de su falta de llamamiento al mismo. Es decir, para que en un juicio de amparo se cumpla con la exigencia de estar promovido por la parte a quien perjudique la ley o actos reclamados, a que se refieren los artículos 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, debe partirse del hecho de que a la parte promovente le corresponde la titularidad de algún derecho sustantivo que le permita defenderlo de infracciones cometidas en su detrimento, entendiendo por éste, el que se encuentra previsto en alguna figura jurídica de las que se regulan en el derecho común y que, al momento de la presentación de la demanda respectiva, tenga plena vigencia. En otras palabras, para que el ejercicio de la acción de amparo sea legalmente válido, debe tener por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quien demanda su protección, en razón de su existencia real al momento de la formulación de la pretensión correlativa ante la autoridad judicial, ya que a nada práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no le corresponde al quejoso, o que, habiéndole pertenecido, hubieren perdido positividad con motivo del transcurso del tiempo, tal como ocurre cuando opera la prescripción. En ese sentido, cabe destacar que en términos de lo establecido en el artículo 827 del Código Civil del Estado de Zacatecas , la acción de petición de herencia prescribe en diez años; término de diez años que se computa a partir de que el albacea entra en posesión de los bienes. Tiene aplicación al respecto la tesis emitida por la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, XCII, página 55, Sexta Época, Registro 803239, que dice: "PETICIÓN DE HERENCIA, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE. El término de la prescripción de 10 años para ejercitar la acción de petición de herencia, debe contarse desde el momento en que el albacea entra en posesión de los bienes." Así como la diversa tesis que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, LXXXII, Página 111, Registro 270202 Sexta Época, de rubro y texto: "PETICIÓN DE HERENCIA, MOMENTO EN QUE EMPIEZA A CONTARSE EL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE. Si bien es cierto que la ley no precisa a partir de que momento comienza a contarse el plazo de la prescripción para ejercitar el derecho de petición de herencia, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, ha resuelto este problema por la aplicación del principio de que la prescripción extintiva corre desde el momento en que el derecho se hace exigible, tomando en cuenta que ese momento no puede ser otro que aquél en que se pone en posesión al demandado de los bienes pertenecientes a la masa hereditaria mediante el reconocimiento de su calidad de heredero por la autoridad competente; y que para que el derecho sea exigible, es necesario que la herencia exista, que haya un heredero y que los bienes de la herencia sean poseídos por el albacea de la sucesión o por un heredero aparente o por otras personas; ya que salvo prueba en contrario, se presume que el albacea fue puesto, en los términos de ley, en posesión de los bienes hereditarios y esa posesión marca el momento del nacimiento de la acción de petición y el en que debe empezar a contarse el término de diez años de la prescripción extintiva a que se refiere la ley". De manera tal que si de las documentales que remitió en su informe justificado el Juez Primero del Ramo Civil de la Capital, consistentes en las copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario 563/1996, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que Arturo Belmontes Belmontes, aquí tercero interesado, fue designado como albacea desde el catorce de febrero de mil novecientos noventa y siete, data en la cual se celebró la junta de reconocimiento de herederos y designación de albacea a bienes de Eligio Belmontes Olvera (fojas 44 del anexo de pruebas); por lo tanto, de esa data a la fecha en que se presentó la demanda que dio origen al presente asunto, es decir al diecisiete de julio de dos mil diecinueve, transcurrieron más de veintidós años. De lo que se desprende que, transcurrió en exceso el plazo de diez años, necesario para que se extinguiera por prescripción el derecho de los ahora quejosos para pedir la herencia de quien refieren fue su ascendiente. En tal virtud, si por el solo transcurso del tiempo dejó de existir el derecho que habría permitido a la parte peticionaria de la salvaguarda constitucional intervenir en el juicio sucesorio del que emana el acto reclamado, es incuestionable que en la especie no se afecta su interés jurídico, pues lo que pretende es la anulación de lo actuado en el juicio intestamentario de origen a efecto de que se le convocara a participar en el misma, sin embargo el derecho a ello quedó extinguido por prescripción. En soporte de lo anterior cabe citar, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 39/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA).- Cuando el afectado impugne que no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplicables, debido a que no constituye un imperativo el que tenga que ejercer previamente la acción de petición de herencia a que se refieren los artículos 12, 13 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 9o. fracción I, 10, fracción VI y 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el amparo indirecto será procedente, de acuerdo con la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados pueden promover su demanda de amparo en forma inmediata, ante el Juez de Distrito. Por tanto, si cuenta con los documentos públicos para probar la idoneidad de su parentesco con el de cujus que le permitiría ser declarado probable heredero, el afectado no está obligado a ejercer la acción de petición de herencia. En todo caso, el ocurrir o no a esa vía jurisdiccional resultaría optativo para el quejoso, siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción, señalado en los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala". En este mismo sentido, resulta oportuno citar, en lo sustancial, las consideraciones que sustentaron la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 74/97, misma que culminó con el criterio jurisprudencial trascrito y en lo que interesa dice: ".Finalmente, antes de que esta Primera Sala fije la posición que habrá de adoptar para resolver la contradicción de tesis materia de estudio, respecto a la procedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los que un posible heredero que no fue debidamente emplazado a juicio reclama su derecho a intervenir en un juicio sucesorio intestamentario, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, es necesario analizar los diversos supuestos que podrían dar lugar a que se promoviera el juicio de garantías por parte de una persona que se considera con derecho a participar de la masa hereditaria dejada por el de cujus, que en la especie son las siguientes:-- a). En primer lugar cabe mencionar aquellos casos en los que desde la denuncia del juicio intestamentario se señala a alguna persona familiar del de cujus, con derecho a participar en el juicio, respecto de la cual, el juzgador estaría en la obligación de ordenar que se le cite y de verificar que se dé cabal cumplimiento a las formalidades legales establecidas para ello, a efecto de que se haga del conocimiento del heredero señalado la existencia del juicio sucesorio, para que esté en condiciones de acudir ante la autoridad judicial que conoce del juicio sucesorio a deducir sus derechos hereditarios, como ocurre en el casos expresamente señalados en los artículos 844, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 1197 y 1198 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala que en lo conducente señalan:- - "ARTÍCULO 844.- Efectuada la denuncia y una vez practicadas las diligencias de aseguramiento de los bienes, cuando así proceda, el Juez tendrá por radicado el intestado y mandará notificarlo por cédula o por correo con acuse de recibo a las personas que se hubiesen señalado como interesadas, haciéndoles saber el nombre del finado, las demás particularidades que lo identifiquen, la fecha y el lugar del fallecimiento, para que en un término improrrogable de treinta días se presenten a deducir y a justificar sus derechos, a la herencia y a hacer el nombramiento de albacea. En todo caso mandará a fijar y publicar los edictos correspondientes, haciendo saber a los interesados la radicación del intestado y previniéndoles que deberán presentarse a deducir y justificar sus derechos en la forma y términos que ordena el párrafo anterior".- - - "ARTÍCULO 1197.- En la denuncia o promoción de intestado, se expresará si el autor de la sucesión dejó cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales, dentro del quinto grado".- - - "ARTÍCULO 1198.- El Juez citará a los presuntos herederos que aparecieran en la denuncia o a sus legítimos representantes, para una junta." - - - Del contenido de los numerales transcritos de ambos ordenamientos legales citados, se advierte que en aquellos casos en que en la demanda de intestado se haga mención o se señale a alguna persona como familiar del de cujus, se genera la obligación por parte del Juez del conocimiento, de vigilar la correcta citación de dicha persona, a efecto de que se haga de su conocimiento la existencia del juicio sucesorio, para que acuda a deducir sus derechos hereditarios.- - En este caso, de darse alguna irregularidad -deficiencia u omisión- en la citación o llamamiento correspondiente, indudablemente el heredero en cuestión, se vería afectado en sus derechos fundamentales con las resoluciones que se dictaran en las diferentes etapas que integran el trámite del juicio sucesorio, pues las mismas no se ocuparían del quejoso porque no fue parte en el mismo, luego entonces dicha afectación no podría ser subsanada con el dictado de la resolución definitiva (en un juicio sucesorio se entiende como tal la que determina la adjudicación de bienes), pues no sería tomado en consideración en dicha determinación, por no haber sido parte en el juicio, razón por la que el interesado quedaría en la posibilidad de promover el juicio de amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito, dentro del término señalado para ello por el artículo 21 de la Ley de Amparo, a condición de que no haya operado en su perjuicio el término para la prescripción del derecho a reclamar la herencia a que se refieren los artículos 2993 del Código Civil para el Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, los cuales son coincidentes en señalar el término de diez años contados a partir de la muerte del de cujus.- - Sin que en las citadas condiciones, exista la obligación por parte del quejoso, de tramitar previamente el juicio de petición de herencia, en virtud de que éste no tiene la calidad de un recurso ordinario, ya que se trata de un procedimiento autónomo y no de un recurso o medio ordinario de impugnación, como ya se precisó con anterioridad.- - Tampoco sería exigible en las condiciones apuntadas, que el quejoso agotara los recursos ordinarios señalados en los códigos de procedimientos civiles, pues al no haber sido parte en el juicio no tendría acceso a agotarlos, por tener la calidad de tercero extraño al juicio.- - - b). Diversa circunstancia se presentaría cuando a una persona que se considera posible heredera, no se le da intervención alguna en el juicio sucesorio por omisión total de su señalamiento en el trámite del procedimiento sucesorio y reclama su derecho a intervenir en dicho juicio, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, circunstancia que daría lugar a dos situaciones diversas:-- 1-b). La primera se actualiza cuando la persona interesada cuenta con un documento público fehaciente que acredita su entroncamiento con el autor de la sucesión -en la especie el acta del registro civil correspondiente-, así como el grado de parentesco idóneo para ser declarado heredero, lo que le permitiría, sin prejuzgar sobre la primacía o no de sus derechos hereditarios en relación con las otras personas declaradas como herederos en el juicio sucesorio, establecer su derecho para ser llamado a juicio a través del juicio de garantías, siempre que no haya transcurrido el término de la prescripción de su derecho a reclamar la herencia.- - - 2-b). La segunda situación se daría cuando la persona interesada en intervenir en un juicio sucesorio, no obstante que cuenta con un documento público fehaciente -un acta del registro civil- para acreditar su entronque de parentesco con el autor de la sucesión, como base para promover el juicio de amparo, dicho documento sea insuficiente para acreditar su derecho a participar en el juicio sucesorio como ocurre en los casos en que en un juicio intestamentario ya se encuentran acreditadas como herederas personas con un grado de parentesco menor con el autor de sucesión, que el que acredita el quejoso, con el documento en cuestión, si se toma en consideración que en todos los códigos civiles de las entidades federativas y del Distrito Federal, establecen en sus preceptos la regla que señala que los parientes cercanos excluyen a los parientes lejanos, en la preferencia al haber hereditario.-- c). Otra circunstancia diversa se presenta en el caso en que la persona interesada en intervenir en el juicio sucesorio, para que se le declare heredero, pretende demostrar su entroncamiento familiar con el autor de la sucesión, mediante el acopio de diverso material probatorio, por carecer del documento público idóneo para ello -en la especie el acta del registro civil- en cuyo caso no sería procedente el juicio de amparo, pues se estaría en la imposibilidad de hacer alguna declaración en torno a la demostración del vínculo de parentesco, por no contarse con la prueba fehaciente requerida por los diversos código civiles para ello, en tales condiciones dicha pretensión deberá hacerse valer a través de un juicio ordinario ante las autoridades correspondientes a través del procedimiento de petición de herencia.". En las relatadas circunstancias, si quedó extinguida por prescripción la acción de petición de herencia que correspondió a la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el artículo 827 del Código Civil del Estado de Zacatecas, al haber transcurrido un plazo mayor de diez años entre la fecha en que el albacea Arturo Belmontes Belomontes, aquí tercero interesado, entró en posesión de la masa hereditaria y el día en que se presentó la demanda de amparo que dio inicio a este juicio, es inobjetable que en la especie se actualiza de manera plena la causal de improcedencia que deriva de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y por ende, lo que procede es sobreseer en el juicio conforme al diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento. Sustenta las anteriores consideraciones, por identidad, la tesis VI.2º C. 637 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO RESULTA IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO SE PROMUEVE UNA VEZ QUE HA PRESCRITO LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 3391 del Código Civil para el Estado de Puebla, la acción de petición de herencia prescribe en diez años, contados a partir de la adjudicación del patrimonio al que pudiera aspirar quien se considere con derecho por estimarse heredero. Por otro lado, para que un juicio de garantías satisfaga la exigencia de ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado, acorde con el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que el ejercicio de la acción de amparo tenga por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quien demanda su protección, en razón de la existencia real al momento de la formulación de la pretensión correlativa ante la autoridad judicial, ya que a nada práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no corresponde al quejoso, o que habiéndole pertenecido, hubieren perdido positividad con motivo del transcurso del tiempo, tal como ocurre cuando opera la prescripción. De tal suerte, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclama la falta de emplazamiento a un juicio sucesorio intestamentario, si al momento de su promoción ya prescribió la acción de petición de herencia, dado que si por el solo transcurso del tiempo dejó de existir el derecho que habría permitido al quejoso intervenir en dicho procedimiento, es inconcuso que ninguna afectación se ocasiona a su interés jurídico, en tanto que su pretensión consiste en la anulación de lo actuado a efecto de que se le convoque a participar en la sucesión, derecho que se extinguió al operar la prescripción." Con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas, tendentes a demostrar la violación de garantías aducida. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 36, 61, 63, 74, 77 y 107 de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Rita y Refugio, de apellidos Belmontes Enciso, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones expresadas en la última consideración de la presente sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes. ..."

  4. Principal

    El dos de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 14021. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito signado por el licenciado Felipe de Jesús Padilla Nava, autorizado del quejoso; en atención a su contenido, se le tiene señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Montes Apeninos número ciento doce, Colinas del Vergel, Colinas del Padre, Tercera Sección en esta ciudad Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Bjm

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