Rigoberto Luis Lobo Roman
Expediente 12/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 29/04/2019
Partes del expediente
- Rigoberto Luis Lobo Roman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
II. AVISO QUEJOSO. VISTOS, para resolver, el juicio de amparo número 12/2019-II, promovido por Rigoberto Luis Lobo Román, por propio derecho, contra actos de la Sala Unitaria Penal del Estado de México, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; y, R E S U L T A N D O: Presentación de la demanda: El siete de enero de dos mil diecinueve (foja 2). Auto de admisión: El nueve de enero de dos mil diecinueve (foja 22) Intervención al Agente de Ministerio Público adscrito: El diez de enero de dos mil diecinueve (foja 25 vuelta). Emplazamiento al agente del ministerio público que interviene en toca de apelación 112/2018, del índice de la responsable: El veintiuno de enero de dos mil diecinueve, por conducto de la Coordinación General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (foja 35). Audiencia constitucional: El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (foja 90). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, fracción IV, 35 y 37 fracciones I y II de la Ley de Amparo y 48, con relación en el 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, ya que los actos reclamados se refieren a la materia penal y tienen ejecución dentro del territorio donde se ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En principio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado. - La resolución de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación 112/2018, en la que se confirmó el auto de dos de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 47/2017, en el que se negó la orden de aprehensión en contra de Jaime Manuel Tello de Meneses Ramírez y Enrique Carmolinga Cisneros. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad aceptó la existencia del acto reclamado (foja 36), certeza que además se corrobora con el anexo que acompañó como complemento a su informe, consistente en los autos originales del toca de apelación 112/2018 y la causa penal 47/2017; a la cual, se concede valor probatorio, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su precepto 2º. CUARTO. Procedencia. I. Oportunidad de la demanda. La demanda se encuentra promovida en tiempo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17, párrafo primero de la Ley de Amparo, esto es, dentro del término de quince días, toda vez que la resolución reclamada se notificó el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (foja 72 del toca de apelación).; y en términos del numeral 18 de la ley de la materia, el cómputo debe realizarse conforme a la ley que rige el acto, como lo es el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, mismo que en su numeral 58, hace referencia a que los términos comienzan a computarse al día siguiente de realizada la notificación, por ende, se entiende que surten efectos al momento de su realización; por ende, el plazo en el presente casó transcurrió del treinta de noviembre de dos mil dieciocho al siete de enero de dos mil diecinue, sin contar días inhábiles ni el periodo vacacional de la responsable, de conformidad con la circular 45/2017. Entonces, al haber presentado la demanda de amparo el siete de enero del año en que transcurre, evidentemente se encuentra dentro del término legal para su promoción. II. Legitimación. Rigoberto Luis Lobo Román está legitimado para promover la demanda, en términos de los artículos 5° fracción I y 6° de la Ley de Amparo, pues tiene el carácter de victima en el procedimiento de origen, por lo que la negativa de orden de aprehensión le produce una afectación real, actual y directa a su esfera jurídica; y, por ende, lo faculta para intentar la acción de amparo. III. Diversas causas de improcedencia. En el presente caso las partes no las hicieron valer ni este juzgado advierte la existencia de alguna que deba analizarse de oficio, por lo que se procede al estudio de la cuestión de fondo, y sin que sea necesario analizar cada una de las hipótesis que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no existe precepto en dicha legislación que obligue a realizarlo. QUINTO. Estudio de fondo. A fin de contar con un panorama del asunto que se resuelve, se estima oportuno realizar una breve reseña de los antecedentes relevantes del acto reclamado: 1.- El dos de agosto de dos mil diecisiete, el Juez Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México, negó dictar orden de aprehensión en contra de Jaime Manuel Tello de Meneses Ramírez y Enrique Carmolinga Cisneros, por el delito de fraude genérico, ello pues señaló que omitió llevar a cabo la audiencia conciliadora entre las partes. 2.- Inconforme con esa determinación, el asesor jurídico de Rigoberto Luis Lobo Román, interpuso recurso de apelación, mismo que toco conocer a la Sala Unitaria Penal del Estado de México. 3.- El veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable emitió resolución al recurso interpuesto, en la que confirmó el auto reclamado. -Determinación que constituye el acto reclamado en el presente asunto-. Son infundados los conceptos de violación realizados por el quejoso, sin que este juzgador advierta alguna violación a sus derechos constitucionales que tuviera que analizarse en su beneficio en suplencia de la queja deficiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 14 de la Carta Magna, en su párrafo segundo, prevé el derecho fundamental de seguridad jurídica, que todo procedimiento seguido en forma de juicio debe contener, mismo que establece: "Art. 14.- . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. .". Dicho precepto consagra el principio de seguridad jurídica, consistente en que los juicios deben ser seguidos ante tribunales previamente establecidos, cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al acto reclamado. En el caso, el artículo 155 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, aplicable al caso concreto señala: "Artículo 155.- Inmediatamente que el Ministerio Público tenga conocimiento de la comisión de un delito perseguible por querella, bajo su más estricta responsabilidad, deberá citar a una audiencia de conciliación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la formulación de la querella que hará constar en Acta circunstanciada y girará citatorio a los involucrados para una Audiencia de conciliación. En la audiencia mencionada en el párrafo anterior, el Ministerio Público se sujetará a las siguientes reglas: 1. Preguntará a las partes si es su voluntad someterse a la conciliación en cuyo caso, orientará su intervención a avenirlas. 2. Explicará e informará los principios, medios y fines de la Conciliación para lograr la solución de conflictos. 3. Brindará la atención a las víctimas u ofendidos cuando así procediere aplicando los programas para el equilibrio mental y emocional a través del Instituto de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México quien otorgará la terapia psicológica. 4. Privilegiará que la reparación del daño se realice o quede a entera satisfacción del querellante. 5. La conciliación se hará constar en el Acta Circunstanciada, registrada en el libro de improcedentes, en la que se establecerá puntualmente la forma en la que se dio cumplimiento a lo señalado en los numerales 3 y 4. 6. El Ministerio Público entregará copias certificadas de la conciliación a los interesados y se archivará como asunto concluido, con la determinación correspondiente. El trámite de mediación o conciliación del Ministerio Público concluirá: a) Por acuerdo entre los interesados; b) Por decisión de los interesados o del querellante; c) Por inasistencia de los interesados sin motivo justificado a la diligencia Ministerial de Conciliación; d) Por negativa de los interesados a suscribir el acuerdo final de conciliación. En caso de no obtener conciliación entre los interesados, el Ministerio Público procederá a la Averiguación Previa y la consecuente investigación del delito hasta su determinación final, registrándola en el Libro de Gobierno respectivo, sin perjuicio de que en cualquier momento anterior a la determinación, las partes se puedan conciliar. La inobservancia de lo dispuesto en el párrafo anterior, hará incurrir en responsabilidad al Ministerio Público." Ahora, el artículo 307, del Código Penal del Estado de México señala: "Artículo 307.- El delito de fraude se sanciona con las penas siguientes: (.) Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida." De lo anterior se advierte, en primer término que el delito de fraude se persigue por querella de la parte ofendida, luego, en los delitos que se persiguen por querella, el agente del Ministerio Público investigador deberá llevar a cabo una diligencia de conciliación entre las partes. Esto último constituye un presupuesto procesal que debe desahogarse antes del ejercicio de la acción penal. Dicha conciliación busca la solución del conflicto a través de una salida alternativa en la cual tanto el imputado como la víctima convienen la forma de reparación satisfactoria para los daños provocados por el hecho punible. En consecuencia, la omisión del Ministerio Público de celebrar la audiencia de conciliación representa una afectación a la garantía de defensa y debido proceso, toda vez que, si la legislación prevé tal conciliación con el objeto de someter el ánimo persecutorio a un proceso de derrotabilidad que permita válidamente desaparecer la voluntad del querellante, resulta inconcuso que el incumplimiento de la mencionada facultad de procuración ministerial ocasiona agravio al denunciado, pues no se cumple con la finalidad de evitar el proceso penal mediante la conciliación y somete al gobernado al seguimiento de dicho juicio con todas sus consecuencias procesales. Tal como señala la responsable, y contrario a lo aducido por el quejoso, la audiencia de conciliación es un presupuesto insalvable, para que la autoridad ministerial esté en condiciones de ejercer la acción penal. Ahora, en el caso, la responsable acertadamente señaló, la autoridad ministerial debía llevar a cabo la citación legal de los inculpados para que acudieran a la audiencia de conciliación, en términos de la ley aplicable, ello para obtener certeza de que se sometió a su voluntad el acudir a la audiencia de conciliación. Por tanto, es claro que no asiste razón al quejoso al señalar que la resolución de la responsable no se encuentra debidamente fundada y motivada, careciendo de los principios de congruencia y exhaustividad que toda resolución conlleva. Ello pues, como se puede apreciar, la resolución reclamada cita los preceptos legales aplicables al caso; y señala con precisión las circunstancias especiales y razones particulares, que tuvo en consideración para su emisión, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; pues como ya se dijo, la autoridad explicó la naturaleza de la audiencia de conciliación y porque en el caso no es dable girar orden de aprehensión contra los inculpados al no haberse agotado los medios para la celebración de dicha audiencia. Además de que no contiene determinaciones, ni afirmaciones que se contradigan entre sí y también en el sentido de resolvió la litis tal y como quedó formulada, es decir, resolvió el tema ante ella planteado. En el caso, tal como señaló la responsable, el inculpado JaIme Manuel Tello de Meneses Ramírez declaró en relación a los hechos que se le imputan, empero no existe constancia alguna que acredite que fue legalmente citado a fin de llevar a cabo la audiencia de conciliación. No se soslaya que el agente ministerial emitió diversos oficios a fin de establecer algún domicilio para localizar al inculpado, empero éste último no fue citado en el domicilio proporcionado las autoridades requeridas, lo que contrario a lo aducido por el quejoso, es necesario para poder establecer que efectivamente la autoridad ministerial realizó todas las gestiones tendientes a su citación para audiencia de conciliación. De igual forma, respecto del diverso imputado Enrique Carmolinga Cisneros, de autos no se advierte que se hayan agotado medios para su localización y posterior citación a la audiencia de conciliación, pues únicamente obra un informe en el que al solicitar su presentación el manifestó al elemento ministerial asignado que se presentaría posteriormente, sin embargo, ello no acredita de manera alguna que se le haya hecho del conocimiento que debía presentarse a la audiencia de conciliación. Al respecto, la parte quejosa señaló que la inasistencia es imputable a los probables responsables, no obstante, tal y como se advierte de párrafos anteriores, no existe constancia que acredite que los probables responsables fueran informados de la celebración a la audiencia de conciliación y efectivamente citados a la misma, para así poder afirmar que la inasistencia es imputable a ellos; por ello, no asiste razón al quejoso. Por lo anterior, le asiste razón a la autoridad responsable al señalar que ante la falta de celebración de audiencia de conciliación y al no estar demostrada la imposibilidad para llevar a cabo la misma, no se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 155 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, lo que da lugar a negar la orden de aprehensión solicitada, al ser un presupuesto insalvable. Determinación que no viola el derecho de la quejosa de acceso a la impartición de justicia, como lo señala, pues en ningún momento se le impide ejercer su derecho, por el contrario, como ya se dijo la audiencia de conciliación es un presupuesto indispensable para el funcionamiento de la maquinaria de procuración y administración de justicia, que otorga a todas las partes la oportunidad de resolver su controversia de manera pronta, pudiendo desde ahí obtener cuestiones favorables a sus pretensiones. Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 4/2010, Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, página 65, cuyo rubro y texto señalan: "AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR A LAS PARTES A ELLA O DE CELEBRARLA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN CONSUMADA IRREPARABLEMENTE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). En términos del artículo 155 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado mediante decreto publicado en la gaceta del gobierno de la entidad el 9 de febrero de 2009), la celebración de la audiencia de conciliación para delitos perseguibles por querella, independientemente de que se obtenga o no la conciliación y de que las partes puedan conciliar antes de la determinación respectiva, es un presupuesto insalvable para que el Ministerio Público ejerza la acción penal; de manera que su falta genera que la actuación de la representación social y de los órganos jurisdiccionales apoyados en la determinación del ejercicio de la acción penal contenga un vicio de legalidad en la integración de la averiguación previa. Así, aunque la violación se configure en la etapa de la indagatoria, si el juez de la causa omitió verificar la falta del presupuesto de mérito, ello trae consigo la violación a las garantías previstas en las fracciones V y IX del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), en tanto que no permite al imputado ejercer a plenitud su derecho de defensa, motivo por el cual no puede actualizarse un cambio de situación jurídica. En este sentido, se concluye que la omisión del Ministerio Público de citar a las partes a la referida audiencia de conciliación o de celebrarla, no constituye una violación consumada irreparablemente para efectos del juicio de amparo indirecto y, por ende, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de situación jurídica, en razón de que esa citación y la audiencia misma se traducen en un requisito o presupuesto indispensable para el funcionamiento de la maquinaria de procuración y administración de justicia, lo que por sí mismo implica que se trata de un caso de excepción a la actualización de la aludida causa de improcedencia, ya que los actos procedimentales descritos inciden en las garantías tuteladas en el citado precepto constitucional." Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación formulados, y no advertirse deficiencia de la queja que suplir, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. Protección de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rigoberto Luis Lobo Román, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto, por las razones expuestas en el diverso quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando último. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Adrián Rivera López Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el día de hoy veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado, asistido de Jorge Daniel Ochoa Ruiz, Secretario con quien actúa, firma y da fe, a quien se faculta para firmar los oficios correspondientes. Doy fe.
- Principal
II. Toluca, Estado de México; veintiséis de abril de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, a través de la cual se negó el amparo en el presente juicio, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Devuélvase a la Sala Unitaria del Estado de México, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con residencia en Toluca, las constancias que remitió como complemento de su informe justificado. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: Este expediente es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero), pues se negó el amparo y protección de la justicia federal. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Toluca, Estado de México, a las diez horas con cinco minutos del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, hora y día para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 12/2019-II, promovido por Rigoberto Luis Lobo Román, en audiencia pública, Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; ante Jorge Daniel Ochoa Ruiz, Secretario quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin asistencia de las partes. Acto seguido, el Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. (...) Con lo expuesto, se tienen por realizadas las etapas precedentes de la audiencia constitucional, en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda.
- Principal
ii) Toluca, Estado de México; once de marzo de dos mil diecinueve. Visto el oficio suscrito por el Gerente Integral Área Toluca de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, a través del cual en atención al proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, comunica que en su base de datos no se localizó información de los terceros interesados ******************** y ********************. Atento a ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes; asimismo, se tiene por desahogado el requerimiento de mérito e insubsistente el apercibimiento respectivo. Notifíquese.
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