Rigoberto Arias Martinez

Expediente 380/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
380/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
09/08/2019

Partes del expediente

  • Rigoberto Arias Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de agosto de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa dentro del presente juicio de amparo no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, por la cual se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, en el presente asunto. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, sin que haya lugar a dar vista con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, toda vez que mediante proveído de veintiséis de junio del año en curso, se recibió el oficio signado por la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, por el que hizo del conocimiento de este juzgador que el quejoso Rigoberto Arias Martínez, fue puesto en libertad el dieciocho de enero del año en curso; en consecuencia, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran el presente juicio para verificar el cumplimiento dado al fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación de Marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Julissa Ramírez Arias en representación del quejoso Rigoberto Arias Martínez, contra el acto consistente en: La orden de traslado del quejoso del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, al Centro Federal de Readaptación Social Número 15, ubicado en Tapachula, Villa Comitán, Chiapas, así como su ejecución. Mediante sentencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "UNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rigoberto Arias Martínez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el diverso quinto y para los efectos precisados en la parte final de esta sentencia. La concesión del amparo fue para los efectos de que una vez que causara ejecutoria la sentencia: "En esas condiciones, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Rigoberto Arias Martínez, para el efecto de que la responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, realice lo siguiente: a) De manera inmediata notifique la orden de traslado al juez competente, para que este a su vez dentro del término de cuarenta y ocho horas posteriores a su notificación proceda a calificar la legalidad o no del traslado. b) De no obtenerse la autorización judicial, sea devuelto el quejoso al Centro de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México. Salvo que se demuestre que el quejoso haya sido trasladado por diversa orden a la reclamada, emitida por autoridades distintas a las aquí responsables. Sin que pueda determinarse su traslado inmediato al centro de reclusión donde se encontraba el quejoso, dado que está subyudice a la calificación que realice la autoridad judicial competente sobre los casos de excepción que permiten a la autoridad administrativa realizar traslados, ya que incluso, de justificarse esas hipótesis las circunstancias de regresarlo al lugar de origen podría ser más perjudiciales para el promovente del amparo, pues no se pasa por alto que existan casos en que se pueda poner en riesgo la vida del propio quejoso, peligro para los demás internos, seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario; circunstancias que corresponderá valorar en su momento el juez de ejecución penal en el caso concreto. Al respecto se cita la tesis I.1o.P.78 P (10a.), consultable en la página 2078 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Décima Época, Registro 2015526, del contenido siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. SI SE EMITIÓ A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, DEBE SATISFACER LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SUS ARTÍCULOS 50 A 52, QUE CONSOLIDAN EL PRINCIPIO DE JUDICIALIZACIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE PENAS. De la interpretación al artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige que, a partir de su vigencia (17 de junio de 2016), ésta es aplicable para los procedimientos o actos procedimentales que surjan en la etapa de ejecución de penas, con independencia de que la causa penal del sentenciado haya causado estado antes del inicio de esa vigencia, pues en congruencia con las enmiendas constitucionales de 18 de junio de 2008 y 8 de octubre de 2013, dicha legislación representa para la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el medio idóneo para instrumentalizar los principios relativos a la reinserción social y a la judicialización de la etapa de ejecución de penas, los cuales deben lograr su efectividad en la vida jurídica-social en la prontitud posible. Lo anterior, porque la intención del Poder Reformador de la Constitución en que se creara una ley única en materia de ejecución de penas, fue con el fin de generar seguridad jurídica de un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente, que redujera la confrontación de criterios, que se aplicara de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el sentenciado y demás intervinientes en el procedimiento. Por tanto, si la orden de traslado fue dictada antes de la entrada en vigor de la ley mencionada, la legislación en la materia aplicable para los requisitos de su emisión, es alguna de aquellas que fueron abrogadas a raíz de la vigencia de esa norma especial. En cambio, si fue dictada el día o después de que aquélla entrara en vigor, la aplicable será ésta, por lo que para que ese mandato pueda emitirse, debe satisfacer los requisitos establecidos en los artículos 50 a 52 de ese ordenamiento, que consolidan el principio de judicialización en la etapa de ejecución de penas, previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal, pues establecen, como regla, que todo traslado tiene que ser aprobado y ordenado por una autoridad judicial y, salvo en circunstancias de excepción previamente establecidas en la ley, la autoridad penitenciaria -administrativa- podrá emitirlo con la condicionante de que a la brevedad posible, tendrá que hacerlo del conocimiento de la autoridad judicial para su aval o avenencia." La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, así como a la Directora, Secretario General y Jefe de Vigilancia de los tres turnos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Licenciado Juan Fernández Albarrán" en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ya que si se consideró violatoria de derechos fundamentales la orden de traslado reclamada, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman especialmente vicios de aquéllos. Cobra aplicación la jurisprudencia 88, publicada en la página 70, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917 al 2000, del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." En esta fecha, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por lo que se requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veinticinco de junio del año en curso, la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, hizo del conocimiento que el quejoso Rigoberto Arias Martínez, fue puesto en libertad el dieciocho de enero del año en curso, y para acreditar su dicho remitió copia certificada de diversas constancias. En tales consideraciones, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues tal actuar cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, a través del cual en atención al requerimiento de catorce de junio del presente año, remite copia certificada de las constancias del egreso de Rigoberto Arias Martínez, de dicho centro penitenciario. Atento a lo anterior, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y téngase por cumplido el requerimiento de catorce de junio del presente año, y sin efectos el apercibimiento ahí contenido. Ahora bien, toda vez que el quejoso ya se encuentra en libertad se comisiona al Actuario adscrito para que notifique mediante lista de publicación la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho; y el auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve, por dicho medio, así como las subsecuentes. Notifíquese. se notifica al quejoso las siguientes determinaciones VII) V I S T O S, para resolver los autos del juicio de 380/2018-VII, promovido por Julissa Ramírez Arias en representación del quejoso Rigoberto Arias Martínez, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y otras autoridades. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, ambos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 77, 217 y Sexto Transitorio, todos, de la Ley de Amparo; se, R E S U E LV E: UNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rigoberto Arias Martínez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el diverso quinto y para los efectos precisados en la parte final de esta sentencia. Notifíquese y por exhorto al quejoso. Toluca, Estado de México; treinta de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo del cual se evidencia que mediante oficio recibido en autos la Subdirectora de Área en ausencia del Director de Área adscrito a dicha unidad, este a su vez en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, hizo del conocimiento el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, es decir, dejó sin efectos el acto reclamado (orden de traslado) y se autorizó el egreso del quejoso Rigoberto Arias Martínez al Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Lic. Juan Fernández Albarrán", ubicado en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, cumplimiento que se reservó dar vista a la parte quejosa hasta en tanto obrara la comunicación oficial 464/2018. En atención a lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales se ordena el reenvío de la comunicación oficial 464/2018; asimismo, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista al quejoso con el oficio suscrito por la autoridad citada en párrafos precedentes y con el anexo que adjuntó, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo, apercibida que en caso de omisión se resolverá lo conducente con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias de autos; asimismo. Ahora bien, toda vez que el quejoso fue trasladado al Centro Penitenciario de Reinserción Social licenciado "Juan Fernández Albarrán" en Tlalnepantla, Estado de México, el cual se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, remítase exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a personal de su adscripción para que se constituya en el domicilio que ocupa el Centro Penitenciario de Reinserción Social licenciado "Juan Fernández Albarrán" en Tlalnepantla, Estado de México, y notifique el presente auto al quejoso Rigoberto Arias Martínez y le corra traslado con las constancias respectivas. Asimismo, se faculta al Juzgado exhortado para que realice la diligencia encomendada en días y horas inhábiles de conformidad en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), autorizando a la Secretaria encargada del trámite del presente asunto para firmar electrónicamente la comunicación respectiva.

  4. Principal

    vii) Toluca, Estado de México; dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por recibido el oficio de cuenta enviado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 464/2018, del ordinal de este juzgado; por los motivos ahí expuestos. Atento a lo anterior, agréguese a los presentes autos y resérvese proveer lo que ha derecho corresponda hasta en tanto el Director del Centro Penitenciario de Reinserción Social licenciado "Juan Fernández Albarrán" en Tlalnepantla, Estado de México, de cumplimiento al proveído de catorce de junio del presente año. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.

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