Rigoberto Peralta Mercado
Expediente 394/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/04/2017
Partes del expediente
- Rigoberto Peralta Mercado
Actuaciones
- Principal
III) Toluca, Estado de México; diez de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de trece de marzo de dos mil diecisiete, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por********************, sin que los quejosos lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En esa condiciones, toda vez que los quejosos se encuentran recluidos fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con apoyo en los numerales 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese exhorto al Juez Primero Penal de Primera Instancia de Sultepec Estado de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado y con independencia de la fecha de recepción, con copia del presente proveído, ordene a quien corresponda lleve a cabo la notificación de los quejosos********************, en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Sultepec, México. Notifíquese por exhorto a los quejosos en su lugar de reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de abril de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, devuelve diligenciado el exhorto 176/2017-III (orden 176/2017), del índice de este órgano jurisdiccional, por el que se solicitó notificar a los quejosos Rigoberto Peralta Mercado y Daniel Olmos Mercado, el acuerdo de trece de marzo de dos mil diecisiete. Atento su contenido, téngase por notificados a los quejosos de referencia y en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones correspondientes. Cúmplase. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; trece de marzo de dos mil diecisiete. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Director y Presidente del Consejo Interno Interdisciplinario del Centro de Prevención y Readaptación Social de Sultepec, mediante el cual rinden informe de cumplimiento a la suspensión de plano, concedida al impetrante en auto de diez de marzo del año en curso. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 126 de la ley de amparo, ténganse por rendido el informe de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ténganse por recibidas las diligencias de notificación, practicadas el diez de marzo de este año, en las cuales se advierte que los quejosos Daniel Olmos Mercado y Rigoberto Peralta Mercado, manifiestan no ratificar el escrito inicial de demanda. A dicha diligencia se le otorga valor probatorio pleno en conformidad con lo establecido en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular, por similitud jurídica, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, con registro 392690, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Atento a lo anterior y toda vez que los quejosos no ratificaron el escrito de demanda, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de marzo pasado, y con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. En el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En esa condiciones, toda vez que los quejosos se encuentran recluidos fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con apoyo en los numerales 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese exhorto al Juez Primero Penal de Primera Instancia de Sultepec Estado de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado y con independencia de la fecha de recepción, con copia del presente proveído, ordene a quien corresponda lleve a cabo la notificación de los quejosos Rigoberto Peralta Mercado y Daniel Olmos Mercado, en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Sultepec, México. Notifíquese por exhorto a los quejosos en su lugar de reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III. El diez de marzo de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez con la demanda de amparo registrada con el número de promoción 4907. Conste. El Secretario. Toluca, Estado de México; diez de marzo de dos mil diecisiete. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Rigoberto Peralta Mercado y Daniel Olmos Mercado, contra actos del Comandante de Seguridad del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Sultepec, México y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 394/2017-III. Ahora bien, apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que el solicitante del amparo señala como actos reclamados los siguientes: 1. Correctivo disciplinario de tres de marzo de dos mil diecisiete. 2. Daño psicológico. 3. Aislamiento en un cuarto obscuro o área de castigo. 4. Amenazas. 5. Tortura física y golpes. 6. Segregación. 7. Negativa a realizar llamadas telefónicas. 8. Negativa a realizar actividades educativas, laborales, deportivas y de esparcimiento y visita familiar. En ese orden, con fundamento en los numerales 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, respecto de los actos consistentes en: - Daño psicológico. - Aislamiento en un cuarto obscuro o área de castigo. - Amenazas. - Tortura física y golpes. - Segregación. Así como todos aquellos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el efecto de que cesen de inmediato, en el entendido que queda a cargo y bajo la responsabilidad de la autoridad responsable la integridad y salud de los quejosos. En el entendido que la autoridad responsable deberá dar cumplimiento a esta determinación de manera inmediata; además, se hace de su conocimiento que de no acatar esta medida suspensional, se hará acreedora a las sanciones a que se refiere el artículo 262 de la Ley de Amparo. Asimismo, debe informar sobre el cumplimiento de esta determinación dentro del plazo de veinticuatro horas; en el entendido de que si al rendirlo afirmare una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, será sancionadas en los términos señalados en Título Quinto, Capítulo II de la Ley de Amparo. Dicha suspensión no surtirá efecto alguno, si los actos reclamados por el inconforme no constituyen alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, o no produce algún efecto semejante al de aquéllos, independientemente como lo identifique el agraviado. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, consultable en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Por otro lado, en atención a lo anterior, con apoyo en lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción a fin de que se constituya en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Sultepec, Estado de México, específicamente en el lugar exacto o estancia en que se encuentren los quejosos al momento de la diligencia, a efecto de que de fe de las condiciones físicas en las que se encuentren. Asimismo, al momento de la diligencia manifiesten si la firma que aparece en la demanda de amparo, fue asentada por su puño y letra, lo anterior, advertidos de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad judicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, cuenta habida que, de conformidad con el artículo 6º de la ley de la materia, el juicio de amparo únicamente se puede seguir a instancia de parte agraviada, por tanto, la circunstancia de que los quejosos se encuentran internos en un centro de reclusión y al haberse presentado la demanda de amparo por tercera persona, hace cuestionar sobre la autenticidad de las firmas que calzan el escrito que se acuerda. Se apercibe a los quejosos que de no ratificar la firma que calza la demanda o de no hacer ninguna manifestación en tal sentido, se tendrá por no presentada dicha demanda. PREVENCIÓN. Para el caso de ratificar las firmas a que se ha hecho referencia, y a fin de acordar lo procedente sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, y tomando en cuenta que el artículo 261, fracción I; de la Ley de Amparo, señala que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso en juicio constitucional, que con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo y con apoyo en los artículos 108, 112, y 114, fracciones I, II, V, de la Ley de Amparo, prevéngase a los promoventes, para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique del presente proveído: 1. Deberán, cada uno de los quejosos, bajo protesta de decir verdad, manifestar la totalidad de los antecedentes de tales actos reclamados, pues precisamente dichos antecedentes son la base para analizar la acción constitucional en cuestión, por lo cual, de manera enunciativa más no limitativa, deberán manifestar: a). De donde derivó el correctivo disciplinario de tres de marzo de dos mil diecisiete, señalando los antecedentes de los cuales se originó y la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución reclamada. b) Si los actos que hacen consistir en la negativa a realizar llamadas telefónicas, negativa a realizar actividades educativas, laborales, deportivas y de esparcimiento y visita familiar, derivan del correctivo disciplinario de tres de marzo de dos mil diecisiete. c. En que hace consistir el acto reclamado que señala como daño psicológico. Lo anterior, porque en su demanda de amparo no narraron las cuestiones precisadas, y son necesarias para este Juzgador, y para establecer las pretensiones del ocursante. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.57 K, de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, visible en la página 871, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." Sustenta lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.1o.19 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, página: 301, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO." Apercibidos que de no dar cumplimiento en los términos indicados y en el plazo señalado, en su caso, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión. DIAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21 de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las notificaciones relativas a este Juicio de Garantías; de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este Órgano de Control Constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; a los quejosos en su lugar de reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
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