Rigoberto Garcia Hermenegildo
Expediente 404/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 27/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rigoberto Garcia Hermenegildo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
II. Uruapan, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. En proveído de esta fecha, dictado en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido, como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado capítulo, acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación "Diciembre 2012", se estima que el original del incidente en que se actúa es susceptible de depuración, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, lo que significa que únicamente se conservarán el proveído y resolución en los que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. NOTIFÍQUESE...
- Principal
II. Uruapan, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Vista la materia de cuenta, se acuerda lo siguiente: Del estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de mayo del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que las partes hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero de la Ley de Amparo, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; acuérdese lo conducente en los cuadernos incidente de suspensión respectivo. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectiva, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada. NOTIFÍQUESE; mediante oficio a las autoridades responsables...
- Principal
II. Con fundamento en el artículo 27, inciso c), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el citatorio de treinta de mayo de dos mil diecinueve, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de veintinueve del citado mes y año (mayo de dos mil diecinueve), que en lo conducente dice: Uruapan, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes no realizaron manifestación alguna respecto del referido proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve (foja 92), en que se tuvo a la Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, informando sobre el cumplimiento requerido en relación con el fallo protector dictado en el presente asunto y tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pág. 243 Jurisprudencia(Común) "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia, debe precisarse lo siguiente: Mediante sentencia engrosada el treinta y uno de enero del año en curso, se concedió al quejoso Rigoberto García Hermenegildo, el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 43 a 54). Sin que ninguna de las partes legitimadas hubiese recurrido la sentencia de amparo, por auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria (fojas 63 a 65), determinándose requerir a la Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días informara sobre su cumplimiento; actos de ejecución que debería realizar, atendiendo a los efectos de la protección constitucional, que son los siguientes: a) Deje insubsistente la orden de reaprehensión dictada en contra de Rigoberto García Hermenegildo, el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal 11/2016. Se pronuncie de manera fundada y motivada respecto de la procedencia o improcedencia del recurso de apelación que interpusieron tanto el quejoso como su defensa, al ser notificados del auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, en el que le concedió el beneficio de la libertad provisional bajo caución y fijó los montos que debería exhibir para gozar de ella; y, Gire el oficio correspondiente al Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional, con residencia en esta ciudad, en el que le notifique que la orden de reaprehensión materia de este juicio quedó insubsistente, con las consecuencias legales correspondientes. Así, la Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, remitió los oficios 918, 1215 y 1730 con anexos (fojas 70 a 73, 81 a 82 y 89 a 91), con los que pretendió acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Documentales que tienen pleno valor probatorio, de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2º. Del examen de las constancias de referencia, se desprende que la Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, efectuó lo siguiente: Dejó sin efecto la orden de reaprehensión decretada el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal 11/2016, en contra del aquí quejoso Rigoberto García Hermenegildo. El siete de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable tuvo al inculpado y a su defensora, interponiendo recurso de apelación en contra del auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, el cual admitió sin efectos suspensivos, y ordenó la remisión del duplicado a la oficialía de partes y turno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, para que fuera turnado a la sala penal correspondiente, para que conocer de la alzada. Por ende, el ocho de mayo de dos mil diecinueve, la juez de origen giró el oficio 1729, al Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional, con residencia en esta ciudad, por medio del cual le solicitó dejar sin efecto legal alguno la orden de reaprehensión girada en contra de Rigoberto García Hermenegildo, dictada el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en virtud de que se le concedió el amparo y protección constitucional dentro del juicio de amparo 404/2019, de este índice. Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, se declara que LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO SE ENCUENTRA CUMPLIDA, sin excesos ni defectos. Con lo anterior, dése vista a las partes, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables...
- Principal
II. Uruapan, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes no realizaron manifestación alguna respecto del referido proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve (foja 92), en que se tuvo a la Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, informando sobre el cumplimiento requerido en relación con el fallo protector dictado en el presente asunto y tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pág. 243 Jurisprudencia(Común) "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia, debe precisarse lo siguiente: Mediante sentencia engrosada el treinta y uno de enero del año en curso, se concedió al quejoso Rigoberto García Hermenegildo, el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 43 a 54). Sin que ninguna de las partes legitimadas hubiese recurrido la sentencia de amparo, por auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria (fojas 63 a 65), determinándose requerir a la Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días informara sobre su cumplimiento; actos de ejecución que debería realizar, atendiendo a los efectos de la protección constitucional, que son los siguientes: a) Deje insubsistente la orden de reaprehensión dictada en contra de Rigoberto García Hermenegildo, el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal 11/2016. Se pronuncie de manera fundada y motivada respecto de la procedencia o improcedencia del recurso de apelación que interpusieron tanto el quejoso como su defensa, al ser notificados del auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, en el que le concedió el beneficio de la libertad provisional bajo caución y fijó los montos que debería exhibir para gozar de ella; y, Gire el oficio correspondiente al Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional, con residencia en esta ciudad, en el que le notifique que la orden de reaprehensión materia de este juicio quedó insubsistente, con las consecuencias legales correspondientes. Así, la Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, remitió los oficios 918, 1215 y 1730 con anexos (fojas 70 a 73, 81 a 82 y 89 a 91), con los que pretendió acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Documentales que tienen pleno valor probatorio, de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2º. Del examen de las constancias de referencia, se desprende que la Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, efectuó lo siguiente: Dejó sin efecto la orden de reaprehensión decretada el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal 11/2016, en contra del aquí quejoso Rigoberto García Hermenegildo. El siete de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable tuvo al inculpado y a su defensora, interponiendo recurso de apelación en contra del auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, el cual admitió sin efectos suspensivos, y ordenó la remisión del duplicado a la oficialía de partes y turno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, para que fuera turnado a la sala penal correspondiente, para que conocer de la alzada. Por ende, el ocho de mayo de dos mil diecinueve, la juez de origen giró el oficio 1729, al Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional, con residencia en esta ciudad, por medio del cual le solicitó dejar sin efecto legal alguno la orden de reaprehensión girada en contra de Rigoberto García Hermenegildo, dictada el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en virtud de que se le concedió el amparo y protección constitucional dentro del juicio de amparo 404/2019, de este índice. Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, se declara que LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO SE ENCUENTRA CUMPLIDA, sin excesos ni defectos. Con lo anterior, dése vista a las partes, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables...
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