Rigoberto Martínez Larios

Expediente 713/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
713/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Rigoberto Martínez Larios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de mayo de dos mil veintitrés. FIRME FALLO. Por otro lado, del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable: Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en la ciudad de Morelia, cuatro tomos de pruebas consistentes en los autos originales del juicio sumario civil 493/2019 y el Toca de Apelación I-305/2022, de su índice. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de abril de dos mil veintitrés. SENTENCIA Uruapan, Michoacán a doce de abril de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 713/2022. R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitido al día siguiente hábil por razón de turno a éste Juzgado de Distrito, el quejoso ********************, a través de su apoderada jurídica Ivette Madai Reyes Padilla, solicito el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que más adelante se precisan. II. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos fundamentales que al parecer le fueron violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número 713/2022-II y previo desahogo de prevención el quince de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Asimismo, mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de tercera interesada a Rosa María García Naranjo, al ser quien interpuso el recurso de apelación I-305/2022, de donde derivan la resolución reclamada; quien fue debidamente emplazada a este juicio y SI compareció a hacer valer sus derechos. Luego, después de diferirse se verificó la audiencia constitucional, a las diez horas con trece minutos del diez de abril de dos mil veintitrés, conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; lo anterior, teniendo en cuenta que en la especie se reclama un acto cuya ejecución se llevará a cabo dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional (ciudad). SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se destaca que las autoridades respónsales y actos reclamados en el presente sumario son. De la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia: La resolución dictada dentro del toca de apelación número I-305/2022, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, emitida por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, que deriva del Juicio Sumario Civil número 493/2019, que se tramita ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan Michoacán, en la que se resolvió: Dejar insubsistente la sentencia definitiva apelada de veintinueve de agosto del dos mil veintidós y se declarar nulo lo actuado en el subyacente con posterioridad al auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante el que se admitió el escrito de demanda, a efecto de que se practicara legalmente el emplazamiento de la parte accionada y se siga el juicio por sus demás cauces legales, hasta que en definitiva sea resuelto. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. la autoridad responsable Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia; al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con el testimonio original del toca civil I-305/2022, que remitió la responsable; las cuales gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Son los siguientes: 1. Sentencia emitida. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán, dentro del juicio sumario civil número 493/2019, que sobre división de cosa común, emitió la siguiente sentencia: "(.) "PRIMERO. Se surtió la competencia de ese Juzgado para conocer y resolver en definitiva la actual contienda judicial. SEGUNDO. Por los motivos expuestos en el considerando segundo del presente fallo, se declara procedente la acción que sobre división de cosa común ejercitó ********************, por conducto de sus apoderados jurídicos, frente a Rosa María García Naranjo, quien no compareció a juicio a oponer excepciones o defensas. Por tanto procédase a la venta judicial del inmueble descrito en el párrafo anterior, una vez que cause ejecutoria la presente, con la salvedad de que los copropietarios pueden ponerse de acuerdo si la finca se adjudica para alguno de ellos aún en la etapa de ejecución de sentencia, o bien, cualquier copropietario puede ejercer su derecho del tanto como lo previene el artículo 245 del Código Civil para el Estado, dentro del término de 8 ocho días (lapso aplicable por analogía jurídica para el caso que señala el artículo 244, en los supuestos de que la venta sea a terceros ajenos a la copropiedad), apercibidos de que de no presentar escrito alguno al efecto, se entenderá su renuncia para ello y se procederá de inmediato a la venta judicial del bien raíz. Sin perjuicio que de común acuerdo determinen enajenar el bien inmueble de forma extrajudicial por así convenirlo a sus intereses, de no ser así, se procederá en términos de los (sic) dispuesto en el Capítulo II del Título Décimo Primero, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, relativo al trámite correspondiente a los remates, repartiéndose el precio en la parte proporcional que corresponda a cada uno de los condueños; ello, en atención a que el artículo 211 del Código Civil para el Estado refiere que si el dominio no es divisible, o la cosa no admite cómoda división y los partícipes no se convienen en que se (sic) adjudicada a alguno de ellos, se procederá a su venta y la repartición de su predio (sic) entre los interesados. TERCERO. Se condena a la accionada al pago de los gastos y costas de esta instancia. CUARTO. Notifíquese personalmente y cúmplase.." 2. Apelación. Rosa María García Naranjo, través de sus apoderadas jurídicas, interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien lo registro como toca civil I-305/2022, y lo resolvió el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el sentido de dejar insubsistente la sentencia definitiva apelada y declarar nulo lo actuado en el subyacente con posterioridad al auto de veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, mediante el que se admitió el escrito de demanda, a efecto de que se practicara legalmente el emplazamiento de la parte accionada y posteriormente, en caso que así se ínsita, se siga el juicio por sus demás cauces legales, hasta que en definitiva sea resuelto; por tanto se repuso el procedimiento. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Narrado todo lo anterior y previamente al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio las causales de improcedencia, por ser de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, acorde a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia II.1º.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Registro 222780, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esa tesitura, este juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 fracción V y 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos últimos interpretados en sentido contrario, ya que el acto reclamado no es de imposible reparación, sino una violación procesal que no afecta derechos sustantivos, veamos el porqué. En principio, es de recordar que el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido; además, la procedencia del mismo contra actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación, lo que se reitera en el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Esto es, el precepto citado reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, pues establece que, cuando se trata de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; los cuales son los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio constitucional indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal, reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento:  La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y,  La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es importante tener presente que estas dos notas distintivas necesariamente deben actualizarse concomitantemente, pues, de lo contrario, no se estará ante un acto de imposible reparación al carecer de uno de sus elementos esenciales. Así, de acuerdo a los antecedentes anteriormente narrados, se estima que el acto reclamado si bien se emitió por una autoridad de segunda instancia, lo cierto; por ende, para verificar la procedencia del juicio de amparo, es necesario analizar la naturaleza de la resolución, la cual dejó insubsistente la sentencia definitiva apelada emitida veintinueve de agosto del dos mil veintidós, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán, dentro del juicio sumario civil número 493/2019, que sobre división de cosa común; declarando nulo lo actuado en el citado sumario civil con posterioridad al auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante el que se admitió el escrito de demanda, a efecto de que se practique legalmente el emplazamiento de la parte accionada y posteriormente, en caso que así se inste, se siga el juicio por sus demás cauces legales, hasta que en definitiva sea resuelto. Sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que, si bien se afecta a las partes en grado predominante o superior cuando con motivo de una violación procesal deba reponerse el procedimiento, en tanto que ello traería como consecuencia retardar la impartición de justicia contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional, no debe perderse de vista que no todas las violaciones procesales pueden encontrar dicho fundamento en el precepto 17 constitucional, ya que de ser impugnadas en amparo indirecto haría interminables los juicios ordinarios y tornaría inútil un aspecto básico del amparo directo. Así, la excepcionalidad del amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio, radica en las características de cada asunto. Esto, pues la reposición del procedimiento es el acto mediante el cual el juzgador vuelve a poner el proceso jurídico en una etapa o fase determinada, con la finalidad de que se corrija un defecto o error en su substanciación. En virtud de lo anterior, si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso jurídico en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de substanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que tiene efectos meramente procesales o adjetivos, no puede soslayarse que habrá casos en los cuales los efectos de una reposición del procedimiento sí puedan afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo; lo que podrá realizarse analizando la totalidad de las constancias del sumario. De ahí que, cuando se reclame una resolución que repuso el procedimiento declarando nulo lo actuado en el sumario civil de origen con posterioridad al auto en el que se admitió el escrito de demanda, a efecto de que se practique legalmente el emplazamiento de la parte accionada y posteriormente, se siga el juicio por sus demás cauces legales, hasta que en definitiva sea resuelto. No tiene como efecto dar por terminado el juicio, sino que éste deberá seguir su curso ante la autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal que ameritó la reposición del procedimiento. Lo que implica que las consecuencias que tal acto produce sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; pero que, de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado o a su esfera jurídica. Esto, siempre y cuando del análisis que se realice de las constancias, dado que el derecho a reclamar alguna determinación de manera inmediata en la vía indirecta, nace únicamente cuando el acto afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo que se constatará caso por caso del análisis de las constancias de donde emana el acto reclamado. Así, el marco normativo anteriormente descrito así como del análisis de las constancias allegadas por la responsable, evidencia que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos; por tanto, se estima actualizada la causa la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 fracción V y 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos últimos interpretados en sentido contrario. Porque la resolución de segunda instancia en estudio en la que repuso el procedimiento declarando nulo lo actuado en el sumario civil de origen con posterioridad al auto en el que se admitió el escrito de demanda, a efecto de que se practique legalmente el emplazamiento de la parte accionada y posteriormente, se siga el juicio por sus demás cauces legales, hasta que en definitiva sea resuelto. De ahí que, por sí solo, dicho acto reclamado no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, se acotó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la resolución reclamada constituye un acto inminentemente procesal. Cuestión que únicamente pudiera ocasionar un perjuicio procesal a las partes en sus derechos adjetivos, misma que no resulta exorbitante, porque tal decisión no implica la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culmina, sino que continua con su curso ante la misma autoridad que lo tramitó, una vez reparada la violación procesal mencionada. Además, ello no significa que pudiera obtener un fallo favorable y, en caso contrario, gozaría de los medios de impugnación legales para controvertirlo. Por tanto, no se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, por la mera circunstancia de que, en su opinión, se contravenga con los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues no se traduce en forma automática en afección alguno de los derechos fundamentales tutelados por la constitución y los tratados internacionales (como la vida, la integridad personal, la libertad en su diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera). Se reitera, el acto reclamado tiene un efecto meramente adjetivo o procesal, pues su consecuencia vinculada con el correcto llamamiento de las partes procesales y se proyectará de manera concreta en el dictado de la sentencia. Asimismo, con la decisión reclamada no se transgrede el derecho de defensa de la inconforme, porque el único efecto es que continúe el juicio de origen por sus cauces legales. De igual modo, el acto combatido no representa un obstáculo para la conclusión del juicio sumario civil número 493/2019, que sobre división de cosa común, habida cuenta que en modo alguno paraliza el trámite respectivo que culminará con la sentencia en la que, en su caso, dirima en definitiva el controvertido. En esa tesitura, debe decirse que el acto reclamado no causa, por el momento, un agravio directo a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues no tiene una naturaleza trascendental y grave que le cause un daño o perjuicio irreparable, que no sea susceptible de combatirse dentro del citado juicio y mediante la demanda de amparo directo, en contra de la sentencia definitiva, en la cual se podrán reclamar las violaciones procesales que las partes estimen ocurrieron durante la sustanciación del proceso. Sin que sea viable aducir algún retraso en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales; habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implican una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que por ello se viole el principio de justicia pronta. Por las ideas que la informan, resulta orientadora lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 87/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable deimprocedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva". Al igual que la jurisprudencia P./J. 17/91 del Pleno del Alto Tribunal, que dice lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones enel juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo". Por tanto, al no afectar derechos sustantivos el acto reclamado, hace patente la actualización del motivo de improcedencia analizado anteriormente. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 fracción V y 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos últimos interpretados en sentido contrario, lo procedente es sobreseer el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la citada ley. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos de ejecución. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia VI.2º.J/7, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 690, tomo II, Segunda Parte-2, julio-diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 230811, que reza: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Sin que la anterior determinación se considere denegación de justicia, porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita la legitimación de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, por similitud de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". SEXTO. Se requieren acuses de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable foránea para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedo debidamente notificada de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dichas autoridades que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. SÉPTIMO.Versión pública de la sentencia. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. OCTAVO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa.. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo que promovió ********************, a través de su apoderada jurídica, contra los actos reclamados y las precisiones contenidos en el considerando quinto de la presente determinación. SEGUNDO. En términos del penúltimo considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. NOTIFÍQUESE personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de marzo de dos mil veintitrés. SE AGREGA ESCRITO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por las apoderadas legales de la tercera interesada Rosa María García Naranjo, por medio del cual señalan domicilio para oír y recibir notificaciones, ofrecen pruebas y formulan alegatos. SEÑALA DOMICILIO. Atento lo anterior, téngase a la parte tercero interesada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle 5 de Febrero número 170, interior 1, de esta ciudad. Asimismo, solicitan la práctica de notificaciones vía electrónica del expediente en que se actúa y para ello, proporcionan los nombres de usuarios GLORIATIERRABLANCA y DEYANIRAPACHECO, de conformidad con los artículos 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. SE INSTRUYE AL ANALISTA JURÍDICO DE SISE. Por tanto, se instruye al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el registro correspondiente en el Sistema y agréguese a los autos la constancia respectiva. PRECISIÓN. En el entendido de que como lo dispone el quinto párrafo del artículo 30, de la Ley de Amparo, tienen la obligación a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del numeral 31, de esa legislación, dentro del término que señala el primero de los ordinales citados. Asimismo, dadas las peticiones de la parte tercera interesada respecto de la forma en que desea le sean notificados los acuerdos que le resulten de manera personal (en su domicilio procesal o a través del sistema electrónico), se instruye al actuario judicial adscrito que corresponda, para que éstas las haga de forma indistinta, es decir podrán practicarse de una u otra forma; empero no de ambas el mismo proveído. Ello, a efecto de que este juzgado esté en condiciones de establecer un punto de referencia (de ser el caso), para realizar los cómputos correspondientes; es decir, fecha en que fue practicada la notificación, día en que ésta haya surtido sus efectos e inicio y conclusión de la perentoria. Se establece anterior, no con la intención de conculcar derechos procesales de dicha parte procesal, si no como un mecanismo de garantizar una tutela judicial efectiva en favor de las partes involucradas en el presente asunto, como es, el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos, tal como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en caso de duplicar las notificaciones, respecto de un mismo proveído (tenerlas por realizadas en omentos distintos), generaría incertidumbre cuál de ellas se tomaría en consideración para efectuar el cómputo correspondiente. PRUEBAS. Respecto de las pruebas que ofrece la tercera interesada en su escrito de cuenta y toda vez que las mismas ya obran en autos, pues se refieren a documentales que fueron exhibidas dentro de los autos del juicio de origen, las cuales acompañó la autoridad responsable al momento de rendir su informes con justificación y obran en tomos de pruebas por separado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que ofrece dicha tercera interesada, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. ALEGATOS. De igual manera, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que hace valer; lo anterior, sin perjuicio de relacionarlos al momento de la celebración de la audiencia constitucional. PETICIONES DE LA TERCERA INTERESADA. Por lo que ve a su petición de diferir la celebración de la audiencia constitucional, dígaseles que no ha lugar a acordar de manera favorable dicha petición, en virtud de que el hecho de que no se hayan impuesto de los autos no es motivo suficiente para ello, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, el plazo que se establece en dicho numeral para que las partes tengan conocimiento del contenido del informe justificado y las constancias que se acompañaron al mismo se cumple a cabalidad en el presente supuesto. Con relación a la vista al Ministerio Público de la Federación que solicitan en caso de que se advierte la comisión de un delito, infórmeseles que es obligación de toda persona y autoridad de denunciar ante la Representación Social al momento en que se tenga conocimiento de una conducta que pueda ser constitutiva de delito, por lo que, en caso de que con la tramitación del presente asunto esta Juzgadora advierta alguna circunstancia que sea motivo para dar vista al Ministerio Público, procederá de manera oficiosa conforme al caso en particular. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de marzo de dos mil veintitrés. SE AGREGA ESCRITO. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado electrónicamente por Gloria Isabel Tierrablanca Valencia, por medio del cual manifiesta que tanto ella como Estela Deyanira Pacheco Ramos son apoderadas jurídicas de la tercera interesada Rosa María García Naranjo, sin embargo se encuentran imposibilitadas de presentar el poder que les otorgó dicha poderdante, en virtud de que éste se encuentra glosado dentro del juicio de origen, mismo que ya obra en autos, por lo que solicita se les tenga por acreditada la personalidad con que gestionan en el presente asunto. ESTADO PROCESAL DE AUTOS. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de las constancias que adjunto a su informe justificado la autoridad responsable Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, de Ocampo, con sede en Morelia, relativas al juicio sumario civil número 493/2019 que sobre división de cosa común promovió el aquí quejoso Rigoberto Martínez Larios contra Rosa María García Naranjo, se advierte que ésta última compareció a juicio por conducto precisamente de Estela Deyanira Pacheco Ramos y Gloria Isabel Tierrablanca Valencia, a quienes el juez primigenio les reconoció el carácter de apoderadas jurídicas conforme al poder general para pleitos y cobranzas que exhibieron en autos (fojas 69 a 90 del tomo II de pruebas). SE RECONOCE CARÁCTER. Por tanto, como lo solicita la ocursante y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, en relación con el 11, ambos de la Ley de Amparo, se les reconoce a Estela Deyanira Pacheco Ramos y a Gloria Isabel Tierrablanca Valencia, el carácter de apoderadas jurídicas de la tercera interesada Rosa María García Naranjo, en virtud de que dicha personería la tienen reconocida dentro de los autos del juicio de origen y, por ende, téngaseles apersonándose al presente juicio con tal carácter, para todos los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

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