Ricardo Torres Tijero
Expediente 450/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ricardo Torres Tijero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
III. Uruapan, Michoacán, once de septiembre de dos mil dieciocho. Del estado de autos se advierte que en proveído de trece de julio pasado, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que las partes hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo y se cuente con la constancia de su notificación a las partes, sin necesidad de nuevo proveído, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación del presente proveído; lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE; por oficio a las autoridades responsables...
- Principal
III. Uruapan, Michoacán, a trece de julio de dos mil dieciocho. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días, concedido al quejoso en auto de veintiocho de junio pasado, para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que dio el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho. Ahora, tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia, debe precisarse lo siguiente: Mediante sentencia dictada por este Juzgado el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa (fojas 64 a 88); resolución que fue recurrida por dicho agraviado (por conducto de su autorizado; fojas 98 a 112), ordenándose la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, para la substanciación del recurso de revisión correspondiente. En auto de veintidós de marzo pasado (fojas 146 a 149), se tuvo al Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, residente en Morelia, Michoacán, devolviendo los autos del juicio en que se actúa, así como el testimonio de la ejecutoria dictada por el Tribunal de su adscripción, donde se resolvió el aludido medio de defensa, determinándose revocar la sentencia recurrida y al efecto conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso; asimismo, en cumplimiento a dicha ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán, a efecto de que diera cumplimiento a la ejecutoria de referencia, respecto de lo siguiente: Remitir de inmediato las constancias integrantes del proceso penal 77/2016 al juez de Distrito en turno, con residencia en esta ciudad, en la inteligencia de que el municipio de Apatzingán pertenece a la circunscripción territorial donde ejercen jurisdicción los juzgados de Distrito, con sede en esta localidad, de conformidad con el artículo Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; juez de Distrito, quien en su carácter de autoridad responsable sustituta, una vez que asumiera su competencia jurisdiccional, procediera dentro del plazo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a realizar lo que a continuación se enuncia: a) Dejara insubsistente el auto de formal prisión reclamado de dieciocho de junio de dos mil dieciséis, así como las actuaciones realizadas posteriormente que tengan relación con el aquí quejoso; y, b) Tomando en consideración los hechos respectivos, así como los elementos de prueba que a su juicio continúen siendo válidos, procediera a resolver con plenitud de jurisdicción sobre la situación jurídica del indiciado, al tenor de la normativa nacional e internacional que considere aplicable al caso concreto. En consecuencia, mediante oficio 251 (foja 155), se tuvo al mencionado Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, informando que se inhibió de la competencia del referido proceso penal 77/2016, únicamente por lo que respecta al quejoso Ricardo Torres Tijero y ordenó la remisión del testimonio autorizado de ese proceso al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Posteriormente, mediante oficio 7511 (fojas 158 a 163), se tuvo a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, informando que por cuestión de turno, se recepcionaron en el Juzgado de su adscripción las constancias correspondientes al referido proceso penal de origen; asimismo, se declinó la competencia en razón de funcionalidad, por la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para resolver la situación jurídica del aquí quejoso, en favor del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, determinando este último no aceptar la competencia planteada, como así lo informó el referido Secretario de Acuerdos, a través del comunicado 8502/2018 (fojas 166 y 167). Así las cosas, en proveído de veintiséis de abril del año actual (foja 176), se tuvo al Secretario de Acuerdos del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, informando lo relativo al planteamiento del conflicto competencial, ante el Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, en turno, residente en Morelia, Michoacán, suscitado con el Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en la mencionada ciudad capital, para determinar a qué autoridad correspondía el conocimiento de la causa penal relacionada con el cumplimiento a la ejecutoria correspondiente; asimismo, en el diverso acuerdo de veintiséis de junio pasado (foja 183), se tuvo al mencionado Secretario de Acuerdos, informando que el órgano jurisdiccional de su adscripción (Juzgado Octavo de Distrito), es el competente para tal efecto, como así lo resolvió el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con sede en la mencionada ciudad capital, e informó que procedió al cumplimiento correspondiente. Ahora, de un análisis integral de las gestiones realizadas con posterioridad por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad (en cuanto autoridad sustituta), se advierte que el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, resolvió la situación jurídica del quejoso Ricardo Flores Tijero, en la causa penal 4/2018-I, de su índice (anteriormente proceso penal 77/2016, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán), por los ilícitos de contra la procuración y administración de justicia y robo simple, donde dejó sin efecto el auto de formal prisión reclamado y decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar, en favor del referido quejoso (fojas 186 a 199). Por tanto, las documentales precisadas con antelación, tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2º, párrafo segundo, de las que se obtiene que la autoridad responsable se apegó a los lineamientos que le fueron fijados en la sentencia de amparo, puntualizados en líneas anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin excesos ni defectos, pues se acató con todos y cada uno de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, como quedó precisado en líneas precedentes. Con lo anterior, dése vista a las partes, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y por medio de oficio a la autoridad responsable...
- Principal
II. Con fundamento en el artículo 27, inciso b), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el citatorio de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de veintiocho del citado mes y año, que en lo conducente dice: Uruapan, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al que adjunta la resolución de veinticinco de junio actual, dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo (en cuanto autoridad responsable sustituta), relativa al auto de término constitucional, emitido en el proceso penal 4/2018-I, instruido en contra del quejoso. Circunstancia de la que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Por tanto, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolverá sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa...
- Principal
III. Uruapan, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al que adjunta la resolución de veinticinco de junio actual, dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo (en cuanto autoridad responsable sustituta), relativa al auto de término constitucional, emitido en el proceso penal 4/2018-I, instruido en contra del quejoso. Circunstancia de la que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Por tanto, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolverá sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa...
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