Rigoberto Cruz González

Expediente 609/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
609/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • Rigoberto Cruz González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 609/2021, promovido por Rigoberto Cruz González, en contra de los actos del Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca. ANTECEDENTES De las constancias que obran agregadas en autos se tiene acreditado que ante el Jugado Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, se tramita el expediente familiar 74/2021. En proveído de veinticuatro de maro de dos mil veintiuno, se fijó al aquí quejoso por concepto de pensión alimenticia provisional a favor sus menores hijos la cantidad de $5,313.75 (cinco mil trescientos trece pesos con setenta y cinco centavos moneda nacional) de manera quincenal. (Determinación que constituye el acto reclamado) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Rigoberto Cruz González, promovió juicio de amparo en contra del acto reclamado y de las autoridades responsables que con posterioridad se precisaran. La demanda fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, la que mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, se registró bajo el expediente 609/2021; se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una determinación dictada en un expediente que tuvo ejecución en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden de este sumario da pauta a establecer que la parte quejosa reclama del Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, lo siguiente: El auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio familiar 74/2021, en el cual se fijó por concepto de pensión alimenticia provisional a favor su menor hijo la cantidad de $5,313.75 (cinco mil trescientos trece pesos con setenta y cinco centavos moneda nacional) de manera quincenal. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS El Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; de ahí, que deba tenerse por cierto la determinación que se atribuye a la responsable. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La anterior circunstancia, se corrobora con copia certificada de diversas constancias que integran el juicio familiar 74/2021, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." PROCEDENCIA Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial II.1o.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya tenido por cierto el acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, visible a foja 190, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, con el número de registro 394239, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el caso, se advierte que en relación con el acto reclamado al titular del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, consistente en el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio familiar 74/2021, en el cual se fijó por concepto de pensión alimenticia provisional a favor su menor hijo la cantidad de $5,313.75 (cinco mil trescientos trece pesos con setenta y cinco centavos moneda nacional) de manera quincenal, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado sus efectos porque ha operado una sustitución procesal ante el convenio celebrado por las partes en audiencia de once de octubre de dos mil veintiuno que se elevó a categoría de sentencia. Dicho convenio en lo que aquí interesa las partes pactan que el aquí quejoso proporcionará por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de sus menores hijos la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos moneda nacional) de forma mensual. Para evidenciar dicho aserto, es necesario tener presente el contenido de la disposición legal invocada, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El tramo normativo transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La causa de improcedencia invocada puede patentizarse en dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; hipótesis en la que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se da la sustitución de los actos procesales que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los citados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado cesan hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Dicho en otros términos, de acuerdo con el supuesto en análisis la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma de esa actuación, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia señalada no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Las consideraciones expuestas tienen respaldo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En cuanto a la hipótesis indicada en inciso b), relativa a la sustitución procesal se origina con el ejercicio de los medios de defensa en el proceso, dado que conllevan un nuevo análisis de la cuestión planteada que puede realizarse por el propio órgano jurisdiccional, o bien, por el Tribunal de alzada quien cuenta con la jurisdicción originaria para resolver. Al respecto, cabe señalar que la Primera Sala y la otrora Tercera Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación han establecido en criterios orientadores que se actualiza la cesación de efectos por la sustitución procesal de actos. Algunos ejemplos de esos supuestos se precisan en los criterios jurisprudenciales siguientes: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." Ahora, debe significarse que el procedimiento jurisdiccional se conforma por una serie de trámites y de actos procesales concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Luego, cuando el gobernado opte por combatir en la vía constitucional una determinación pronunciada por una autoridad jurisdiccional y ese acto se vea sustituido por otro, ya sea porque fue recurrido y el Tribunal de alzada dictó otro que lo modificó, revocó o confirmó; o bien, porque en razón del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y en la ejecutividad del acto atacado es indudable que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En respaldo de las consideraciones anteriores se invoca, por analogía, la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En la especie se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo en estudio porque cesaron los efectos de la determinación de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno dictada en el juicio familiar de origen, en perjuicio de la parte quejosa, porque ha operado una sustitución procesal con el convenio celebrado por las partes en audiencia de once de octubre de dos mil veintiuno que se elevó a categoría de sentencia. Dicho convenio en lo que aquí interesa las partes pactan que el aquí quejoso proporcionará por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de sus menores hijos la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos moneda nacional) de forma mensual. Lo expuesto pone de relieve que los efectos de la determinación reclamada y su ejecución han cesado porque fueron sustituidas procesalmente por el convenio celebrado por las partes, en el que pactaron un monto definitivo como pensión alimentico a favor de los menores. En efecto, el convenio celebrado y elevado a categoría de sentencia, provocan la cesación de los efectos de los actos reclamados por sustitución procesal, al haber acaecido con posterioridad la nueva determinación y su ejecución que en la actualidad son las que rigen la situación jurídica de la parte solicitante del amparo. Se afirma lo anterior porque aun cuando en el auto de veinticuatro de marzo del año en curso reclamado se pronunció de una determinada forma, en la esfera de sus atribuciones, lo cierto es que las consideraciones expuestas en esa determinación han quedado sustituidas procesalmente por la nueva decisión y las consideraciones contenidas en el convenio pactado por las partes, así como la materialización de tal mandato son las que prevalecen en la actualidad y las consecuencias jurídicas de dichas actuaciones son la que rigen la situación legal de la parte disconforme. Lo anterior pone de relieve que cesaron los efectos de la determinación primaria, no obstante que pudiera en ellos subsistir alguna violación, pues éstos ya no pueden ser materia de examen en este juicio de amparo, sino en todo caso el auto y la materialización de su contenido que vinieron a sustituir a aquéllos porque podría suceder que a pesar de que favorecen su situación particular existiera un aspecto que incidiera en sentido negativo en su universo normativo que permita concebir la existencia de un interés jurídico para que esté en aptitud de atacarlos. En esa línea, es inconcuso que el juez responsable al avalar el convenio ofertado por las partes, generaron una nueva situación jurídica por sustitución procesal con relación a los actos reclamados, ya que los efectos de esta última actuación no puede ser objeto de escrutinio constitucional sin que antes se destruya lo que a su vez emanan de la nueva determinación y su materialización porque ahora éstos son los que rigen y prevalecen en el juicio origen. En esa línea, si la parte quejoso atacó en esta instancia constitucional la citada determinación emitida por la autoridad responsable y éstos fueron sustituidos procesalmente por una nueva actuación que incide en la vigencia y ejecutividad de los actos reclamados al grado de que hacen cesar sus efectos es palmario que se patentiza la hipótesis de inejercicio de la acción de amparo invocada. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, este Juzgador determina decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento, respecto del acto que la parte disidente reclamó al Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, consistente en el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio familiar 74/2021 de su índice. Ahora, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rigoberto Cruz González, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones expuestas en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes, mediante el cual se tiene al apoderado legal de TELMEX, informando que no localizó registro alguno de la tercera interesada Laura Ríos Reyes en su base de datos; en consecuencia, téngase a dicho ente público cumpliendo con lo solicitado en auto del pasado cuatro de noviembre. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes, mediante el cual se tiene al encargado de la subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, informando que no encontró registro del domicilio de la tercera interesada ***; en consecuencia, téngase a dicho entre público cumpliendo con lo solicitado en auto del pasado cuatro de noviembre. Por otro lado se tiene al autorizado de la parte quejosa manifestando que mediante audiencia de once de octubre del actual se desahogó dentro del expediente familiar 74/2021 del índice del una audiencia en el que llegaron a un convenio y dieron por concluida la litis. En consecuencia, requiérase a la responsable, Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo remita copia certificada que acredite dicha situación debido al posible cambio de situación jurídica del promovente de amparo. Apercíbase que de no cumplir con lo solicitado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento de incurrir con la conducta sancionada. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese los oficios señalados en la cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, en atención a sus contenidos, se tienen al Registrador del Distrito Judicial del Centro Oaxaca y al responsable de dependencias de gobierno de la División Comercial Sureste CFE-SSB informando sobre el domicilio de la tercera interesada ********************. Asimismo se tiene al jefe del departamento Contencioso de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social manifestando que no está en posibilidad de atender la solicitud debido a que es necesario contar con el CURP y/o número de seguro social de la citada tercero. En consecuencia, se toma nota de lo anterior y téngase a dichos entes públicos cumpliendo con lo solicitado en auto del pasado cuatro de noviembre y resérvese ordenar el emplazamiento de la tercera hasta en tanto las demás autoridades informen lo solicitado en dicho acuerdo. NOTIFÍQUESE.

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