Rigoberto Francisco López Moya
Expediente 1307/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1307/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rigoberto Francisco López Moya
- Encargado de la Estación Migratoria En la Estación Migratoria En la Ventosa, Oaxaca, Dependiente de la Secretaría de Gobernación
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto el ocurso de cuenta, por medio del cual, el quejoso Rigoberto Francisco López Moya, solicita se le tenga por desistido del amparo 1307/2022, origen del cuaderno de antecedentes en que se actúa y se le concede el plazo de ley a efecto de ratificarlo; atento a su contenido, toda vez que el pasado dieciséis de noviembre, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente por razón de turno para seguir conociendo de dicho amparo y declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, por tanto, remítase el escrito original de cuenta al Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, quien actualmente continúa conociendo del trámite de la referida demanda para que acuerde lo conducente. NOTIFIQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, por medio del cual comunica que aceptó la competencia declinada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo origen de este cuaderno de antecedentes, planteada por este órgano jurisdiccional mediante auto de dieciséis de noviembre pasado. I. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte1 , archívese este asunto como concluido y de conformidad con los criterios de valoración para los expedientes judiciales que expone el referido Acuerdo General, consistentes en relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese en el valor correspondiente del presente expediente judicial. II. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente expediente judicial se trata de un expediente creado con motivo a la incompetencia legal, quien esto provee considera que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso a) del numeral 20 del referido Acuerdo General2 ; en consecuencia, se ordena su destrucción. III. Por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este expediente. IV. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Envío de razón actuarial. Por otra parte, toda vez que en auto de dieciocho de noviembre del año en curso se reservó acordar lo correspondiente respecto de la razón actuarial de diecisiete de noviembre de este año, hasta en tanto el Juzgado Séptimo de Distrito manifestara si aceptaba o no la competencia, situación que ya aconteció; en consecuencia, mediante oficio que al efecto se genere remítase la razón actuarial indicada para que sea el quien acuerde lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lizeth Ortiz Segura, que autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de diecisiete de noviembre del año en curso asentada por el actuario de la adscripción se advierte que no pudo notificar el contenido del oficio 30739/2022 dirigido a la autoridad que la parte quejosa denomino como "Agentes Federales de Migración comisionados a realizar acciones de control y verificación migratoria de la estación migratoria en "La Ventosa", Oaxaca", en virtud que dicha autoridad es inexistente; por tanto, una vez que se tenga conocimiento del Juzgado de Distrito con sede en Salina Cruz a quien le recaiga la competencia para conocer el presente asunto, envíese la razón de mérito para que sea ella quien provea lo correspondiente. Informe relativo a la suspensión de plano. Finalmente, respecto al oficio firmado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo téngasele rindiendo su informe relativo a la suspensión de oficio y de plano que fue concedida a favor del quejoso, manifestando las acciones realizadas en acatamiento a esta, para lo cual remiten las constancias respectivas para acreditar su dicho. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lizeth Ortiz Segura, que autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1307/2022. Suspensión de oficio y de plano. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente del amparo Gabriel Domínguez Bobadilla en representación de Rigoberto Francisco López Moya, reclama lo siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS: A). - ENCARGADO DE LA ESTACION MIGRATORIA EN LA ESTACION MIGRATORIA EN LA VENTOSA, OAXACA, DEPENDIENTE DE LA QUEJOSO: RIGOBERTO FRANCISCO C. JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA EN TURNO. PRESENTE: SECRETARIA DE GOBERNACIÓN. CON DOMICILIO UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA, KILOMETRO 2.5, LA VENTOSA, JUCHITAN, OAXACA, CODIGO POSTAL70102. AUTORIDADES, EJECUTORAS: 1).- LA MISMA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA ENCARGADO DE LA ESTACION MIGRATORIA EN LA ESTACION MIGRATORIA EN LA VENTOSA, OAXACA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN. CON DOMICILIO UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA, KILÓMETRO 2.5, LA VENTOSA, JUCHITAN, OAXACA, CÓDIGO POSTAL 70102, POR CONDUCTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AGENTES FEDERALES DE MIGRACIÓN COMISIONADOS, A REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA. IV.- Ley o acto que de cada autoridad se reclama: De las autoridades señaladas como ordenadoras y ejecutoras reclamamos lo siguiente: A).- LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL Y/0 ASEGURAMIENTO DEL QUE HA SIDO OBJETO Y/0 PRESENTACION ANTE EL INSTITUTO NACIONAL .DE MIGRACIÓN EN LA ESTACION MIGRATORIA DE LA VENTOSA, JUCHITÁN, OAXACA, DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EL EXTRANJERO RIGOBERTO FRANCISCO LOPEZ MOYA, DE NACIONALIDAD CUBANA ADEMAS DE LOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 22 DE LA CARTA MAGNA, QUE HAN EJECUTADO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR CONDUCTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESE INSTITUTO, COMISIONADOS A LAS ACCIONES DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA EN EL ESTADO DE OAXACA DONDE FUE DETENIDO. B).- EL TEMOR FUNDADO A SER DEPORTADO, EN RAZON DE LOS ANTECEDENTES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION. C). - LA RESTRICCION AL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRANSITO, EL CUAL HAN SIDO OBJETO AL DETENERLO Y10 ASEGURARLO Y/0 PRESENTARLO ANTE EL INM, DONDE ACTUALMENTE ESTA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN LA ESTACION MIGRATORIA EN LA VENTOSA, OAXACA, HA SIDO PRIVADO DE MANERA ILEGAL DE SU LIBERTAD PERSONAL, POR ELEMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA, COMISIONADOS A ACCCIONES DE CONTROL Y VERIFICACION MIGRATORIA; BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EL C, RIGOBERTO FRANCISCO LOPEZ MOYA DE NACIONALIDAD CUBANA, FUE DETENIDO Y PRIVADO DE SUS LIBERTAD EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, APROXIMADAMENTE COMO A LAS 11:30 P.M. EN EL RETEN IE LA VENTOSA OAXACA Y LLEVADO A LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE LA VENTOSA OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA, PARA SU DEPORTACIÓN, QUIEN INGRESO A MEXICO A PRINCIPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022." En tal sentido, con fundamento en lo previsto por los artículos 15, primer, segundo y tercer párrafos, 109 y 126, primer y segundo párrafos y demás relativos de la Ley de Amparo se decreta la suspensión de oficio y de plano para que de inmediato cese todo acto que tienda a tener incomunicado al directo agraviado, hacerlo víctimas de malos tratos, coacción, castigos o tormentos y que pueda privarles de la vida o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con motivo de la detención de la que aducen se encuentran siendo objeto el directo agraviado por parte de las autoridades señaladas como responsables y para que, en su caso, el justiciable no sea trasladado a una estación de migración diversa y tampoco sea deportado. También con fundamento en lo establecido por el ordinal 160 de la Ley de Amparo se concede la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que sin paralizar o suspender el procedimiento administrativo migratorio que al efecto se instruya en su contra (el cual no es suspendible por ser de orden público), el directo agraviado sea puesta en libertad y que la autoridad responsable dicte las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que el quejoso no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante ella cuantas veces les sea exigido. En el entendido que el inconforme deberá permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio correspondiente, por lo que de no hacerlo así, la presente medida cautelar quedará sin efectos. Lo anterior, siempre y cuando no se haya dictado la resolución relativa sobre la situación migratoria del extranjero, derivada de algún procedimiento administrativo migratorio seguido en su contra, lo que impide sea puesto en libertad absoluta sin que previamente sea estudiada la constitucionalidad del acto reclamado, lo cual es propio de la sentencia de amparo, no de la suspensión de plano. En la inteligencia que el justiciable queda a disposición de las autoridades migratorias para la continuación del procedimiento administrativo y a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar en el que se encuentra alojado, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables la subsistencia de la medida cautelar. Además, se considera oportuno mencionar a las autoridades responsables que en términos de la Ley de Migración, deberán: 1. Garantizar la seguridad personal del migrante. 2. Respetar sus derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. 3. Dar a conocer los derechos de la persona presentada de acuerdo con lo estipulado por el precepto 109 de la Ley de Migración, tales como: Informar el motivo de su ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio, de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los numerales 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto. Que tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios. Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure. En caso de que no hable español, contará con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación. Informarle que tiene derecho a acceder a comunicación telefónica; a recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. El derecho a ser visitado por sus familiares y por su representante o defensor. Apercibimiento a las autoridades responsables. Requiérase a las responsables para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS comuniquen vía informe a éste órgano jurisdiccional la forma y términos en los que den cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano con el apercibimiento que de no cumplir con ello se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización de conformidad con lo ordenado por el artículo 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 237, fracción I, del propio ordenamiento. En la inteligencia que la violación a la medida cautelar concedida, entraña la probable comisión de un delito, de conformidad con lo señalado por el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse de inmediato se pondrá en conocimiento del Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Igualmente, deberán permitir el acceso de manera mesurada a los familiares y abogados del directo agraviado, en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de las personas detenidas; en el entendido que al momento de la notificación debe permitir, en el caso de ser solicitado por el actuario adscrito a este juzgado, el acceso a una de estas personas a fin de que estén presentes al momento de la diligencia. En consecuencia, se responsabiliza a la aludida autoridad por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación y deberá proceder a la vigilancia necesaria a fin de que se dé el debido cumplimiento a la medida cautelar. Incompetencia. Por otra parte, al realizar un estudio integral del escrito inicial de demanda, promovida por Gabriel Domínguez Bobadilla en representación de Rigoberto Francisco López Moya, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo por las razones que enseguida se expondrán. En principio, es necesario establecer que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para examinar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo. La competencia en un sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, esto es, en el ámbito jurídico el concepto de competencia se utiliza para referirse a la atribución legítima de una autoridad para el conocimiento o la resolución de un asunto. En el proceso, la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer de un determinado asunto con exclusión de los demás órganos de la misma rama de la jurisdicción. De ahí que al ser la competencia un presupuesto procesal, este órgano jurisdiccional debe analizarla de oficio previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia de fondo del juicio constitucional, porque de no hacerlo contravendría las normas que rigen al procedimiento del juicio de amparo y propiciaría una violación adjetiva fundamental en perjuicio de las partes. Por tanto, dado que la competencia es un aspecto de orden público, cuyo estudio debe ser oficioso y preferente al constituir un presupuesto procesal es necesario establecer que en el caso no se examinara el fondo de la litis constitucional planteada dado que del análisis de las constancias que integran el juicio constitucional en el que se actúa, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. Para evidenciar tal aserto en principio es necesario señalar que del contenido integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa impugna actos correspondientes al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se ejecutan o tratan de ejecutar en la Estación Migratoria denominada "La Ventosa" ubicada en La Ventosa, Juchitán, Oaxaca, donde presuntamente se encuentra privada de su libertad el quejoso En ese sentido, es necesario destacar que la inconstitucionalidad de los actos reclamados se materializa en el lugar donde presuntamente se encuentra privado de su libertad el directo quejoso Rigoberto Francisco López Moya. Para clarificar lo anterior es necesario tener presente el contenido del ordinal 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" La norma constitucional inserta establece la competencia por razón de territorio de los jueces de distrito, al señalar que el juicio de amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o bien, que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de la autoridad administrativa, le corresponde conocer al Juez de Distrito "[.] bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse [.]"; es decir, el citado precepto de la Carta Magna atribuye competencia territorial para conocer de un juicio de protección de los derechos fundamentales hasta su terminación al Juez de Distrito del lugar en donde se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Lo anterior tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en el que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. A su vez, el dispositivo 37 de la Ley de Amparo concretiza esas reglas constitucionales de competencia, al disponer: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El segmento normativo transcrito en relación con la competencia del Juez de Distrito establece tres hipótesis distintas, a saber: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro es competente el juez de Distrito ante el que se presenta la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es importante destacar que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera es que en ésta el acto o la resolución reclamada no requiere ejecución material y lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en los que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. El precepto legal transcrito alude a la "ejecución material" como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de los juicios de amparo; por tanto, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, por sí o porque sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que los actos reclamados en esta instancia, tienen ejecución dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz. En ese orden de ideas, a criterio de este órgano jurisdiccional debe decirse que la materia de la litis, son actos que requieren ejecución material. Con base en el marco referencial anterior este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, considera que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, porque como se estableció en los antecedentes relatados en los párrafos precedentes el acto que en esta vía se combate tendrá ejecución donde este Juzgado Federal no tiene jurisdicción. Precisado dicho punto, entonces sólo resta identificar quién es el órgano de control constitucional que debe continuar con el conocimiento y la resolución de este sumario y el descubrimiento de ese aspecto paralelamente revelará que tal presupuesto procesal no se surte a favor de este Juzgador. En ese contexto, es necesario señalar que de lo dispuesto por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito se desprende que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercen jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por diversos municipios de esta entidad federativa, entre los cuales se encuentra el de Juchitán o Juchitán de Zaragoza. La porción normativa citada señala lo siguiente: "[.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. [.]." Luego, si los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ubicados en Salina Cruz, ejercen jurisdicción en el Municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, donde se ejecutan o tratan de ejecutarse, en su caso, los actos reclamados que afectan los derechos del directo quejoso, entonces es factible concluir que este Juzgado Federal carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por el ordinal 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En ese contexto, con fundamento en lo establecido en los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 y 48 de la Ley de Amparo; y, en el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito este órgano de control constitucional declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. En consecuencia, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, por lo que remítase la demanda original motivo de este expediente, sus anexos y copias simples, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, para que ésta a su vez los turne al órgano jurisdiccional que corresponda conocer del asunto, solicitándole al Juez Federal requerido que conforme a lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo decida de plano dentro del plazo indicado en ese precepto si acepta o no el conocimiento del medio extraordinario de defensa en el que se actúa e informe a este órgano de control constitucional su determinación, al cual se solicita también el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las actuaciones necesarias que deberán quedar como constancia en este órgano jurisdiccional. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. En diverso aspecto, téngase a la parte quejosa por señalados la cuenta de correo electrónico que proporciona, únicamente como medio de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por el ordinal 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lizeth Ortiz Segura, que autoriza y da fe.
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