Rigoberta Jiménez Pineda

Expediente 1094/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1094/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Rigoberta Jiménez Pineda

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1094/2022, promovido por *** en contra de los actos de la autoridad que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES De acuerdo a los antecedentes proporcionados por la parte quejosa, promovió demanda en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en contra de la resolución negativa ficta recaída a su petición presentada ante el Delegado Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el cual solicitó se aplicara a su petición los incrementos de la evolución salarial, formándose el expediente 3688/19-15-01-7. Siguiendo todas las etapas del juicio, se dictó sentencia la cual le fue notificada a la parte quejosa el veinticinco de febrero de dos mil veintidós; y, al no haber cumplido la autoridad demandada con la sentencia, la quejosa el veintiocho de marzo del año en curso, presentó un escrito ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, solicitando la firmeza de la sentencia y requiriera el cumplimiento de la misma. Sin embargo a la fecha, no le ha sido notificado el acuerdo recaído a su petición. Por lo que la quejosa estima que ese ente público viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el veintitrés de septiembre de la presente anualidad. La justiciables señaló como autoridad responsable a los magistrados de la Sala Regional del Sureste del Tribunal de Justicia Administrativa, y como actos reclamados los siguientes: "la omisión de acordar mi escrito presentado por oficialía de partes de la Sala Regional del Sureste, del Tribunal mencionado, el día 28 de marzo de 2022 con el número de expediente*** La demanda fue remitida el veintitrés de septiembre, quedando registrada en este órgano jurisdiccional con el consecutivo 1094/2022 y fue admitida el veintiséis de septiembre siguiente; asimismo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a lo establecido por los arábigos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, la parte quejosa reclama de los magistrados de la Sala Regional del Sureste del Tribunal de Justicia Administrativa, lo siguiente: La omisión de responder el escrito presentado ante la responsable el veintiocho de marzo de dos mil veintidós. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable presidenta de la sala y el secretario de acuerdos de la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justifica Administrativa, negó la existencia del acto reclamado, Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en atención a que de autos se desprende que la quejosa presentó su escrito ante la responsable el veintiocho de marzo de dos mil veintidós y la autoridad al rendir su informe manifestó que dicho escrito fue acordado en auto de tres de octubre del año en curso. Por lo que, al momento de la presentación de la demanda (veintitrés de septiembre de dos mil veintidós), el acto reclamado existía. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el expediente*** Con dichas documentales se demuestra la existencia de la omisión reprochada a la autoridad responsable. VI. PROCEDENCIA Como el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, éstos deben ser analizados previamente al estudio de fondo, incluso hasta de oficio. En la especie, de oficio se advierte que en el acto consistente en la negativa de acordar el escrito presentado ante la responsable el uno de diciembre de dos mil veintiuno, así como su debida notificación y las consecuencias derivadas de la falta de acuerdo al escrito presentado, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque han cesado en los efectos de dicho acto. A fin de evidenciar lo anterior, se considera oportuno precisar el normativo que contiene la hipótesis materia de estudio en el presente asunto, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del precepto legal y criterio invocado se obtiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca; cuestión que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto impugnado; o, también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica con la cual destruye en forma definitiva la que dio motivo al amparo. En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se requiere lo siguiente:  La existencia de un acto de autoridad, el cual el impetrante de amparo estime lesivo de sus garantías; y, en razón de ello, se motive la promoción de la demanda de amparo.  Un diverso acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo.  O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma terminante, al acto reclamado, retrotrayendo las cosas al estado que tenían hasta antes de la promoción de la demanda de garantías. Ahora bien, como se anticipó, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que en auto de tres de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***, se acordó el escrito presentado por la parte quejosa el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, el cual fue notificado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Lo anterior, da pauta al suscrito para estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la omisión que le fue reprochada a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional, cesó en sus efectos. En el sumario, como se especificó, la quejosa reclama la omisión de dar respuesta al escrito presentado ante la responsable el veintiocho marzo de dos mil veintidós, a pesar de haber transcurrido más de seis meses. Sin embargo, al momento de rendir informe la presidenta de la sala y el secretario de acuerdos de la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justifica Administrativa, manifestó que en auto de tres de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 3688/19-15-01-7, se acordó el escrito presentado la quejosa, el cual fue notificado el catorce de octubre de dos mil veintidós. Por lo anterior, si en esta instancia se reclama la omisión de acordar el escrito presentado ante la responsable el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, y la autoridad responsable, al momento de la emisión de la presente sentencia ya dictó un acuerdo en el que provee lo correspondiente respecto al escrito presentado, es evidente que en esta instancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que emitir dicho fallo, se destruyeron los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional. Por tanto, lo pretendido por la promovente de la acción constitucional, en el sentido que se cesara la omisión de acordar su escrito presentado ante la responsable, quedó satisfecho. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." VII. DECISIÓN En consecuencia, como no existe prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento, lo que procede en este asunto es el sobreseimiento. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra el acto reclamado a los magistrados de la Sala Regional del Sureste del Tribunal de Justicia Administrativa, por los motivos que se precisan en el apartado VI de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinden la presidenta de la sala y el secretario de acuerdos de la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justifica Administrativa y téngase como prueba de su parte la documental que exhibe, consistente en copia certificada de diversas actuaciones que integran el expediente ******************** de su índice, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Con lo anterior, se ordena dar vista a las partes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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