Rigoberto Anaya Hilario

Expediente 609/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
609/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Rigoberto Anaya Hilario
  • Rigoberto Anaya Hilario y Otros.
  • Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Subprocurador de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en auto de veintinueve de septiembre del presente año e informa que se encuentra una investigación en el expediente 747/23-D.C.T., contra ***, en detrimento de su menores hijos de iniciales ***(tercera interesada en este asunto) y ***, ejerciendo su tutela y resguardándolos en el Centro de Asistencia Social desde el veinte de agosto del año en curso. Ahora bien, para no violentar el debido proceso y evitar una reposición del procedimiento; con fundamento en los artículos 4, fracciones XVII y XXI, 13, fracción XVIII, 82 y 83, fracciones V y VI, y 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se designa como representación coadyuvante de la menor de iniciales ***, (aquí tercera interesada) al Subprocurador de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, a fin de salvaguardar sus interés y proteger de manera efectiva el ejercicio de los derechos de la citada menor; por tanto, emplácese a dicha autoridad mediante oficio, al cual se adjunta copias del escrito de demanda y acuerdo de admisión, además comuníquesele que la audiencia constitucional se señaló a las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de septiembre del año en curso. Es aplicable la tesis II.4o.P.29 P (11a.), con registro digital 2026410, de la Undécima Época, Materias Constitucional, Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Tomo III, Página 3232, que a la letra dice: INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES COMO NORMA DE PROCEDIMIENTO. PARA PROTEGER DE MANERA EFECTIVA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS EN PROCESOS PENALES QUE LOS INVOLUCREN, ES NECESARIO DESIGNARLES UNA REPRESENTACIÓN COADYUVANTE ESPECIALIZADA. Hechos: Una niña y un niño en su carácter de víctimas indirectas del delito, promovieron juicio de amparo directo por conducto de su asesora jurídica contra la sentencia de segundo grado que confirmó la diversa absolutoria por el delito de feminicidio relacionada con la muerte violenta de su madre, ello porque la Fiscalía no acreditó la teoría del caso por insuficiencia probatoria; dichos menores de edad, al momento de celebrarse el juicio oral, contaban solamente con seis y diez años, y la protección de sus derechos quedó supeditada y subordinada a su padre, quien únicamente asistió a una de las audiencias en su calidad de testigo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para lograr el pleno y efectivo ejercicio de los derechos procesales y sustanciales de niñas, niños y adolescentes involucrados en un proceso penal, en atención a su interés superior como norma de procedimiento, es necesario designarles una representación eficaz y adecuada de tipo coadyuvante, que exige ser especializada en infancia y opera en forma de acompañamiento a la representación originaria o legítima de sus progenitores, padres adoptivos o tutores, la cual debe establecerse oficiosamente por la autoridad jurisdiccional que dirija el procedimiento, como tutela reforzada de los derechos humanos y justicia adaptada. Justificación: La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en sus artículos 82 y 83, reconoce expresamente su derecho a la seguridad jurídica y a un debido proceso y en éste, el derecho a ser representados en los términos de esa misma ley en sus artículos 4, fracciones XXI, XXII y XXIII y 106, los cuales establecen las diversas clases de representación procesal que podrán tener los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales o administrativos en que se dilucide sobre sus derechos, entre ellas, destaca la representación coadyuvante que debe ejercerse por profesionales con conocimiento del amplio espectro de derechos fundamentales de los menores de edad en sus contenidos y alcances, conforme al entendimiento constitucional y convencional; además, exige ser especializada en infancia, esto es, conforme a su interés superior al margen de cualquier otro, y asumirse con la proporcionalidad que exija cada caso, con pleno respeto del menor de edad, atendiendo a su autonomía en progresión, y sin llegar a constituirse en una intervención arbitraria frente a la capacidad de quienes ejercen la representación originaria. Por lo que, en aras de efectivizar dicha función de los progenitores, tutores y custodios, en acompañamiento de éstos -de la familia del niño- es necesario proveer una representación oficial de tipo coadyuvante que asegure el ejercicio efectivo de los derechos procesales y sustanciales del infante, sobre todo en supuestos en los cuales resulta patente o evidente el potencial menoscabo a sus derechos durante el procedimiento, o bien, nula o deficiente la representación ejercida por quien legalmente la tiene. De ahí que resulte necesario pensar en la representación de tipo coadyuvante como un "derecho llave" o como una garantía que busca asegurar la protección reforzada para los menores de edad, lo que, a su vez, les permitirá el acceso para la efectiva protección de todo el abanico de derechos que les pertenecen en un proceso penal. Por tanto, la representación coadyuvante no desplaza a la defensa penal que se ejerce a favor de una persona menor de edad señalada de haber cometido un delito, ni tampoco a la que pueda proporcionar el asesor jurídico de la víctima del delito de las que hablan, respectivamente, el artículo 20, apartados B, fracción VI y C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que será el representante coadyuvante quien verifique que éstos -defensor y asesor jurídico- cumplan eficazmente con la función que les ha sido encomendada a favor de las y los menores de edad. Finalmente, desconocer esa medida adicional o reforzada de protección a favor de niñas, niños y adolescentes conllevaría, en primer lugar, proporcionales las mismas medidas de protección que el sistema de justicia penal, por sí solo, ya otorga a los mayores de edad -acusado o víctima del delito-, por lo que no estaríamos en presencia de una "protección reforzada", sino de una igual a la que se brinda a los demás. En segundo, porque asumir o aceptar lo contario, implicaría sostener que los niños sólo requieren protección reforzada en otras materias y no en la penal, a pesar de los derechos que podrían estar en juego, como la libertad -en un juicio seguido en su contra-, o bien, a la verdad y a la justicia, cuando les revista la calidad de víctimas u ofendidos del delito. Asimismo, es aplicable la tesis VI.2o.P.9 P (11a.), con registro digital 2027267, de la Undécima Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: PROCURADOR DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES -FEDERAL O LOCAL-. PROCEDE DESIGNARLO PARA QUE REPRESENTE A UN MENOR DE EDAD EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA MINISTERIAL A DECRETAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DERIVADO DEL APARENTE CONFLICTO ENTRE SUS PADRES. Hechos: La madre de un menor de edad, por sí y en representación de éste, promovió juicio de amparo indirecto contra la negativa del Ministerio Público de decretar las medidas de protección previstas en las fracciones I a III del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Juez de Distrito, derivado del aparente conflicto de interés entre ambos progenitores, requirió un asesor jurídico de la Defensoría Pública Federal para que representara al niño y concedió la protección constitucional; inconforme, el procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el carácter de tercero interesado y en representación coadyuvante oficiosa del infante, interpuso recurso de revisión en el que alegó que éste debe ser representado por él y no por el asesor jurídico designado. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que ante el aparente conflicto de interés entre los padres del niño (víctima), debe designarse como su representante al procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -federal o local-, a efecto de que actúe en su nombre y representación dentro del juicio de amparo, quien deberá garantizar de forma imparcial la protección de los intereses directos del infante. Justificación: Si bien es cierto que los padres tienen la guarda y custodia del niño y que la madre fue quien promovió el juicio de amparo, también lo es que en ninguno de ellos debe recaer su representación en el juicio constitucional, pues ante el aparente conflicto de intereses, se encuentran impedidos para llevarla a cabo, al no estar en posibilidad de proteger su interés superior; asimismo, tampoco debe recaer en el asesor jurídico designado por la Defensoría Pública Federal, pues tiene derecho a ser representado en términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual prevé en sus artículos 73, 86, 121 y 122 que éstos tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan en su ámbito jurídico, por lo que, entre otras cosas, deberán ser informados sobre la naturaleza del procedimiento y el carácter de su participación en éste, el que en ningún caso podrá ser el de imputado o probable responsable; igualmente, su participación en un procedimiento debe llevarse con asistencia de un profesional en derecho y, para una efectiva protección y restitución de sus derechos la Federación, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, contará con una Procuraduría de Protección; del mismo modo, las entidades federativas deberán contar con Procuradurías de Protección, quienes garantizarán los derechos de niñas, niños y adolescentes, acorde con el ámbito de su competencia, establecida en la propia Constitución General, en los tratados internacionales y en la ley especial; además, les prestarán asesoría y representación cuando se encuentren involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen. De ahí que proceda la representación procesal del procurador recurrente sobre el infante, pues ello daría a éste un mayor beneficio, sobre todo en asuntos en donde se requiere la especialización en menores de edad, lo que exige la representación oficial para asegurar los derechos fundamentales del niño. Máxime que al contar éste con una idónea representación en el juicio de amparo, podrá verse beneficiado con el litigio de un experto en la materia de derechos de la infancia, quien podrá aportar pruebas, formular alegatos e interponer los recursos respectivos, lo que llevará a una total defensa de sus intereses. Notifíquese por lista electrónica; y emplácese al citado representante coadyuvante especial de la menor. Lo proveyó y firma ***, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante ***, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por la Encargada de la Dirección del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Número Dos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en auto de veinticinco de los actuales e informa que en los registros de ese centro penitenciario se encuentra **, por la comisión del delito de Feminicidio en grado de Tentativa y Violencia Familiar, en perjuicio de su menor hija de iniciales **, dentro de la causa penal 4618/2023, quien se encuentra a disposición por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, desde el veintidós de agosto del presente año. Ahora bien, a fin de no violentar el debido proceso y evitar una reposición del procedimiento en términos del artículo 93, fracción III, de la Ley de Amparo, se deja sin efectos la notificación de cuatro del mes y año en curso, con motivo del citatorio que se dejó al no localizar en el domicilio para emplazar personalmente a **, madre de la referida menor, pues como se evidencio desde el veintidós de agosto del año en curso, la citada señora ingresó al citado centro de reinserción el veintidós de agosto de la anualidad en curso. En ese orden de ideas, gírese oficio al encargado del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua (DIF Estatal Chihuahua), para que dentro del plazo de tres días, tenga a bien informar a este juzgado si cuenta en sus registros a la menor de iniciales ** quien funge como su tutor y está a cargo de su representación. Se apercibe a dicha autoridad, de que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá multa por cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la posibilidad de que el menor de edad pida amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante, nombrándole para ello un representante especial en los casos en que por conflictos de intereses sea necesario. En el caso, el acto reclamado deriva de un juicio del orden penal, expediente en el cual se afectan derechos de una menor de edad, de modo que, tomando en cuenta las obligaciones constitucional y convencional de estar al interés superior del menor, en aras de defenderlo y tutelarlo se ordena nombrar un representante especial para que intervenga en el juicio. Con copia de la demanda de amparo y sus anexos, así como de este auto, gírese atento oficio al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Chihuahua capital, para que, a la brevedad posible indique el nombre de algún asesor que pueda fungir como representante especial de la menor de referencia. El delegado requerido deberá hacer saber al asesor nombrado, que tiene un plazo de cuarenta y ocho horas, legalmente computado, para presentar en el Portal de Servicios en Línea una promoción dirigida al expediente en que se actúa, en la que manifieste su conformidad y protesta del cargo de representante especial, tal requerimiento tiene por objeto dar certidumbre del pleno conocimiento del cargo que se le confirió. Notifíquese por lista electrónica y oficio a las autoridades requeridas. Lo proveyó y firma **, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante **, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado de los autos, se advierte que el día de hoy está programada la audiencia constitucional en el juicio de amparo en que se actúa; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que el encargado del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Número Dos, en esta ciudad, aún no ha remitido la información solicitada en el acuerdo de veinticinco de los actuales, a fin de convalidar debidamente el emplazamiento y la representación de la menor víctima de iniciales L.O.N.M. Para evitar una posible reposición del procedimiento en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar para su desahogo se señalan las diez horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma **, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante **, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.lavh

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el tercero interesado, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en auto de diecinueve de los actuales e informa que no tiene conocimiento que la menor víctima de iniciales ********************., se encuentre en las instalaciones del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ni que ********************, madre de la referida menor, se encuentre recluida en el Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Número Dos, con residencia en esta ciudad, no obstante realizará las indagaciones correspondientes por si otro fiscal puso a disposición de la menor ante dicho organismo y en lo concerniente a la madre de la víctima en el referido centro penitenciario. En ese sentido, para no violentar el debido proceso y evitar una reposición del procedimiento; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al encargado del el Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Número Dos, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, tenga a bien informar a este juzgado si actualmente ********************, se encuentra interna en dicho centro de reclusión, con motivo de algún procedimiento seguido en su contra, y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. Se apercibe a dicha autoridad, de que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá multa por cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica y oficio a la autoridad requerida. Lo proveyó y firma Claudia López López, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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