Ricardo Rodríguez Reta

Expediente 137/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 26 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
137/2023
Año
2023
Actuaciones
26
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Rodríguez Reta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El expediente principal es susceptible de conservable dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá conservar el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, este órgano jurisdiccional califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del capítulo octavo, del referido Acuerdo General, la versión electrónica del presente juicio de amparo coincide en su totalidad con la impresa en este expediente. Valoración del cuaderno incidental En cuanto al incidente de suspensión, toda vez que se concedió la definitiva el incidente de suspensión original es conservable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA En Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 137/2023-III, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el tres de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido por razón de turno a este juzgado en la misma fecha, ***, promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y actos señalados en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. Por auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo, la cual quedó registrada bajo el expediente 137/2023-III; una vez que el quejoso aclaró su contenido, el veintiuno del citado mes y año se admitió a trámite; se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables y se le dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida, se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 38 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana. Lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tuvieron ejecución en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados de las autoridades responsables. Del análisis de la demanda, así como del informe justificado rendido, se desprende que la quejosa reclama de las autoridades siguientes: Subsecretaría de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua; Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua; Director de Vialidad de la Subsecretaria de Movilidad del Estado de la Secretaria de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua; y Jefe de Destacamento en Funciones de Coordinador Operativo de Delegaciones de la Subsecretaria de Movilidad de la Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua. El siguiente acto: Se reclama en el ámbito de sus respectivas competencias la arbitraria, desproporcionada, ilegal, inconstitucional e inconvencional medida precautoria consistente en la suspensión al servicio activo, decretada dentro del expediente Q-001/SAI/SSPE/2023. Por ende, se tiene a tal acto como el reclamado en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, con sede en ciudad capital, al rendir el informe justificado negó la existencia de los actos atribuidos; sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. En ese sentido, resulta inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, pues dicha responsable negó el acto reclamado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa, al no aportar pruebas para ello, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: " Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por su parte, ***, Jefe de Destacamento de la Subsecretaría de Movilidad, así como ***, Subsecretario de Movilidad, ambas del Estado de Chihuahua, manifestaron que es parcialmente el acto que se les atribuye, pues mencionan que el tres de enero de dos mil veintitrés, el primero de los mencionados emitió un oficio, en el cual se ordenó el cambio de comisión a ciudad Juárez al hoy quejoso y otros agentes, y el segundo de ellos citó al quejoso para la notificación de dicho oficio, sin embargo, debe tenerse por inexistente dicha actuación, pues dadas sus atribuciones, no les corresponde la emisión del acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, relativo al expediente Q-001/SAI/SSPE/2023, mediante el cual se decretó la suspensión temporal administrativa de labores del quejoso, acto reclamado en este juicio. En efecto, la emisión del auto que en esta vía se reclama, le correspondió a la Subsecretaría de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, de ahí la inexistencia de los referidos actos atribuidos al Jefe de Destacamento de la Subsecretaría de Movilidad, así como al Subsecretario de Movilidad, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. En congruencia con lo anterior, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, por lo que hace a las autoridades señaladas en el presente considerando, en los términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, antes transcrito, lo que imposibilita a esta resolutora abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo, a las autoridades apuntadas. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Subsecretario de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos de que se le atribuye, esto es, la medida precautoria consistente en la suspensión al servicio activo, decretada dentro del expediente Q-001/SAI/SSPE/2023, en determinación de diecisiete de enero de dos mil veintitrés. En consecuencia, deben tenerse por ciertos los actos que les reclama la parte quejosa; además, que, para corroborar su dicho, la autoridad responsable remitió copia certificada del procedimiento del régimen disciplinario, entre el cual se advierte el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en el cual se impuso tal sanción. Documentales cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. Sirve de apoyo la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, con número de registro 1002815, cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." I. Causales de improcedencia invocadas por las autoridades de las que no se procederá a su estudio. El Subsecretario de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, precisó que se actualizan las causales de improcedencia contempladas en el ordinal 61, fracción XIII, en relación con el artículo 1, fracción I y artículo 5, Fracción II, ambos de la Ley de Amparo; sin que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de llevar a cabo su estudio, pues la autoridad fue omisa en señalar los argumentos por los que arriban a dichas conclusiones, de ahí que esta Juzgadora no puede enderezar su planteamiento, respetando así el equilibrio adecuado y el justo balance entre los contendientes, en relación con el proceso al cual se sujetan, en que se traduce la garantía de justicia imparcial; máxime que dichas causales no son de obvia y objetiva constatación. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 174086, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, de octubre de 2006, página 365, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. Ahora bien, las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia diversa, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna adicional, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Cuestión previa. Como cuestión previa al examen del fondo del asunto, debe precisarse que, en el caso, se reclama la emisión del acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, por la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, relativo al expediente Q001/SAI/SSPE/2023, mediante el cual, como medida cautelar, se decretó la suspensión temporal administrativa de ***. Por tanto, no opera a su favor la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior toda vez que la hipótesis ahí contenida establece como condición que el quejoso tenga el carácter de trabajador, calidad que no ostenta para efectos del presente juicio de amparo, sino que está relacionado con un procedimiento de responsabilidad administrativa contra un servidor público. Lo anterior sin soslayar el contenido de la jurisprudencia P./J. 7/2017 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que la misma opera en favor de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, en los procedimientos administrativos de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, lo que en la especie no se actualiza. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia bajo registro digital: 2013378, Instancia: Segunda, Sala Décima, Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 190/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, enero de 2017, Tomo I, página 705, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. Para que proceda la aplicación de la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la indicada porción normativa, es menester no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino que, además, se trate de un asunto cuya materia derive de un conflicto laboral, es decir, que tenga incidencia, de manera directa e inmediata, en algún derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la relación de subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o administrativas, pues basta con que se afecte algún interés fundamental tutelado por el precepto constitucional aludido y que en el amparo intervenga un trabajador o empleado en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a su favor. Por tanto, como el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae aquel precepto constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciña a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación están identificados en el juicio de amparo, cuya reproducción se omite en esta sentencia por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para esta resolutora. En primer lugar cabe mencionar que respecto de los conceptos de violación señalados por el quejoso en su demanda, indicados como PRIMERO y SEGUNDO, dichos conceptos de violación van dirigidos a impugnar el acto consistente en acuerdo de comisión, de tres de enero de dos mil veintitrés, emitido por *** Jefe de Destacamento de la Subsecretaría de Movilidad, en el cual se comisionó al quejoso para efectos de ser incorporado a prestar sus servicios en esta ciudad Juárez, Chihuahua. Lo anterior toda vez que dichos conceptos de violación no forman parte de la Litis planteada ante este juzgado, en el cual el acto reclamado consistente en el auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente Q001/SAI/SSPE/2023, mediante el cual, se dio inicio al procedimiento administrativo, en el que, como medida cautelar se decretó la suspensión temporal administrativa de ***. Máxime que el acto consistente en el acuerdo de comisión, de tres de enero de dos mil veintitrés, así como los conceptos de violación a que se hace referencia, fueron motivo de estudio en diverso juicio de amparo promovido por el quejoso, esto es en el juicio 137/2023, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad de mismo nombre, juicio que fue sobreseído en sentencia de diecinueve de mayo, la cual causó estado el catorce de junio, ambos de dos mil veintitrés. Ahora bien, en su concepto de violación dirigido a atacar el acto que en este juicio se reclama, el quejoso argumenta que el acuerdo combatido carece de la debida fundamentación y motivación y violenta lo dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que la Subsecretaría que lo emitió lo hizo sin ser precisa ni congruente, al argumentar que el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las condiciones que deben cumplir los actos a cargo de la autoridad, los que se resumen en tres: Expresarse por escrito, Provenir de autoridad competente y, Que en el documento escrito en el que se exprese se funde y motive la causa legal del procedimiento. Por lo que el solo hecho de la invocación de un ordenamiento jurídico en forma global resulta insuficiente para estimar que el acto de molestia, se encuentre correctamente fundado, así mismo es necesario que se mencionen con puntualidad las disposiciones legales específicas que incorporen al ámbito competencial del órgano emisor la atribución que le permite afectar la esfera jurídica del gobernado, atendiendo diversos criterios de atribuciones lo cual, considera la quejosa no ocurrió por parte de la autoridad responsable, es por lo anterior que violenta sus garantías constitucionales. Son infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, por lo siguiente: Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen la garantía de legalidad de los actos de autoridad que, sin privarlos de sus derechos, afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares, e impone a las autoridades emisoras del acto, la ineludible obligación de que tales actos de molestia se expresen por escrito, provengan de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Así, resulta necesario destacar el principio de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Federal, el cual dice lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Dicho precepto constitucional establece la garantía de legalidad de los actos de autoridad que, sin privarlos de sus derechos, afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares, e impone a las autoridades emisoras del acto, la ineludible obligación de que tales actos de molestia se expresen por escrito y que provengan de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Expone el quejoso que la fundamentación y motivación se traducen en que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la autoridad para el dictado del acto, los cuales deben ser reales y ciertos, e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Lo anterior se encuentra reflejado en la tesis bajo registro digital: 321037, Instancia: Segunda Sala, Quinta Época, Materias(s): Constitucional, Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XCII, página 1199 Tipo: Aislada, cuyo rubro y texto son los siguientes; "ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL, GARANTIAS DEL. Este precepto exige que en todo acto de autoridad se funde y motive la causa legal del procedimiento. Para cumplir con este mandamiento deben satisfacerse dos clases de requisitos, unos de forma y otros de fondo. El elemento formal queda surtido cuando en el acuerdo, orden o resolución, se expresan los motivos y las disposiciones legales que se consideren aplicables. Para integrar el segundo elemento, es necesario que los motivos invocados sean reales y ciertos y que, conforme a los preceptos citados, sean bastantes para provocar el acto de autoridad. Si, pues, no quedó satisfecho en parte el requisito formal, que exige el artículo 16 de la Carta Magna, por haberse omitido la cita de los preceptos legales que pudieran servir de fundamento a la orden reclamada, debe concederse el amparo, para que sea reparada esa violación constitucional." Ahora, de la resolución combatida se desprende que la suspensión temporal que se le impuso al quejoso, sí tiene bases y fundamentos, pues basta imponerse de los actos de que se trata, para advertir que sí se hallan fundados y motivados tal como lo exige el artículo 16 Constitucional, pues, aunado a que se señalaron los fundamentos de derecho, es decir, la autoridad se apoyó en los numerales que permiten su expedición y que prevén las hipótesis que generan su emisión, también expuso los motivos de hecho considerados para su pronunciamiento, los que son reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Esto es así pues de su contenido se evidencia que la responsable motivó la imposición de la citada medida atendiendo a que se le dio vista con la integración de la carpeta administrativa Q-001/SAI/SSPE/2023, en contra del aquí quejoso, y otros, por haber incumplido con la orden que les fue encomendada de trasladarse a Ciudad Juárez, Chihuahua, a fin de apoyar al operativo especial derivado de los acontecimientos violentos suscitados en esta ciudad, trasgrediendo con ello el artículo 53, fracciones V, IX y X y 65, fracciones III, VI, VII, XXV y XXVII, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, numeral 63, fracciones II, III, XXIX, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cardinales 12 y 175 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y su Municipios; además, de haber considerado el historial laboral y conductas irregulares de los servidores públicos que obran en su expediente personal. Así, la medida impuesta al quejoso en los actos de que se trata, por su naturaleza, contenido y alcance, resulta acorde a nuestro sistema jurídico mexicano y como tal, apegada al régimen constitucional en el país, debido a que no tiene otro propósito más que facilitar el curso, la conducción y la continuación del procedimiento relativo, con lo que se busca proteger y preservar los intereses públicos atinentes a la función, incluido su adecuado desarrollo y en su caso, prevenir mayores daños a la administración pública. Por tanto, si en el particular la conducta atribuida al quejoso se cataloga como grave en tanto que afecta las actividades de la institución, desacredita su imagen, incita a actos de rebeldía e indisciplina contra el mando o alguna otra autoridad, opuesto a lo afirmado por aquél, deviene acorde la medida impuesta y no se advierte desproporción alguna. Al respecto, cabe citar la jurisprudencias bajo registro digital: 2013718, Instancia: Pleno Décima Época Materias(s), Administrativa, Tesis: P./J. 2/2017 (10a.), fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 7, de rubro y texto siguiente: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS. En concordancia con los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que potencializan significativamente la protección de la dignidad humana, se concluye que el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en cuanto permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones del servidor público que es investigado, resulta conforme con el texto de la Norma Fundamental, particularmente con su artículo 113, siempre y cuando se interprete en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora contemple en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servido público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en sus labores y, por ende, en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad no dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad. En esa virtud, la autoridad instructora debe garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que, en forma simultánea, habrá de determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, la cual deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen, pues sólo en el supuesto de que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo de manera definitiva, al haber sido desvinculado de la institución, podrá buscar otra fuente de ingresos. Asimismo, la jurisprudencia con registro digital: 2013719, Instancia: Pleno Décima Época Materias(s), Constitucional, Tesis: P./J. 3/2017, (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, febrero de 2017, Tomo I, página 8, cuyo rubro y texto son el siguiente: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES. Del precepto y fracción citados se advierte que en el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se otorga la facultad discrecional en favor de la Secretaría de la Función Pública, del Contralor Interno o, en su caso, del Titular del Área de Responsabilidades, para suspender temporalmente a un servidor público del empleo, cargo o comisión, si así lo estima pertinente para la conducción o continuación de las investigaciones. En este sentido, dicha medida cautelar tiene por objeto facilitar el curso de éstas y, por la naturaleza de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, así como el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando mayores daños a la administración pública; de ahí que, en términos del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede determinarse que la suspensión temporal en el empleo del servidor público es idónea y razonable, siempre que tenga por objeto facilitar el curso de las investigaciones o evitar un perjuicio ulterior a la administración pública. Ahora bien, las razones que justifican dicha suspensión son extensivas a la retención de las percepciones del servidor público, en tanto se respete el mínimo de subsistencia, por constituirse como un aspecto inherente a la labor que desempeña, es decir, en la medida en que los ingresos a los que tiene derecho derivan del desempeño de las funciones que le son encomendadas y a los cuales tendrá derecho siempre que dicha función se desarrolle; en el entendido de que, dictada la resolución respectiva, si el servidor público fuera exonerado de cualquier responsabilidad, deberá cubrírsele el remanente del total de las percepciones que dejó de recibir, descontando la cantidad que se le cubrió por concepto de ingreso subsistencial." En ese mismo orden, de la resolución combatida se advierte que la responsable actuó acorde a las facultades que le confiere el artículo 203 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que dispone lo siguiente: "Artículo 203. Con el objeto de no afectar el servicio, a la Institución o a la realización de la investigación correspondiente y conforme al riesgo que represente el integrante, el Órgano de Asuntos Internos podrá determinar, fundada y motivadamente, alguna o varias de las siguientes medidas cautelares: I. Cambio de adscripción dentro de la misma unidad orgánica o administrativa a que pertenezca el Integrante. II. Prohibición de salir de la ciudad o población donde se encuentre adscrito. III. Prohibición de acudir a determinados lugares. IV. La entrega al superior jerárquico de las armas de fuego y municiones que le hubiesen sido asignadas, en su caso. V. La suspensión temporal en el desempeño del servicio, cargo o comisión, por el tiempo necesario para la conclusión del procedimiento, misma que en ningún caso será superior a un año contado a partir de que se haga efectiva dicha suspensión. Así mismo el integrante deberá entregar su identificación, así como la documentación, y equipo, valores, vehículos y demás bienes y recursos que se le hubieren ministrado o puesto bajo su resguardo para el cumplimiento de sus funciones. Durante el tiempo que dure la suspensión únicamente percibirá una remuneración, la cual no podrá ser inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la dependencia en la que presta sus servicios y, consecuentemente, se le seguirá prestando el servicio médico. Lo anterior sin perjuicio de que el mismo Órgano de Asuntos Internos solicite a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia respectiva, imponga alguna de las medidas cautelares de las que se refiere el presente artículo." Con lo anterior se evidencia que la propia legislación que les es aplicable, establece los principios de legalidad y seguridad jurídica, los cuales implican que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y las autoridades competentes funden y motiven su actuar, lo que, como quedó evidenciado en párrafos procedes, sí aconteció. El tal virtud, al resultar infundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Finalmente, se resalta que las jurisprudencias citadas en esta sentencia y que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, toda vez que no se oponen a lo dispuesto en la nueva ley de la materia y son aplicables al caso, precisión que se hace de conformidad con su artículo sexto transitorio. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ***, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el mismo. Segundo. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *** en contra de las autoridades y por los actos fijados en el considerando cuarto de esta sentencia, en los términos y para los efectos destacados en el diverso considerando séptimo. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***, hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio enviado por el Subsecretario de Movilidad del Estado, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública, mediante el cual da contestación al oficio ******* de siete de junio del presente año y al efecto remite mediante correo electrónico copia simple del oficio de cambio de comisión requerido. De lo anterior, serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, con el contenido de dichas constancias, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo enviado por la Encargada de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de primero de junio del presente año y al efecto remite copia certificada de la totalidad de las actuaciones en el expediente de investigación *******, las cuales serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Con el contenido de dichas constancias, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano