Rigoberto Flores Vences
Expediente 440/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rigoberto Flores Vences
- Rigoberto Flores Vences y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTAURIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de siete de julio de dos mil diecisiete que dice:Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio suscrito por el Director Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Nueve "Norte", residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada, entre otros documentos, de la nota médica de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, de la que se desprende que el quejoso *******, fue revalorado médicamente; con lo que precisa haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto. Atento a lo anterior, con su contenido y de conformidad en lo dispuesto por el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se apercibe a la parte quejosa que una vez transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará resolución que declare si la sentencia está cumplida o no, en términos del artículo referido en el párrafo que antecede. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, entregándole copia de los anexos que se reciben. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.maa
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de junio de dos mil diecisiete. Visto para resolver el juicio de amparo *******, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el ocho de mayo del año en curso, *******, solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Director Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 Norte y otra autoridad, de quienes reclamó la omisión de proporcionarle atención médica oftalmológica. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por proveído de nueve de mayo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el juicio el amparo *******, se solicitaron los informes con justificación, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por imperativo de los artículos 74 fracción I, 75 y 76 de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte esencialmente que el acto reclamado consiste en: La falta atención médica oftalmológica. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Encargado del Despacho de la Dirección General y Encargado del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, negaron la existencia del acto que se les atribuyó; sin embargo, tanto de los argumentos expuestos por dichas autoridades penitenciarias, como de las constancias anexas a sus informes justificados se desprende la certeza del acto que se les reclama. CUARTO. Causas de sobreseimiento y de improcedencia. Del análisis a los autos no se advierte la actualización de alguno de los supuestos que obligan a sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto que se tiene como cierto, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, ni de alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la propia legislación. QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa, son sustancialmente fundados, aunque para ello deba suplirse la queja deficiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 fracción III, inciso a) y último párrafo de la Ley de Amparo vigente, sin que resulte necesaria su transcripción para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia que rigen toda determinación jurisdiccional. Se cita como apoyo en lo conducente la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, registro 164618, visible en la página ochocientos treinta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, materia común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Así, atendiendo a la causa de pedir, se obtiene que la parte quejosa, en esencia, se duele, de que, con el actuar de la autoridad responsable, se vulnera el derecho fundamental de acceso a la salud, el cual se ve trastocado ante la eventualidad de que no se le proporciona una atención médica adecuada. Ahora bien, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dispone: 4. El Varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución (.)". Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, en su precepto 5, Punto 1, establece: 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derechos a que se respete su integridad física, psíquica y moral." (.)". Debe destacarse también, lo dispuesto por el ordinal 25, punto número 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, que estableció: 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad...". Así, de lo dispuesto en el artículo 4 Constitucional, interpretado de conformidad con los instrumentos internacionales recién destacados, se obtiene que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, cuya finalidad es la de garantizar, por una parte, el disfrute de servicios de salud y asistencia médica a fin de que se avale esa prerrogativa elevada al rango de derecho humano. Es aplicable al respecto, el criterio asilado sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado con el número de tesis LXV/2008, en la página 457, Tomo XXVIII, Julio de dos mil ocho, Materias Constitucional, Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud". A mayor abundamiento, el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho fundamental a la protección de la salud, mientras que el Organismo de las Naciones Unidas especializado en la materia, ha definido la salud como un "estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de la salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo...". De ahí que, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. Sin que resulte obstáculo alguno la condición de internamiento que guarda la parte quejosa, en el centro penitenciario, habida cuenta que del dispositivo 18, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compatible con el numeral 10, punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta), se obtiene el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada de manera humana, y con el debido respecto a la dignidad. Al respecto, tales disposiciones establecen: 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves. Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley". 10. 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano." Lo expuesto, en síntesis obliga a las autoridades responsables encargadas de la reinserción social de los internos, a prestar un servicio médico básico, que cumpla con las exigencias de los derechos humanos que se protegen a través de los dispositivos apuntados, es decir, es menester atender a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad establecidas en el artículo 1 de la Constitución Federal. En la inteligencia que los referidos derechos obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, más no, niegan la posibilidad de verse expandidos por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinan la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deben reconocerse a favor de las personas, para que de ese modo, se dé cumplimiento al mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos dentro del marco normativo antes mencionado. Se cita como apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis aislada IV.2o.A.15 K (10a.), con número de registro 2003881, visible en la página mil doscientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2, Materia Constitucional, Décima Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, del rubro y texto siguientes: PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTAN CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales derechos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente (indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimiento de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). De esta guisa, los referidos principios representan criterios de optimización interpretativa de los derechos fundamentales, porque conducen a su realización y observancia plena e inmejorable a favor del individuo, al orientar el proceder de toda autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, lo cual se refleja al ejercer el control constitucional, en el sentido de que el respeto y restauración de los indicados derechos son una tarea no sólo de la jurisdicción federal, sino también de la ordinaria en el conocimiento de los asuntos de su competencia.". En ese contexto, las autoridades carcelarias deben atender a las necesidades médicas que se requieran, tomando como base los lineamientos que establece el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, el cual, en lo relativo a la protección a la salud, dispone: 49. Los servicios médicos del Centro Federal tendrán por objeto velar por la salud física y mental de los internos. El Titular del Área de Servicios Médicos realizará campañas permanentes para la prevención y erradicación de enfermedades y la planificación familiar, y proporcionará a los internos la atención necesaria. El Área de Servicios Médicos deberá contar, al menos, con los insumos del cuadro básico de medicamentos de la Secretaría de Salud. 50. La atención médica de los internos se realizará en las instalaciones del Centro Federal por personal dependiente del Área de Servicios Médicos. Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, previo dictamen del Área de Servicios Médicos del Centro Federal, podrá autorizar por escrito: I. El acceso de médicos de instituciones públicas del sector salud a las instalaciones del Centro Federal para que brinden atención médica a los internos. Esta autorización podrá otorgarla el Director General bajo su más estricta responsabilidad, o II. El traslado de internos a instituciones públicas del sector salud para su atención médica. Esta autorización únicamente podrá otorgarla el Comisionado o el Coordinador General en su ausencia. El Director General deberá notificar de inmediato al Coordinador General los casos a que se refiere la fracción I de este artículo. Tratándose de procesados, también deberá informar por escrito a la autoridad judicial que tenga a su cargo el proceso. 51. El Comisionado celebrará convenios con instituciones públicas del sector salud para los casos a que se refiere el artículo anterior, así como para el desarrollo de acciones y de programas específicos. 52. El traslado de un interno a una institución pública del sector salud, así como su custodia durante su internamiento en ésta, se realizará bajo la más estricta responsabilidad del Director General, quien para tal efecto podrá solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad pública. 53. La intervención de médicos particulares sólo procederá en casos graves cuando las instituciones públicas del sector salud con las que se haya celebrado convenio, manifiesten su incapacidad para otorgar el servicio. Para ello, se requerirá de la autorización por escrito del Director General previo dictamen del Área de Servicios Médicos, quien deberá informar de inmediato al Coordinador General. Los gastos y honorarios derivados de la intervención correrán a cargo del interno y la responsabilidad profesional corresponderá al médico particular. De la interpretación de los dispositivos legales supracitados, se advierte que los servicios médicos de los Centros Federales de Readaptación Social, deberán ser suficientes para atender toda clase de necesidades de salud, proporcionando la atención médica en sus instalaciones y, de primera mano, con el personal de la propia institución. Asimismo, que existen convenios celebrados por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social con instituciones públicas del sector salud en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, así como para el desarrollo de acciones y de programas específicos. Además, que los internos podrán ser atendidos por médicos particulares en casos graves cuando las instituciones públicas del sector salud con las que se haya celebrado convenio manifiesten su incapacidad para otorgar el servicio, previa autorización por escrito del Director General del Centro de Readaptación Social y previo dictamen del Área de Servicios Médicos, quien deberá informar de inmediato al Coordinador General de Centros Federales. También, se advierte que el citado Reglamento prevé aún los supuestos en que el Centro Penitenciario no cuente con la capacidad para atender a los internos, caso en el cual se acudirá a las instituciones públicas y más aún, que ante la incapacidad de éstas para otorgar el servicio, pueden ser atendidos por médicos particulares o trasladados a instituciones públicas, previa la satisfacción de los requisitos que el propio reglamento enuncia. Ahora bien, si partimos del análisis de la demanda de amparo suscrita por el quejoso, se advierte reclama lo siguiente: ".un tratamiento adecuado o una intervención quirúrgica por un especialista oftalmólogo, para la recuperación satisfactoria de mi ojo derecho" De este modo, en autos no se demostró de manera fehaciente que al quejoso se le hubiera proporcionado la atención solicitada de manera integral, pues aún y cuando se evidenció la valoración médica brindada al quejoso, efectuada el veintidós de abril de dos mil diecisiete, por el doctor del referido centro carcelario, en la cual le diagnosticó plerigion en el ojo derecho del quejoso, e indicó el tratamiento adecuado, consistente en gotas oftálmicas de dextametasona, por un periodo de sesenta días (veintiocho de abril al veintiocho de junio de dos mil diecisiete). Tal circunstancia por sí, se considera insuficiente para colmar el cumplimiento del derecho a la salud en estudio, en virtud de que, si bien es cierto, de la nota medica y kardex anexos a los informes justificados rendidos por las autoridades penitenciaras responsables, se aprecia tanto la atención medica efectuada el veintidós de abril del presente año, como el tratamiento brindado al quejoso, también es cierto que el amparo promovido ante esta instancia, el ocho de mayo de la presente anualidad, revela el interés del quejoso a ser atendido por un especialista en materia oftalmológica, en virtud de que pase a ser valorado por el medico penitenciario, presenta problemas visuales; no obstante, de las aludidas constancias no se advierte que las responsables se pronunciaran en ese tenor. Luego, si se tiene en cuenta que el Titular del Departamento de Servicios Médicos del Centro Penitenciario que nos ocupa, es el encargado de velar por la salud física del interno, así como de prestar un servicio médico adecuado dentro del Centro Penitenciario a su cargo, esto es, debe proporcionar el tratamiento médico que requiere el aquí quejoso ante esta instancia. De lo contrario, la autoridad penitenciaria estaría vulnerando la garantía prevista en el artículo 4 Constitucional, pues a pesar de que existe actualmente una autorización de los multicitados artículos, las autoridades responsables, no han cumplido con su deber de brindar la atención medica peticionada. De esta manera, la actitud omisiva de las autoridades responsables en atender los postulados de los dispositivos citados, puede agravar el avance de los padecimientos médicos referidos por el interno ahora quejoso, lo que se traduce en una directa afectación a su salud sin justificación alguna, haciendo nugatorios el derecho a la salud de los internos. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis VI.2o.37 P , con número de registro IUS 203666 , sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página quinientos setenta y cuatro del Tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia penal, que establece: SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PROPORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si conforme a lo establecido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a la protección de su salud y acceso a los servicios correspondientes, el quejoso tiene tal derecho, lo que se traduce en recibir el tratamiento requerido. Luego, con el hecho de que el secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, no proporcione la atención médica a un procesado y niegue su traslado a un hospital especializado, es inconcuso que viola esa garantía individual consagrada en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución General de la República". Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 136/2008, con número de registro IUS 168549 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página sesenta y uno del Tomo XXVIII, Octubre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional, Administrativa, que sostiene: SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso. Máxime que, como se indicó en párrafos que anteceden el derecho a la salud previsto por el artículo 4 Constitucional, ha sido complementado con tratados internacionales en materia de derechos humanos del que el Estado Mexicano forma parte. En ese orden, lo procedente es otorgar la protección y amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, en contra de los actos analizados en el presente considerando para los efectos que se precisan a continuación. El artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo en vigor, establece que cuando el acto reclamado es de carácter omisivo, como en el caso, la sentencia concesoria del amparo tendrá por objeto obligar a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trata y a cumplir lo que éste exija; por tanto, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Encargado del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", en esta ciudad, deberá realizar las gestiones que se estime pertinentes a fin de que una vez que concluya el tratamiento medico prescrito (veintiocho de junio de dos mil diecisiete), el médico penitenciario revalore al directamente agraviado en relación al padecimiento referido ante esta instancia, y en su caso, determine lo conducente respecto a la intervención de un médico especialista. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 117, 119 y 124, de la Ley de Amparo vigente, se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a *******, respecto al acto reclamado y autoridades responsables precisadas en el considerando tercero, para los efectos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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