Richard Hernandez Aleman

Expediente 1213/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1213/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Richard Hernandez Aleman

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1213/2023-III. Puebla, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada en forma autógrafa por los quejosos ***, por derecho propio, contra actos del ".LICENCIADO JORGE PEREZ MELCHOR: SUBSECRETARIO DE CENTRO PENITENCIARIOS DEL ESTADO DE PUEBLA." (sic) y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al promovente que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso a que, cuando le sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda. El escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Luego, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través de la firma electrónica. Admisión. El acto reclamado por los quejosos, se ajustan a los requisitos legales establecidos, motivo por el cual se admite a trámite la demanda, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 8, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Materia del juicio. En la demanda de amparo los quejosos señalaron como acto reclamado el siguiente: ".LA OMISIÓN DE DAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TRASLADAR A LOS SUSCRITOS QUEJOSOS AL CENTRO PENITENCIARIO ESTATAL DE PUEBLA CON SEDE EN PUEBLA.". Ello, pues a su decir, existe orden de traslado dictada por el Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula, con residencia en Ciudad Serdán, Puebla, dentro de la causa penal 1/2017. Apertura incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, con una impresión de la demanda se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión relativo a este juicio. No obstante, en términos del numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se descarta la formación del duplicado físico del incidente de suspensión. Notificación a la fiscal adscrita. Se ordena notificar en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar una impresión de este proveído y de la demanda de amparo. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación1 . En ese informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados; incluidos (de ser el caso), copia certificada o auténtica, completa y legible de las constancias pertinentes para apoyar su informe justificado. Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá a la omisa una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe justificado deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional, a saber: En términos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. Requerimiento de antecedentes e informe sobre terceros interesados. Se requiere a las autoridades responsables informen en un plazo de cinco días lo siguiente: 1. Si en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo; y, 2. Proporcionen el nombre y domicilio de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas), para ello deberán remitir las constancias de donde se desprenda tal información. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de desatender dicho requerimiento, se le impondrá a la omisa una multa de cincuenta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Se hace saber a las partes que, con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos y servicios digitales, la audiencia constitucional se celebrará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General antes citado. No obstante, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal -únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo por regla general-, su desahogo se realizará a través de videoconferencia, para lo cual la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la ley de la materia; y acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición para las autoridades de una multa por el importe de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Se requiere defensor público. Esta operadora jurídica no pierde de vista que, los ahora quejosos se encuentran privados de su libertad en un centro penitenciario -según lo manifestado en el escrito de demanda-; y, además, no designaron profesionistas para que los asistan en el trámite de este juicio, ni siquiera nombraron personas para recibir notificaciones. Por tanto, se ordena girar oficio a la Directora General de Defensoría Pública del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha cuando le sea notificado este proveído, designe un defensor público que asista a la parte quejosa de este juicio. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". Bajo ese contexto, se requiere a la titular de dicho órgano que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente a la notificación del oficio derivado del presente proveído, instruya a la persona designada para representar a la parte quejosa en este juicio, presente escrito en el que se apersone a este juzgado federal, con cédula profesional que lo ampare como licenciado en derecho e identificación oficial con fotografía. Se apercibe a la mencionada directora que, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo otorgado para tal fin, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1213/2023-III. Conste. Puebla, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Formación del incidente. Visto el escrito de demanda y el acuerdo dictado en esta fecha en el cuaderno principal del expediente electrónico, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1213/2023-III, promovido por los quejosos ***, por derecho propio, contra actos del ".LICENCIADO JORGE PEREZ MELCHOR: SUBSECRETARIO DE CENTRO PENITENCIARIOS DEL ESTADO DE PUEBLA." (sic) y otras autoridades responsables. Requerimiento de informe previo. En términos de los artículos 140, 142 y 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables presenten su informe previo, el cual deberá cumplir los requisitos legales establecidos, y rendirse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente acuerdo. Por tanto, envíese a las responsables copia de la demanda, adjunta al oficio que contiene esta determinación. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les apercibe que de no rendir su informe previo en el plazo señalado, le será impuesta a la omisa una multa de entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe previo deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional: Requerimiento de antecedentes. Con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente auto (al momento de rendir su informe previo), informen a este juzgado si ya se resolvió sobre la suspensión de los actos reclamados en otro juicio de amparo por lo que hace al aquí quejoso. De ser así, deberán remitir copia certificada de la resolución correspondiente. Se les apercibe que de omitir hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Requerimiento a las autoridades responsables. De resultar ciertos los actos reclamados, en términos del artículo 168, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables informen: La naturaleza, modalidades y características del delito o delitos imputados al quejoso, y si fueren de carácter patrimonial, deberán informar el monto del daño causado y si este ya fue cubierto a la parte agraviada. Si el delito imputado es de aquéllos considerados de prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 constitucional, o si está catalogado grave en la legislación estatal. De no ubicarse en el supuesto anterior, deberán indicar las razones que le permitieron establecer la necesidad de cautela necesaria para librar la orden de aprehensión. Audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON TRES MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia incidental. Actos reclamados. El acto reclamado por los quejosos, en términos de la demanda y lo precisado en el proveído de admisión, comprenden: ".LA OMISION DE DAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TRASLADAR A LOS SUSCRITOS QUEJOSOS AL CENTRO PENITENCIARIO ESTATAL DE PUEBLA CON SEDE EN PUEBLA.". Ello, pues a su decir, existe orden de traslado dictada por el Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula, con residencia en Ciudad Serdán, Puebla, dentro de la causa penal Negativa de la suspensión provisional. Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva respecto del acto reclamado, porque es de naturaleza omisiva; de ahí que, resulta jurídicamente improcedente conceder la medida cautelar para que la autoridad responsable lleve a cabo el acto tuya omisión se le reclamada, puesto que la suspensión del acto reclamado, por su característica instrumental tiene la finalidad de mantener viva la materia del juicio en lo principal y que será materia de la sentencia que se dicte al respecto. En otras palabras, los actos que pueden reclamarse en el juicio de amparo, son de naturaleza positiva y negativa; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; mientras los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones u omisiones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Entonces, el objetivo de la medida cautelar radica en paralizar y detener la acción de la autoridad responsable, mientras se tramita el juicio de amparo. Así, es válido afirmar la improcedencia de la suspensión para los actos transcritos, porque la medida cautelar nunca podría surtir efectos ante una omisión o abstención de la autoridad responsable. Luego, se considera que dichos actos deben ser estudiados de fondo, en el juicio principal del cual deriva este incidente, de lo contrario la suspensión de ningún modo tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia por la cual, de ser el caso, se otorgue la protección de la justicia federal. Es más, si bien es cierto el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad, que deben concurrir los siguientes requisitos, mismos que atienden a: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Se tiene también que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa por la cual el acto sea susceptible de paralización, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, para nada existiría, como en el presente asunto, materia para suspender. De ahí que lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada, respecto del acto reclamado aludido con antelación. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XXV, Tomo 3, Octubre de 2013, Página 1912, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS" 1 . Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.2o.11 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en las páginas 214 y 215, Novena Época, Tomo V, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y siete, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS Por tanto, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada respecto de la omisión combatida. Máxime que una eventual sentencia donde se conceda el amparo, permitiría restablecer el goce del derecho violado al punto de, en su caso, ingresar a los quejosos al centro del que se hubiera determinado su internamiento. Sólo resta decir que se tiene presente la tesis aislada que en la Novena Época sustentó el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sentido opuesto al que aquí se establece porque refiere: "ORDEN DE TRASLADO. ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, AUN CUANDO OBEDEZCA A RAZONES DE SEGURIDAD EN LAS PRISIONES". Empero, el criterio mencionado carece de obligatoriedad conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo, al tratarse de una interpretación contenida en tesis aislada; en cambio, se tiene la obligación de resguardar las disposiciones de orden público como las que rigen los centros penitenciarios. Notifíquese y cúmplase.

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