Rigoberto Lerma Rivera

Expediente 775/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
775/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Rigoberto Lerma Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    ---JUICIO DE AMPARO 775/2021-V. En diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, Martín Ricárdez Rueda, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, CERTIFICO: Que el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 párrafo primero, de la Ley de Amparo, para recurrir el acuerdo de treinta de julio de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo, transcurrió del once al diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, porque el quejoso fue notificado de ese proveído el nueve del citado mes y año, plazo en el cual no se recibió promoción mediante la cual se recurriera dicho acuerdo. Doy fe. En la misma data, el secretario da cuenta a la jueza con la certificación precedente y el estado procesal del juicio. Conste. Puebla, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta de julio de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Documentos. Se deja establecido que los documentos adjuntos a la demanda no se tienen que devolver al quejoso, pues estos fueron exhibidos en copias. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 775/2021-V. Puebla, Puebla, treinta de julio de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de.... **** Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano En ese orden de ideas, al tomar en consideración que el juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. Es indudable que en el caso, la parte quejosa en su carácter de victima u ofendido y el Ministerio Público conforme a lo dispuesto en el artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, están en aptitud legal de volver a formular su solicitud de que el juez de control autorice la técnica de investigación de solicitud de información financiera e inmovilización de cuentas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de la persona moral denominada "****", Sociedad Anónima de Capital Variable, subsanando las deficiencias en que hubieren incurrido en su solicitud inicial, entre ellas, la de solicitar ser oídos en audiencia a fin de expresar oralmente los motivos que tienen para pedirle que autorice dicha técnica de investigación; de lo cual es de lo que se duele el quejoso en su demanda de protección de derechos. En esas circunstancias, la resolución reclamada sólo tiene aparejados efectos intraprocesales, que de ninguna forma son reclamables a través del juicio de amparo indirecto por no afectar derechos sustantivos. Entonces, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XXIII del diverso 61 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo ubicado en la Ciudad de Puebla. Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre: Salvador Castañeda Ibargüen, porque la quejosa decidió otorgarle facultades amplias y fue encontrada la cédula en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación y solo para oír y recibir notificaciones a Marco Antonio Iturbe Duran, por carecer del mismo.Por último, se ordena a la actuaria adscrita notificar de manera personal a la parte quejosa este acuerdo Notifíquese; personalmente al quejoso y cúmplase. Puebla, Puebla, treinta de julio de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe Rigoberto Lerma Rivera, por su propio derecho en contra de los actos del Magistrado de la Octava Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior Justicia del Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARSCoV- 2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). En ese sentido, es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese orden de ideas, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: ".De la autoridad consistente en el Magistrado de la Octava Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla reclamo lo siguiente: 1.- El inconstitucional RESOLUCIÓN DE FECHA NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL TOCA DE APELACIÓN 10/2021, EN EL RESOLUTIVO ÚNICO QUE CONFIRMÓ LA RESOLUCIÓN DE FECHA SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE EN LA CUAL NO SE AUTORIZÓ LA MEDIDA PRECAUTORI A QUE DEVIENE DE LA TECNICA DE INVESTIGACION SOLICITADA POR LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, ASÍ COMO CONSIDERANDOS QUE LA SOSTIENEN, por violentar los artículos 1, 14, 17 y 20 apartado A, fracción II, apartado C fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, por violar los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva, acceso a la justica y debido proceso." De lo que este juzgador advierte que el quejoso se refiere a actos intraprocesales que en el presente en forma alguna le causa perjuicio al provente. Toda vez que como se advierte el quejoso solo se duele de la resolución en la que no se tramite las medidas precautoria que deviene las técnicas de investigación, solicitadas por el Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Investigación de San Andrés Cholula de fecha dos de diciembre de dos mil veinte, al Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Andrés, Puebla, consistente en la autorización para realizar la solicitud de información e inmovilización de cuentas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de la persona moral "Alferso Proyectos, Sociedad Anónima de Capital Variable" De los cuales este juzgado considera son cuestiones adjetivas y no de derechos fundamentales. Incluso el citado Agente del Ministerio Público podría volver a solicitar nuevamente las medida precautoria (técnicas de investigación) mencionada con anterioridad. Por otra parte, los artículos 137 y 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales de que se habla, dispone que el Ministerio Público podrá solicitar bajo su más estricta responsabilidad las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. De lo dispuesto en los dispositivos ya mencionados es dable establecer que el acuerdo recaído a la solicitud de técnicas de investigación que reclama el quejoso resulta incompatible con el parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo se explica el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde las cuestiones procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales cuestiones ya fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia entre particulares -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto, en aras de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales. Lo que acontece en el caso concreto, el acuerdo reclamado de ningún modo afecta de forma real y directa derechos sustantivos del quejoso, ya que no constituye acto de imposible reparación como lo establece la referida fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, en virtud de que no trae aparejada consigo una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos, pues no involucran su afectación material, sino que la resolución indicada sólo tiene el efecto de someter a las partes a las determinaciones que se tomen dentro de un procedimiento jurisdiccional para dilucidar el juicio y resolver la controversia, lo que significa una afectación a derechos adjetivos, que sólo produce efectos formales o intraprocesales, y que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo. Además, de conformidad con el artículo 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales en concordancia con lo previsto en el diverso 192 del citado ordenamiento, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento por el imputado o por el Ministerio Público con acuerdo de aquél, hasta antes de acordarse la apertura de juicio; siempre y cuando no exista oposición fundada de la víctima y ofendido. Por consiguiente, la resolución reclamada sólo tiene aparejados efectos intraprocesales, que de ninguna forma son reclamables a través del juicio de amparo indirecto por no afectar derechos sustantivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD." Entonces, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XXIII del diverso 61 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Anotaciones internas Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo (el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla), por así haberlo solicitado de manera expresa y tomando en consideración que está recluido. Toma de fotografías. También se hace saber que desde este momento se le autoriza la toma de fotografías a él y a las personas autorizadas en la demanda, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Comunicación de la parte quejosa. Por otra parte, se le requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono y correo electrónico, a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Se hace saber a los actuarios judiciales adscritos que, de ser el caso, para realizar la notificación de este acuerdo deben observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF" y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto al momento de acudir al domicilio señalado para recibir notificaciones personales. Acceso a la Información. Con fundamento en el artículo 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Indicaciones a la actuaria adscrita Por último, se ordena a la actuaria adscrita notificar de manera personal a la parte quejosa este acuerdo, para ello, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF" y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Designación defensor público para el quejoso. Se requiere a la Directora General de Defensoría Pública de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, designe a un asesor jurídico o un defensor público que revise el presente juicio, y determine de acuerdo a la normativa de dicho instituto, la persona que deba asistir al quejoso Andrés Enrique Ogarrio Mendoza. Sobre todo porque el citado quejoso está interno en un centro penitenciario y carece de personas que lo asistan en su defensa -porque omitió nombrar autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo-. Se pide en forma atenta al director de dicho instituto, que atienda este requerimiento en un plazo de tres días contados a partir del siguiente a la legal notificación del mismo. Asimismo, se le apercibe a la citada autoridad que de ser omisa en cumplir con lo requerido en el plazo indicado y sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 237, fracción I, y sancionado con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, la jurisprudencia de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". Indicaciones para la actuaria. Se ordena a la actuaria adscrita que los oficios generados de este proveído dirigidos a las autoridades locales sean notificados de manera física. En consecuencia, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF" y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ricardo Agustín Torres Saldaña, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 1995 y la jurisprudencia 1a./J.14/2010, por periodo vacacional de la titular del órgano jurisdiccional, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2086/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Martín Ricárdez Rueda, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE DEJO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. JUICIO DE AMPARO 775/2021-V. Puebla, Puebla, treinta de julio de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de.... **** Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano En ese orden de ideas, al tomar en consideración que el juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. Es indudable que en el caso, la parte quejosa en su carácter de victima u ofendido y el Ministerio Público conforme a lo dispuesto en el artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, están en aptitud legal de volver a formular su solicitud de que el juez de control autorice la técnica de investigación de solicitud de información financiera e inmovilización de cuentas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de la persona moral denominada "****", Sociedad Anónima de Capital Variable, subsanando las deficiencias en que hubieren incurrido en su solicitud inicial, entre ellas, la de solicitar ser oídos en audiencia a fin de expresar oralmente los motivos que tienen para pedirle que autorice dicha técnica de investigación; de lo cual es de lo que se duele el quejoso en su demanda de protección de derechos. En esas circunstancias, la resolución reclamada sólo tiene aparejados efectos intraprocesales, que de ninguna forma son reclamables a través del juicio de amparo indirecto por no afectar derechos sustantivos. Entonces, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XXIII del diverso 61 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo ubicado en la Ciudad de Puebla. Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre: Salvador Castañeda Ibargüen, porque la quejosa decidió otorgarle facultades amplias y fue encontrada la cédula en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación y solo para oír y recibir notificaciones a Marco Antonio Iturbe Duran, por carecer del mismo.Por último, se ordena a la actuaria adscrita notificar de manera personal a la parte quejosa este acuerdo Notifíquese; personalmente al quejoso y cúmplase. Puebla, Puebla, treinta de julio de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe Rigoberto Lerma Rivera, por su propio derecho en contra de los actos del Magistrado de la Octava Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior Justicia del Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARSCoV- 2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). En ese sentido, es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese orden de ideas, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: ".De la autoridad consistente en el Magistrado de la Octava Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla reclamo lo siguiente: 1.- El inconstitucional RESOLUCIÓN DE FECHA NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL TOCA DE APELACIÓN 10/2021, EN EL RESOLUTIVO ÚNICO QUE CONFIRMÓ LA RESOLUCIÓN DE FECHA SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE EN LA CUAL NO SE AUTORIZÓ LA MEDIDA PRECAUTORI A QUE DEVIENE DE LA TECNICA DE INVESTIGACION SOLICITADA POR LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, ASÍ COMO CONSIDERANDOS QUE LA SOSTIENEN, por violentar los artículos 1, 14, 17 y 20 apartado A, fracción II, apartado C fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, por violar los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva, acceso a la justica y debido proceso." De lo que este juzgador advierte que el quejoso se refiere a actos intraprocesales que en el presente en forma alguna le causa perjuicio al provente. Toda vez que como se advierte el quejoso solo se duele de la resolución en la que no se tramite las medidas precautoria que deviene las técnicas de investigación, solicitadas por el Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Investigación de San Andrés Cholula de fecha dos de diciembre de dos mil veinte, al Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Andrés, Puebla, consistente en la autorización para realizar la solicitud de información e inmovilización de cuentas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de la persona moral "Alferso Proyectos, Sociedad Anónima de Capital Variable" De los cuales este juzgado considera son cuestiones adjetivas y no de derechos fundamentales. Incluso el citado Agente del Ministerio Público podría volver a solicitar nuevamente las medida precautoria (técnicas de investigación) mencionada con anterioridad. Por otra parte, los artículos 137 y 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales de que se habla, dispone que el Ministerio Público podrá solicitar bajo su más estricta responsabilidad las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. De lo dispuesto en los dispositivos ya mencionados es dable establecer que el acuerdo recaído a la solicitud de técnicas de investigación que reclama el quejoso resulta incompatible con el parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo se explica el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde las cuestiones procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales cuestiones ya fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia entre particulares -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto, en aras de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales. Lo que acontece en el caso concreto, el acuerdo reclamado de ningún modo afecta de forma real y directa derechos sustantivos del quejoso, ya que no constituye acto de imposible reparación como lo establece la referida fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, en virtud de que no trae aparejada consigo una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos, pues no involucran su afectación material, sino que la resolución indicada sólo tiene el efecto de someter a las partes a las determinaciones que se tomen dentro de un procedimiento jurisdiccional para dilucidar el juicio y resolver la controversia, lo que significa una afectación a derechos adjetivos, que sólo produce efectos formales o intraprocesales, y que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo. Además, de conformidad con el artículo 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales en concordancia con lo previsto en el diverso 192 del citado ordenamiento, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento por el imputado o por el Ministerio Público con acuerdo de aquél, hasta antes de acordarse la apertura de juicio; siempre y cuando no exista oposición fundada de la víctima y ofendido. Por consiguiente, la resolución reclamada sólo tiene aparejados efectos intraprocesales, que de ninguna forma son reclamables a través del juicio de amparo indirecto por no afectar derechos sustantivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD." Entonces, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XXIII del diverso 61 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Anotaciones internas Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo (el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla), por así haberlo solicitado de manera expresa y tomando en consideración que está recluido. Toma de fotografías. También se hace saber que desde este momento se le autoriza la toma de fotografías a él y a las personas autorizadas en la demanda, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Comunicación de la parte quejosa. Por otra parte, se le requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono y correo electrónico, a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Se hace saber a los actuarios judiciales adscritos que, de ser el caso, para realizar la notificación de este acuerdo deben observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF" y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto al momento de acudir al domicilio señalado para recibir notificaciones personales. Acceso a la Información. Con fundamento en el artículo 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Indicaciones a la actuaria adscrita Por último, se ordena a la actuaria adscrita notificar de manera personal a la parte quejosa este acuerdo, para ello, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF" y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Designación defensor público para el quejoso. Se requiere a la Directora General de Defensoría Pública de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, designe a un asesor jurídico o un defensor público que revise el presente juicio, y determine de acuerdo a la normativa de dicho instituto, la persona que deba asistir al quejoso Andrés Enrique Ogarrio Mendoza. Sobre todo porque el citado quejoso está interno en un centro penitenciario y carece de personas que lo asistan en su defensa -porque omitió nombrar autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo-. Se pide en forma atenta al director de dicho instituto, que atienda este requerimiento en un plazo de tres días contados a partir del siguiente a la legal notificación del mismo. Asimismo, se le apercibe a la citada autoridad que de ser omisa en cumplir con lo requerido en el plazo indicado y sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 237, fracción I, y sancionado con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, la jurisprudencia de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". Indicaciones para la actuaria. Se ordena a la actuaria adscrita que los oficios generados de este proveído dirigidos a las autoridades locales sean notificados de manera física. En consecuencia, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF" y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ricardo Agustín Torres Saldaña, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 1995 y la jurisprudencia 1a./J.14/2010, por periodo vacacional de la titular del órgano jurisdiccional, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2086/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Martín Ricárdez Rueda, secretario que autoriza y da fe.

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