Richard Hernandez Aleman

Expediente 961/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
961/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Richard Hernandez Aleman

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo 961/2023. Puebla, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Exhorto diligenciado. Se agrega el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual remite la constancia de la diligencia desahogada el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, relativa al exhorto 299/2023 con número de orden 597/2023, por el que se solicitó notificar al promovente de amparo +++++++++++, el acuerdo de doce de septiembre del año en curso, por el que este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda que presentó. Por tanto, se ordena dar de baja la citada comunicación oficial en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que se ordene girar el acuse respectivo, porque al haber sido recibido por interconexión, la constancia se genera automáticamente de dicho sistema. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan autos del cuaderno en que se actúa, de los cuales se advierte que en el diverso de veintidós de septiembre del año en curso, se ordenó reservar lo relativo al archivo del presente asunto, así como a si valoración documental y resguardo físico, hasta en tanto se recibiera el exhorto que se envió para notificar al quejoso el acuerdo por el que se declinó la competencia, lo cual ya aconteció tal y como se desprende de líneas precedentes, se provee: Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos seis meses de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución de incompetencia. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes mencionado, se determina que el presente cuaderno deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de seis meses. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, deberá procederse a la destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque desde el proveído inicial se declaró la incompetencia legal para conocer del asunto y fue remitido al juez que se estimó competente, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a los quejosos, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que la incompetencia declinada ha sido aceptada por el juez que se estimó competente y éste continuará con la sustanciación del asunto. Aunado a que, si desearan conocer el estado del presente asunto, podrán realizar la solicitud correspondiente y ésta será acordada como corresponda. De ahí que este proveído se les habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Cuaderno de antecedentes 961/2023 .. Puebla, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Homóloga acepta competencia Se agrega al cuaderno de antecedentes el oficio con firma electrónica -evidencia criptográfica- de la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunica que en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, la titular de ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por esta autoridad. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Anotaciones internas Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la determinación de mérito. En espera del exhorto que se envió para notificar al quejoso el acuerdo por el que se declinó la competencia. Un vez que se cuente con la notificación que se ordenó practicar al quejoso del acuerdo mediante el cual esta juzgadora declinó la competencia para conocer de su demanda de amparo, la cual se practicará a través de exhorto que se giró al Juzgado de Distrito en Saltillo, Coahuila, en turno1 , se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto, así como a si valoración documental y resguardo físico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a los quejosos, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que la incompetencia declinada ha sido aceptada por el juez que se estimó competente y éste continuará con la sustanciación del asunto. Aunado a que, si desearan conocer el estado del presente asunto, podrán realizar la solicitud correspondiente y ésta será acordada como corresponda. De ahí que este proveído se les habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase

  3. Principal

    Juicio de amparo 961/2023-I. En. Puebla, Puebla, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. A los autos el oficio signado por el actuario adscrito a este juzgado federal, mediante el cual remite la demanda promovida por Richard Hernández Alemán, por propio derecho, contra del Titular del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Coahuila, con sede en Torreón. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Se descarta la tramitación urgente. Antes de proveer lo relativo a la demanda recibida (con prevención, admisión o desechamiento), es necesario examinar la urgencia aludida por los quejosos en los actos que reclaman, que son: ".LA OMISIÓN DE DARLE CONTINUIDAD A LAS CONTROVERSIAS JUDICIALES PROMOVIDAS POR EL SUSCRITO QUEJOSO; ATENTANDO CONTRA MI SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA, CAUSÁNDOME DAÑOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.." Como puede verse, el promovente reclama de la Administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Coahuila, la omisión de dar seguimiento a las controversias judiciales que ha planteado a fin de que se le brinde la atención médica e insumos que afirma necesitar para mantenerse física y psicológicamente sano. Sin embargo, de acuerdo a los artículos 1, 2, 8, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como el 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance procedimientos administrativos y jurisdiccionales, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento o el recurso de queja ante la omisión de la autoridad jurisdiccional para darle trámite o puntual seguimiento, como en este caso la falta de atención médica. En efecto, del contenido del artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal1 , se advierte que su objeto es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Parte de su finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en un marco irrestricto de derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o sujeta a medidas de seguridad por delitos del orden común o federal. Además, del contenido del artículo 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal2 , se aprecia que las disposiciones de la ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. Entonces, de la interpretación sistemática, en la parte conducente, de los artículos 3, fracciones XVII y XXV3 ; 9, fracciones I, II4 , III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V5 ; y 306 , todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es posible establecer que una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo, y artículos para el deporte y la recreación. De ahí que, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la ley en comento,7 las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Incluso, cuando las peticiones respecto de las condiciones de internamiento constituyan un acto urgente, como en el caso lo mencionan el quejosos en la demanda de amparo, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución, quien de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; además, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución establecerá las acciones que deberá realizar la autoridad penitenciaria; así lo dispone el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal8 . Lo anterior encuentra apoyo en las consideraciones vertidas por los Ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) publicada a página 230, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia: Común, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018548 con el rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO"9 . Bajo este contexto, es válido afirmar que por sí misma, la omisión de la autoridad administrativa o jurisdiccional de dar seguimiento a las controversias jurisdiccionales que el quejoso ha planteado para recibir atención médica no constituye, en automático, un acto prohibido por el artículo 22, de la constitución federal, ya que no se puede establecer que esa falta o negativa de atención médica sea, en todos los casos, un acto que implique una pena de muerte una mutilación o una infamia, ni una marca o un azote, ni tormento de cualquier especie, desde luego, salvo que en algún caso muy particular, se ponga en evidencia una situación de esa naturaleza, supuesto en el cual, la procedencia del amparo no sería, en sí, por la falta o negativa de atención médica, sino porque se actualiza alguna de las hipótesis prohibidas por el artículo 22 constitucional. Luego, en la especie, el acto reclamado por el promovente no corresponde a los prohibidos por el artículo 22, de la constitución federal, ni los referidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y, por ende, deberán ser objeto de estudio en términos de lo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que se descarte tramitar la presente demanda como urgente. Incompetencia legal. La lectura integral de la demanda, permitió detectar que ninguna autoridad responsable fue señalada en la residencia de este juzgado federal, pues se involucró al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Coahuila, con sede en Torreón (correcta denominación). Por lo que esta juzgadora declara la actualización de la incompetencia legal por territorio para continuar el trámite del juicio de protección de derechos, promovido por el quejoso. Esto es así, porque el lugar donde la omisión reclamada surte sus efectos (falta de seguimiento de las controversias judiciales por falta de atención médica), es el centro penitenciario donde el quejoso se encuentra recluido, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social "CPS" Número 18, con sede en el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, porque en su opinión tal omisión le causa daños de difícil reparación en su salud física y psicológica. Lo anterior se sostiene, porque cuando se promueve un juicio de amparo relacionado con una controversia judicial relativa a las condiciones de internamiento, el juez de distrito competente es el que tiene jurisdicción sobre el centro penitenciario en el que se encuentre la persona privada de su libertad, con base en principio de concentración, pues de adoptarse un criterio de competencia en función del fuero del órgano que emitió la resolución que mantiene a la persona privada de su libertad, no se resolvería el problema en muchos otros supuestos, pues habrá casos en los que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros, lo que generaría incertidumbre para la persona en reclusión, respecto de la autoridad a la que debe acudir para oponer la controversia. Lo cual obliga a declinar el conocimiento del asunto al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en turno, dado que tendrá los elementos idóneos para recabar pruebas de manera eficaz, por compartir la misma residencia de la autoridad responsable señalada en la demanda, tal como lo ordena la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El criterio jurisprudencial invocado es del rubro, texto y datos de localización siguientes: "CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. ES COMPETENTE PARA RESOLVERLAS LA JUEZA O EL JUEZ DE EJECUCIÓN DEL TERRITORIO Y FUERO DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias en torno a la Jueza o al Juez de Ejecución que es competente para conocer de una controversia judicial sobre las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad con motivo de una pena de prisión o prisión preventiva impuesta por un órgano jurisdiccional de un fuero y entidad federativa diversa de aquella que corresponde al centro penitenciario en el que se encuentra recluida, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Criterio jurídico: La competencia para conocer de una controversia judicial sobre las condiciones de internamiento corresponde a la autoridad jurisdiccional de ejecución del mismo fuero y territorio del centro penitenciario en el que se encuentra la persona privada de su libertad, con independencia del fuero o entidad federativa en la que se emitió la determinación que restringió su libertad personal. Justificación: El artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala que son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal la autoridad jurisdiccional en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución. Dada la aplicación obligatoria de esa norma en todo el territorio nacional, de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional, y 2 de la ley nacional de referencia, se debe entender que la norma en análisis contempla también una distinción por razón de fuero, pues en un sistema federal como el nuestro, los fueros constitucional, federal y local pueden coexistir en un mismo territorio. En esas condiciones, cuando se promueva una controversia judicial relativa a las condiciones de internamiento en un centro penitenciario, la distinción del fuero competente para conocer de la misma deberá resolverse en atención al que corresponda con el del centro penitenciario en el que se encuentre la persona privada de su libertad, pues es el órgano judicial competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, como sería el reglamento del centro penitenciario y las demás condiciones administrativas que sirvan de sustento para ordenar su operación. Esto obedece también a un principio de concentración, pues de adoptarse un criterio de competencia en función del fuero del órgano que emitió la resolución que mantiene a la persona privada de su libertad, no se resolvería el problema en muchos otros supuestos, pues habrá casos en los que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros, lo que generaría incertidumbre para la persona en reclusión, respecto de la autoridad a la que debe acudir para oponer la controversia." (Registro digital: 2023554, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Penal, Tesis: 1a./J. 10/2021 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1703, Tipo: Jurisprudencia). Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, entre otros temas: Se declina la competencia legal por territorio al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, residente en Saltillo, en turno. En consecuencia, se ordena remitir el expediente formado con la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, para que lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe si aceptó la competencia legal declinada; y de ser así, remita el acuse de recibo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio procesal. El promovente señaló como domicilio para recibir notificaciones, el Centro Penitenciario Federal 18 "CPS Coahuila", donde se encuentra recluido, motivo por el cual se provee: Con fundamento en los artículos 297, fracción II, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y en términos del artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal10 , líbrese atento y respetuoso exhorto -en línea- al Juzgado de Distrito en Saltillo, Coahuila, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano constitucional, ordene a quien corresponda se constituya en el Centro Penitenciario Federal 18 "CPS Coahuila", ubicado en Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, a fin de que el actuario judicial respectivo, notifique personalmente el presente acuerdo al quejoso Richard Hernández Alemán, para lo cual deberá correrle traslado, con copia autorizada de este proveído. También, el servidor público encomendado por el juez exhortado, deberá requerir al quejoso para que en el acto de la diligencia o en el plazo de tres días siguientes a que surta efectos la notificación en mención, remitan escrito a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla o en su zona conurbada (San Pedro Cholula, San Andrés Cholula o Cuautlancingo). Ello, con el apercibimiento a cada quejoso, que en caso de no hacerlo en el plazo otorgado, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les harán por medio de lista, con fundamento en los artículos 27, fracción II, primer párrafo, en relación con los diversos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Lo anterior, con independencia de aquellas notificaciones de proveídos que por su trascendencia, pueda serle notificados por exhorto en el lugar donde está recluido. Se solicita atentamente al juez exhortado, para que ordene al actuario de su adscripción que en el acta derivada de la diligencia 10 Que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. correspondiente, asiente en forma expresa y exacta que realizó todos los puntos solicitados por este juzgado. Se faculta de igual forma al juez exhortado, para autorizar días y horas inhábiles a fin de lograr lo encomendado, así como para que acuerde promociones y provea las diligencias necesarias para cumplir todo lo solicitado. Se pide en forma respetuosa al juez exhortado que devuelva diligenciado el exhorto a la brevedad por la misma vía -en línea-. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal a la parte promovente (vía exhorto)

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