Ricardo Uriel Flota Cabrera

Expediente 36/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
36/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Uriel Flota Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual se ordena agregar a estos autos para que obre como corresponda. Ahora bien, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama en esencia del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado: La omisión de dar contestación al escrito presentado en oficialía de partes el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno relativo al juicio 538/2021. Sin embargo, de las constancias certificadas que la responsable remitió como anexo a su informe justificado de cuenta, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el doce de enero de dos mil veintidós el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado dictó el acuerdo correspondiente dentro del juicio 538/2021 mismo que fue notificado a la parte aquí quejosa el día catorce del mismo mes y año; lo anterior, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el seis de enero de dos mil veintidós; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del veintinueve de abril de dos mil veintidós. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AVISO-PERITO VALENTINA CERÓN PACHO. Mérida, Yucatán, once de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido por Guadalupe Oropeza Ruíz, Perito Oficial en Documentos Cuestionados de la Fiscalía General de la República, designada por este Juzgado Federal, mediante el cual rinde su dictamen pericial solicitado en estos autos, el cual se ordena agregar para que obre como corresponda. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la aludida perito para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, se sirva comparecer ante esta autoridad judicial, a efecto de ratificar el contenido y firma de su dictamen de cuenta; apercibida para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, por desacato a un mandato de autoridad judicial. Por otra parte, toda vez que en acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito signado por Valentina Cerón Pacho, perito designada por la parte quejosa en este asunto, mediante el cual manifiesta que concluyó el reposo que guardaba, por lo que solicitó se fijara fecha y hora a fin de que tenga verificativo la diligencia relativa a la prueba pericial de objeción de documento ordenada en autos. En virtud de que falta por desahogar una diversa diligencia en la Notaría Pública número 89 del Estado de Yucatán; por lo tanto, se fijan las diez horas con treinta minutos del veintisiete de abril de dos mil veintidós, para que la perito Valentina Cerón Pacho, propuesta por la parte quejosa, acuda al local de la Notaría antes mencionada, ubicada en la calle veintitrés, número trescientos tres letra "B", por veintiséis y veintiocho de Motul, Yucatán, a fin de que se le ponga a la vista: (1) el protocolo y/o libro donde conste el acta número trescientos cuarenta y ocho, de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho y, (2) un protocolo del mes de febrero de dos mil dieciocho donde conste el acta antes referida. En relación con lo anterior, gírese oficio al licenciado Manuel Emilio García Ferrón, Titular de la mencionada Notaría, para que brinde las facilidades necesarias a los peritos, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la citada ley, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Notifíquese y personalmente a la perito Valentina Cerón Pacho y por oficio a Guadalupe Oropeza Ruiz. (.)

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda le presente juicio de amparo del que se advierte que mediante oficio SSP/JV/56/2021 se dejó insubsistente la boleta de infracción 638207; sin embargo, es de indicarse que en el presente asunto se concedió el amparo en los siguientes términos: "El efecto de la concesión de amparo será para que, una vez que esta sentencia cause el grado de ejecutoria, y a fin de restituir al solicitante de amparo en el goce del derecho humano violado, el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, y agente 303724 adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, deberán dejar insubsistente la boleta de infracción 638207 de ocho de febrero de dos mil veinte, y en caso de que se haya realizado el pago, se deberá devolver a la parte quejosa la cantidad erogada, así como la placa delantera de su vehículo" Por lo tanto, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, autoridad responsable, para que dentro del término de tres días siguientes contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, remita en copia certificada dicha documentación, o bien, se sirva a informar a este Juzgado de Distrito los actos realizados para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debiendo remitir a este tribunal federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se le señala, se procederá conforme al artículo 193 de la citada legislación y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la ley reglamentaria vigente en esta fecha, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese. Así lo acordó y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado, licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el telegrama suscrito por la Consultora Jurídica General en audiencia de la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual señala domicilio y solicita copia de la demanda de amparo. Asimismo, téngase como domicilio procesal de la mencionada autoridad responsable el señalado en su telegrama de cuenta. Por otro lado, la autoridad responsable solicita copia de la demanda de amparo; en tal virtud, mediante atento oficio que se gire, remítase a la autoridad responsable, copia de la demanda de amparo, para poder estar en aptitud de rendir su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.

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