Ricardo Sánchez Baños

Expediente 2690/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2690/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Sánchez Baños
  • Ricardo Sánchez Baños y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de marzo de dos mil veintitrés. ********************Atento a lo informado por el secretario en la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio del Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el que acusa recibo del toca original 156/2021 y del expediente de primera instancia 167/2019 que se le enviaron mediante oficio 9504 de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, e informa que se encuentra en vías de cumplimiento la ejecutoria de amparo, solicita una prórroga para dar cumplimiento a la misma y se le envíe la versión electrónica de la sentencia dictada en este asunto al correo electrónico que proporciona para tal efecto, el cual se agrega a este expediente para que obre como legalmente corresponda.********************En mérito de lo anterior, en atención a la solicitud realizada por la autoridad oficiante, considerando la naturaleza del cumplimiento requerido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de amparo, se concede a la citada autoridad responsable una prórroga de cinco días hábiles, contados a partir desde que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debiendo remitir a este tribunal federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se le señala, se procederá conforme al artículo 193 de la citada legislación y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la ley reglamentaria vigente en esta fecha, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.********************Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: (...) Notifíquese. (...)

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el alegato ministerial signado por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, el cual se ordena agregar a este expediente. Ahora bien, por lo que respecta a las manifestaciones vertidas en el alegato de mérito, no se hace pronunciamiento alguno en virtud de que el dieciséis de diciembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo por cesación de efectos del acto reclamado. Finalmente, como lo solicita la representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, expídasele copia certificada de la constancia que solicita. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio de autorización número CCJ/ST/C/6010/2022 de veintiocho de noviembre del dos mil veintidós ante la licenciada Juana Mecalco Collí, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Como se ordenó en el auto de esta fecha que se dictó en el juicio de amparo del que deriva este incidente, se agrega a estos autos copia del escrito de ampliación de demanda signado por la parte quejosa promovido contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; asimismo, se agrega una copia del escrito aclaratorio presentado por la parte quejosa. Con fundamento en los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, se tramita el incidente de suspensión en relación con la ampliación de la demanda de amparo respecto de los diversos actos y autoridades responsables, en los términos en que fueron admitidas en el juicio principal. Con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase el correspondiente informe previo a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir respecto de los nuevos actos reclamados en la ampliación de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído; apercibidos que, de no cumplir con lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumirán ciertos los actos reclamados y con fundamento en el diverso 260, fracción I, del mismo ordenamiento legal, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental respecto de estos nuevos actos y autoridades responsables se señalan las doce horas con treinta y nueve minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Análisis de la suspensión de los nuevos actos reclamados en la ampliación de la demanda de amparo, consistente en eI Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, publicado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, así como su ejecución y las violaciones al derecho a la libre determinación, consulta, consentimiento, información y participación de las comunidades indígenas, a los sistemas normativos propios del pueblo indígena, en razón de las autorizaciones provisionales que se emitan con fundamento en el mismo Acuerdo. En lo que atañe a estos actos reclamados resulta improcedente conceder la suspensión provisional solicitada, como se verá a continuación. En la opinión de este Juzgador, en lo que atañe al acatamiento de las instrucciones administrativas determinadas en el referido Acuerdo reclamado para la consecución de los proyectos u obras consideradas estratégicas y prioritarias para el Gobierno Federal, en sí mismo, no tiene efectos y consecuencias inmediatas en la esfera de la parte quejosa susceptibles de suspenderse material y jurídicamente; se hace tal afirmación porque para ello se necesita que se gestione una solicitud de autorización provisional y que la dependencia o entidad de la administración pública federal la autorice con fundamento en ese Acuerdo. De tal modo que en todo caso esa autorización provisional que expida la autoridad administrativa federal es lo que puede ser materia de la suspensión, pues la controversia respecto de la constitucionalidad del Acuerdo, que es lo que puede perjudicar a la parte quejosa, en todo caso será materia del fondo del amparo, pero no del incidente de suspensión, siendo que en el caso, la parte quejosa reclamó el Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional. Lo anterior aunado a que la emisión de ese Acuerdo en sí misma, constituye un acto consumado, respecto del cual no procede conceder la suspensión provisional solicitada, y mucho menos en los términos solicitados por la parte quejosa, esto es, para que se impida a las responsables la emisión de autorizaciones provisionales para la ejecución de las obras y proyectos contemplados en el Acuerdo impugnado, pues en todo caso, esas autorizaciones provisionales que se presume se emitirán, constituyen actos futuros de realización incierta, por los cuales tampoco es posible conceder la suspensión solicitada. Esto se afirma porque, si no se tiene conocimiento de su existencia, la posibilidad de que pueda existir resulta incierta, pues ello dependerá de que: i. medie una solicitud del interesado; ii. Que se actualice la hipótesis del Acuerdo publicado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación; y, iii. que una autoridad de la administración pública federal, decida emitir la autorización provisional. Por lo tanto, como se adelantó, lo que procede es negar la suspensión provisional respecto de los actos reclamados citados. Cabe señalar que este Juzgador no desatiende la naturaleza del acto que se reclama, y tampoco el principio de precaución que debe imperar en la toma de decisiones judiciales ante situaciones que puedan producir riesgos ambientales, pero para ello se debe partir de la base de que el acto que se reclame exista y sea susceptible de ser suspendido, lo cual como se ha visto no acontece en este caso. De ahí que en el caso lo que procede es negar la suspensión provisional que se instó. Ahora bien, en el mismo escrito de ampliación, la parte quejosa reclamó la autorización provisional de la manifestación de impacto ambiental a favor del proyecto denominado "Tren Maya", en su tramo 4, que asevera la parte quejosa está contemplada en el referido Acuerdo y que, conforme al escrito aclaratorio, no se reclama de manera independiente, sino como consecuencia implícita del propio Acuerdo Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de la Materia, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional que solicita respecto de dicho acto que reclama. Para llegar a esa conclusión, se considera que la parte quejosa instó la protección constitucional bajo la estimación de que tiene interés legítimo. Ahora bien, los artículos del 125 al 158 de la Ley de Amparo regulan todo lo relativo a las exigencias para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados. En lo que interesa, el numeral 125 dispone que en los casos de la competencia de los Jueces de Distrito, la suspensión se decretará de oficio o a petición de los quejosos. Por su parte, el artículo 128 del citado ordenamiento establece los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte, entre los que se encuentran: I. Que la solicite el quejoso y, II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; asimismo, señala que la suspensión a petición de parte se decreta en un incidente que se tramita por duplicado y que corre por cuerda separada al juicio principal. El precepto 131 de dicha ley que para este caso es de suma importancia estatuye lo relativo a la suspensión cuando se aduce un interés legítimo. Al respecto, dispone que el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite: a) El daño inminente (que está a punto de suceder) e irreparable (que no se puede reparar) a su pretensión en caso de que se niegue y, b) El interés social que justifique su otorgamiento; con la especificación en el sentido de que dicha concesión en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. En conclusión, si los pobladores quejosos de los municipios situados en las zonas distintas de aquellas en los que se construye el citado tramo no acreditaron que en los lugares en que dicen estar domiciliados se generarán las afectaciones que aducen; es evidente la falta de prueba, indiciaria cuando menos, del interés legítimo que ostentaron. En similares términos se pronunció el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito el resolver la queja 225/2021 de su índice, en sesión de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Máxime que en relación con el alcance demostrativo de las copias fotostáticas cuando quien acude al amparo no es parte en el procedimiento de donde proviene el acto reclamado - como en el caso-, se invoca a manera de ilustración y de manera analógica, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 71/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 185215, Tomo XVII, Enero de 2003, página 33, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste." Respecto de la valoración anterior, en similares términos se pronunció el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa al resolver en sesión de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, los autos del toca 186/2021 relativo al incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo 1261/2021 -antes 613/2020 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán-. En lo que atañe a la presuncional en su doble aspecto legal y humano, no beneficia a los quejosos para efecto de obtener la medida cautelar pues como se ha visto, de las pruebas que ofrecieron -copias fotostáticas simples- y demás constancias que obran en autos, no se acredita su interés legítimo. Las consideraciones que anteceden hacen innecesario analizar si de otorgarse la suspensión provisional se ocasionaría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público, así como la apariencia del buen derecho, ya que al no existir prueba que acredite el interés suspensional legítimo de los quejosos entonces esa deficiencia prevalece por encima del citado requisito. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio de autorización número CCJ/ST/C/6010/2022 de veintiocho de noviembre del dos mil veintidós ante Sergio Manuel López Hernández, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Vistos los presentes autos, así como el acuerdo dictado en el expediente administrativo formado con motivo del oficio SECNO/STCCNO/1296/2022, de dos de diciembre de dos mil veintidós, en los que se tuvieron por recibidos los correos electrónicos enviados automáticamente al generarse diversas remesas de auxilio a través del Programa de Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares y se turnaron cincuenta y cinco expedientes de juicios de amparo de este Juzgado Primero de Distrito, al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, para que auxilie en el dictado de sentencias, con base en la determinación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, establecida en el mencionado oficio y que entre los cincuenta y cinco expedientes, se encuentra el presente juicio de amparo. En tal virtud, comuníquese a las partes que el presente expediente fue seleccionado para su remisión al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, para la emisión de la correspondiente sentencia definitiva. Por otro lado, se tiene por recibido el oficio signado por el Actuario adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, en el que transcribe el acuerdo de diecinueve de los cursantes del que se advierte que se avoca al dictado de la sentencia del presente juicio en términos de lo establecido en el comunicado SECNO/STCCNO/1296/2022. De igual forma, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; esto es, los acuerdos que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio de autorización número CCJ/ST/C/6010/2022 de veintiocho de noviembre del dos mil veintidós, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

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