Rigoberto Caamal Ek
Expediente 687/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rigoberto Caamal Ek
- RIGOBERTO CAAMAL EK y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de junio de dos mil veintidós. Atento a lo informado por el Secretario en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el veinte de enero de dos mil veintidós, dictada por este Juzgado Federal, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos para resolver los autos del presente juicio de amparo 687/2021-II, promovido por Aracely del Socorro Ku Montero a favor de Rigoberto Caamal Ek, contra los actos que reclama a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Dirección de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Mérida Yucatán, por estimarlo violatorio de los artículos 11, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Mediante demanda de amparo presentada el veinticuatro de abril de dos mil veintiuno vía electrónica ante la guardia de este Juzgado, Aracely del Socorro Ku Montero a favor de Rigoberto Caamal Ek, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Dirección de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Mérida Yucatán, por los actos consistentes en privación de la libertad personal fuera de procedimiento (detención), incomunicación y malos tratos. Segundo. Acuerdo suspensión de plano. Por auto de veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados respecto a la privación de la libertad personal fuera de procedimiento (detención), incomunicación y malos tratos que se adujo era víctima el directa quejoso, ordenándose buscarlo con el fin de que manifestara si era su deseo ratificar la demanda de amparo presentada a su favor; por lo que una vez que se realizó la localización del directa quejoso en la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, éste manifestó que sí ratificaba la demanda de amparo promovida en su favor. Tercero. Admisión de la demanda de amparo. Por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó dar a la Representante Social de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Ampliación de la demanda de amparo. Por acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, se amplió la demanda de amparo, en relación al nuevo acto reclamado al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, consistente en un arresto administrativo por veinticuatro horas, por lo que se le solicitó su respectivo informe justificado, por lo que procede emitir la correspondiente sentencia. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido en contra de actos atribuidos a autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial en el cual este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto o los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente acude a esta instancia constitucional a reclamar: Incomunicación y malos tratos. Privación de la libertad personal fuera de procedimiento (detención). Arresto administrativo por veinticuatro horas. Tercero. Sobreseimiento por negativa de actos. El Director de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, en su informe justificado negó expresamente la totalidad de los actos que se les atribuyen y, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en representación de dicha dependencia, en su informe justificado, niega la existencia del acto reclamado consistente en la incomunicación de directo quejoso, todo lo anterior sin prueba en contrario aportada por la parte quejosa que lo desvirtué; por tanto, lo que procede es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo en relación a dichas autoridades y actos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Tomo XLIII, a foja 181, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y el quejoso no desvirtúa esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia y causal de improcedencia con respecto a los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad personal fuera de procedimiento (detención) y Arresto administrativo por veinticuatro horas. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en representación de dicha dependencia, en su informe justificado, acepta la existencia del acto reclamado consistente en la privación de la libertad personal fuera de procedimiento (detención) del directo quejoso, por lo tanto se tiene por existente el mismo. Ahora bien, en relación al acto reclamado en el párrafo que antecede, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en representación de dicha dependencia, al rendir su informe justificado manifestó que el veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, el directo quejoso fue detenido por elementos de dicha dependencia y recluido en la cárcel pública, sin embargo, también expuso que en cumplimiento a la suspensión de plano de los actos reclamados en el presente amparo indirecto, fue puesto en libertad a las dos horas con treinta minutos del veinticinco de abril de dos mil veintiuno, cumpliendo un arresto administrativo de siete horas de las veinticuatro que se le determinó en su acta de sanción. Lo anterior se sustenta, habida cuenta que de las pruebas documentales que remitió el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en representación de dicha dependencia, las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su precepto 2º, se aprecia que efectivamente fue así. Bajo ese orden, y partiendo de la base de que el acto reclamado, consistente en la detención del impetrante es de carácter positivo, y que implicó una restricción a la facultad deambulatoria; es claro que esa actuación produjo sus efectos mientras duró, de modo tal que al decretarse la libertad, las cosas volvieron al estado que tenían antes de que se ejecutara esa limitación al derecho, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, precisamente porque el directo quejoso volvió a disfrutar del goce del derecho fundamental que le fue afectado. Es aplicable, la jurisprudencia que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tal motivo, este juzgador considera que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Asimismo, El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en su informe justificado relativo a la ampliación de la demanda de amparo, acepta la existencia del acto reclamado consistente en el arresto administrativo de veinticuatro horas que les fue impuesto al quejoso Rigoberto Caamal Ek, por lo tanto se tiene por existente el mismo. Por lo que atañe al acto referido, consistente en el arresto administrativo de veinticuatro horas que les fue impuesto al quejoso Rigoberto Caamal Ek por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, mediante acta levantada el veinticinco de abril de dos mil veintiuno, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la citada ley de la materia, al haber consentido tácitamente el acto reclamado, ya que no promovió el juicio de amparo indirecto o ampliaron la demanda del que deriva este recurso, dentro del término previsto por el artículo 17 del referido ordenamiento legal. Esto se considera así, toda vez que el directo quejoso no promovió la demanda de amparo ni amplió la misma, dentro del plazo de quince días que establece el ordenamiento jurídico referido en el párrafo que antecede. Preceptos legales que se transcriben a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se advierte que el plazo para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En efecto, con base a lo previsto por los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, de las constancias que adjuntó a su informe justificado el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se advierte que el directo quejoso tuvo conocimiento del arresto administrativo impuesto por el término de veinticuatro horas desde el propio día veinticinco de abril de dos mil veintiuno, fecha en el que les fue notificado que sería liberado con base a la suspensión de plano otorgada por este Juzgado, y en la cual se les hizo saber que habían cumplido un arresto de siete horas de las veinticuatro horas impuestas; respecto de dicha actuación se levantó el acta correspondiente a las dos horas con treinta minutos del referido día, mismas que fue firmada por el aquí directo quejoso. En este orden de ideas, el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, para acudir al juicio de amparo indirecto o para ampliar la demanda de derechos fundamentales, conforme al dispositivo 111 del referido ordenamiento legal, empezó a correr el veintiséis de abril de dos mil veintiuno y feneció el diecisiete de mayo del referido año, sin contar los días uno, dos, cinco, ocho, nueve, quince y dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, por ser inhábiles. Luego entonces, si la ampliación a la demanda constitucional fue presentada hasta el seis de julio de dos mil veintiuno, según se observa del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, es incuestionable que el juicio de amparo resultó extemporáneo y, por ende, la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado. Cabe hacer mención que el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento, lo cual aconteció en el presente caso, ya que como se ha visto, el directo quejoso ya sabía de la sanción de arresto impuesta desde el veinticinco de abril de dos mil veintiuno, fecha en la cual fue notificado que había cumplido siete horas de las veinticuatro horas impuestas, constancias en la cual obra su firma, de ahí que se pueda afirmar que el directo quejoso desde el veinticinco de abril de dos mil veintiuno, ya tenía conocimiento de la sanción impuesta y tuvo la oportunidad de ampliar su demanda de amparo dentro del plazo previsto para ello, sin que lo hubiera realizado dentro del mismo. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, con número de registro 2016652, de la Décima Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador." Se sostiene lo anteriormente expuesto, porque en el acta de veinticinco de abril de dos mil veintiuno, por la cual se le hizo saber al directo quejoso que había cumplido con siete horas de las veinticuatro horas impuestas en la sanción administrativa, se encuentra estampada una firma que se le atribuye al mismo, de ahí que el directo quejoso conoció de la sanción administrativa impuesta desde esa fecha; firma que no fue objetada en ampliación de demanda, ni en la audiencia constitucional, siendo esto último carga procesal del mismo, debido a que la suplencia de la queja no abarcaría hasta ese extremo, ya que el artículo 79 de la Ley de Amparo es muy claro en precisar que dicha suplencia será en la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, o en caso de las fracciones I, II, III, IV, V y VII, dicha suplencia se dará aun ante la falta de conceptos de violación o agravios. En las relatadas consideraciones, lo procedente el decretar el sobreseimiento en relación al acto que se analiza consistente en el arresto administrativo de veinticuatro horas que les fue impuesto al quejoso Rigoberto Caamal Ek, pues se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, al resultar extemporánea la ampliación de demanda de amparo y en consecuencia actualizarse la causal de improcedencia de referencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo en relación al acto referido en el párrafo que antecede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, impide analizar las cuestiones que atañen al fondo del asunto, en razón de la improcedencia que se actualiza. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo aplicable. Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Aracely del Socorro Ku Montero a favor de Rigoberto Caamal Ek, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veinte de enero de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este Juzgado lo permitieron.
- Principal
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las trece horas con cincuenta minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 687/2021, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación el secretario hizo relación de las constancias que obran en autos, dentro de las que destacan acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite la demanda; notificación a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informes justificados rendidos por las responsables. En relación con lo anterior el Juez acuerda que se tenga por hecha la relación de constancias de mérito. Abierto el período de pruebas el secretario da cuenta con las constancias remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por si y en representación del Secretario de dicha corporación, con su informe justificado. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas de mérito, para ser consideradas conforme al valor que legalmente merezcan al momento del dictado de la sentencia; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que el secretario informa que las partes no los formularon, cerrándose dicho período. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede y toda vez que no obra en autos constancia alguna que acredite que se haya notificado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, el auto admisorio, así como corrido traslado con copia autorizada de la demanda de amparo, para darle la intervención que legalmente le corresponde en este asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 110 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las trece horas con cincuenta minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, como nueva hora y fecha para su celebración. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables, dado que el auto que se dicta no tiene trascendencia para éstas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
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